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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01622-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01622-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, conforme lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01622-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01622 00
Accionante: Ángela Escobar de Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión
“C”
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir
el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Ángela Escobar de
Fernández, en contra de la sentencia proferida el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 08001 33 33 006 2024
00057 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ángela Escobar de Fernández, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

Amparar los derechos fundamentales invocados, y dejar sin efectos la sentencia
de segunda instancia solito muy respetuosamente ordenar al Tribunal emitir nueva
decisión teniendo en cuenta:

1. La Realización del análisis constitucional expreso.
2. La Aplicación del principio de favorabilidad.
3. Que realice la Integración del precedente constitucional.
4. Que Subsidiariamente restablezca la decisión de primera instancia.
5. Que se le envié fallo de tutela de la decisión emitida por este honorable
despacho al tribunal. (Negrillas originales del escrito de tutela). (SIC a toda la cita).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante relató que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla,
mediante sentencia del 16 de junio de 2025, proferida dentro del proceso de
indemnización sustitutiva de pensión de vejez promovido en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01622 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01622 00
Accionante: Ángela Escobar de Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”

Protección Social (UGPP), amparó sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
principio de favorabilidad laboral y al debido proceso administrativo y accedió a las
pretensiones orientadas a la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución RDP 024237
del 3 de octubre de 2023 por el cual la UGPP reliquidó el valor de la indemnización
sustitutiva de pensión de vejez reconocida a la señora Escobar de Fernández.

Señaló que, inconforme con dicha decisión, la UGPP la interpuso recurso de apelación y
que el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 6 de febrero de 2026
la revocó y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Manifestó que la providencia de segunda instancia incurrió en defecto sustantivo, por
cuanto aplicó de manera literal el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001 y acogió la
equivalencia del 45.45% para convertir el 5% en 2.27%.

Sostuvo que el problema no radica en la existencia de esa norma, sino en que el tribunal
no realizó una interpretación conforme con el orden constitucional, no aplicó el principio
de favorabilidad previsto en el artículo 53 superior y tampoco ponderó el carácter
compensatorio de la indemnización sustitutiva.

Agregó que ello configuró una vulneración directa de sus derechos fundamentales y
desconoció el mandato contenido en el artículo 4 superior, conforme al cual, en caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, deben aplicarse las
disposiciones constitucionales. En ese sentido, adujo que el Decreto 1730 de 2001, en el
cual se fundó el tribunal para revocar la sentencia de primera instancia, se encuentra
subordinado a la ley y al orden constitucional.

Refirió que, dentro del proceso, la UGPP informó que mediante la Resolución RDP
038409 de 19 de diciembre de 2014 le había reconocido y pagado la suma de $722.712.
Precisó que dicho pago sí ocurrió, aunque fue mal liquidado, lo cual motivó la reclamación
administrativa.

Indicó que no acepta lo manifestado por la UGPP en el sentido de que se le hubiera
pagado la suma de $925.525, que, sumada a la cifra anterior, arrojaría un total de
$1.648.237, conforme a la Resolución RDP 086123 de 27 de octubre de 2023, y precisó
que dicho valor no le ha sido pagado ni consignado.

Anotó que la Corte Constitucional ha reiterado que todas las autoridades están obligadas
a aplicar la Constitución por encima de normas inferiores y que los jueces deben
interpretar las normas conforme con ella. Al respecto, citó las sentencias C-037 de 1996
y C-600 de 2010.

Afirmó que con la providencia cuestionada se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, al principio de favorabilidad, a la
supremacía constitucional y a los derechos reconocidos en los tratados y convenios
internacionales a los que alude el artículo 93 de la Constitución Política.

Expuso que la autoridad judicial accionada omitió el análisis del principio constitucional
de favorabilidad y se abstuvo de ponderar la relación entre la norma reglamentaria y el
mandato constitucional, con lo cual redujo el alcance del derecho a la seguridad social
de una persona adulta mayor.

En relación con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, adujo que su solicitud de amparo cumple con la relevancia constitucional, por
2

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01622 00
Accionante: Ángela Escobar de Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”

cuanto el debate involucra directamente el alcance del principio de favorabilidad y de la
supremacía constitucional.

Agregó que se satisface el requisito de subsidiariedad, debido a que no procede recurso
ordinario adicional contra la sentencia de segunda instancia, y que también se cumple la
inmediatez, dado que la tutela fue presentada dentro de un término razonable.

Arguyó que se configura un defecto sustantivo, acompañado de desconocimiento del
precedente y de una falta de motivación constitucional suficiente por parte del ad quem.

Finalmente alegó que es una persona adulta mayor, sin ingresos propios, cuya
subsistencia depende de la prestación reclamada, por lo que la reducción del porcentaje
reconocido afecta directamente su mínimo vital, circunstancia que, en su criterio, no fue
analizada por la autoridad judicial accionada.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 2 de marzo de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección, que, por auto del 5 de marzo de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”, como parte accionada; así como
vincular5 al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla y a la UGPP, como
terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla y
a la Sala de Decisión “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, para que allegue copia
digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado núm. 08001 33 33 006 2024 00057 00/01, el cual fue
remitido6.

3.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla allegó escrito7 en el que
sostuvo que en el caso concreto no se cumple la relevancia constitucional, pues la parte
actora ejerció los recursos correspondientes y la solicitud se limita a cuestionar la
interpretación del juez natural.

Afirmó que no se evidencia vulneración de derechos fundamentales y solicitó declarar la
improcedencia del amparo.

3.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”8 señaló que, mediante
sentencia de 6 de febrero de 2026, revocó la decisión de primera instancia y negó las

2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01622 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2026 01622 00.
4 Esta orden se cumplió el 9 de marzo de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 01622 00.
5 Ibidem.
6 Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2026 01622 00.
7 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01622 00.
8 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01622 00.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01622 00
Accionante: Ángela Escobar de Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”

pretensiones de la demanda, al considerar que el porcentaje del 2.27% aplicado por la
UGPP se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, en tanto
corresponde al 45.45% del 5% de la cotización efectuada por la demandante, quien
prestó sus servicios entre 1973 y 1980, en vigencia de la Ley 4 de 1966.

3.4. La UGPP presentó escrito9 en el que solicitó declarar la improcedencia del amparo,
negar las pretensiones y su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Sostuvo que las decisiones adoptadas se ajustan a derecho, que los actos
administrativos se encuentran en firme y que el asunto ya fue decidido por el juez natural,
por lo que existe cosa juzgada. En ese sentido, indicó que la acción de tutela no puede
utilizarse como una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales ni como
mecanismo para obtener la reliquidación de una prestación de contenido económico.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.2.1. La señora Ángela Escobar de Fernández interpuso medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la reliquidación de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le había sido reconocida.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla que, mediante sentencia de 16 de junio de 2025, accedió a las
pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante sentencia de

9 Visto en los índices 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2026 01622 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el radicado núm. 08001 33 33 006 2024 00057 00/01.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01622 00
Accionante: Ángela Escobar de Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión “C”

6 de febrero de 2026, la revocó y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar lo siguiente:

La UGPP en su recurso de apelación sostuvo, en esencia, que el fallo de primera
instancia incurrió en errores al: i) aplicar de manera indebida la fórmula de
liquidación, especialmente en la forma de determinar el salario base de cotización
(SBC) mediante indexación y conversión a salario semanal; ii) considerar un
número de semanas superior al certificado, pues a su juicio el CETIL acredita 359
semanas (2.514 días) y no las 364,43 semanas asumidas por el A quo; y iii)
emplear un PPC del 9%, cuando —según su postura— debía aplicarse un
porcentaje inferior derivado del esquema legal aplicable, afirmando que la
liquidación administrativa realizada por la entidad (y el pago diferencial de
$925.525) se ajusta a derecho.

En ese orden, en cuanto a la forma de establecer la cuantía de la indemnización
sustitutiva, resulta pertinente hacer remisión al artículo 3º del Decreto 1730 de
2001, por medio del cual el Ejecutivo reglamentó, entre otros, el precitado artículo
37, dicha disposición prescribe:

“ARTÍCULO 3º-Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la
indemnización se aplicará la siguiente formula:

l= SBC x SC x PPC

Donde:
SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal
promediado de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de
1994, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar
el reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC
según certificación del DANE.
SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a
efectuar el reconocimiento.
PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha
cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo
común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.

En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
la administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara
separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte
por riesgo común de las correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la
misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de
que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las
cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma
ley (12%), es decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el
equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este
resultado se calculará la indemnización sustitutiva.

Se encuentra debidamente acreditado en el proceso, que la señora Ángela
Escobar de Fernández prestó sus servicios a la Secretaria de Salud
Departamental de Bolívar 3 de octubre de 1973 al 26 de septiembre de 1980
(2.514 días), conforme consta en los actos demandados y en el CETIL expedido
por el Ministerio de Hacienda el 23 de marzo del 2020.

A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje
de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de
1993.

5

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Se encuentra debidamente acreditado en el proceso, que la señora Ángela
Escobar de Fernández prestó sus servicios a la Secretaria de Salud
Departamental de Bolívar 3 de octubre de 1973 al 26 de septiembre de 1980
(2.514 días), conforme consta en los actos demandados y en el CETIL expedido
por el Ministerio de Hacienda el 23 de marzo del 2020.

[…]

Asimismo, figura en el CETIL que la demandante durante el vínculo laboral
únicamente devengó “ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL”:

[…]

De igual forma se dejó consignado en el CETIL como “POSIBLE SALARIO BASE”
la suma de $4.507.

De conformidad a lo anterior, la Sala procede a analizar los puntos de disenso
esbozados por el apelante respecto a la reliquidación efectuada, iniciando con la
inconformidad respecto al cálculo del Salario Base de Cotización Semanal (SBC)
efectuado por el A quo. Al respecto se expuso en la sentencia de primera instancia
lo siguiente:

“El salario base de cotización (SBC) viene dado en la certificación cetil que
corresponde a $ 4507 pesos, valor que indexado a la fecha de reclamación
de la indemnización (10 de julio de 2023) corresponde a $788.912. Dicho
valor se divide entre 30 días y se multiplica por 7 para un total de $ 184.079
que corresponde al salario base de cotización semanal. Así mismo, se tiene
que el valor de las semanas cotizadas (SC) serian 364,43 y el porcentaje
promedio de cotización (PPC) equivale a 9%.

[…]

Se advierte que el A quo determinó el SBC a partir del salario base consignado en
el CETIL ($4.507), al cual le aplicó indexación hasta la fecha de reclamación y,
posteriormente, lo convirtió a salario semanal para integrarlo en la fórmula prevista
en el artículo 3° del Decreto 1730 de 2001. Sin embargo, a juicio del Tribunal este
valor no refleja el salario base semanal promediado conforme lo exige el artículo
3º del Decreto 1730 del 2011, el cual presupone un promedio sobre los
emolumentos devengados durante todo el periodo laborado.

En este caso el CETIL muestra que la señora Ángela Escobar de Fernández a lo
largo de su vida laboral (3 de octubre de 1973 a 26 de septiembre de 1980), tuvo
variaciones en su salario15, lo cual impone que el SBC se construya incorporando
la integralidad del periodo y no únicamente a partir de un salario de fecha base.
Por el contrario, se advierte como la UGPP en su Resolución RDP 024237 del 3
de octubre del 202316, al resolver la solicitud de reliquidación presentada por la
demandante, utiliza un cálculo que incorpora la variabilidad del ingreso de acuerdo
con los valores que reposan en el CETIL, lo que a juicio de la Sala resulta
compatible con la noción de “promediado” contenida en el artículo 3º del Decreto
1730 de 2001, en dicho acto administrativo se expuso lo siguiente:

[…]

15Por ejemplo, en 1974 devengó $1.400 mensuales, en 1975 $1.800 mensuales, en 1979 $4.071
mensuales y en 1980 $5.200 mensuales.
16Folio 34 archivo “02.DemandaConAnexos”

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Se observa que la UGPP, efectuó una tabla anual —1973 a 1980— en la que
identificó como factor salarial la “ASIGNACIÓN BÁSICA MES” y determinó el valor
acumulado anual por cada vigencia, esto es, la sumatoria del devengado
correspondiente a los meses certificados dentro de cada año (por ejemplo, para
el año 1973 se reflejan solo los meses efectivamente laborados de octubre a
diciembre y para el año 1980 se computa únicamente de enero hasta septiembre).
Dichos valores acumulados fueron tomados por la administración como “valor IBL”
anual, esto es, como la base histórica sobre la cual se realizaría la actualización
monetaria.

Acto seguido, la UGPP procedió a actualizar cada valor IBL anual mediante la
aplicación de los respectivos IPC, con la finalidad de llevar cada suma histórica a
valor presente. En el texto del acto administrativo se enuncia expresamente el
conjunto de IPC utilizados para la actualización y, como resultado de esa
operación, se obtiene para cada vigencia un “valor actualizado del IBL” y a partir
de estos poder obtener el salario base de la liquidación de la cotización semanal
promediado.

En este punto es necesario advertir, que la liquidación del SBC efectuada por el A
quo no resulta conforme a los parámetros establecidos en el artículo 3º del Decreto
1730 de 2001, como quiera que no es posible verificar que el valor tomado en la
sentencia de verdad corresponda al un salario base semanal promediado, por el
contrarió simplemente se tomó un valor señalado en el CETIL y se actualizó a
valor presente, sin que sean claros en las sentencia cuales fueron los índices de
IPC utilizados en la operación aritmética.

Por otra parte, respecto al elemento SC (semanas cotizadas) es evidente la
contradicción en que incurre el Juez Primigenio, por cuanto reconoce que el
tiempo debidamente certificado y probado en el expediente es de 2.514 días (359
semanas) que corresponde al tiempo de servicios que obra en el CETIL (3 de
octubre de 1973 a 26 de septiembre de 1980); no obstante, al momento de liquidar
la indemnización utilizó un SC de 364.43 semanas, sin que se evidencie la prueba
que sustente dicho cifra —pues no se acreditaron nuevos tiempos de servicio de
la demandante— o los argumentos que llevaron al fallador a arribar a dicho valor,
desnaturalizando la precisión que exige este tipo de cálculos indemnizatorios.

Aunado a lo anterior, también existe controversia respecto al promedio ponderado
de los porcentajes de cotización PPC, pues mientas la UGPP aplicó un 2.27% por
este concepto —así lo afirma en la contestación a la demanda12 y el recurso de
apelación17, el A quo en su sentencia aplicó un promedio ponderado cotizado de
9%.

Al respecto indica la Sala que al examinar el texto del artículo 3º del Decreto 1730
de 2001, se concluye que el porcentaje del 45.45% que allí se determinó, no está
establecido para ser tenido como porcentaje total de cotización dentro de la
fórmula fijada, sino para ser aplicado sobre el total de la cotización efectuada y así
obtener el resultado sobre el cual se calcula la indemnización sustitutiva, en
aquellas situaciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en las cuales
la administradora encargada de efectuar el reconocimiento de la indemnización
no manejara separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o
muerte por riesgo común, de las correspondientes al riesgo de salud.

En ese contexto, la Ley 6 de 1945, que autorizó la creación de la Caja de Previsión
Social, estableció en su artículo 20 que el capital de dicha entidad estaría
conformado, entre otros rubros, por un aporte equivalente al 3% mensual de los

17 Ver folio 9 archivo “26RecursoApelacion”

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sueldos de los empleados nacionales de cualquier clase, cubierto por estos.
Posteriormente, la Ley 4 de 1966, en su artículo 2º, literal b), dispuso que dicho
aporte sería “el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes”.
Estos cambios normativos reflejan la transición del sistema de prestaciones
sociales hacia un esquema más estructurado de pensiones, impactando
directamente en la seguridad social de los empleados públicos.

Así, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los servidores públicos
no realizaban aportes a un fondo específico de pensiones, sino que se les deducía
una cuota equivalente al 5% de su salario para cubrir prestaciones por muerte,
maternidad y pensiones. Esto significa que, para determinar el promedio
ponderado cotizado (PPC) de que trata el artículo 3º del Decreto 1730 de 2001,
se toma el 5% del salario cotizado y se multiplica por 45.45%, ya que este último
porcentaje representa la equivalencia establecida por la norma para homologar
los aportes realizados antes de la Ley 100 de 1993. De esta manera, el resultado
corresponde al valor que debe considerarse como PPC, conforme a la normativa
aplicable.

45.45% x 0.05 (5%) = 2.27%

Encuentra entonces la Sala que el porcentaje del 2.27% que tuvo en cuenta la
UGPP se encuentra ajustado al texto del artículo 3º del Decreto 1730 de 2001,
pues se evidencia que en efecto corresponde al 45.45% del 5% que es el total de
la cotización efectuada por la demandante, teniendo en cuenta que prestó sus
servicios entre 1973 y 1980, es decir, en vigencia de la Ley 4 de 1966.

Se colige de todo lo expuesto que los cargos de apelación prosperan en esta
instancia, como quiera que la decisión del A quo se fundó en variables que carecen
de argumentos jurídicos sólidos y huérfanos de respaldo probatorio, motivo por el
cual se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones
de la demanda, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos
demandados.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la UGPP, se advierte que
no es procedente, comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar
por tener interés en el resultado del proceso, en atención a que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente acción fue promovido en su
contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

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4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que18:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades19:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 20. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

18 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
20 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]21 (Se
destaca)

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es,
evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales.

De la revisión de la acción de tutela se advierte que la accionante sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, vulneración de la supremacía
constitucional y falta de motivación suficiente.

Respecto del defecto sustantivo, indicó que la providencia acusada aplicó de manera
literal el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001 y acogió la equivalencia del 45.45% para
convertir el 5% en 2.27%, sin realizar una interpretación conforme con la Constitución ni
aplicar el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 superior.

En lo relativo a la vulneración de la supremacía constitucional, sostuvo que la decisión
omitió aplicar criterios constitucionales según los cuales los jueces deben interpretar las
normas conforme con la Constitución y garantizar la aplicación del principio de
favorabilidad en materia laboral, en especial cuando se encuentra comprometido el
derecho a la seguridad social y el mínimo vital.

21 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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En cuanto a la falta de motivación, afirmó que el tribunal no realizó un análisis
constitucional del asunto ni ponderó el carácter compensatorio de la indemnización
sustitutiva, limitándose a aplicar una disposición reglamentaria.

Ahora bien, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que el Tribunal
Administrativo del Atlántico analizó la forma de liquidación de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, y
concluyó que el porcentaje del 2.27% aplicado por la UGPP se ajusta a dicha disposición,
en tanto corresponde al 45.45% del 5% de la cotización efectuada por la demandante,
quien prestó sus servicios entre 1973 y 1980, en vigencia de la Ley 4 de 1966.

Además, el tribunal accionado analizó los elementos que integran la fórmula prevista en
el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, en particular el salario base de cotización (SBC),
las semanas cotizadas (SC) y el porcentaje promedio de cotización (PPC), concluyendo
que la liquidación efectuada por el juez de primera instancia no se ajustaba a dicha
disposición, por cuanto no correspondía a un salario promediado, utilizó un número de
semanas superior al acreditado y aplicó un porcentaje de cotización distinto al previsto
en la norma.

En ese sentido, estableció que la demandante acreditó 2.514 días de servicio,
equivalentes a 359 semanas, y que el porcentaje aplicable correspondía al 2.27%,
resultado de aplicar el 45.45% sobre el 5% de la cotización, teniendo en cuenta que
prestó sus servicios entre 1973 y 1980, en vigencia de la Ley 4 de 1966.

Bajo este contexto, la Sala considera que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia adicional para controvertir lo decidido por el juez natural, particularmente
en lo relativo a la aplicación del artículo 3 del Decreto 1730 de 2001 y a la valoración de
los elementos técnicos necesarios para la liquidación de la indemnización sustitutiva, con
el propósito de reabrir el debate acerca del porcentaje de cotización y la forma de cálculo
de la prestación, asuntos que ya fueron analizados y resueltos en sede ordinaria.

Por tanto, se concluye que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la solicitud de
amparo no satisface el tercer presupuesto del requisito de relevancia constitucional, en
cuanto pretende convertir la tutela en un mecanismo alternativo para revisar cuestiones
de legalidad y de interpretación normativa.

En ese sentido, cabe recordar que cuando el juez decide la controversia que le ha sido
sometida y acoge la posición de alguna de las partes, no hace otra cosa que ejercer las
funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley dentro del ámbito de sus
competencias. Por ello, cualquier intervención del juez constitucional que desconozca
tales atribuciones implicaría un pronunciamiento por fuera de su órbita competencial,
además de utilizar el trámite de una acción que no fue concebida para ese propósito,
como lo es la acción de tutela.

En una situación de esta naturaleza, sería el propio juez constitucional quien podría
vulnerar el derecho al debido proceso, en la medida en que, sin contar con competencia
para ello, entraría a reexaminar la valoración jurídica realizada en el proceso ordinario
con el fin de modificar la decisión adoptada por el juez natural.

Así, cuando el juez de la causa se limita a resolver las cuestiones de hecho y de derecho
que fueron objeto del debate, conforme a las pretensiones, excepciones y argumentos
expuestos por las partes, simplemente cumple con su función de dirimir la controversia

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sometida a su conocimiento, en ejercicio de las competencias que le han sido conferidas
por el ordenamiento jurídico.

Distinto sería el escenario en el que la decisión judicial se aparte del debate planteado y
sorprenda a las partes con fundamentos ajenos a los hechos y argumentos discutidos
en el proceso. No obstante, ese supuesto no se configura en el asunto que aquí se
examina.

En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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