Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07876-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07876-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07876-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por la señora Magda
Stella Agudelo García, contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Quindío.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia que negó sus pretensiones en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
municipio de Armenia, con el fin de que se reconociera y pagara la sanción por mora
establecida en la Ley 1071 de 2006 en relación con el pago de sus cesantías parciales.
Se declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la discusión que presenta la accionante
corresponde a un asunto meramente económico.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 10 de diciembre de 2025, Magda Stella Agudelo García presentó, mediante
apoderado, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia
proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
63001-33-33-002-2022-00570-00/01, por medio de la cual se confirmó la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda presentadas en el proceso
ordinario.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, en sentencia del 6 de
junio de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 63001-33-33-002-
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Improcedencia / Falta de relevancia
constitucional / Sanción por mora en el pago de las cesantías – Ley 1071 de 2006
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
2022-00570-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora
MAGDA STELLA AGUDELO GARCÍA al haber adoptado una decisión que se aparta de
los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo
vigente aplicable al caso concreto.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante y, (ii) aplicando en debida
forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento
administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago
de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.
B. Hechos
3.El 8 de septiembre de 2022, la señora Magda Stella Agudelo García presentó una
demanda en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y municipio de Armenia, con la cual pretendió el reconocimiento y pago
de las sanciones por mora consagradas en la Ley 1071 de 20062 por el pago
extemporáneo de sus cesantías parciales como docente afiliada al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG.
4. El 9 de abril de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia negó las
pretensiones de la demanda, al concluir que, si bien a la demandante le asiste derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de sus
cesantías parciales, la demandante no dirigió su demanda contra la Fiduciaria la
Previsora S.A. En ese sentido, aclaró:
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019 –25 de mayo de 2019– la
responsabilidad en el pago de la sanción por mora derivada del retardo en el reconocimiento
y pago de las cesantías solicitadas por los docentes oficiales, quedó a cargo del Ministerio
de Educación Nacional pero sólo y exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2019, pues
a partir del 1° de enero de 2020 esta recae de forma divisible o individual en cabeza de la
entidad territorial certificada en educación y de la Fiduciaria La Previsora S.A., como
administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
quien responde con su propio patrimonio. (…)
Así las cosas, en el presente asunto el período de mora es atribuible a la Fiduciaria La
Previsora S.A., como encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, quien, según se anotó, responde con cargo a su propio
patrimonio. Sin embargo, el extremo procesal actor echó de menos dirigir la demanda contra
la sociedad fiduciaria y por ese motivo sus pretensiones están llamadas al fracaso, ya que –
se insiste– entre la entidad territorial certificada en educación, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A. hay una obligación
divisible o individual.
5.El 24 de abril de 2024, la accionante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, mediante el cual expuso:
si bien es cierto la Ley 1955 fue expedida el 25 de mayo de 2019, el Decreto 942 de 2022
2
Congreso de Colombia. Ley 1071 de 2006. “por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de
las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
por medio del cual regulo la aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 del 2019, fue expedido
solo hasta el 1 de junio de 2022, se solicita la no aplicación a este criterio en virtud a que la
solicitud de la sanción mora de mi representado se solicitó con anterioridad a la vigencia del
Decreto 942 de 2022 esto es el 05 de abril de 2021.
La docente, solicito sus cesantías el día 05 de abril de 2021, los 15 días con los que contaba
la entidad accionada para expedir y notificar el acto administrativo de reconocimiento y pago
fenecieron el 26 de abril de 2021. Por medio de la Resolución 0568 del 09 de abril de 2021
se reconoció la cesantía, notificándose de manera personal efectivamente el día 14 de abril
de 2021, por lo que los 10 de ejecutoria fenecieron el 28 de abril de 2021, los 45 días que
tenía la entidad para realizar el pago, feneció el 06 de julio de 2021. Pago que solo realizaron
hasta el 14 de octubre de 2021, por lo tanto, sí se generó una sanción moratoria desde el 06
de julio de 2021 hasta el 14 de octubre de 2021, para un total de 100 días de mora, lo anterior
de acuerdo al cómputo de los términos referidos para el reconocimiento y pago de las
cesantías.
6. El 6 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia. Señaló que el artículo 324
de la Ley 2294 de 2023, dispuso que para efectos de financiar el pago de las sanciones
por mora a cargo del FOMAG causadas a diciembre de 2022, se facultó al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería. Razón por la cual confirmó
que la entidad encargada de pagar las sanciones por mora respecto las prestaciones
económicas a cargo del FOMAG son competencia de la sociedad Fiduprevisora. Así,
adujo que no existió mora en el cumplimiento de la obligación, toda vez que la
Resolución núm. 1503 del 30 de agosto de 2021, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 568 de 2021, fue notificada
el 30 de agosto de 2021, y el pago correspondiente se realizó el 14 de octubre de 2021,
es decir, dentro del término legal prestablecido de 45 días.
7. Además, indicó que la demandante considera la Resolución 568 del 2021 como punto
de inicio, sin embargo, fue un razonamiento equivoco debido a que dicho acto fue la
primera resolución expedida, que luego fue materia de corrección y de impugnación.
C. Fundamentos de la vulneración
8. La accionante alega que la sentencia del 6 de junio de 2025, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del
derecho sustancial y tutela judicial efectiva, al incurrir en un defecto fáctico y sustantivo.
9. Señaló que el Tribunal accionado reconoció que la accionante presentó su solicitud
el 5 de abril de 2021, por lo que la Secretaría de Educación del municipio de Armenia
tenía como plazo para resolver de fondo hasta el 26 de abril de 2021. Indicó que en la
Resolución núm. 0568 del 9 de abril de 2021, se profirió acto de reconocimiento el cual
fue notificado el 14 de abril de 2021. Sin embargo, advirtió que dicha resolución fue
devuelta por el juez a la Fiduprevisora S.A., al presentar errores sustanciales respecto
el monto de la liquidación, lo cual fue corregido mediante la Resolución núm. 0923 del
11 de junio de 2021, notificada el 15 de junio de 2021, razón por la cual el procedimiento
no culminó en el plazo previsto por la norma.
10.A pesar de lo descrito, señaló que el juez concluyó que la administración actuó
oportunamente y conforme al procedimiento legal, aun cuando del acervo probatorio se
demuestra lo contrario.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
11. Además, indicó que presentó recurso de reposición el 17 de junio de 2021, sin
embargo, la resolución que lo resolvió fue notificada hasta el 30 de agosto de 2021, por
ello no es coherente que, a pesar de dicho retraso, se haya concluido por parte del
Tribunal que la actuación del municipio de Armenia se ajustó a derecho, pues
claramente se excedieron los 70 días hábiles para el reconocimiento y pago de la
cesantía. Razón por la cual se configuró el defecto fáctico, ya que el Tribunal arribó a
una conclusión totalmente reprochable, en tanto los elementos de prueba demuestran
una realidad distinta a la decisión adoptada en el caso concreto.
12. Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Quindío indicó que la Secretaría de
Educación del municipio de Armenia cumplió con los plazos para expedir la resolución
de reconocimiento de las cesantías, razón por la cual no había responsabilidad por
cuenta del retardo en el trámite administrativo. No obstante, de acuerdo con la sentencia
de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de 2018, y los
artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006, se concluyó que son 70 días hábiles para ordenar
la liquidación de las cesantías.
13. Por el contrario, en el caso concreto, dicho plazo se incumplió debido a que la
resolución contenía errores que impidieron a la Fiduprevisora realizar el desembolso y,
por ello, la entidad territorial tuvo que repetir el trámite y expedir un acto de corrección
dos meses después de que la reclamación administrativa fue radicada. Por ende, se
superó el término previsto legalmente debido a la demora imputable al municipio de
Armenia, así no se explica cómo el Tribunal aplicó la norma, ya que es evidente que se
superó el plazo previsto en la Ley 1071 de 2006.
D. Trámite procesal
14. Mediante auto del 12 de diciembre de 20253, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío y, en calidad de terceros con
interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Armenia, a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, para
que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
15. El 18 de diciembre de 20254, el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia allegó
memorial y solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto el amparo invocado por la accionante está dirigido a las actuaciones que
adelantó el Tribunal Administrativo de Quindío con ocasión a la sentencia de segunda
instancia. En ese sentido, indicó que de ningún modo le es atribuible la presunta
vulneración de las garantías fundamentales alegadas.
16.El 19 de diciembre de 20255, la secretaría general del Tribunal Administrativo del
Quindío allegó copia del expediente digital núm. 63001-33-33-002-2022-00570-01.
17. El 19 de diciembre de 20256, el Ministerio de Educación Nacional indicó que las
vulneraciones alegadas por la parte actora no comprometen gravemente las garantías
3
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
4
Índice 9 del expediente digital disponible en Samai.
5
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai.
6
Índice 11 y 12 del expediente digital disponible en Samai
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
de la accionante ni sus derechos fundamentales. Señaló que la controversia presenta
un debate procesal de naturaleza estrictamente económica, pues es un litigio que
involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela
porque el asunto carece de relevancia constitucional.
18. Además, manifestó que el Ministerio no tiene responsabilidad en la conducta cuya
omisión genera la vulneración alegada, por lo cual carece de competencia para
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones aquí debatidos, pues la controversia
alegada compromete las actuaciones y decisiones emitidas por otras autoridades, que
no tienen injerencia respecto el Ministerio. Solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela y se desvinculara a la entidad por falta de legitimación en la causa.
19. El 13 de enero de 20267, el Tribunal Administrativo del Quindío indicó que la
accionante pretende, a través del mecanismo constitucional, reabrir el debate ya
concluido como una instancia adicional, con el fin de que se acepte una decisión distinta
respecto la contabilización de los términos de la sanción moratoria en relación con el
reconocimiento de sus cesantías.
20. Señaló que, si bien la primera resolución que se expidió incurrió en un error, del cual
tuvo que ser consciente la accionante, las cesantías se pagaron a tiempo. Así, indicó
que el tema que presenta la accionante no es de relevancia constitucional, por cuanto
no se trata de una discusión en torno a una prestación social, sino respecto a la
causación de una sanción moratoria, que ya fue debidamente analizada y resuelta en
sede del proceso ordinario. Solicitó que se declare la improcedencia de la tutela o que
se niegue el amparo, ya que no se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Magda Stella Agudelo
García contra el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Cuestión previa
22. La Sala negará las solicitudes de desvinculación de la presente acción judicial
formuladas por el Juzgado Segundo Administrativo de Armenia y la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG, debido a que fueron vinculadas en calidad de terceros con interés, por cuanto
fueron sujetos procesales y estuvieron vinculadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho objeto de la presente demanda de tutela.
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Índice 13 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
H. Providencia objeto de análisis
23. La accionante cuestionó la sentencia proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, razón por la cual será la providencia que se analizará en el
presente trámite.
I. Sentido de la decisión
24. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pues la discusión que presenta la accionante
corresponde a un asunto meramente económico. En ese sentido, y por razones
metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos
generales de procedencia de la demanda de tutela8.
J. El requisito de relevancia constitucional
25. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.9 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada10, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
26. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.11
27. En la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
8
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado
todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger
y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
28. Para la Corte Constitucional13, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
29. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”14.
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 6 de junio de
2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío porque, a su juicio, considera que
13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos del defecto alegado, con el propósito de determinar el objeto
de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
31. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”15. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
32. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias16. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
33. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba17. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción18.
34. Respecto del defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.
L. El caso concreto
35. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto los argumentos presentados por la accionante corresponden
a un asunto meramente económico, pues a través de la vía constitucional, la parte actora
pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. Además, tiene como
propósito reabrir el debate concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
36. Se evidencia que los argumentos presentados por la accionante en su escrito de
tutela fueron expuestos ante el Tribunal Administrativo de Quindío en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2024 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Armenia.
37. En ese sentido, en el recurso de apelación la accionante manifestó:
La docente, solicito sus cesantías el día 05 de abril de 2021, los 15 días con los que contaba
la entidad accionada para expedir y notificar el acto administrativo de reconocimiento y pago
fenecieron el 26 de abril de 2021. Por medio de la Resolución 0568 del 09 de abril de 2021
se reconoció la cesantía, notificándose de manera personal efectivamente el día 14 de abril
de 2021, por lo que los 10 de ejecutoria fenecieron el 28 de abril de 2021, los 45 días que
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
tenía la entidad para realizar el pago, feneció el 06 de julio de 2021. Pago que solo
realizaron hasta el 14 de octubre de 2021, por lo tanto, sí se generó una sanción moratoria
desde el 06 de julio de 2021 hasta el 14 de octubre de 2021, para un total de 100 días de
mora, lo anterior de acuerdo al cómputo de los términos referidos para el reconocimiento y
pago de las cesantías
38. En sede de tutela, la accionante reitera los mismos argumentos en términos
similares, por cuanto aduce:
En el caso concreto, el propio tribunal reconoció que la señora Magda Stella Agudelo García
radicó su petición el 5 de abril de 2021, según consta en el acto administrativo de
reconocimiento, por lo que la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia tenía como
plazo máximo el 26 de abril de ese mismo año para resolver de fondo. Así, se tiene que
mediante Resolución No. 0568 del 9 de abril de 2021 se profirió el acto de reconocimiento,
el cual fue notificado el 14 del mismo mes y año, lo que en principio podría indicar que la
actuación administrativa se realizó dentro del término legal. (…)
en tanto el órgano colegiado concluyó que la actuación adelantada por la secretaría de
educación se ajustó a derecho y que se cumplieron los términos legales; sin embargo, al
verificarse que la solicitud fue radicada el 5 de abril de 2021 y el pago de las cesantías se
realizó únicamente hasta el 14 de octubre del mismo año, se evidencia que se superó el
plazo de 70 días hábiles previsto para adelantar dicho trámite, siendo claro que esta mora
fue atribuible a la demora de la entidad territorial tanto en la expedición en debida forma del
acto de reconocimiento como en la resolución del recurso de reposición interpuesto por la
parte actora.
39. En la sentencia del 6 junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío realizó el
debido análisis a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado19 y los presupuestos
del caso concreto y, entre otros, concluyó:
se desprende que no existió mora en el cumplimiento de la obligación, ya que la Resolución
923 de 2021 por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto fue
notificada el 31 de agosto de 2021, y el pago correspondiente se realizó el 14 de octubre
del mismo año, plazo que se encuentra dentro del término legal de 45 días previsto para
dicho efecto. En consecuencia, no puede afirmarse que haya existido incumplimiento. Cabe
señalar, además, que la parte demandante considera equivocadamente la Resolución 568
del 9 de abril de 2021 como punto de inicio, cuando fue esta la primera resolución expedida
que luego fue materia de corrección y de impugnación.
40. Así, es evidente que la accionante no propone un debate novedoso en el que se
demuestre una transgresión a sus garantías fundamentales, ya que se limitó reiterar los
argumentos expuestos en el proceso ordinario, toda vez que pretende, a través del
indebido uso del mecanismo constitucional, obtener una decisión distinta a la adoptada
respecto los términos para la causación de la sanción moratoria por el pago tardío de
sus cesantías.
41. Si bien la accionante invoca los defectos fáctico y sustantivo en la providencia
cuestionada, se evidencia que los argumentos realmente se dirigen a cuestionar la
decisión que negó el reconocimiento de la sanción moratoria, pues el amparo solicitado,
más allá de alegar o demostrar la vulneración de las garantías de la parte actora con
19
Consejo de Estado. Sentencia de Unificación SUJ 012-S2 y sentencias con radicado núm.: 2021-00167-01, 2021-00149-01 y 2022-
00213-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07876-00
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Se declara la improcedencia de la demanda
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, está
orientado a que se reconozca su derecho a la sanción, debate que ya fue analizado y
concluido.
42. Así las cosas, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto los argumentos presentados por la
accionante exponen su inconformidad con las decisiones adoptadas en el marco del
proceso ordinario. En ese sentido, lo que pretende la parte actora es reabrir el debate
que ya fue resuelto en el proceso ordinario, el cual corresponde, tal como lo ha
establecido la jurisprudencia20, a un asunto exclusivamente económico, sin acreditar la
trasgresión o restricción a sus garantías iusfundamentales a partir de la providencia
judicial cuestionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Armenia y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
20
Corte Constitucional. Sentencia SU 573 de 2019. Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre de 2025, radicado
núm. 2025-06932-00 (Tribunal Administrativo del Quindío. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 2024-00071-01); Consejo
de Estado. Sección Primera, sentencia del 11 de diciembre de 2025, radicado núm. 2025-06070-01 (Sala Cuarta del Tribunal Administrativo
de Antioquia. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 2023-00176-01) y Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del
15 de julio de 2021, radicado núm. 2021-01425-01.
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