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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00205-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00205-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 25 de marzo de 2022, por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00205-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1)
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag en contra de la sentencia
expedida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la
cual accedió a las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que será
confirmada.
I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la
nulidad del acto ficto o presunto negativo que se configuró ante la falta de respuesta, por
parte del Fomag frente a la petición formulada el 26 de febrero de 2021 en la cual reclamó
el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías
parciales, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la Nación (Ministerio de
Educación, Fomag) reconocer y pagar el equivalente a un día de salario por cada día de
retraso, desde el momento en que se cumplieron 70 días hábiles posteriores a la
radicación de la solicitud de cesantías y hasta cuando se hizo efectivo su pago, con los
ajustes de valor y los intereses moratorios a que haya lugar y que se imponga condena
en costas a la demandada.

3. Argumentó que el 26 de febrero de 2020 le solicitó al Fomag el reconocimiento y
pago de sus cesantías, las cuales se concedieron a través de la Resolución 1180-6 del
14 de marzo de 2020 y su pago se efectuó el 19 de mayo de 20212. Dicho reconocimiento
debe sujetarse a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, en las que se

1 En adelante Fomag.
2 Hecho séptimo de la demanda. Sin embargo, tal información no corresponde con lo probado en el proceso,

según se expone más adelante.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

establecieron los plazos para pagar oportunamente esa prestación y se fijó una penalidad
a cargo del empleador incumplido, equivalente a un día de salario por cada día de retraso,
hasta cuando se haga efectivo el pago. Como en su caso no se atendieron tales términos,
el 26 de febrero de 2021 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
pero no obtuvo respuesta.

Contestación de la demanda.

4. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que no es la entidad
responsable del pago de la sanción moratoria, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

5. En ese sentido, con relación a la obligación de pagar la sanción moratoria indicó
que corresponde a la entidad territorial, pues si bien profirió el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías parciales en el término previsto para ello, «tardó hasta
el 11 de junio de 2020 para remitirla a la Fiduprevisora» para que esta procediera con el
pago de la prestación y en consecuencia se generó una dilación causada por su tardanza
en la remisión del acto administrativo.

6. Pidió que se declaren probadas las excepciones de «falta de integración del
litisconsorcio necesario – responsabilidad del ente territorial», ineptitud sustancial de la
demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del Fomag para el pago de la
sanción moratoria, inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad atinente a la conciliación extrajudicial, cobro indebido de la sanción
moratoria, falta de legitimación en la causa por pago de la sanción moratoria generada
en el 2020 y cualquier otra que se encuentre probada.

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo de Caldas accedió a las pretensiones de la demanda
declarando parcialmente probada la excepción de cobro indebido de la sanción moratoria
y anulando el acto ficto o presunto negativo respecto de la petición formulada por la
demandante el 26 de febrero de 2021; a título de restablecimiento del derecho ordenó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria originada en el pago tardío de las
cesantías parciales por el período transcurrido entre el 10 de julio de 2020 y el 13 de julio
de 2020.

8. Para efectos de determinar si se cumplieron los términos previstos para ello, tuvo
en cuenta que la petición formulada por la demandante en la que reclamó sus cesantías
parciales fue radicada el 26 de febrero de 2020; por lo tanto, la entidad disponía de 15
días para expedir el acto administrativo pertinente, los cuales vencieron el 18 de marzo
de 2020, de modo que como la resolución que resolvió dicha solicitud se expidió el 14 de
marzo de 2020 y se notificó el 16 de abril de 2020 se entiende que dicho trámite fue
oportuno. Como soporte de lo anterior consideró que durante ese lapso hubo una
suspensión de términos con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica

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Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

producto del Covid-19 que transcurrió entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 2020. En
ese sentido, concluyó que la notificación fue oportuna pues se realizó el 16 de abril de
2020 y los 10 días de la ejecutoria vencieron el 30 de abril de 2020, fecha a partir de la
cual empezaron a correr los 45 días para el pago y se cumplieron el 9 de julio de 2020.

9. En ese contexto y como el pago se produjo el 14 de julio de 2020, es decir después
del vencimiento de los 45 días de que se disponía para ello, estimó que la mora y
consecuente sanción se causó entre el 10 y el 13 de julio de 2020.

10. Adicionalmente, indicó que el demandado en el escrito de contestación de la
demanda afirmó que la comunicación del acto administrativo a la Fiduprevisora fue el 11
de junio de 2020, sin embargo al corroborar dicha información con el material probatorio
concluyó que dicha resolución se remitió al Fomag para efectos de su pago el 30 de abril
de 2020 mediante oficio PS 0363 el cual fue «materialmente entregado a la empleada de
la firma de digitalización contratada para tales efectos por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (empleada Paula Muñoz), como consta con su
rúbrica en el documento»; por lo tanto, determinó que no hay evidencia de que la
Secretaría de Educación haya incumplido con los plazos de radicación y en ese sentido
no se cumple con el presupuesto del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019
para imponer responsabilidad en cabeza de esta, por ello la entidad responsable del pago
de la sanción por mora es la Nación (Ministerio de Educación, Fomag).

III. RECURSO DE APELACIÓN.

11. Inconforme con la decisión, el Fomag interpuso recurso de apelación3 en contra de
la referida sentencia. En primer lugar, consideró que como la solicitud de cesantías se
radicó el 26 de febrero de 2020, los 70 días con que contaba la administración para el
reconocimiento y pago vencieron el 3 de junio de 2020, de modo que la mora se causó
desde el «04 de junio de 2020 hasta […] el día 14 de Julio de 2020», que fue la fecha
en la que estuvieron disponibles los dineros a favor de la docente. En segundo lugar,
indicó que según los lineamientos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 no corresponde
al Fomag responder por el pago de la sanción moratoria generada en el año 2020, pues
su responsabilidad al respecto solo comprende hasta el año 2019 y el pago
extemporáneo surgió del incumplimiento de los plazos a cargo de la Secretaría de
Educación territorial, de modo que es esta la que debe pagar la sanción moratoria.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

12. Mediante auto proferido el 13 de octubre de 2022 y notificado en estado del 4 de
noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación4. Dentro del término de ejecutoria
se observa que las partes no hicieron manifestación en esta etapa5.

3 Índice 2 de la plataforma Samai.
4 Índices 4 y 8 de Samai.
5 Ni en el informe secretarial visible en el folio 129 ni en la plataforma Samai aparece manifestación al

respecto.

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Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

13. Por su parte, el agente del Ministerio Público6 rindió concepto en el que manifestó
estar de acuerdo con la decisión del a quo encaminada a que el Fomag es quien debe
responder por el pago de la sanción moratoria generada por el pago tardío de las
cesantías definitivas de la demandante por el período comprendido entre el 10 de julio de
2020 y el 13 de julio de la misma anualidad, en tanto que la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas expidió el acto administrativo de reconocimiento de la prestación
dentro del término legal previsto para ello.

V. CONSIDERACIONES.
Competencia.

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

15. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar cuál fue el extremo temporal en el que se ocasionó la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías parciales de la demandante; definido lo anterior, se
establecerá si dicha penalidad debe ser reconocida totalmente por el Fomag o si, con
fundamento en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, debe ser asumida
proporcionalmente por el departamento de Caldas (Secretaría de Educación).

Marco normativo y jurisprudencial. Cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria.

16. El artículo primero de la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos
para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones
y se dictan otras disposiciones», estableció el término de quince (15) días para que la
administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores
públicos, siempre y cuando la solicitud esté completa, pues, en el evento de que no lo
esté, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece,
de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en
el término inicialmente indicado.

17. El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y
causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, hasta cuando se haga efectivo el pago «para lo cual solo

6 Índice 9 de la plataforma Samai.

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Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo» .

18. La Ley 1071 de 2006 adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, y, en concreto, hizo
extensivas las anteriores previsiones, relativas al término para el reconocimiento y pago
de las cesantías, no solo respecto de las definitivas sino también de las parciales.7

19. De conformidad con lo previsto en su artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071
de 2006 son los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados y trabajadores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, así como
«los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en
forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la
República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro».

20. Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una
entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90%
del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales 8 que se causaran
a favor del personal docente nacional y nacionalizado que estuviera vinculado para su
fecha de promulgación, y «de los que se vinculen con posterioridad a ella».

21. En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:

“3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre
el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya
sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.

7 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán
solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y adquisición de
vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble,
contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /- 2. Para adelantar estudios ya sea
del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.».
8 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

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Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre
de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos
del orden nacional.” [Resalta la Sala].

22. La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

23. Vale la pena indicar que, sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE- SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, fijó la
siguiente regla jurisprudencial, en torno a la aplicabilidad de la Ley 244 de 1995 y sus
normas complementarias, para el personal docente: «el docente oficial, al tratarse de
un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en
cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías»9.

24. Particularmente, frente a la fecha de causación de la sanción moratoria y su
correspondiente exigibilidad, en la citada providencia de unificación, se sintetizó en el
siguiente cuadro:10

TÉRMINO PAGO CORRE
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA

10 días, después de 45 días posteriores a 70 días posteriores a
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir la ejecutoria la petición
RESPUESTA
el acto

Aplica pero no se
ACTO ESCRITO 10 días, después de
tiene en cuenta para
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir 45 días posteriores a 70 días posteriores a
el cómputo del
(después de 15 días) el acto la ejecutoria la petición
término de pago

ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a 55 días posteriores a
Personal
TIEMPO notificación la ejecutoria la notificación

10 días, posteriores a 45 días posteriores a 55 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al la ejecutoria la notificación
TIEMPO
acto

10 días, posteriores al 45 días posteriores a 55 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del la ejecutoria la entrega del aviso
TIEMPO
aviso

Sin notificar o 10 días, posteriores al 67 días posteriores a
ACTO ESCRITO EN
notificado fuera de intento de notificación 45 días posteriores a la expedición del
TIEMPO
término personal 9 la ejecutoria acto

9 Resaltado original del texto transcrito.
10 Párrafo 115 de la providencia de unificación.

6

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

45 días desde la
45 días después de renuncia
ACTO ESCRITO Renunció Renunció la renuncia

Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
notificado el acto que lo siguiente a la notificación del acto
ACTO ESCRITO Interpuso recurso
resuelve ejecutoria que resuelve
recurso

ACTO ESCRITO, Adquirida, después de 15 45 días, a partir del 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso días de interpuesto el siguiente a la interposición del
RESOLVER recurso ejecutoria recurso

25. De igual manera, en la decisión de unificación citada se determinó el salario que
ha de tomarse en cuenta para la liquidación de la sanción moratoria y se definió que era
improcedente la indexación de esta «Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.»

26. Posteriormente, la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023 fijó las reglas jurisprudenciales en torno a la prescripción extintiva de
la sanción moratoria por el no pago o pago tardío de las cesantías definitivas, y, sobre
ese particular, señaló que el término para su configuración «se inicia a contabilizar desde
que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de
la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de los tres años
contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total», también se señaló
que dicho término se interrumpe por una sola vez con la reclamación oportuna por parte
del beneficiario, sin que este pueda formular peticiones sucesivas en ese sentido y, en
todo caso, que «Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de
extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria».

Caso concreto.

27. A efecto de resolver los cuestionamientos formulados en el recurso es oportuno
indicar que en él se asegura que la sanción moratoria transcurrió por el lapso
comprendido entre el 4 de junio de 2020 y el 14 de julio de 2020 pese a que el Tribunal
ordenó dicho reconocimiento por un interregno inferior, comprendido entre el 10 y el 13
de julio de 2020, de modo que si prosperará dicho argumento, sería adverso a la parte
recurrente. No obstante, a fin de clarificar los extremos inicial y final en que se causó la
penalidad reclamada, se hará el análisis a continuación.

28. En el presente caso, está probado que el 26 de febrero de 202011 la señora Dora
María Ocampo Henao radicó solicitud dirigida al reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales. La Nación (Ministerio de Educación (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio) reconoció y ordenó el pago de dicha prestación, a través de la Resolución
1180-6 del 14 de marzo de 2020, la cual fue notificada personalmente el 16 de abril de

11 Según las consideraciones de la Resolución 1180-06 del 14 de marzo de 2020 que obra en el índice 2

de la plataforma Samai del Consejo de Estado.

7

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

202012 y dispuso los recursos pertinentes el 14 de julio de 2020.13

29. Ahora bien, ante la tardanza en obtener el pago de su prestación, la demandante
formuló petición el 26 de febrero de 202114 dirigida a lograr el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y la indexación de los valores que
resulten por ese concepto. Frente a la anterior petición, la parte demandada guardó
silencio,15 razón por la cual el a quo declaró la nulidad del acto ficto o presunto negativo.16

30. Con el fin de determinar la fecha de causación de la sanción moratoria y su
exigibilidad, es necesario tener presente que en el sub lite nos encontramos dentro del
siguiente supuesto:

Hipótesis Notificación Corre ejecutoria Término pago Corre moratoria
cesantía

ACTO ESCRITO EN Personal 10 días posteriores a 45 días posteriores a 55 días posteriores a
TIEMPO la notificación la ejecutoria la notificación

31. Lo anterior porque al revisar los aspectos temporales de la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías y de la expedición del acto y cancelación efectiva
de la prestación, la Sala observa que las cesantías fueron reclamadas el 26 de febrero
de 2020, de modo que los 15 días para responder la petición vencieron el 18 de marzo
de 2020, es decir que el acto administrativo se expidió oportunamente el 14 de marzo de
2020 y su notificación personal se produjo el 16 de abril de 202017. Teniendo en cuenta
la suspensión de términos que hubo para el trámite de las prestaciones sociales de los
docentes afiliados al Fomag desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril de 202018 se debe
concluir que dicha notificación fue oportuna.

32. Sin embargo, era necesario que transcurrieran 10 días más, para lograr la
ejecutoria de dicho acto,19 es decir, hasta el 30 de abril de 2020 y, a partir del día siguiente,
se debían contabilizar los 45 días para que el pago hubiera sido oportuno, esto es, hasta
el 9 de julio de 2020, pero este solo se materializó el 14 de julio de 2020. Lo anterior
quiere decir que a partir del 10 de julio de 2020, día siguiente al vencimiento del plazo
otorgado por la ley para el reconocimiento y pago de la prestación, se empezó a causar
la mora y se hizo exigible la obligación, lo que concuerda con el análisis realizado por el

12 Índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado.
13 Según informe del BBVA del 9 de febrero de 2022, ibídem.
14 Ibídem.
15 No obra en el expediente la respuesta que se hubiera dado en torno a la petición y la entidad no demostró

que la hubiera contestado.
16 Decisión que no se cuestionó por la parte recurrente.
17 En documento aportado con la demanda se evidencia la firma de la demandante al momento de

notificarse.
18 Suspensión que ocurrió por virtud de la Circular 065 del 24 de marzo de 2020, según lo indicó el

Tribunal y ese asunto no es objeto del recurso.
19 En consideración a que los términos se rigieron por la Ley 1437 de 2011, pues ya estaba vigente para

esa fecha.

8

Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

Tribunal, por lo que no prospera el planteamiento del recurso.

33. Por otro lado, con respecto al argumento según el cual la entidad demandada no
es responsable del pago de la sanción moratoria causada en el año 2020, sino que
corresponde a la entidad territorial responder por la condena, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 201920, se debe tener en cuenta el concepto
que emitió la Sala de Consulta y Servicio Civil en esa materia21:

[…] En vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019: cuando la entidad territorial genera
la mora en el pago de las cesantías, es responsable del pago de la sanción. «En este
evento el Fomag será responsable únicamente del pago de las cesantías».

Atendiendo el parágrafo transitorio de la misma norma, se dispuso en su momento, que la
Fiduprevisora S.A., como administradora del FOMAG asumiría el pago de las sanciones por
mora causadas a diciembre de 2019, con cargo a títulos de Tesorería que para tal efecto
emitiría el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, el citado parágrafo transitorio fue modificado por el artículo 324 de la Ley 2294
de 2023, «por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 «Colombia potencia
mundial de la vida», al disponer que, para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a
diciembre de 2022, se facultaba al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería para tal efecto. De esta manera, se confirma que la entidad encargada
de pagar las sanciones por mora en las prestaciones económicas a cargo del Fomag sería
de competencia de la Fiduprevisora. S.A.»

34. En ese orden de ideas, se debe considerar que el inicio del trámite del
reconocimiento de las cesantías parciales de la actora ocurrió el 26 de febrero de 2020,
es decir, en vigencia de la Ley 1955 de 201922; por lo tanto, a efectos de determinar si la
entidad territorial es responsable del pago de la sanción moratoria es necesario analizar
la conducta que desarrolló. Ahora bien, como la mencionada ley no fijó la forma y términos
en los que se debe surtir el trámite para el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías,
debe acudirse a lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018 23, que regía en el
“Reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio”, procedimiento que se resume de la siguiente
manera:

20 «ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91
de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaria de Educación de la entidad territorial y pagadas
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
[…]
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las
cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP. Ana María Charry Gaitán. Concepto del 28 de

julio de 2023.
22 Entró en vigencia el 25 de mayo de 2019.
23 Norma que fue citada en el acto de reconocimiento de las cesantías parciales de la demandante.

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Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

«1. Presentación de la solicitud.

2. A los 5 días hábiles siguientes, la entidad territorial certificada de educación debe elaborar
el proyecto de acto administrativo que resuelva el requerimiento y “subir y remitir a través de
la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado
con su respectivo expediente para que sea revisado por la fiduciaria”.

3. En este mismo término, 5 días hábiles, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación
o desaprobación y “digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada en educación la
decisión adoptada, a través de la plataforma dispuesta para tal fin”.

4. Si no hay objeciones, en el término de los 5 días siguientes, la entidad territorial deberá
expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la solicitud de reconocimiento de
cesantías y notificarlo.

5. Ejecutoriado el acto administrativo, “dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación
y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de
cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos
correspondientes” 24.

6. Si ello no ocurriere en ese término, se configura para el interesado el derecho a reclamar el
pago de la sanción moratoria.» 25

35. En este contexto, como se señaló anteriormente, la solicitud de reconocimiento y
pago de las cesantías tuvo lugar el 26 de febrero de 2020, la expedición del acto
administrativo fue el 14 de marzo de ese año y notificado el 16 de marzo siguiente, fecha
a partir de la cual se cuentan los 10 días para la ejecutoria del acto, los cuales vencieron
el 30 de abril de 2020; tal como se señaló en el párrafo 32, dicha gestión que le
correspondía a la entidad territorial fue oportuna. En efecto, el profesional universitario
del Fomag en el Oficio PS-243 del 22 de febrero de 2022 aseguró que el día 29 de abril
de 2020 fue remitido para el pago y «materialmente entregado a la empleada de la firma
de digitalización contratada para tales efectos por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (empleada Paula Muñoz) como consta con su rúbrica en el
documento»26 prueba que fue tenida en cuenta por el Tribunal para endilgar
responsabilidad exclusiva en el Fomag y en el recurso no se planteó oposición alguna al
respecto.

36. Lo anterior permite concluir que no prospera la proposición del recurrente según la
cual la responsabilidad de la condena solo debe recaer en la autoridad territorial, pues se
demostró que el actuar de esta fue oportuno, razón por la cual la entidad responsable de
pagar la penalidad es aquella que causó la tardanza en desembolsar el dinero de la
prestación toda vez que el incumplimiento ocurrió durante esta gestión.
Condena en costas.
37. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 25000-23-42-000-2022-00010-01 (1876-

2024) MP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
25 Norma que fue citada en el acto de reconocimiento de las cesantías parciales de la demandante.
26 Índice 2 de la plataforma Samai, Archivo zip. denominado “29.RespuestaDptoCaldas”.

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Radicación: 17001 23 33 000 2021 00205 01 (3541-2022)
Demandante: Dora María Ocampo Henao

ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)27; y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

38. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento legal,28 por lo que resulta improcedente la condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 25 de marzo de 2022, por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, según lo expuesto en las
consideraciones.
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran La
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG

27 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]
28 El fundamento de la apelación dio lugar a considerar que no fue acertado que el tribunal negara las

pretensiones bajo la interpretación realizada.

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