Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07876-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07876-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07876-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07876 01
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 5 de febrero de 2026 por la Sección Tercera - Subsección B del
Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. LA SOLICITUD
La señora Magda Stella Agudelo García, actuando a través de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que confirmó la dictada el 9 de abril de 2025 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 63001 33 33 002 2022
00570 00/01, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, en sentencia del 6 de
junio de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 63001-33-33-002-
2022-00570 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora
MAGDA STELLA AGUDELO GARCÍA al haber adoptado una decisión que se aparta de
los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo
vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de
los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación
fáctica de la accionante y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07876 00
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Accionante: Magda Stella Agudelo García
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las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.
[Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el 5 de abril de 2021 radicó una solicitud de reconocimiento
de cesantías ante el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales el Magisterio y que mediante Resolución núm. 0568 del 9 de abril de 2021 la
Secretaría de Educación de Armenia le reconoció las cesantías solicitadas.
Señaló que, posteriormente, mediante Resolución núm. 0923 del 11 de junio de 2021, la
entidad territorial corrigió el acto administrativo anterior, específicamente en lo
relacionado con: i) el monto de la liquidación de la prestación económica, y ii) el nombre
de la persona que figuraba como vendedora del inmueble objeto de compra. Contra esta
decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución núm.
1503 del 30 de agosto de 2021.
Indicó que presentó reclamación administrativa para el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y en la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, no
obtuvo respuesta por parte de la administración, configurándose así el silencio
administrativo negativo.
Conforme lo anterior, relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y contra el municipio de Armenia, con el fin que se
declarara la nulidad del acto ficto configurado.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara su derecho al
reconocimiento y pago de la sanción por mora, prevista en la Ley 1071 de 2006,
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, contados a partir de los quince
días siguientes a la radicación de la solicitud de cesantías, conforme al artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019.
La demanda fue repartida al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Armenia, el cual, mediante sentencia del 9 de abril de 2024, negó las pretensiones.
Inconforme con dicha decisión, la accionante interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia del 6 de junio
de 2025, confirmó la confirmó al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
[…] De lo anterior se desprende que no existió mora en el cumplimiento de la
obligación, ya que la Resolución 923 de 2021 por medio de la cual se decidió el recurso
de reposición interpuesto fue notificada el 31 de agosto de 2021, y el pago
correspondiente se realizó el 14 de octubre del mismo año, plazo que se encuentra
dentro del término legal de 45 días previsto para dicho efecto. En consecuencia, no
puede afirmarse que haya existido incumplimiento. Cabe señalar, además, que la parte
demandante considera equivocadamente la Resolución 568 del 9 de abril de 2021
como punto de inicio, cuando fue esta la primera resolución expedida que luego fue
materia de corrección y de impugnación. […]
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de diciembre de 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Tercera - Subsección B de esta Corporación que, por auto del 12 de diciembre
de 20253 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del Quindío, como parte
accionada.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Quindío para que allegara copia
digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 63001
33 33 002 2022 00570 01.
3.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Armenia presentó informe5 en el que solicitó
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que el amparo invocado por
la accionante se dirige contra las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo
del Quindío con ocasión de la sentencia de segunda instancia. En consecuencia, sostuvo
que no le es atribuible la presunta vulneración de las garantías fundamentales alegadas.
3.3. El Ministerio de Educación Nacional también allegó escrito6 en el que manifestó que
las vulneraciones señaladas por la parte actora no comprometen de manera grave las
garantías ni los derechos fundamentales de la accionante. Indicó que la controversia
plantea un debate procesal de naturaleza estrictamente económica, en tanto se trata de
un litigio relativo a intereses privados, lo cual excede la competencia del juez de tutela,
pues el asunto carece de relevancia constitucional.
Asimismo, afirmó que no tiene responsabilidad en la conducta cuya omisión se señala
como causa de la presunta vulneración, por lo que carece de competencia para
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones discutidos en esta acción. Señaló que las
actuaciones cuestionadas corresponden a decisiones adoptadas por otras autoridades,
sin que el Ministerio tenga injerencia en ellas. En consecuencia, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela y desvincular a la entidad por falta de legitimación
en la causa.
3.4. El Tribunal Administrativo del Quindío presentó informe7 en el que expuso que la
accionante pretende, a través del mecanismo constitucional de tutela, reabrir un debate
ya concluido en el proceso ordinario, utilizándolo como una instancia adicional para
buscar una decisión diferente respecto del cómputo de los términos de la sanción
moratoria relacionada con el reconocimiento de sus cesantías.
Añadió que, aunque la primera resolución expedida contenía un error del cual la
accionante debió ser consciente, las cesantías fueron pagadas oportunamente. En ese
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4 Esta orden se cumplió el 18 de diciembre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07876 00.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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7
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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sentido, explicó que el asunto planteado no reviste relevancia constitucional, pues no
versa sobre el reconocimiento mismo de una prestación social, sino sobre la procedencia
de una sanción moratoria que ya fue analizada y resuelta en el proceso ordinario. Por lo
anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar
el amparo, al no demostrarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera - Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
febrero de 20268, por una parte, negó la solicitud de desvinculación presentada por
Juzgado Segundo Administrativo de Armenia y la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y por otra,
declaró improcedente la acción de tutela.
Para ello, expuso lo siguiente:
[…] 35. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto los argumentos presentados por la
accionante corresponden a un asunto meramente económico, pues a través de la
vía constitucional, la parte actora pretende el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria. Además, tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
36. Se evidencia que los argumentos presentados por la accionante en su escrito
de tutela fueron expuestos ante el Tribunal Administrativo de Quindío en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2024 por el
Juzgado Segundo Administrativo de Armenia.
[…]
40. Así, es evidente que la accionante no propone un debate novedoso en el que
se demuestre una transgresión a sus garantías fundamentales, ya que se limitó
reiterar los argumentos expuestos en el proceso ordinario, toda vez que pretende,
a través del indebido uso del mecanismo constitucional, obtener una decisión
distinta a la adoptada respecto los términos para la causación de la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías.
41. Si bien la accionante invoca los defectos fáctico y sustantivo en la providencia
cuestionada, se evidencia que los argumentos realmente se dirigen a cuestionar
la decisión que negó el reconocimiento de la sanción moratoria, pues el amparo
solicitado, más allá de alegar o demostrar la vulneración de las garantías de la
parte actora con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Quindío, está orientado a que se reconozca su derecho a la sanción, debate
que ya fue analizado y concluido.
42. Así las cosas, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto los argumentos presentados por
la accionante exponen su inconformidad con las decisiones adoptadas en el marco
del proceso ordinario. En ese sentido, lo que pretende la parte actora es reabrir el
debate que ya fue resuelto en el proceso ordinario, el cual corresponde, tal como
lo ha establecido la jurisprudencia20, a un asunto exclusivamente económico, sin
acreditar la trasgresión o restricción a sus garantías iusfundamentales a partir de
la providencia judicial cuestionada.
8 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia, la accionante lo impugnó9
manifestando que:
«El a quo declaró improcedente el recurso de amparo bajo la consideración de que
los argumentos expuestos ya habían sido objeto de examen por el juez de la causa
y, que, en consecuencia, la accionante únicamente pretendía reabrir el debate de
naturaleza económica, concluyendo que “… no se propone un debate novedoso en
el que se demuestre la transgresión a [las] garantías constitucionales.”».
Al respecto, adujo que:
[…] el asunto adquiere relevancia constitucional no porque se pretenda reabrir el
debate probatorio ni sustituir el criterio del juez natural, sino porque se cuestiona la
suficiencia y razonabilidad de la fundamentación judicial, elemento esencial para la
garantía del acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. En ese
contexto, la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo para examinar si la
providencia respetó los parámetros constitucionales que rigen la función jurisdiccional,
lo cual desvirtúa la conclusión de improcedencia basada en la supuesta ausencia de
relevancia constitucional.
Sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas omiten:
[…] explicar en debida forma cómo la actuación administrativa se ajustó al régimen
jurídico, si se tiene en cuenta que (i) se expidieron tres actos administrativos en momentos
distintos en donde se superó el término de los 15 días; (ii) cómo debía entenderse
entonces el conteo de este plazo atendiendo a la anterior situación; (iii) por qué si superó
el término total de 70 días podía concluirse una actuación diligente de la administración.
Finalmente, insistió en que:
[…] el tribunal accionado interpretó erradamente el marco normativo que regula el
procedimiento del reconocimiento y pago de las cesantías, en la medida que las
pruebas demuestran que la gestión a cargo de la Secretaría de Educación del Municipio
de Armenia tomó más de los 70 días para materializarse en debida forma; luego
entonces, no se explica cómo se concluye en la sentencia cuestionada que la actuación
de la autoridad se ajustó a derecho. [Subraya del escrito de impugnación]
5.2. Por auto proferido el 27 de febrero de 2026 se concedió la impugnación10 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 12 de febrero de 202611.
9 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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10 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 7876 00.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
6.2.1. La señora Magda Stella Agudelo García, actuando a través de apoderada, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación- Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
municipio de Armenia, con el fin de obtener la nulidad de los actos fictos que le negaron
el reconocimiento de la sanción moratoria, de conformidad con lo establecido en la Ley
1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019. Y a título de restablecimiento del derecho declarar
que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Armenia que, mediante sentencia del 9 de abril de 2025, negó las
pretensiones.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la señora Agudelo García interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 6 de junio de
2025, notificada el 9 de junio de 2025, decidió confirmar la sentencia de primera instancia.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en
el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
16 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 63001-33-33-002-2022-00570-
00/01.
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discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que sus inconformidades están encaminadas a controvertir la interpretación normativa y
la valoración probatoria realizada por el juez natural de la causa e insistir en que sí tiene
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria de conformidad con los parámetros
establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, lo cual ya fue objeto de
debate.
Al respecto, en la providencia acusada, la autoridad judicial accionada señaló que
[…] no existió mora en el cumplimiento de la obligación, ya que la Resolución 923 de
2021 por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto fue notificada
el 31 de agosto de 2021, y el pago correspondiente se realizó el 14 de octubre del
mismo año, plazo que se encuentra dentro del término legal de 45 días previsto para
dicho efecto. En consecuencia, no puede afirmarse que haya existido incumplimiento.
Cabe señalar, además, que la parte demandante considera equivocadamente la
Resolución 568 del 9 de abril de 2021 como punto de inicio, cuando fue esta la primera
resolución expedida que luego fue materia de corrección y de impugnación
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Bajo dicho contexto, la Sala observa que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine un asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de
obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses. En esencia, se busca
controvertir los argumentos de las decisiones cuestionadas, para que se evalúen
nuevamente los planteamientos debatidos en el trámite del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera
el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que el
juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.
Adicionalmente, tampoco se cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate planteado es de naturaleza netamente legal y económica,
porque va dirigida al reconocimiento de la sanción moratoria por el presunto retardo en
el pago de las cesantías solicitadas.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 07876 01
Accionante: Magda Stella Agudelo García
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 5 de febrero de 2026 por la Sección Tercera - Subsección B del
Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de febrero de 2026 proferida por la Sección
Tercera - Subsección B de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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