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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01585-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01585-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Néstor Alfredo Barrera Mora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01585-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de marzo de 2026

Demandante: Néstor Alfredo Barrera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01585-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintiséis [26] de marzo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01585-00
Demandante: NÉSTOR ALFREDO BARRERA MORA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Néstor Alfredo Barrera
Mora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de
esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Néstor Alfredo Barrera Mora, por conducto de apoderado, el 25 de febrero de
2026 presentó acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo
y al mínimo vital.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
sentencia de 3 de septiembre de 2025 mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, revocó la providencia de 22 de junio de 2021 dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que había accedido a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Néstor
Alfredo Barrera Mora contra el Servicio Nacional de Aprendizaje [en adelante Sena],
para, en su lugar, denegarlas. Dicha causa se identificó con el radicado 15001-23-33-
000-2017-00436-00/01.
1

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Demandante: Néstor Alfredo Barrera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01585-00

1.2. Pretensiones

La parte actora planteó las siguientes peticiones:

1. Sean tutelados los derechos fundamentales al Debido Proceso, al Trabajo, al Mínimo
Vital y el Acceso a la Administración de Justicia, del Ingeniero NESTOR ALFREDO
BARRERA MORA, los cuales fueron vulnerados por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERO
PONENTE JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR en el fallo de Segunda Instancia
proferido el día fecha 3 de Septiembre de 2025, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho en contra de la Resolución No. 2732 de 15 de diciembre
de 2016, proferida por el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Regional Boyacá.

2. En consecuencia, declarar la NULIDAD y dejar sin efectos jurídicos la referida
sentencia de segunda instancia, por haber incurrido en defectos fácticos, sustantivos,
procedimentales y violación directa a la Constitución Política de Colombia al omitir el
análisis integral del resarcimiento del daño al erario público efectuado por el contratista
OPUS S.A. y las aseguradoras, el estar cuestionado en ese momento el fallo de
responsabilidad fiscal por demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, además
la falta de proporcionalidad de la medida de insubsistencia decretada en contra de mi
poderdante.

3. Como medida de restablecimiento, CONFIRMAR en todas sus partes el fallo de
primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con radicado No
2017-00436-00, del 22 de junio de 2021, que había declarado la nulidad de la Resolución
No. 2732 de 15 de diciembre de 2016, proferida por el Director General del Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA1.

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

Mediante la resolución 896 de 9 de mayo de 2012, el señor Néstor Alfredo Barrera
Mora fue nombrado en el cargo de director regional grado 7 del Sena en Boyacá, con
ocasión de «un proceso público, meritocrático y abierto […] dentro del cual ocupó el
primer lugar».

En la resolución 1261 de 20 de junio de 2014, su nombramiento en el referido empleo
fue declarado insubsistente con ocasión de las irregularidades presentadas en el
marco de un contrato celebrado para la adquisición de bienes que no cumplían con las
condiciones técnicas exigidas para prestar un servicio adecuado.

Inconforme, ejerció una acción de tutela que culminó con la sentencia de 26 de agosto
de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá2, en la cual se dispuso su

1
Cita del texto original con posibles errores.
2
Expediente «2014-00131-01».

2

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reintegro dentro de las 48 horas siguientes y se le «ordenó» demandar ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Después de transcurridos más de dos años desde su reintegro, el 24 de mayo de 2016
la Contraloría General de la República profirió fallo con el que declaró su
responsabilidad fiscal solidaria dentro del proceso «2014-05065-1533». Contra la
anterior decisión, el señor Néstor Alfredo Barrera Mora ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho3.

Con la resolución 2732 de 15 de diciembre de 2016 expedida por el director Nacional
del Sena, nuevamente fue declarado insubsistente su nombramiento, esta vez, «ante
la inhabilidad sobreviniente4 y con base en el fallo de responsabilidad fiscal 08 del 24
de mayo de 2016», sin mediar consideración respecto a su voluntad de pago y a la
existencia de la demanda ordinaria en la que se cuestionó el acto sancionatorio.

Inconforme con la anterior decisión, ejerció por segunda vez el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que le correspondió en primera
instancia al Tribunal Administrativo de Boyacá que en sentencia de 22 de junio de 2021
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al declarar la nulidad de la
resolución 2732 de 15 de diciembre de 2016 y, a título de restablecimiento, condenó
al Sena a pagar los salarios, prestaciones y demás emolumentos que el señor Barrera
Mora dejó de percibir. Sin embargo, no dispuso el reintegro al cargo y negó lo demás.
Esa decisión se sustentó así:

(i) Si bien era posible aplicar el artículo 6. °5 de la Ley 190 de 19956 como causal de
retiro del servicio7, lo cierto es que, en consonancia con la jurisprudencia

3
El 18 de octubre de 2016, el Grupo Empresarial OPUS S.A. asumió «toda la responsabilidad fiscal del
daño patrimonial del cual se presume sufrió el Sena Centro Minero Regional Boyacá, en el proceso de
responsabilidad fiscal 2014-005065-1533 del contrato 220 de 2011 y solicitó acuerdo de pago».
Además, mediante resolución 000001 del 12 de enero de 2017, la Contraloría General de la República
decretó el archivo del proceso de cobro coactivo 1079, «por pago total de la obligación» y dispuso la
exclusión de Néstor Alfredo Barrera Mora del boletín de responsables fiscales.
4
De conformidad con el artículo 6. ° de la Ley 190 de 1995.
5 ARTÍCULO 6.- En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o
«
incompatibilidad, al servicio público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el
servicio.
Sí dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio
origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones
a que por tal hecho haya lugar.
Subrayado declarado exequible. Sentencia C 38 de 1996 Corte Constitucional».
6
«Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa».
7
El juez ordinario de primer grado aseguró que, de conformidad con el artículo 2.2.11.1.1. del Decreto
1083 de 2015 son causales del retiro del servicio las enlistadas en esa disposición, así como las «demás
que determinen la Constitución Política y las leyes», por lo que, «también caben las causales previstas
en otras normas, como estar incurso en la inhabilidad del artículo 38 numeral 4 de la Ley 734 de 2002,
que puede, por analogía, configurar una inhabilidad sobreviniente en los términos del artículo 37 del
CDU» y como consecuencia, «es procedente tomar como causal de retiro la existencia de una
inhabilidad sobreviniente».

3

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constitucional, se debió adelantar un procedimiento administrativo para efectos de
aplicarla como sustento de la desvinculación del servidor, lo cual no ocurrió. En ese
sentido, procedía la declaratoria de nulidad del acto que declaró la insubsistencia
del nombramiento por cuanto se violó el derecho al debido proceso del demandante.

(ii) En cuanto al argumento consistente en la inobservancia de la prejudicialidad por
parte de la entidad nominadora que debió esperar el fallo de la justicia contencioso
administrativa8, indicó que, en el sub judice, «más allá de definir la conveniencia o
procedencia o no de tal figura en la actuación administrativa que decidiría sobre la
desvinculación del demandante», lo realmente importante era que la entidad le
hubiese garantizado el ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa.

(iii) No se encontró demostrado el presunto acoso laboral en el cual el accionante
justificó sus pretensiones al manifestar que le habían sido retiradas las funciones de
ordenación del gasto y se las delegaron a otro empleado, puesto que ello «se
considera una actuación encaminada a salvaguardar los intereses del SENA, dado
que el demandante estaba siendo cuestionado por la celebración de un contrato
para la adquisición de unos bienes que no cumplieron con las condiciones
técnicas».

(iv) No procedía el reintegro por cuanto el cargo que ocupaba el señor Barrera Mora
era de libre nombramiento y remoción, por lo que no tiene el carácter de un empleo
de carrera administrativa pese a que hubiese accedido a este a través de un
«proceso público». Por la misma razón el restablecimiento del derecho al pago de
lo dejado de percibir solo comprendía el periodo transcurrido entre el momento de
la desvinculación y la fecha en que se expidió la sentencia ordinaria.

(v) Por último, negó el reconocimiento y pago de los perjuicios por concepto de
daños morales y materiales debido a que no fueron acreditados. Igual decisión se
dispuso en relación con las costas y las demás súplicas de la demanda.

La alzada fue promovida por los dos extremos. Por su parte, el señor Néstor Alfredo
Barrera Mora alegó que: (i) se omitió analizar que accedió al cargo luego de superar
un proceso público, meritocrático y abierto que adelantó la Universidad Nacional, por
lo que, a su juicio, «no es de confianza, por haber sido proveído de forma objetiva»;
(ii) se desconoció el antecedente del mismo tribunal dictado el expediente de tutela
«2014-00131-01», en atención a que allí se ordenó su reintegro al empleo que
desempeñaba en el Sena luego de concluir que «el nombramiento del respectivo director
regional, conforme a la preceptiva jurídica mencionada, no era libre, pero por la potísima razón
que en su elección participaba el gobernador del departamento, no ocurriendo lo mismo con
la remoción, que si lo era, siendo además esta última, una potestad exclusiva del director
general del Sena».

8
Referente al primer proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que demandó la nulidad
del acto con el que declaró su responsabilidad fiscal solidaria dentro del proceso «2014-05065-1533».
4

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El Sena planteó su recurso al reprochar que: (i) la declaratoria de la nulidad del acto
que determinó la insubsistencia del nombramiento desconoció la naturaleza y
características de los empleos de libre nombramiento y remoción, toda vez que para
estos «no se exige un procedimiento especial, sino que basta con el acto administrativo que
ponga fin al vínculo, en ejercicio de la facultad nominadora»; (ii) de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, existen causales de retiro taxativamente
establecidas en el ordenamiento y en el caso de los empleos de libre nombramiento y
remoción, esta procede por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento; y (iii)
no se acreditó que el acto objeto de control se hubiese expedido con desviación del
poder o falsa motivación, puesto que «no se demostró cuáles eran los móviles o fines que
realmente llevaron a la insubsistencia del demandante, es decir, no se alegaron o
establecieron razones políticas, de credo, clientelismo o corrupción o cualquier otra causa
discriminatoria o desviada del mejoramiento del servicio que condujera realmente al nominador
a proferir el acto demandado».

Los recursos de apelación los resolvió el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en proveído de 3 de septiembre de 2025, en el sentido de revocar la
decisión del a quo, para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda luego de
realizar las siguientes consideraciones:

(i) Realizó un recuento de la evolución normativa y concluyó que, de conformidad con
el artículo de 209 la Ley 119 de 199410 y el artículo 2311 del Decreto 249 de 200412,
los directores regionales son nombrados de las ternas enviadas al gobernador por
parte del director general del Sena luego de realizar un proceso meritocrático,
empero, son de libre remoción por parte de este último funcionario. En ese sentido,

9
«ARTÍCULO 20. Directores Regionales. Las regionales estarán administradas por un Director
Regional, que será representante del Director General, de su libre nombramiento y remoción, y tendrá
la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA dentro
de su jurisdicción. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-295 de 1995».
10
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149
de 1992 y se dictan otras disposiciones».
11 ARTÍCULO 23. Direcciones Regionales y del Distrito Capital. Las Direcciones Regionales y la

Dirección del Distrito Capital, serán ejercidas por un Director de libre remoción, que será representante
del Director General, escogido por el correspondiente Gobernador de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política, de ternas seleccionadas mediante un proceso
meritocrático y tendrán la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las
actividades del SENA y de los Centros de Formación Profesional Integral, dentro del área de su
jurisdicción conformada por el respectivo Departamento o por el Distrito Capital, según el caso, así como
de las delegaciones que al efecto realice la Dirección General del SENA.
Las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, serán: Cundinamarca,
Antioquia, Valle, Santander, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, Caquetá, Casanare, Chocó,
San Andrés, Sucre, Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y la Dirección
del Distrito Capital.
12 A partir del cual se modificó la estructura del Sena.

5

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advirtió que, en virtud de lo estipulado en el artículo 2. °13 del Decreto 1426 de 199814
y en el artículo 5. °15 de la Ley 904 de 2004, el legislador precisó que son empleos
de libre nombramiento y remoción, entre otros, los «de dirección, conducción y
orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o
directrices». Por lo anterior, resaltó que los empleos de libre nombramiento y
remoción constituyen una de las excepciones al principio de la estabilidad laboral.

(ii) Adujo que una de las causales de retiro del servicio es la declaratoria de
insubsistencia de los empleos de libre nombramiento y remoción según el literal “a”
del artículo 4116 de la Ley 909 de 2003, precepto que determinó que, si bien en
estos casos el acto no debe ser motivado, la facultad discrecional debe ser
congruente con los fines de la norma que la autoriza y proprocional a los hechos
que le sirven de causa.

(iii) Según el artículo 3717 de la Ley 734 de 200218, el artículo 6. ° de la Ley 190 de 1994
y la sentencia C-038 de 1996, en aquellos casos en los que sobrevenga a una
designación o posesión en un empleo oficial una inhabilidad, surge para el
nominador el deber de retirar al trabajador de la función pública. Indicó que el
artículo 38.419 de la Ley 734 de 2002, señaló que constituían inhabilidades para

13
«ARTÍCULO 2°. De la clasificación de los empleos. Según la naturaleza general de sus funciones, la
índole de sus responsabilidades y los requisitos para su desempeño, los empleos públicos del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:
a) Directivo:
Comprende los empleos a los cuales corresponde la dirección, formulación de políticas y la adopción
de planes, programas y proyectos para su ejecución a nivel de la Dirección General, Regional y
Seccional del SENA» […].
14 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos

públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
15
«ARTÍCULO 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados
por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de
trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas
conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices así: […]».
16
«ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes
casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remoción; […]».
17
«ARTÍCULO 37. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando
al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad
especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra
ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto
de la sanción. En tal caso, se le comunicara al actual nominador para que proceda en forma inmediata
a hacer efectivas sus consecuencias».
18
«Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.» Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022».
19
«ARTÍCULO 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos
públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
[…]
6

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desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, entre otras, «[h]aber
sido declarado responsable fiscalmente», por lo tanto, los empleados que se
encuentren incursos en la causal de inhabilidad sobreviniente como consecuencia
de haber sido declarados responsable fiscalmente no son beneficiarios del
procedimiento previsto en el inciso segundo20 del artículo 6. ° de la Ley 190 de 1994,
comoquiera que esta solo procede ante la inexistencia de dolo o culpa grave.

(iv) El Sena en la Resolución 2732 del 15 de diciembre de 2016 [acto demandado]
sustentó su decisión en que la «existencia de una inhabilidad sobreviniente y con
base en el fallo de responsabilidad fiscal en atención a lo dispuesto en los artículos
6 de la Ley 190 de 1994 y 38.4 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció como
requisito sine qua non la existencia de una decisión ejecutoriada». Por ello, aseveró
que el reproche planteado por el Sena en el recurso de apelación no tenía vocación
de prosperidad, toda vez que, si bien la autoridad nominadora tenía la competencia
para retirar al demandante del servicio a través de un acto no motivado por la causal
del artículo 41.a, esta no fue la norma en la que sustentó su decisión de remover al
señor Néstor Alfredo Barrera Mora.

(v) Precisó que tampoco le asiste razón al Sena al señalar que no se acreditó que el
acto objeto de control se hubiese expedido con desviación de poder, puesto que no
guarda congruencia con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, puesto que su decisión de declarar la nulidad del acto no se soportó en las
causales de desviación de poder o falsa motivación sino en la configuración de una
violación al debido proceso del demandante.

(vi) Advirtió que, contrario a lo señalado por el tribunal, el acto demandado no estaba
incurso en ninguna causal de nulidad por expedición irregular por violación al debido
proceso por cuanto, según el artículo 5321 de la Ley 610 de 200022, solo podrán ser
declarados responsables fiscalmente a quienes se les impute el daño a título de
dolo o culpa grave, en ese sentido, concluyó que quienes se encuentren incursos
en la inhabilidad sobreviniente del artículo 38.4 de la Ley 734 de 2002 deberán ser

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.»
20
«[…] Sí dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que
dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las
sanciones a que por tal hecho haya lugar.»
21
«Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con
responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca
a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización
y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el
comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable. Los fallos con responsabilidad
deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al
momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los
períodos correspondientes. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-619 de 2002».
22
«Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías».
7

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retirados de manera inmediata del servicio, sin que puedan acudir a lo previsto en
referido inciso segundo del 6. ° de la Ley 190 de 1994.

(vii) Agregó que, la única exigencia legal para que se configure la causal de
inhabilidad en la que se soportó el retiro del servicio de Néstor Alfredo Barrera Mora
es la existencia de un «fallo ejecutoriado», lo que genera una presunción de que la
decisión de responsabilidad fue adoptada después de agotar el procedimiento
establecido por el legislador para garantizar el respeto del debido proceso y como
consecuencia, la materialización de los derechos de defensa y contradicción del
servidor.

(viii) En cuanto a la consecuencia de la suspensión del derecho de acceder a cargos
públicos previsto en el parágrafo 1. °23 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, afirmó
que su efecto útil no consiste en que, una vez se declare haber recibido el pago o
la exclusión del boletín de responsables fiscales, se ordene el reintegro al empleo
que desempeñaba, sino en el restablecimiento del derecho para poder volver a
acceder a dichos cargos.

(ix) Finalmente, en cuanto al argumento del demandante, concerniente a que se
desconocieron los antecedentes contenidos en las decisiones adoptadas dentro de
los expedientes 2014-00131-01 y 15001-23-33-000-2015-00105-00 en los que el
Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó que «el nombramiento del respectivo
director regional, no era libre, pero por la potísima razón que en su elección participaba el
gobernador del departamento», y que los cargos de director territorial del Sena, que
sean provistos mediante el concurso de méritos es exigible la motivación del acto
de retiro o desvinculación, refirió que no eran pronunciamientos obligatorios en
atención a que las Salas no estuvieron conformadas por los mismos integrantes, y
porque el a quo adoptó su decisión en el marco del principio de la autonomía judicial
al acoger la postura de la Corte Constitucional que fijó el alcance del régimen de
nombramiento y remoción del empleo de director regional del Sena.

1.4. Fundamentos de la solicitud24

El señor Héctor Julio Parra Orozco aseguró que en la providencia de 3 de septiembre
de 2025 se incurrió en los siguientes defectos:

1.4.1. Defecto fáctico por cuanto el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B no valoró adecuadamente los elementos de prueba a partir de los cuales
se demostraba la ineficacia del principio de proporcionalidad de la medida de la

23
«PARÁGRAFO 1°. Quién haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio
de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesara cuando la Contraloría competente declare haber
recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya
al responsable del boletín de responsables fiscales».
24
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y pueden contener posibles
errores.
8

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01585-00

insubsistencia que, a su juicio, fue una resolutiva injusta porque afectó sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital del accionante y de su familia.

Para tal efecto, señaló: (i) la solicitud del acuerdo de pago presentada por el contratista
ante la Contraloría General de la República, lo cual sucedió 10 días antes de la
desvinculación del señor Barrera Mora; (ii) los pagos que se realizaron por parte del
contratista y las aseguradoras los días 4, 20 y 26 de diciembre de 2016; (iii) la
existencia de la primera demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
decisión de responsabilidad fiscal de 24 de mayo de 2016 que dio origen a la
declaratoria de insubsistencia, que daba lugar a considerar la figura de la
prejudicialidad antes de emitir decisiones injustas; (iv) el acto por el cual se dispuso el
archivo del proceso de cobro coactivo ante la Contraloría por el pago total de la
obligación, lo cual dio lugar a la exclusión del demandante del boletín de responsables
fiscales.

1.4.2. Defecto sustantivo, habida cuenta de que la autoridad judicial aplicó la ley fiscal
de manera «petrificada», al perpetuar la imposición de la insubsistencia sin observar
que la finalidad de la responsabilidad fiscal es recuperar el dinero de conformidad con
lo establecido en el artículo 268 de la Constitución Política.

Agregó que no se consideró la realidad del resarcimiento total y efectivo del daño al
erario con ocasión del pago realizado por el contratista y las aseguradoras, porque, en
todo caso, se le otorgó al fallo fiscal un carácter puramente sancionatorio y punitivo
que no le corresponde, puesto que, una vez recuperado el patrimonio público la causa
que justificaba la declaratoria de la inubsistencia de su nombramiento, perdió su
razonabilidad y proporcionalidad.

1.4.3. Defecto procedimental porque se negó el acceso a la administración de juticia
al dar prevalencia a un derecho formal sobre los sustanciales como la garantía al
trabajo y al mínimo vital, en tanto la judicatura accionada les imprimió una aplicación
mecánica a las normas procesales establecidas en materia de responsabilidad fiscal
sin previamente realizar un análisis del artículo 6. ° de la Ley 190 de 1995, puesto que
la naturaleza de dichas normas es resarcitoria.

1.4.4. Desconocimiento del precedente «Constitucional» en relación con el principio
de proporcionalidad al «poner por encima una formalidad legal sobre el derecho al
trabajo y al mínimo vital teniendo en cuenta que siempre mi poderdante dependió
únicamente de su salario en el SENA [...] durante los más de 12 años que laboró en la
entidad».

1.4.5. Violación directa de la Constitución Política como consecuencia de los
defectos señalados y la aclaración de voto del magistrado Jorge Edison Portocarrero
Banguera, en tanto se transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo y al mínimo vital, al no tener en cuenta que el daño al patrimonio público fue
debidamente resarcido.
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1.5. Trámite de la acción de tutela

Con proveído de 3 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En calidad de terceros con eventual
interés en las resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación del Tribunal
Administrativo de Boyacá y de las demás partes, personas y/o entidades que hubiesen
participado en el proceso ordinario 15001-23-33-000-2017-00436-00/01, razón por la
cual la Secretaría General dirigió los oficios correspondientes, al Sena, a las
Procuradurías Delegadas ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y ante el Consejo
de Estado, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Finalmente, se le reconoció personería adjetiva al abogado Luis Francisco Niño
Motañez como apoderado del extremo actor y se le ordenó a la oficina de sistemas de
la corporación realizar una publicación en la página web con la información de este
trámite tutelar.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió un informe por
parte del Sena, a través del cual solicitó que se declare la improcedencia de este
mecanismo constitucional debido a que no se acreditó la configuración de las causales
generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En su defecto, pidió que se nieguen las pretensiones de la parte actora ante
la ausencia de la vulneración de los derechos fundamentales del actor.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Néstor Alfredo Barrera Mora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en los Acuerdos 080 de 2019 y 434
de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia de
3 de septiembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, a través de la cual se resolvió la segunda instancia del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15001-23-33-
000-2017-00436-00/01.

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Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 25
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema26.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales27.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 28, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el señor Néstor Alfredo Barrera Mora no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.

25 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
26
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
27
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal29.

29
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico30; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»31.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”32. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»33.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso34, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.4.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Néstor Alfredo Barrera Mora, advierte que el
asunto carece de la carga argumentativa mínima y desde la perspectiva constitucional
para que proceda su análisis en sede de tutela contra providencia judicial.

30
Sentencia SU-103 de 2022.
31
Sentencia SU-573 de 2019.
32
Ibídem.
33
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
34
Sentencia SU-573 de 2019.
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En síntesis, el señor Barrera Mora manifestó que la decisión del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al
debido proceso y al mínimo vital, al revocar la providencia de primera instancia del
medio de control ordinario que había accedido a las pretensiones, para, en su lugar,
denegarlas, las cuales consistían principalmente en que se nulitara el acto por el cual
fue declarada la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de director de la
regional Boyacá del Sena, con ocasión de una decisión sancionatoria de
responsabilidad fiscal, frente a lo cual alegó que la causa había desaparecido con la
reparación del daño al erario mediante el pago total de la obligación, lo que, a su juicio,
es razón suficiente para que proceda el restablecimiento del derecho a ser reintegrado
por cuanto el fin de la norma en materia fiscal es resarcitorio, no punitivo.

Lo anterior, en tanto el tribunal incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, debido a que la autoridad judicial no consideró en debida
forma, dentro de su análisis, los elementos que daban cuenta de que el daño al
patrimonio público fue debidamente conjurado en armonía con el espíritu de la
normativa en materia de responsabilidad fiscal que, en su criterio es reparador, no
punitivo. Lo anterior, derivó en que la judicatura avalara la legalidad del acto
demandado, esto es, la resolución 2732 de 2016 que dispuso su desvinculación,
pasando por alto que la causa de la declaratoria de la insubsistencia había
desaparecido y, pese a ello, resolvió perpetuar la referida sanción en contravía de lo
estipulado en el artículo 268 superior y en el «precedente constitucional» que se ha
referido al alcance de dicho precepto superior.

Al respecto, esta colegiatura señala que los cargos planteados por el señor Barrera
Mora, lejos de proponer un debate desde la perspectiva constitucional, se limitan a
plantear una controversia tangencial a la que fue abordada y zanjada en el marco de
la segunda instancia del medio de control ordinario, en tanto, al revisar el problema
jurídico determinado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se
evidencia que se concentró en establecer si el acto demandado se encontraba viciado
de nulidad por violación al debido proceso, ello, comoquiera que el Tribunal
Administrativo de Boyacá había declarado la nulidad de la resolución 2735 de 2016
luego de concluir que la declaratoria de insubsistencia no fue una consecuencia de un
debido proceso administrativo.

Esto se corrobora diáfanamente con el mencionado problema jurídico de la causa
ordinaria, el cual se circunscribió a dilucidar: «¿si la Resolución 2732 del 15 de
diciembre de 2016, a través de la cual se retiró del servicio a Néstor Alfredo Barrera
Mora se encontraba viciada de nulidad por violación al debido proceso?».

Lo anterior demuestra que la discusión se contrae a un análisis de interpretación
meramente legal y probatoria que no ataca las razones por las cuales la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la legalidad de la resolución
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2732 de 2016, en tanto esa judicatura concluyó que el Sena no transgredió el debido
proceso administrativo al expedir el acto demandado, por cuanto, según el artículo 53
de la Ley 610 de 2000, solo podrán ser declarados responsables fiscalmente a quienes
se les impute el daño a título de dolo o culpa grave como ocurrió en el caso del señor
Barrera Mora, por lo tanto, aseguró que las personas que se encuentren incursos en
la inhabilidad sobreviniente del artículo 38.4 de la Ley 734 de 2002 deben ser retirados
de manera inmediata del servicio, es decir, sin necesidad de que se lleve a cabo el
procedimiento que el a quo ordinario echó de menos.

Así, salta a la vista que el accionante pretende usar esta acción de tutela como una
especie de instancia en la que se resuelva una controversia que no fue el objeto del
medio de control natural, y que lejos de ameritar un estudio a partir de los postulados
constitucionales, se limita a controvertir la legalidad de la decisión de una alta corte
con argumentos que no atacan de manera directa la ratio decidendi de la sentencia de
3 de septiembre de 2025, la cual fue adoptada en el marco de los principios de
autonomía e independencia judicial.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de manera directa de las consideraciones
contenidas en una providencia judicial en abierta contradicción de los postulados
constitucionales, que implique por parte de este juez un pronunciamiento respecto al
análisis que ha efectuado la autoridad accionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por el órgano de cierre en materia laboral, requiere con mayor énfasis
que el accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación
de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que lleve a superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial dictada por una
alta corte, comoquiera que el debate gira en torno a un asunto de interpretación

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meramente legal y probatorio tangencial al efectivamente zanjado, en consecuencia,
no se advierte una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela35.

Lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión declare la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.

2.5. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Néstor
Alfredo Barrera Mora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Néstor Alfredo Barrera Mora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

35
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
(Ausente con permiso)

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

17

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