Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2022-00014-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2022-00014-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2022-00014-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1, Secretaría de Educación
del municipio de Pasto y Fiduciaria La Previsora SA2
Tema: Sanción moratoria por retardo en el pago de cesantías
definitivas. Competencia y trámite de las peticiones en materia
de reconocimiento y pago a favor de los docentes afiliados al
Fomag
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia
proferida el 7 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jaime Armando Fuertes Quiñones presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo negativo ficto por la falta
de respuesta del Fomag y la Secretaría de Educación del municipio de Pasto a su
petición del 29 de abril de 2021 en cuanto al reconocimiento de la sanción
1
En lo que sigue Fomag.
2
En lo sucesivo Fiduprevisora SA.
3
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
moratoria establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
sus cesantías definitivas, a partir del 6 de diciembre de 2019 hasta el 22 de abril
de 2021, fechas en las que se causó el derecho y se hizo efectivo el pago,
respectivamente; ii) la indexación de las sumas que resultaren reconocidas; iii) el
pago de los intereses moratorios a los que haya lugar; iv) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y v) la
condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Jaime Armando Fuertes Quiñones, como docente nacionalizado afiliado al
Fomag, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas el 30 de
agosto de 2019.
3.2. Mediante la Resolución 2735 del 11 de septiembre de 2019, expedida por la
Secretaría de Educación del municipio de Pasto, se reconoció y ordenó el pago de
las cesantías definitivas solicitadas por un valor de $38.130.126; no obstante, la
prestación fue mal otorgada al haberse omitido para su cálculo el periodo de
servicio ocurrido entre el 12 de marzo de 1979 y el 1 de septiembre de 1991.
3.3. A través de la Resolución 3286 del 5 de noviembre de 2019, para rectificar el
error, la entidad territorial liquidó nuevamente la prestación, cuyo valor resultó en
$178.300.821, en el que sí se tuvo en cuenta el tiempo de servicio ocurrido entre
el 12 de marzo de 1979 y el 12 de marzo de 2019; sin embargo, este valor no fue
pagado.
3.4. En lugar de haber efectuado el pago de la prestación económica, de manera
extraña y ajena a los protocolos legales, la Secretaría de Educación de Pasto
expidió la Resolución 0581 del 17 de marzo de 2020, a través de la cual reconoció
las cesantías definitivas en una cuantía equivalente a $58.016.669, menos el pago
que se realizó por concepto de cesantía parcial por $1.914.185, para un total de
$56.102.484. En este acto administrativo nuevamente se omitió incluir en la
liquidación del emolumento el periodo de labor comprendido entre el 12 de marzo
de 1979 y el 1 de septiembre de 1991.
3.5. El 27 de abril de 2020 se expidió la Resolución 0732, a través de la cual se
aclaró la Resolución 0581 del 17 de marzo de 2020, en el sentido de que no había
lugar a descuento por algún pago por cesantías parciales, por lo que el valor a
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
reconocer sería de $58.016.669.
3.6. El «22 de abril de 2021», a través del Banco BBVA, las cesantías definitivas
fueron pagadas por un valor de $58.016.669.
3.7. El 29 de abril de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación de Pasto y al Fomag
el reconocimiento de la sanción por la mora en la consignación de las cesantías
otorgadas, comoquiera que su pago se efectuó el 22 de abril de 2021 y la petición
de reconocimiento se realizó el 30 de agosto de 2019. Sin embargo, esta petición
no fue contestada.
3.8. Mediante Oficio 20211071612161 del 22 de julio de 2021, la Fiduprevisora SA,
a través de la Dirección del Servicio al Cliente y Comunicaciones, le comunicó que
no tenía competencia para reconocer la sanción por mora causada con
posterioridad al 31 de diciembre de 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución
Política; y 85, 139, 192 y 195 del CPACA; y las leyes 244 de 1995; y 1071 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
5.1. El Fomag desconoció las normas a través de las cuales se reguló la situación
particular del pago de las cesantías de los servidores públicos y que establecieron
un término perentorio para su reconocimiento, esto es de 15 días después de
radicada la solicitud para proferir el acto administrativo, 10 del término de su
ejecutoria y 45 días para proceder al pago después de su expedición, para un total
de 70 días hábiles, de tal forma que a su vencimiento se causaría la sanción
moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Lo anterior, tal y como
lo estableció el Consejo de Estado, en especial, en la sentencia CE-SUJ-SII-012-
2018- SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018.
5.2. En aplicación de la Ley 1071 de 2006, se debía reconocer y pagar por concepto
de sanción moratoria 1 día de salario por cada día de retardo contados a partir de
la radicación de la solicitud.
5.3. En el caso particular
la entidad realizó el pago del emolumento 487 días
después de los 70 días otorgados por las normas, pues la solicitud de
4
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 6 a 9.
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
reconocimiento de las cesantías definitivas fue radicada el 30 de agosto de 2019 y
su pago se realizó el «22 de abril de 2021».
1.2. Contestaciones de la demanda
6. La Secretaría de Educación del municipio de Pasto se opuso a las pretensiones
de la demanda en los siguientes términos5:
6.1. La entidad territorial no tenía la obligación legal del pago de las cesantías, ello
le correspondía a la Fiduprevisora SA como administradora de los recursos del
Fomag, de conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia de acuerdo con
la Ley 91 de 1989.
6.2. Propuso las siguientes excepciones: i) cobro de lo no debido al municipio de
Pasto, Secretaría de Educación; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y
iii) genérica o innominada.
7. La Fiduprevisora SA se opuso a las súplicas de la demanda bajo las siguientes
consideraciones6:
7.1. Las pretensiones carecían de sustento fáctico y jurídico para que prosperaran,
por lo que se deberían negar en su totalidad las condenas en contra de la fiduciaria
«en posición propia», esto es, como sociedad de servicios financieros.
7.2. Formuló las siguientes excepciones: i) «inexistencia de responsabilidad por parte
de Fiduprevisora S.A. en posición propia, es decir como entidad de servicios financieros»;
ii) indebida composición de la parte pasiva; iii) falta de legitimación en la causa por
pasiva; iv) indebida representación del demandado; v) improcedencia de la
indexación de la sanción moratoria; v) improcedencia de condena en costas; y vi)
innominada.
8. El Fomag se opuso a las súplicas de la demanda con los siguientes argumentos7:
5
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0008Contestación.pdf».
6
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo «0013.
contestacion demanda - poder.pdf».
7
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo «0014.
contestacion demanda.pdf».
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
8.1. Una vez verificado el sistema de pagos de prestaciones, sanciones e
indemnizaciones, se pudo evidenciar que ya se realizó el pago de las cesantías, el
que quedó a disposición del demandante a partir del 29 de octubre de 2020 por
valor de $58.016.669, realizado a través del Banco Ganadero, sucursal Pasto.
8.2. La parte demandante pretendió hacer incurrir en error al despacho, puesto que
en los hechos de la demanda manifestó que las cesantías fueron pagadas el 22 de
abril de 2021, pero lo cierto es que el valor producto de la sanción mora fue
consignado el 29 de octubre de 2020 tal y como se observa en el certificado de
pago emitido por la Fiduprevisora SA.
8.3. La sanción moratoria se causó a partir del «12 de diciembre de 2019», por tanto,
al Fomag únicamente le correspondía el pago de la penalidad hasta el 31 de
diciembre de ese año, de ahí en adelante hasta la fecha de pago era
responsabilidad de la Secretaría de Educación del municipio de Pasto por su
incumplimiento en los plazos previstos en la ley para el trámite de solicitud y pago
de las cesantías.
8.4. Lo anterior, en atención a las previsiones del parágrafo del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, según el cual «(l)a entidad territorial será responsable del pago de la
sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría
de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías».
8.5. Por último, propuso las excepciones de: i) legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad; ii) «culpa de un tercero aplicación Ley 1955 de 2019»; iii)
improcedencia de la indexación de la sanción moratoria; iii) improcedencia del
reconocimiento de la sanción moratoria por ser beneficiario del régimen retroactivo
de cesantías; iv) «días de sanción mora causados desde el 01 de enero de 2020 son
responsabilidad del ente territorial»; v) cobro de lo no debido por moratoria generada
en el año 2020; vi) compensación, deducción de pagos; y vii) de la condena en
costas.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, en sentencia
proferida el 7 de julio de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
demanda y condenó en costas al Fomag y a la Fiduprevisora SA. Al efecto dispuso
lo siguiente8:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito, formuladas por los
apoderados judiciales de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Declarar probada las excepciones denominadas “Cobro de lo no debido al
Municipio de Pasto - Secretaría de Educación Municipal, y falta de legitimación en la
causa por pasiva”, formuladas por el mandatario judicial de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO, y por ende desvincúlese del presente asunto,
por las razones expuestas anteriormente.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo ficto originado en el
silencio administrativo frente a la petición contenida en el Oficio de abril 27 de 2021,
radicado el 29 de los mismos con n° asignado 20211011403472, mediante el cual, la
NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FOMAG Y LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PASTO –NARIÑO, negó al señor JAIME ARMANDO
FUERTES QUIÑONES, el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías definitivas.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y al MUNICIPIO DE PASTO (N) –
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, a que reconozcan al señor JAIME
ARMANDO FUERTES QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía nº
5.307.544 expedida en Pasto (N), la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de
2006.
El término de la mora que determina el valor del detrimento, deberá contabilizarse
desde el 06 de diciembre de 2019, fecha en que se debía realizar el pago (70 días
después de radicada la solicitud) y hasta el 29 de octubre de 2020, fecha en que se
consignaron los valores correspondientes para el pago a cargo del Fomag.
QUINTO: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a la indexación de los valores resultantes además
del pago de los intereses moratorios que se devengaran a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia, conforme al artículo 192 y numeral 4° del artículo 195 del
C.P.A.C.A.
(…)» (sic).
10. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo «0049.sentencia
primera instancia.pdf».
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
10.1. La solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas se efectuó
el 30 de agosto de 2019, las que fueron consignadas el 29 de octubre de 2020, en
virtud del acto administrativo de reconocimiento. Ante tal panorama, los 70 días
hábiles posteriores a la fecha en que fue radicada la solicitud, previstos para el
reconocimiento y pago de la prestación social, se cumplieron el 6 de diciembre de
2019.
10.2. Comoquiera que la prestación fue pagada el 29 de octubre de 2020, la sanción
moratoria se causó desde el 6 de diciembre de 2019 hasta esa fecha, corolario de
la mora en el pago de la cesantía reclamada. Por tanto, resultaba procedente el
reconocimiento de la penalidad equivalente a 1 día de salario por cada día de mora,
según el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
10.3. De conformidad con la Ley 1955 de 2019 el Fomag era el responsable del pago
de la penalidad, salvo que se acreditara el incumplimiento por parte de la entidad
territorial, caso en el cual esta última se haría cargo; sin embargo, ello no se
demostró. Aunado, a que la solicitud del reconocimiento de las cesantías se
presentó con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma.
10.4. Así entonces, la mora debía ser reconocida por el Fondo y a través de la
Fiduciaria La Previsora SA, toda vez que no se acreditó en el proceso
responsabilidad del ente territorial, salvo la demora en la expedición del acto
administrativo, justificada en las solicitudes de corrección tanto del demandante
como de la Fiduciaria.
10.5. No estaban llamadas a prosperar las excepciones para el Fomag y la
Fiduprevisora SA, pues se acreditaron los cargos de nulidad invocados sobre el
acto ficto o presunto negativo. En este orden de ideas, le correspondía a la parte
demandada, a excepción del ente territorial, adelantar conjuntamente las
actuaciones administrativas para efectos de reconocer la sanción moratoria
pretendida por el demandante.
10.6. La condena en costas era procedente, en consideración a lo previsto en los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso9.
1.4. El recurso de apelación
11. El Fomag interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos10:
9
En adelante CGP.
10
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
11.1. La sanción moratoria se causó desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 29
de octubre de 2020 (día anterior al pago de las cesantías), en consideración a una
asignación básica de $3.697.539.
11.2. No obstante, ante el incumplimiento de los plazos previstos para la radicación
o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la secretaría de
educación territorial al fondo, era esta entidad territorial la llamada a responder por
la penalidad con posterioridad al 1 de enero de 2020, puesto que el Fomag tenía
la responsabilidad del pago de esta únicamente de los días causados hasta el 31
de diciembre de 2019.
11.3. Lo anterior, en atención a las previsiones del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, según el cual «(l)a entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo
se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos
eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías».
11.4. Así entonces, en el caso particular el Fomag debía responder por la penalidad
por el periodo comprendido entre el 11 y el 31 de diciembre de 2019, de allí en
adelante hasta el 29 de octubre de 2020 le correspondía a la secretaría de
educación territorial.
11.5. La indexación se constituía como uno de los instrumentos para hacer frente a
los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir,
aquellas que debían satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda
determinada entre las que se encontraban las de índole laboral, en la medida en
que el fenómeno inflacionario producía una pérdida de la capacidad adquisitiva de
la moneda. Sin embargo, en relación con la sanción moratoria generada por el
pago tardío de las cesantías el concepto no era procedente, lo anterior conforme
con lo expuesto el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio
de 201811.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo «0051recurso
apelación y poder.pdf».
11
Esta providencia no fue identificada.
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación12, el
problema jurídico consiste en determinar ¿cuál es el límite temporal y el montó de
la penalidad a que tiene derecho Jaime Armando Fuertes Quiñones por el pago
tardío de las cesantías definitivas reconocidas a través de la Secretaría de
Educación del municipio de Pasto (Nariño), en representación del Fomag? y ¿si la
condena al pago de la sanción moratoria reconocida en la providencia recurrida se
encuentra a cargo del Fomag hasta el 31 de diciembre de 2019 o si, con
fundamento en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, debe ser asumida por la
entidad territorial a partir del 1 de enero de 2020?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
15. La Ley 91 de 1989 creó el Fomag como una cuenta especial de la nación con el
fin de atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella» , y
estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en
vigencia la Ley 43 de 1975.
[…]
12
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional» [se resalta].
16. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a 1 mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último
salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y
los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde
el 1 de enero 1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de
estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
17. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»13
18. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación14, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 201915, sostuvo lo
siguiente:
«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de
1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero
de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes
estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo
sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del
sistema financiero durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15).
14
Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018,
Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia
del 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad.
2015- 00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero
de 2019, Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
15
Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los
docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales
que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes
mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia
de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción
entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los
empleados públicos del orden nacional […]» [se resalta].
19. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
2.2.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
20. El pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba sometido al trámite
previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un procedimiento administrativo
caracterizado por la división de responsabilidades y cargas administrativas entre
las secretarías de educación y la fiduciaria, pero también, adoptó términos para la
ejecución de cada una de ellas, períodos que, en conjunto, superaban los plazos
dispuestos por el legislador para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías de los demás servidores públicos16.
21. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados
en la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2005, en
cuanto i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad
patronal», sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento
y pago de las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para
expedir el acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber
también a las solicitudes de cesantías parciales.
22. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que
establecía el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías
definitivas [45 días hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor
16
Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
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público] y previó una sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado
por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:
«Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este».
23. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en
concreto al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de
201717, en la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se
desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento
de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006».
24. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201818, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123
de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales19, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de
carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza
del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la
estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera
docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se
encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior
y desarrollado a través de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244
de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el
pago de las cesantías».
25. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de
la sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse
en el marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag,
17
Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-
SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
19
Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a
los trabajadores oficiales.
13
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
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momento en el que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la
prestación [acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo], la notificación,
interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó
a partir de cuándo, en cada caso, empieza a generarse mora en el pago de la
prestación, según las siguientes reglas:
«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley20 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por
este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación
y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto».
26. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base [sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena]:
«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA».
27. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
20
Artículo 69 CPACA.
14
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afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra
sustento de derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos
por la Corte Constitucional [sentencia SU-336 de 201721] y por la sección segunda
de esta Corporación [fallo CE-SUJ-SII-012-201822]; de manera que la gestión
administrativa necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del
auxilio de cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y
condiciones contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la
referida sanción empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la
prestación, según las circunstancias de cada situación particular y con
independencia de si se trata de cesantías definitivas o parciales23.
2.2.3. Competencia y trámite de las peticiones en materia de reconocimiento
y pago de cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag
28. A través de la Ley 91 de 29 de diciembre de 198924, el legislador dispuso la
creación del Fomag como una cuenta especial de la nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica. En lo que se refiere al
manejo de los recursos que integrarían el fondo estableció que para tal efecto el
gobierno nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad
fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su
administración.
29. Al respecto el artículo 3 previó:
«Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado
(sic) de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido
cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo,
deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del
contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional».
30. Una de las finalidades del Fomag consistía en el pago de las prestaciones
sociales a sus afiliados, estos eran los docentes. Para el efecto el artículo 5
estableció:
21
Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-
SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado
05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
«Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los
siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
2. Garantizar la prestación de los servicios médico -asistenciales, que contratará con
entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.
3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de
los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base
de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en
materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable p ara
consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones».
31. Esta norma, en atención al proceso de nacionalización de la educación oficial
llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975, señaló que quedarían
automáticamente afiliados al fondo los docentes nacionales o nacionalizados
vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es el 29 de diciembre
de 1989, así como el personal vinculado con posterioridad, siempre y cuando
cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y
económica.
32. Posteriormente, los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 199025, reglamentaron
el funcionamiento del Fomag de la siguiente manera:
«Artículo 5. Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en
la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas
reglamentarias.
Artículo 6. Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el
estudio de la documentación.
Artículo 7. Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
25
«Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».
16
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
Artículo 8. Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento».
33. Así entonces, el trámite de las solicitudes de reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de los docentes debían ser radicadas ante la Oficina de
Prestaciones Sociales del respectivo Fondo Educativo Regional, el que procedería
a realizar el estudio de la documentación, con el visto bueno de la entidad
fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de reconocimiento.
34. No obstante, el Congreso de la República mediante el artículo 56 de la Ley 962
de 2005 dispuso que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían
reconocidas y pagadas por el Fomag mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administrara el fondo, el cual en todo caso debía ser
elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente a la que se encontraba vinculado el docente. La norma señalaba:
«Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante
la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual
debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial».
35. El anterior trámite fue reglamentado por los artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de
2005 de la siguiente manera:
«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará
un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en
la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el
estado de su trámite.
Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,
la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de
17
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia
que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo
de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente,
de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos
a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que
estos se encuentren en firme.
Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido
y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto
del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo,
carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.
Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad
que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que
se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución,
la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las
razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de
educación.
Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el
secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con
las formalidades y efectos previstos en la ley».
36. Así las cosas, las resoluciones por las cuales se disponía el reconocimiento y
pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados al Fomag eran actos en
los que intervenía tanto la secretaría de educación del ente territorial en la cual
prestaba sus servicios el docente, a través de la elaboración del proyecto de
resolución de reconocimiento prestacional, como la fiduciaria que se encargaba de
administrar los recursos del fondo, a la que le correspondía aprobar o negar el
proyecto de resolución de acuerdo con la documentación que para tal efecto le
hubiera sido enviada.
37. En ese orden de ideas, si bien la secretaría de educación del ente territorial
intervenía, lo cierto es que, en el caso de reconocimiento de las prestaciones
sociales de los docentes, actuaba en nombre y representación del Fomag, como
la encargada de elaborar el proyecto de resolución que reconocía o denegaba la
prestación social, resolución que con posterioridad debía ser aprobada o no por la
sociedad fiduciaria, quien administraba los recursos del fondo.
38. Sobre el particular, esta Subsección, en sentencia del 12 de diciembre de
202326, señaló que los actos a través de los cuales se disponía el reconocimiento
y la orden de pago de una prestación social a favor de los afiliados del Fomag, eran
actos administrativos complejos, pues para su formación intervenían varias
voluntades jurídicas (secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haya
hecho sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta
docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente y la sociedad
fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal fondo). En
tal sentido, la Sala concluyó que era a las secretarías de educación a las que
finalmente les correspondía definir el reconocimiento y pago de los derechos
prestacionales de los docentes afiliados al Fomag, aunque sea a este último al que
le incumbía el pago.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
19
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
39. Ahora bien, el gobierno nacional a través del Decreto 1272 de 201827 modificó
el decreto único reglamentario del sector educación en lo relativo al reconocimiento
y pago de los beneficios prestacionales de los docentes afiliados al Fomag. Para
el efecto estableció:
«(…) Artículo 2.4.4.2.3.2.22. Término para resolver las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos de
cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la
radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.
Artículo 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro
de los 5 días hábiles siguientes a la presentación en debida forma de la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto
administrativo que resuelva el requerimiento.
Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la entidad territorial deberá
subir y remitir a través de la plataforma dispuesta para tal fin el proyecto de acto
administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea
revisado por la fiduciaria.
Artículo 2.4.4.2.3.2.24. Gestión a cargo de la sociedad fiduciaria en las solicitudes
de reconocimiento de cesantías. La sociedad fiduciaria, dentro de los 5 días hábiles
siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías
parciales o definitivas, deberá impartir su aprobación o desaprobación argumentando
de manera precisa el sentido de su decisión.
Dentro del mismo término indicado en el inciso anterior, la sociedad fiduciaria deberá
digitalizar y remitir a la entidad territorial certificada en educación la decisión adoptada,
a través de la plataforma dispuesta para tal fin.
Artículo 2.4.4.2.3.2.25. Elaboración del acto administrativo que resuelve las
solicitudes de reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en
educación, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo, por parte de la sociedad
fiduciaria, del documento que contiene la aprobación o la desaprobación del proyecto
de acto administrativo, deberá expedir el acto administrativo definitivo que resuelva la
solicitud de reconocimiento de cesantías.
Si la entidad territorial certificada en educación tiene objeciones frente al resultado de
la revisión de que trata el artículo anterior, podrá presentar ante la sociedad fiduciaria
las razones de su inconformidad, dentro de los 2 días hábiles siguientes contados
desde la recepción del documento que contiene la aprobación o desaprobación del
proyecto de acto administrativo.
La sociedad fiduciaria contará con 2 días hábiles para resolver las observaciones
propuestas por la entidad territorial certificada en educación, contados desde la
recepción del documento que contiene las objeciones del proyecto.
27
«Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector
Educación –, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones».
20
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
La entidad territorial certificada en educación, dentro del día hábil siguiente contado
desde la recepción de la respuesta a la objeción, debe expedir el acto administrativo
definitivo.
En cualquier caso, la entidad territorial certificada en educación deberá subir y remitir
en la plataforma dispuesta por la sociedad fiduciaria, el acto administrativo digitalizado.
Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia, los términos previstos en los incisos 2, 3 y 4 del
presente artículo podrán ser entendidos como una ampliación del plazo señalado en el
artículo 4° de la Ley 1071 de 2006. En todos los casos, las solicitudes de que trata este
artículo deberán resolverse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su radicación
completa por parte del peticionario.
Artículo 2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y ejecutoriado
que resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Una vez notificado y
ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las solicitudes de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la entidad territorial certificada en
educación deberá subir y remitir este acto administrativo inmediatamente a través de la
plataforma empleada para tal fin.
Artículo 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los 45
días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que
reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la
sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes».
40. Posteriormente, la Ley 1955 del 25 de mayo de 201928 en su artículo 57 se
ocupó de regular de manera específica la responsabilidad de los entes territoriales
en materia del reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías en los siguientes términos:
«(…) Artículo 57. Eficiencia en la administración de los recursos del fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio. Las cesantías definitivas y
parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas
por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la
pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación
de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá
aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la
administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los
recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
(FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de
las mesadas pensionales de los maestros.
28
«Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”».
21
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en
el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías.
Parágrafo Transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a
cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre
de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de
Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así
mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de
negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la
adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención».
41. La anterior norma introdujo varias modificaciones sustanciales en relación con
la competencia para el reconocimiento y pago de las cesantías a los afiliados al
Fomag, y con la responsabilidad para el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida por el artículo 5 de la Ley 244 de 1995, así:
41.1. Determinó que la autoridad competente para el reconocimiento de las
cesantías parciales y definitivas de los docentes afiliados al Fomag eran las
secretarías de educación de las respectivas entidades territoriales; mientras que la
autoridad competente para el pago de tales prestaciones era el fondo.
41.2. Estableció que los recursos del Fomag solamente pueden destinarse al pago
de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios del Fondo, pero no al pago de indemnizaciones
económicas, ni por vía judicial ni administrativa. Dentro de estas se entendía
incluida la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías.
41.3. Dispuso que las entidades territoriales serían las responsables del «pago» de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, cuando incumplieran los
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud al Fomag, por parte de
la respectiva secretaría de educación, y se reiteró que, en tales casos, el fondo
solo debía asumir el pago de las cesantías.
22
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
41.4. Facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que emitiera títulos
de tesorería, con el fin de financiar el pago de las sanciones moratorias a cargo del
Fomag que se causaran hasta diciembre de 2019.
42. El artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 derogó el artículo 56 de la Ley 962 de
2005, posteriormente el legislador tramitó la Ley 2052 de 2020 en la que se crearon
reglas dirigidas a los niveles territorial y nacional de la Rama Ejecutiva del Poder
Público para facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante la
administración pública.
43. Ahora bien, se precisa que, conforme lo puso de presente la Corte
Constitucional en sentencia SU 041 de 2020, este trámite fue modificado por la Ley
1955 de 201929, en el sentido de eliminar la doble revisión del proyecto de acto
administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías y de la resolución en
firme por parte de la Fiduprevisora SA, «paso que generaba una carga administrativa
adicional y afectaba la eficiencia operativa de la fiduciaria». En esa medida, con la
entrada en vigencia de dicha ley, que tuvo lugar el 25 de mayo de 2019, el
reconocimiento del auxilio de cesantías pasó a ser responsabilidad de la secretaría
de educación territorial certificada, mientras que el pago se reservó como de
competencia del Fomag.
44. Posteriormente, se expidió el Decreto 942 del 1 de junio de 202230 en el cual se
destacaron aspectos en torno a las cesantías como: gestión a cargo de las
secretarías de educación, de la sociedad fiduciaria para el pago y del acto
administrativo notificado y ejecutoriado que resolvía las solicitudes de
reconocimiento.
45. En relación con la sanción moratoria por la consignación extemporánea del
auxilio de cesantías parciales o definitivas se señalaron hipótesis para determinar
la competencia de asumir su pago, es decir, si este era imputable a la entidad
territorial, el Fomag o de forma conjunta a las dos autoridades administrativas31.
29
«Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”».
30
«Por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capitulo 2, Título 4, Parte 4, Libro 2
del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación- sobre el reconocimiento y
pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones».
31
«Artículo 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. La Entidad Territorial Certificada en Educación y la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, serán las responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío
de las cesantías, en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los términos previstos para cada una de ellas en los artículos
2.4.4.2.3.2.22 y 2.4.4.2.3.2.27 del presente decreto, así como de los términos aplicables para la
notificación y la resolución de recursos de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Los recursos
23
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
46. Cabe mencionar que, sobre las sanciones por mora con cargo al Fomag, el
parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 fue modificado por el
artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, de la siguiente manera:
«Artículo 324. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, el cual quedará así: Artículo 57. Eficiencia en la Administración de los Recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
[…]
Parágrafo transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a
cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a
diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación,
las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag
efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente
parágrafo».
47. Esta disposición autorizó al Ministerio de Hacienda para emitir títulos de
tesorería con el fin de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del
Fomag, causadas hasta diciembre de 2022, a pesar de que tales sanciones no
podían causarse en cabeza de dicho fondo después del 25 de mayo de 2019, en
atención a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 1955 de ese año.
2.3. Caso en concreto
48. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
48.1. El 30 de agosto de 2019, Jaime Armando Fuertes Quiñones, en su condición
de docente nacional de la Institución Educativa Municipal Nacional de Pasto,
solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas por sus servicios entre
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar
el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios. La sanción moratoria no afectará los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y, en caso de presentarse, su pago será responsabilidad de
la entidad que la genere. Parágrafo. La entidad territorial será responsable de pagar la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de la
prestación se generó como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En caso de que se presenten demoras en el pago de las cesantías
imputables a la sociedad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que ocasionen sanción moratoria, deberá ser
cubierta con el patrimonio de la sociedad fiduciaria. En el evento en que la sanción por mora resulte
imputable a las dos entidades antes enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de forma
proporcional según los días de retraso en el reconocimiento o el pago que corresponda para cada
entidad».
24
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
el 12 de marzo de 1979 y el 12 de marzo de 201932.
48.2. Con la Resolución 2735 del 11 de septiembre de 201933, expedida por la
Secretaría de Educación del municipio de Pasto, en nombre y representación del
Fomag, y en consideración a una petición del actor del 30 de agosto de 2019, se
le reconoció la prestación reclamada y se ordenó el pago por concepto de
cesantías definitivas por valor de $38.130.216, por el servicio prestado «como
docente de vinculación NACIONAL-SITUADO FISCAL, por el tiempo laborado en la
Institución Educativa Municipal NACIONAL SITUADO FISCAL del Municipio de Pasto»
(sic).
48.3. El
17 de septiembre de 2019, fue notificado de la anterior resolución,
oportunidad en la que manifestó renunciar a los términos de ejecutoria del acto
administrativo34.
48.4. Posteriormente, se expidió la Resolución 3286 del 5 de noviembre de 201935,
a través de la cual el secretario de educación del municipio de Pasto, en nombre y
representación del Fomag, reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas
en una suma equivalente a $178.300.821, valor al que se le deberían descontar
$1.914.185 por el pago de cesantías parciales, para un total a pagar de
$176.386.636. La prestación se concedió por las labores «como docente de
vinculación NACIONALIZADO-SITUADO FISCAL, por el tiempo laborado en la Institución
Educativa Municipal LUIS EDUARDO MORA OSEJO de Municipio de Pasto».
48.5. El 8 de noviembre de 2019, fue notificado del anterior acto administrativo,
oportunidad en la cual renunció a sus términos de ejecutoria36.
32
De conformidad con la Resolución 0581 del 17 de marzo de 2020, «(p)or la cual, a docente se
reconoce y ordena el pago de cesantía dedinitiva». Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE
DIGITAL», documento «ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 26 y 27.
33
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 20 a 22.
34
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folio 22.
35
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 23 y 24.
36
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folio 25.
25
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
48.6. A través de la Resolución 0581 del 17 de marzo de 202037, suscrita por el
secretario de educación del municipio de Pasto, en nombre y representación del
Fomag, se reconoció y se ordenó el pago de las cesantías definitivas de la
siguiente forma:
«Que mediante radicación 2019-CES-794284 del 30 de agosto de 2019, el (la) docente
JAIME ARMANDO FUERTES QUIÑONES, identificado(a) con la C. de C. 5.307.544,
solicita el reconocimiento y pago de cesantía definitiva, por lo servicios prestados como
docente de vinculación NACIONAL-SITUADO FISCAL, por el tiempo laborado en la
Institución Educativa Municipal LUIS EDUARDO MORA OSEJO del Municipio de Pasto.
(…)
Que según certificación, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Pasto,
se constata que el(la) docente viene prestando sus servicios de la siguiente manera:
DESDE HASTA
12-03-1979 01-09-1991
02-09-1991 12-03-2019
Que el documento presentó copia del decreto Nº 0123 del 13 de febrero de 2019, por
medio del cual se desvinculó del servicio a partir del 13 de marzo de 2019, proferida
por la Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
(…)
TOTAL CESANTIAS FNPSM $58.016.669
Que según base de datos de la Oficina de Prestaciones Sociales Pasto, al(a) docente,
no se le han cancelado cesantías parciales, por valor de $1.914.185.
Del valor total de Cesantías Parciales liquidadas, debe descontarse $1.914.185, por
concepto de cesantías parciales pagadas.
(…)
EN VIRTUD DE LO EXPUESTO,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a JAIME ARMANDO FUERTE
QUIÑONES, identificado(a) con C. de C. 5.307.544, la suma de $58.016.669, con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, por
concepto de cesantías definitivas a que tiene derecho por el tiempo servicio como
docente NACIONAL-SITUADO FISCAL.
ARTÍCULO SEGUNDO: De la suma reconocida descontar $1.914.185 por concepto de
Cesantías Parciales, quedando como saldo liquido $56.102.484, que será cancelado
37
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 26 y 27.
26
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
por la Fiduciaria La Previsora S.A. a JAIME ARMANDO FUERTE QUIÑONES
identificado(a) con C. de C. 5.307.544, según acuerdo suscrito entre la Nación y esa
entidad.
(…)» (sic).
48.7. Por la Resolución 0732 del 37 de abril de 202038, el secretario de educación
del municipio de Pasto, en nombre y representación del Fomag, aclaró la
Resolución 0581 del 17 de marzo de 2020, en sentido de que no había lugar a
descuento alguno por pago de cesantías parciales, por lo que el valor a reconocer
por las cesantías definitivas era de $58.016.669.
48.8. De conformidad con el Formato Único para la expedición de certificado de
salarios expedido por el Fomag el 19 de octubre de 2020, el demandante entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2018, y el 1 de enero y el 1 de mayo de
2019 devengó lo siguiente39:
«(…)
FACTORES SALARIALES DESDE: 01-01-2017
HASTA: 31-12-2017
Asignación Básica 3.397.579.00
Bonif. Mensual Docentes 67.952.00
Prima De Navidad 3.760.342.00
Prima De Servicios 1.732.765.00
Prima De Vacaciones Docente 1.804.964.00
TOTAL 10.736.602.00
FACTORES SALARIALES DESDE: 01-01-2018
HASTA: 31-12-2018
Asignación Básica 3.641.927.00
Bonif. Mensual Docentes 109.258.00
Bonificacion Pedagogica 218.516.00
Prima De Navidad 4.070.296.00
Prima De Servicios 1.875.592.00
Prima De Vacaciones Docente 1.903.742.00
TOTAL 11.869.331.00
FACTORES SALARIALES DESDE: 01-01-2019
HASTA: 01-05-2019
Asignación Básica 3.919.989.00
Bonif. Mensual Docentes 117.600.00
38
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 28 y 29.
39
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 31 y 32.
27
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
Prima De Navidad 1.281.048.00
Prima De Servicios 6.068.373.00
TOTAL 6.068.373.00
(…)» (sic).
48.9. Por medio de la Resolución 1471 del 3 de noviembre de 202040, el secretario
de educación del municipio de Pasto, en nombre y representación del Fomag,
revocó la Resolución 3286 del 5 de noviembre de 2019, por medio de la cual se
había reconocido y ordenado el pago de una cesantía definitiva a Jaime Armando
Fuertes Quiñones. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:
«Que Fiduprevisora, en plataforma OnBase, solicita la REVOCATORIA del Acto
Administrativo contenido en la Resolución Nº 3286 del 05 de noviembre de 2019, por
cuanto según Hoja de Revisión con identificador 1946041 emitida por la citada entidad,
indica que: “Se aprueba la Resolución No. 0732 de 27/04/2.2020 mediante la cual se
ACLARA la Resolución No. 0581 de 17/03/2.2020 por medio de la cual se reconoce el
pago de una cesantía definitiva.”
Que es procedente la solicitud de FIDUPREVISORA, sobre la revocatoria del Acto
Administrativo contenido en la Resolución Nº 3286 del 05 de noviembre de 2019, para
efectos de pago de la CESANTÍA DEFINITIVA de conformidad a la Ley 1955 de 2019.
Que el Artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o Fito, haya
creado o modificado una situación de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso
y escrito del respectivo titular”
Que corolario de los acápites precedentes, el señor JAIME ARMANDO FUENTES
QUIÑONES, identificado con la C. de C. 5.307.544, es enterado por la Secretaría
Educación de Pasto, de lo solicitado por FIDUPREVISORA S.A., e informa que no ha
recibido ningún pago y la entidad citada, relacionado con el Acto Administrativo
contenido en la Resolución Nº 3286 del 5 de noviembre de 2019, por lo que da viabilidad
a la REVOCATORIA» (sic).
48.10. El 29 de abril de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación del municipio de
Pasto y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías definitivas; no obstante, no obra prueba de que se haya
emitido una respuesta antes de la presentación de la demanda41.
40
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folio 30.
41
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 15 a 18.
28
Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
48.11. Comunicación 20211071612161 del 22 de julio de 202142, a través de la cual
la Dirección del Servicio al Cliente y Comunicaciones de la Fiduprevisora, le
informó al actor lo siguiente:
«FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-,
conforme al marco normativo se encuentra impedida legalmente para atender su
solicitud respecto de la sanción por mora causada con posterioridad al 31 de diciembre
de 2019, por carecer de la competencia legal.
En los anteriores términos damos respuesta de fondo a su petición, aclarando que
esta comunicación no tiene el carácter de acto administrativo por cuanto
FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG - no tiene
competencia para expedirlo, dado que es una entidad financiera que se rige por la
normatividad del derecho privado» (sic) (se resalta).
48.12. A través de certificación del 19 de septiembre de 2022, el Fomag informó que
el 29 de octubre de 2020 realizó el pago de las cesantías definitivas al demandante,
por consignación realizada a través del Banco Ganadero, sucursal Pasto, por la
suma de $58.016.669, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 0581 del 17 de
marzo de 202043, que reconoció y ordenó el pago del emolumento.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
49. En el caso concreto, el tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que se configuró la sanción moratoria por el período
comprendido entre el 6 de diciembre de 2019 y el 29 de octubre de 2020.
50. En el recurso de apelación, el Fomag indicó que la sanción moratoria se causó
desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 29 de octubre de 2020 (día anterior al
pago de las cesantías), en consideración a una asignación básica de $3.697.539.
Asimismo, consideró que no era procedente ordenar la indexación a valor presente
de la penalidad.
51. A su vez, aseguró que en los términos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y
ante el incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la secretaría de educación territorial al
fondo, era esta entidad territorial la llamada a responder por la sanción moratoria
42
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo
«0001NulidadRestablecimientoDerecho.pdf», folios 40 a 42.
43
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_1_1892023(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_520012333000202200014011EXPEDIENTEDIGI20231006111739», archivo «0014.
Contestación demanda.pdf», folios 21 y 22.
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
con posterioridad al 1 de enero de 2020, puesto que el fondo tenía la
responsabilidad del pago de esta únicamente de los días causados hasta el 31 de
diciembre de 2019.
52. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala encontró, del material
probatorio que obra en el expediente, que el demandante solicitó el reconocimiento
de sus cesantías definitivas el 30 de agosto de 2019, tal y como se señaló en la
Resolución 0581 del 17 de marzo de 2020, a través de la cual se reconoció y
ordenó el pago de la prestación.
53. Bajo tal panorama y para contabilizar el plazo para la exigibilidad de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas se tendrán en cuenta
las reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 antes citada, en la que se indicó que
«[e]n el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y
parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago» (se resalta).
54. De acuerdo con lo anterior se tiene:
Descripción Fecha
Presentación de la solicitud de cesantías parciales 30 de agosto de 2019
15 días para expedir el acto administrativo de
20 de septiembre de 2019
reconocimiento
10 días de ejecutoria del acto 4 de octubre de 2019
45 días hábiles para efectuar el pago 10 de diciembre de 2019
55. Visto lo anterior, la sanción moratoria se hizo exigible desde el 11 de diciembre
de 2019, en tanto la entidad tenía hasta el 10 del mismo mes y año para la
consignación de las cesantías, lo que no ocurrió sino hasta el 29 de octubre de
2020, luego, su límite temporal fue desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 28
de octubre de 2020, configurándose 322 días de mora.
56. Ahora, como se indicó en el marco normativo, la sentencia CE-SUJ-SII-012-
2018 del 18 de julio de 2018, en relación con el salario para calcular la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, determinó que sería «la
asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor
público», en el caso en particular la devengada en mayo de 2019, que correspondía
a $3.919.989. Se tiene entonces la siguiente liquidación:
Salario diario: $3.919.989 / 30 = $130.666,3
Valor de la sanción: $130.666,3 x 322 = $42.074.548,6
30
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Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
57. Así las cosas, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria deberá
realizarse por el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2019 y el 28 de
octubre de 2020 y sobre una asignación básica de $3.919.989. Por tanto, la suma
a pagar por la sanción moratoria es de $42.074.548,6.
58. Ahora, precisa la Sala que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 estableció que
el reconocimiento del auxilio de cesantías definitivas y parciales de los docentes
oficiales será responsabilidad de la secretaría de educación de la entidad territorial
certificada a la que aquellos se encuentren vinculados, mientras que su pago será
competencia del Fomag.
59. Lo anterior, como una suerte de regla general, toda vez que en el parágrafo se
dispuso que la entidad territorial tendría que asumir el pago de la sanción en
aquellos eventos en que la mora se genere como consecuencia del incumplimiento
de las cargas obligacionales de dicha entidad en cuanto a los plazos de radicación
o envío de los documentos al Fomag, ya que, en esos casos, el fondo sería
responsable únicamente del pago del auxilio de las cesantías.
60. No obstante, la Sala precisa que para atribuirle responsabilidad al ente territorial
es necesario que se cumpla con el supuesto establecido en la norma consistente
en el incumplimiento de este frente a los términos previstos para la entrega de la
solicitud de pago al Fomag.
61. Ahora bien, revisado el expediente, se advierte que no reposa prueba que
acredite la incidencia que tuvo una u otra entidad en el trámite interno para la
consignación de cesantías de la docente. Pues, tal y como se advirtió se trata de
una labor que implica la actuación tanto de la secretaría de educación territorial
como del Fomag, y cualquiera de ellas pudo omitir los plazos legales dispuestos
para el reconocimiento de la prestación.
62. Correspondía entonces a la entidad recurrente desvirtuar las razones del juez
de primera instancia en este punto. No obstante, se limitó a mostrar su
inconformidad frente a la responsabilidad de la penalidad con fundamento en el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, para lo cual consideró que la secretaría de
educación territorial incumplió con los plazos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías, sin demostrar la trazabilidad de la petición y su
participación.
63. Así las cosas, al no probarse la falta de diligencia de la entidad territorial en la
gestión que debía asumir según su competencia, la sanción debe ser impuesta en
su totalidad con cargo al Fomag por ser el principal obligado al pago de la
prestación de forma oportuna.
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
64. Sinperjuicio de lo dicho, la Sala recuerda que el derecho reconocido al
demandante no podría verse afectado por los trámites interadministrativos que
tienen que realizar las entidades, esto es el Fomag, la secretaría de educación y
la Fiduprevisora.
65. Precisa la Sala que en el sub judice el a quo dispuso la indexación de la sanción
moratoria, no obstante, de conformidad con la mencionada sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-012-2018 «es improcedente la indexación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías» por lo que se ordenará que la condena se
ajuste conforme con lo previsto en el artículo 187 del CPACA.
66. Ahora, en consideración a que el a quo estableció la falta de legitimación en la
causa respecto del municipio de Pasto, Secretaría de Educación, era improcedente
una condena a tal entidad, no obstante, así se dispuso en el numeral 4 de la
sentencia recurrida.
67. Al respecto, de la lectura integral de la sentencia, la Sala entiende que ello se
trató de una imprecisión en la resolutiva de la sentencia, pues el análisis realizado
por el Tribunal es inequívoco para establecer que el municipio no tenía
responsabilidad en el asunto y no era el que debía reconocer la mora, lo que lo
llevó a declarar su falta de legitimación en la causa y por tanto debía ser
desvinculado del proceso, esto ultimó tal y como se dispuso en el ordinal 2 de tal
parte de la providencia.
68. Así las cosas, resulta procedente modificar el numeral 4 de la sentencia apelada
para establecer que a quien corresponde el pago de la condena es únicamente al
Fomag y no al municipio de Pasto, Secretaría de Educación, como allí se había
previsto.
69. Por lo analizado, la Sala modificará la sentencia proferida el 7 de julio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en torno a los
ordinales relacionados con el límite temporal del reconocimiento de la sanción
moratoria y su liquidación. Asimismo, en lo relacionado con la parte responsable
de la condena y su ajuste.
2.4. Costas
70. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
71. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
72. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma44.
73. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
74. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
revocará la condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el
análisis aquí expuesto.
4. Conclusión
75. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Fomag incurrió en mora
en el pago de las cesantías parciales del demandante por cuanto, transcurrido el
plazo, no cumplió con su obligación y como consecuencia de ello se causó la
sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, como lo
estableció el tribunal. Sin embargo, el límite temporal de la penalidad es entre el
11 de diciembre de 2019 y el 28 de octubre de 2020, su liquidación se debe realizar
en atención a la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro
del servicio y su montó corresponde a $3.919.989. Por tanto, la suma a pagar por
la penalidad es de $42.074.548,6.
44
En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
76. Es procedente el ajuste de la condena de conformidad con lo previsto en el
artículo 187 del CPACA e improcedente la condena contra el municipio de Pasto,
Secretaría de Educación.
77. Al no probarse la falta de diligencia de la secretaría de educación territorial en
la gestión que debía asumir según su competencia, la sanción debe ser impuesta
en su totalidad con cargo al Fomag por ser el principal obligado al pago de la
prestación de forma oportuna.
78. En esas condiciones, se confirmará, con una modificación, la sentencia
proferida el 7 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión, en relación con el límite temporal del reconocimiento de la
sanción moratoria y su liquidación. Asimismo, en lo relacionado con la parte
responsable de la condena y su ajuste.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales 4 y 5 de la sentencia proferida el 7 de julio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Jaime Armando
Fuertes Quiñes contra el Fomag, la Fiduprevisora S.A. y el municipio de Pasto,
Secretaría de Educación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia, los cuales quedarán así:
Cuarto. Condenar al Fomag a pagar a favor de Jaime Armando Fuertes
Quiñones la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas, prevista
en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, consistente en un día de salario por
cada día de retraso en el pago de la prestación, por el período comprendido
entre el 11 de diciembre de 2019 y el 28 de octubre de 2020 y que se concreta
en un total de 322 días de mora, cuya liquidación fue calculada con base en la
asignación básica del año 2019, que fue la vigente al momento del retiro del
servicio.
El valor a reconocer a Jaime Armando Fuertes Quiñones por la sanción
moratoria es de $42.074.548,6.
Quinto. La anterior suma deberá ser ajustada conforme con el IPC tal y como
lo ordena el inciso último del artículo 187 del CPACA y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
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Radicado: 52001-23-33-000-2022-00014-01 (6064-2023)
Demandante: Jaime Armando Fuertes Quiñones
índice inicial
Habrá lugar al pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia, conforme al artículo 192 y el numeral 4 del artículo 195 del
CPACA.
Segundo. Revocar el ordinal 7 de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 7
de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión,
y en su lugar se dispone no condenar en costas de primera instancia.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 7 de julio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la presente providencia.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
35
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