Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01686-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01686-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01686-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01686-00
Demandante FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Reconocimiento pensional a ex
congresista. Cuota parte pensional a cargo de ente universitario en el
que laboró el pensionado. Requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial: la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto por los decretos 1983
de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de marzo de 20261, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad con la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida en la segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-37-000-2019-00056-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B al haber incurrido en un
defecto sustantivo pues se observa que de manera errada, desconoce el precedente judicial
existente en la actualidad respecto a la aplicación de la Ley 6 de 1945 y se aparta del mismo
sin hacer ninguna referencia del motivo por el cual no lo aplica en su decisión, como lo
establece la normatividad vigente.
SEGUNDO. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B al haber incurrido en un
defecto sustantivo POR LA ERRADA APLICACIÓN NORMATIVA de las siguientes normas:
1. Ley 6 de 1945
2. Ley 72 de 1947
3. Decreto Legislativo 3135 de 1968
4. Decreto 1848 de 1969
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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría On Line del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
5. Ley 33 de 1985
6. Decreto 816 de 2002.
TERCERO. Que se deje sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025, notificada por
correo electrónico el día 05 DE DICIEMBRE DE 2025 proferida por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
B.
CUARTO. - Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B emitir una nueva decisión
ajustada a la jurisprudencia del Consejo de Estado, estableciendo que la liquidación de la
cuota parte pensional debe realizarse únicamente con base en el tiempo servido y no en los
salarios percibidos.
QUINTO. - Que, como medida provisional, se suspendan los efectos del fallo cuestionado
mientras se decide de fondo la presente acción de tutela, dado que el cumplimiento del mismo
consagra un agravio al ERARIO, que se materializa cada mes, con cada pago de mesada
pensional al pensionado Álvaro Araújo y cobro de cuota parte pensional a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Álvaro Araújo Noguera prestó sus servicios a distintas entidades
estatales, entre ellas se advierte que estuvo vinculado con la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas por un lapso de 1 año, 11 meses y 6 días y
que su último tiempo de servicios lo fue como senador de la República hasta
el 3 de marzo de 1994, como representante principal por la circunscripción
electoral del departamento del Cesar.
2.2. El Fondo de Previsión del Congreso de la República, FONPRECON previo al
reconocimiento pensional del señor Álvaro Araújo Noguera, consultó la cuota
parte pensional que le correspondía a la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, lo que se objetó por el ente educativo con el argumento de no estar
obligada a responder por tiempos contabilizados en forma distinta a lo
ordenado por la Ley 33 de 1985.
2.3. Mediante la resolución 1104 del 28 de octubre de 1994 el Fondo de Previsión
del Congreso de la República, FONPRECON le reconoció pensión de
jubilación al señor Araújo Noguera y dispuso que el pago de la misma estaría
a cargo, entre otras entidades, de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas en una cuota parte.
2.4. Por lo anterior, la Universidad Francisco José de Caldas haciendo uso del
medio de control de simple nulidad demandó al Fondo de Previsión del
Congreso de la República, FONPRECON con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo por el que se reconoció pensión de jubilación al
señor Álvaro Araújo Noguera, únicamente en relación con lo relacionado a la
cuota parte pensional ordenada a cargo de la universidad en el mencionado
acto.
Sin embargo, se admitió la demanda bajo el trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho teniendo en cuenta que la anulación del acto
administrativo demandado comportaba de manera automática un
restablecimiento del derecho para la parte demandante al extinguirse su
obligación de pago de la cuota parte pensional en la forma determinada por
FONPRECON.
2.5. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A (expediente 25000-23-37-000-2019-00056-00) mediante
sentencia del 9 de marzo de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Indicó que la liquidación de la mesada pensional efectuada por FONPRECON
tomó la totalidad de los factores salariales devengados por el pensionado en
el último año de servicio en el Congreso de la República y que una vez
obtenido el valor total devengado le aplicó el porcentaje de liquidación del 75%
y lo dividió en los 12 meses del año para de esta manera determinar el valor
de la mesada a pagar y discriminó en cada una de las entidades concurrentes
el monto de cuota parte que les correspondía de manera proporcional al tiempo
servido por el pensionado.
Sostuvo que para el momento en que el señor Álvaro Araújo Noguera cumplió
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación le era aplicable el
régimen jurídico propio de la cuota parte tal como lo realizó FONPRECON pero
que conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, la
determinación del monto de la prestación cuando fueran acumulados tiempos
de servicios en distintas entidades debía distribuirse en proporción al tiempo
servido y al salario o remuneración devengado en cada una de ellas de modo
que cada una de las entidades oficiales en las que el extrabajador había
prestado sus servicios tenía la obligación de aportar para la mesada pensional
de aquel de acuerdo al régimen salarial aplicable en tales entes institucionales
y sobre los factores pagados al extrabajador.
En ese sentido, señaló que FONPRECON incumplió la norma al no asignar la
cuota parte a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en proporción
a la remuneración percibida por el señor Araújo Noguera cuando fue
funcionario del ente educativo, sino que había tomado totalidad de los factores
percibidos por el pensionado en el último año de servicio como congresista y
que había realizado la distribución del pago en cada una de las entidades
involucradas lo que era equivocado, pues que a la universidad se le hacía un
cobro de una cuota liquidada sobre rubros no reconocidos al jubilado cuando
era funcionario de la universidad, tales como gastos de representación, prima
de localización y vivienda, prima de transporte, entre otros que eran
procedentes en la actividad legislativa pero no en materia de educación
superior.
2.6. La decisión fue apelada por la parte demandada.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia
del 21 de agosto de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 25 de
noviembre de 2025) confirmó la decisión del tribunal2.
Manifestó estar de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal en primera instancia
y destacó que, contrario a lo expuesto en uno de los cargos propuestos en el
recurso de apelación, no existía contradicción entre el artículo 29 de la Ley 6
de 1945 y el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, por el contrario, aseguró que
debían interpretarse de manera armónica ya que el primero establecía que la
cuota parte debía calcularse no solo con base en el tiempo servido, sino
también en el salario percibido; mientras que el segundo se refería únicamente
al tiempo laborado, de modo que ante la omisión de la última norma, debía
acudirse a la primera que no había sido derogada.
Resaltó que como se indicó en la sentencia apelada, la interpretación que se
dio a la controversia planteada por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas resultaba acertada al establecer la cuota parte con base en el monto
del salario o remuneración correspondiente a dicha entidad, y no sobre el que
se tuvo en cuenta para liquidar la prestación periódica.
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La decisión contó con una aclaración de voto por parte de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo en relación con la
imposición de costas procesales.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-37-000-2019-00056-00/01 incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Las
razones fueron las siguientes:
3.1. Defecto sustantivo. En su criterio, se aplicó una norma subrogada, esto es,
el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 y dijo que de paso se desconocieron la Ley
72 de 1947, el Decreto Legislativo 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, la
Ley 33 de 1985 y el Decreto 816 de 2002 que reforzaban el argumento que
justamente dispuso la Ley 33 de 1985, norma tenida en cuenta para reconocer
la pensión de jubilación al señor Araújo Noguera en el sentido de tener en
cuenta únicamente el tiempo laborado.
Consideró que si bien conforme con el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 se dio
origen a la concurrencia entre entidades de derecho público en la financiación
de las pensiones públicas, posteriormente con la Ley 72 de 1947 se modificó
la forma de liquidación de las cuotas partes pensionales al dejar como
obligación de las cuotapartistas el reembolso del valor que les correspondiera
únicamente calculándose sobre el tiempo de servicio, lo que excluía el factor
salario de la determinación del valor a reembolsar que correspondiera a la
cuota parte. Incluso, citó el artículo 28 del Decreto Legislativo 3135 de 1968
que también se refería de manera exclusiva al tiempo servido en la respectiva
entidad.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. Argumentó que existía
jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y el órgano de
cierre, Consejo de Estado, que determinaba que las cuotas partes se
asignaban a prorrata del tiempo servido y no tomando en consideración
salarios devengados en cada entidad, como era la regla de la Ley 6ª de 1945.
Citó las siguientes jurisprudencias:
De la Corte Constitucional: Sentencia C-895 del 2 de diciembre de 2009
Del Consejo de Estado:
• Sentencia del 12 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, radicación 66001-23-31-000-2006-00761-01, con ponencia del magistrado Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
• Sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por la Sección Segunda, Subsección
A, radicación 15001-23-31-000-2012-00206-01, con ponencia del magistrado
Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de tutela del 14 de noviembre de 2019 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, radicación 11001-03-15-000-2019-04266-00, con ponencia del
magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
• Sentencia de tutela del 5 de mayo de 2025 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-03-15-000-2025-01980-00, con ponencia del
magistrado Fredy Ibarra Martínez.
• Sentencia del 17 de febrero de 2011 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, radicación 54001-23-31-000-2003-00630-01, con ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve.
4. Trámite impartido
4.1. En providencia del 10 de marzo de 2026 el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República FONPRECON contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Asimismo, en la citada providencia se ordenó la notificación de las partes, se
negó la medida provisional solicitada; y se vincularon como terceros con
interés a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (entidad que actuó
en calidad de demandante en el proceso); a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público, vinculados al proceso y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A autoridad
judicial que emitió la sentencia de primera instancia en el medio de control.
4.2. El magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño mediante escrito presentado
el 17 de abril de 2026 manifestó estar impedido para conocer del presente
asunto al encontrar que intervino en la discusión del caso y en consecuencia
suscribió la sentencia de primera instancia proferida el 9 de marzo de 2023 en
el medio de control de nulidad y restablecimiento 25000-23-37-000-2019-00056-
00, como integrante que fue del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A.
Por auto del 20 de abril de 2026 la magistrada ponente aceptó el impedimento
manifestado por el doctor Luis Antonio Rodríguez Montaño y, en
consecuencia, fue separado del conocimiento de la presente acción.
5. Intervenciones
5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B por conducto del
magistrado ponente de la decisión, presentó escrito de oposición en el que
manifestó que no se cumplía con el requisito de la relevancia constitucional al
evidenciarse que la parte actora lo que hacía era manifestar su desacuerdo
con lo resuelto en sede ordinaria buscando un pronunciamiento al respecto por
parte del juez constitucional.
Se refirió al defecto sustantivo e indicó que no se advertía desconocimiento ni
de las normas ni de la jurisprudencia aplicable al caso, y pidió que se declarara
la improcedencia de la presente acción, o en su defecto, que se nieguen las
pretensiones de la demanda de tutela.
5.2. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas intervino por conducto
de apoderado. Manifestó que no se acreditaba el requisito de la relevancia
constitucional al buscar la parte actora una tercera instancia en el presente
mecanismo constitucional, por lo que la tutela resultaba improcedente.
Explicó que el Fondo accionante alega que la sentencia cuestionada
desconoció el precedente jurisprudencial, pero que las sentencias cuyo
desconocimiento se alegaba, no se refieren al régimen aplicable sobre cuotas
partes pensionales cuando el trabajador recibía asignación de jubilación con
cargo al fondo de previsión del régimen exceptuado del Congreso y el
cuotapartista obligado fuera un ente universitario autónomo o cualquier otra
entidad sometida al régimen común.
Agregó que no se había presentado la subrogación de las normas como lo
indicaba la parte actora sino que estas habían sido adicionadas y que en punto
al establecimiento de cuotas partes pensionales el alcance de la norma era
que debía incluirse no solo el tiempo laborado como lo indicaba de manera
errada el FONPRECON sino que además debía tenerse en cuenta el monto de
los aportes realizados a las demás cajas de previsión social.
5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A allegó el enlace de acceso al expediente ordinario. Sin
pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
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5.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio. Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad pese haber sido notificados de la
existencia de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,3 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU-573 de 20177, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá
verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
concretamente el de la relevancia constitucional.
De estar acreditado el mencionado requisito junto con los demás requisitos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 21 de
agosto de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-
37-000-2019-00056-00/01 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en los términos propuestos por la parte actora.
4. Alcance del requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional en relación con el defecto sustantivo y su análisis en el
caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
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Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo
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cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales8.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de
procedibilidad en relación con el defecto sustantivo propuesto, pues se
advierte que reiteran los mismos argumentos que expuestos en el recurso de
apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, solo que bajo la caracterización del defecto
sustantivo, por lo que se pretende utilizar la tutela como una instancia
adicional.
4.3. En el recurso de apelación presentado por FONPRECON contra la decisión
de primera instancia, se hizo referencia a lo siguiente:
(i) Sostuvo que lo que se debatía giraba en torno a la aplicación del artículo 29 de
la Ley 6ª de 1945 para la asignación de cuota parte a una entidad concurrente
cuando se reconocía una pensión conforme con lo dispuesto en la Ley 33 de
1985 y que, en el caso concreto del señor Álvaro Araújo Noguera esta última
norma era la que había sido tenida en cuenta para su reconocimiento pensional
luego era la norma que debía ser aplicada.
(ii) Dijo que en concreto frente a la asignación de la cuota parte a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas lo correcto era dar aplicación a la Ley 33 de
1985 por ser la norma aplicada en el reconocimiento pensional en el que el
único concepto que debía ser tenido en cuenta era el tiempo servido por el
pensionado para efectos de asignar las cuotas partes respectivas, sin que
existiera aclaración alguna frente a su aplicación distinta a la asignación de la
cuota parte a prorrata del tiempo laborado por el pensionado.
8
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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4.4. La providencia del 21 de agosto de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, resolvió el problema jurídico de la siguiente
manera:
«De acuerdo con lo expuesto en precedencia, es preciso señalar que, contrario a lo sostenido
por el recurrente, no existe contradicción entre el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 y el artículo
2 de la Ley 33 de 1985. Por el contrario, deben interpretarse de manera armónica, pues el
primero establece que la cuota parte debe calcularse no solo con base en el tiempo servido,
sino también en el salario percibido; mientras que el segundo se refiere únicamente al tiempo
laborado. Así, ante la omisión de la última norma, debe acudirse a la primera, la cual, dicho
sea de paso, no ha sido derogada.
Entendimiento que ha sido sostenido por esta Corporación en diferentes pronunciamientos9 y
del que destacamos:
“1. Para resumir de manera más fácil lo anterior, la Sala realizó el siguiente cuadro sinóptico:
2. Sin embargo, como viene de decirse el tribunal accionado en el fallo del 21 de agosto de 2020,
reprochado en esta instancia estimó que dicha cuota parte debía distribuirse, se insiste, no sólo en
atención al tiempo de servicios prestados entre todas las cuotapartistas en las que laboró el
pensionado, sino también teniendo en cuenta el monto del salario o remuneración devengados en
cada una de aquellas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945; la cual
se advierte que, si bien fue modificado por el artículo 1º de la Ley 24 de 1947, continuó intacto
frente a la forma de distribución del monto de la pensión entre las distintas entidades de derecho
público, proporcional al tiempo servido y al salario y/o remuneración devengados en cada una de
ellas.
3. Criterios que le eran aplicables a la entidad demandante, teniendo en cuenta el momento de
expedición del acto administrativo de reconocimiento pensional, a saber, Resolución N º 9377 del
10 de diciembre de 1979”
Por tal razón, la interpretación que el a quo otorgó a la controversia planteada por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas resulta acertada, al establecer la cuota parte
con base en el monto del salario o remuneración correspondiente a dicha entidad, y no sobre
el que se tuvo en cuenta para liquidar la prestación periódica, dado el desconocimiento del
artículo 29 de la Ley 6 de 1945, disposición que, dicho sea de paso, se encuentra vigente y
resulta aplicable al caso.
En consecuencia, el reproche formulado será desestimado».
4.5. En el escrito de tutela, la parte actora insistió en los mismos argumentos al
amparo del defecto sustantivo expresando lo siguiente:
(i) Sostuvo que se aplicó una norma subrogada, esto es, el artículo 29 de la Ley
6ª de 1945 y de paso, se desconocieron otras normas tales como la Ley 72 de
1947, el Decreto Legislativo 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, la Ley 33
de 1985 y el Decreto 816 de 2002 que reforzaban el argumento que justamente
dispuso la Ley 33 de 1985, norma tenida en cuenta para reconocer la pensión
de jubilación al señor Álvaro Araújo Noguera en el sentido de tener en cuenta
únicamente el tiempo laborado.
(ii) Consideró que si bien conforme con el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 se dio
origen a la concurrencia entre entidades de derecho público en la financiación
de las pensiones públicas, posteriormente con la Ley 72 de 1947 se modificó la
forma de liquidación de las cuotas partes pensionales al dejar como obligación
de las cuotapartistas el reembolso del valor que les correspondiera únicamente
calculándose sobre el tiempo de servicio, lo que excluía el factor salario de la
determinación del valor a reembolsar que correspondiera a la cuota parte.
Según lo resuelto por el tribunal en la decisión de cierre, se advierte que de
manera concreta mencionó que no había contradicción entre el artículo 29 de
9
Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, 30 de noviembre de 2021, radicación número: 1001-
03-15-000-2021-07370-00 (Ac), Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso - Fonprecon, Demandado: Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Podemos destacar: «Situación distinta es, que el
fondo previsional accionante en su entender considere que dicho emolumento se debe liquidar únicamente con
fundamento en el tiempo de servicios, bajo al equívoca conclusión de que el artículo 21 de la Ley 72 de 1947 que señaló
que «[l]a Caja pagadora repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda,
habida consideración del tiempo de servicio del empleado en cada una de las entidades oficiales», fuere modificado por
el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 que dispuso que «[l]os servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas
entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo, en relación con la jubilación y el monto de la
pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada
una de aquellas […]».
9
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la Ley 6ª de 1945 y el artículo 2º de la Ley 33 de 1985 sino que, precisamente
debía darse una interpretación armónica de las mismas y en ese sentido,
consideró que al establecerse la cuota parte por parte de la entidad encargada
del reconocimiento y pago de la prestación, había desconocido el artículo 29
de la Ley 6ª de 1945 que era una disposición vigente y aplicable al caso.
4.6. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial una vez más en relación con la posibilidad de que solo se
tenga en cuenta el tiempo laborado a efectos de reclamar la respectiva cuota
parte pensional, en este caso a la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, dejando de lado el monto y los valores sobre los que debía responder
el ente universitario en concurrencia al pago de la respectiva pensión.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo, lo cierto es que la parte
actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho.
De manera que, es posible concluir que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, como juez natural y órgano de cierre resolvió los
planteamientos de la parte actora dentro del trámite ordinario, al resolver el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates propuestos y resueltos por el juez natural de la
causa «la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios», pues la competencia del juez de tutela se restringe «a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
fundamentales…»10.
4.7. De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá declarar improcedente la presente
acción en relación con el defecto sustantivo al no estar acreditado el requisito
de la relevancia constitucional y pasará al estudio de fondo del defecto por
desconocimiento del precedente previa la verificación de los demás requisitos
de procedencia de tutela contra providencia judicial.
5. Verificación de los demás requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial
Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción se
encuentran satisfechos por cuanto (i) la controversia alude a la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y
de acceso a la administración de justicia de FONPRECON con ocasión de la
providencia judicial del 21 de agosto de 2025 que decidió en segunda instancia
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con
el pago de la cuota parte pensional a cargo de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas en relación con la pensión de jubilación reconocida
al señor Álvaro Araújo Noguera; (ii) la parte actora agotó todos los medios
ordinarios de defensa judicial y se advierte que frente al caso no proceden los
recursos extraordinarios; (iii) se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que
la acción se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
providencia cuestionada, pues la sentencia fue emitida el 21 de agosto de
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
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2025, fue notificada por correo electrónico a las partes el 25 de noviembre de
2025 y la acción de tutela se presentó el 2 de marzo de 2026 por lo que se
encuentra dentro del lapso considerado como razonable; (iv) no se trata de
una tutela contra sentencia de tutela y, (v) se identificaron razonablemente los
hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados.
6. Análisis del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial
en el caso concreto
6.1. El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia
del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la
autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por
tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante
(contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no
presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.
6.2. En el caso bajo estudio, FONPRECON cita como desconocida la sentencia C-
895 de 2009 de la Corte Constitucional, relativa a las cuotas partes las cuales
corresponden a un sistema de concurrencia en el pago pensional, diseñado
con anterioridad a la Ley 100 de 1993 para entidades públicas del mismo o de
diferente nivel.
También, se refiere a la prescripción del derecho al recobro de ciertas
mesadas no reclamadas oportunamente lo que, a juicio de la Corte, de ninguna
manera extingue la obligación de concurrir al pago de las demás mesadas ni
libera a las entidades de su obligación futura de concurrencia en el pago, pero
no se advierte que se refiera al punto concreto que fue objeto de controversia
en el proceso ordinario, esto es, lo relacionado con la forma como se liquidó la
cuota parte pensional, es decir, si solo debía tenerse en cuenta el tiempo
laborado o si además debía tenerse en cuenta el salario o remuneración
devengados.
En ese sentido, dicha sentencia no se examina a la luz del defecto por
desconocimiento del precedente, toda vez que por tratarse de una decisión de
constitucionalidad, hace parte del alcance, interpretación y contenido mismo
de la norma examinada, que en el caso, lo fue el artículo 4° de la Ley 1066 de
200611.
11
Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”.
“Artículo 4.- COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN DE COBRO. Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre
la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al
recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional
respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.
Parágrafo.- Cuando se celebren acuerdos de pago en materia de seguridad social en pensiones en ningún caso de las
condiciones que se establezcan podrán derivarse perjuicios al afiliado o al fondo común de naturaleza pública”.
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6.3. Los precedentes invocados por la parte actora proferidos por esta
Corporación, son los que se relacionan a continuación:
Providencia que se cita Situación fáctica del caso y fundamento de la decisión
como desconocida
Sentencia del 12 de agosto de «El Departamento de Risaralda en el transcurso del proceso ha
2010. manifestado su discrepancia con dicha aceptación, al considerar que su
Consejo de Estado, Sección obligación es menor frente a la que le fue imputada a través del acto de
Segunda, Subsección B. reconocimiento prestacional, argumentando que antes de haberse
Expediente 66001-23-31-000- creado la Caja de Previsión Social del Departamento se celebró un
2006-00761-01. contrato con CAJANAL en virtud del cual esta entidad tendría a cargo el
Magistrado ponente: Dr. reconocimiento de los derechos médico - asistenciales y prestacionales
Víctor Hernando Alvarado de los empleados del Departamento
Ardila. Entonces, teniendo en cuenta que el Departamento de Risaralda no está
obligado a asumir el total de la cuota parte pensional que le fue asignada,
y de conformidad con la normatividad aplicable en materia de cuotas
partes pensionales, es válido concluir que la entidad demandada debe
modificar los actos que efectuaron la distribución de las mismas y, por lo
tanto, como el proveído impugnado negó esta petición debe revocarse
parcialmente en este sentido». Sentencia del 13 de mayo de «La consulta del proyecto de liquidación solo está expresamente
2021. señalada para el reconocimiento de prestaciones pensionales, mas no
Consejo de Estado, Sección cuando se realiza un reajuste o reliquidación ya que las normas
Segunda A. analizadas no imponen tal requisito. Expediente 15001-23-31-000- Así, la Sala debe precisar que si bien el trabajador, para acceder a su
2012-00206-01. pensión solo tuvo que acreditar 25 años de servicio, conforme al régimen
Magistrado ponente: Dr. pensional de Telecom que le fue aplicado, esto no significa que no se
Gabriel Valbuena Hernández deba incluir en el cálculo de la cuota parte todo el tiempo de servicio
prestado por el pensionado, toda vez que si se accedió a la reliquidación
de la pensión por «nuevos tiempos acreditados», deviene necesario
modificar el porcentaje en que concurren las entidades en cuota parte,
ya que se demostró que el trabajador prestó más tiempo de servicio o
cotización una vez adquirió el derecho pensional. Por lo tanto, la cuota
parte pensional en que concurren las entidades se debe calcular no
sobre los 25 años (tiempo demostrado por el señor José Carlos Doza
para adquirir el estatus pensional), sino sobre la totalidad de los tiempos
de servicio en cada una de las entidades en las cuales laboró hasta que
se retiró definitivamente del servicio oficial, pues son tiempos que se
toman en cuenta para reliquidar la pensión de jubilación. En consecuencia, la entidad demandada al reliquidar la pensión tuvo en
cuenta la totalidad de los tiempos acreditados por el pensionado y
conforme a esto, calculó nuevamente la cuota parte, sin afectar o
modificar el tiempo que inicialmente se le concurrió al Departamento de
Boyacá. Posteriormente, el artículo 21 de la Ley 72 de 1947, señaló
expresamente que “…La Caja pagadora repetirá de las entidades
obligadas el reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda,
habida consideración del tiempo de servicio del empleado en cada una
de las entidades oficiales…”. Así las cosas, a partir de dichas normas,
se modificó la forma de determinación de la cuota parte, pues se
estableció que para definir la cantidad proporcional que corresponda a
cada entidad recurrente, se debía tener en cuenta solamente el tiempo
de servicio del empleado en cada entidad, previsión que se reiteró
posteriormente en el Decreto 3135 de 1968, el cual señalaba en su
artículo 28 que “…La entidad de previsión obligada al pago de la pensión
de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados
a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en
ellos…”.
Lo anterior significa que, a partir de la expedición de la citada norma, el
salario o remuneración devengada por el trabajador, dejó de ser una
variable para la liquidación de las cuotas partes pensionales de las
Entidades que tenían a cargo la obligación, de manera que la única
variable a tener en cuenta para ello sería el tiempo». Sentencia de tutela del 14 de «En tal sentido, los magistrados accionados, después de efectuar el
noviembre de 2019.
estudio correspondiente, concluyeron que para calcular la cuota parte a
Consejo de Estado, Sección cargo del accionante solo tenía incidencia el tiempo de servicios,
Segunda, Subsección B. aserción que se ajusta al artículo 29 de la Ley 6.ª de 1945 y, por ende,
Expediente 11001-03-15-000- no involucra defecto sustantivo, puesto que si bien es cierto que dicha
2019-04266-00. disposición consagraba que debía tenerse en cuenta el salario para
Magistrado ponente: Dr. efectos de determinar el valor de aquella, también lo es que ese precepto
Carmelo Perdomo Cuéter. legal sufrió modificaciones que debían ser observadas por encontrarse
en vigor al momento en el que la actora realizó los aportes.
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Providencia que se cita Situación fáctica del caso y fundamento de la decisión
como desconocida
En el sub lite el actor sostiene que la sentencia enjuiciada incurre en
desconocimiento del precedente, por cuanto inobservó la de 12 de
agosto de 2010, emitida por el Consejo de Estado, no obstante, al
analizar este pronunciamiento se observa que si bien es cierto que en él
se decidió el reconocimiento de una cuota parte pensional entre el
departamento de Risaralda y la entonces Caja Nacional de Previsión
Social, allí mediaba la celebración de un «[…] contrato […], en virtud del
cual esta entidad tendría a cargo el reconocimiento de los derechos
médico - asistenciales y prestacionales de los empleados del
Departamento[,] [el] cual se suscribió por un término de 5 años contados
a partir del 1 de febrero de 1967 y se prorrogó por 5 años más, es decir
que tuvo una vigencia comprendida entre el 1 de febrero de 1967 y el 31
de enero de 1977», negocio jurídico que relevaba al ente territorial de
reconocimiento pensional alguno.
En ese orden de ideas, se constata que la situación fáctica analizada en
el fallo invocado por el demandante como desatendido, es disímil a la
que se debatió en la providencia cuestionada, circunstancia por la cual
las autoridades accionadas no estaban obligadas a atender las
consideraciones expuestas en aquel.
Sentencia de tutela del 5 de «Ahora bien, en cuanto a la aplicación del artículo 29 de la Ley 6 de 1945
mayo de 2025.
la Sección Segunda en las mencionadas sentencias señaló que dicha
Consejo de Estado, Sección norma fue modificada por el artículo 21 de la Ley 72 de 1947 por lo que
Tercera, Subsección B se debía tener en cuenta solamente el tiempo de servicio del empleado
Expediente: 11001-03-15-000- en cada entidad para efectos de la liquidación. Sobre el particular, la
2025-01980-00. Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 13
Magistrado ponente: Dr. Fredy de mayo de 2021, afirmó:
Ibarra Martínez.
(…)
d) La Sala observa que existe identidad fáctica y jurídica entre los
supuestos de hecho de las sentencias referidas por la entidad
demandante y los supuestos de hecho de la providencia atacada, en la
medida en que en ellas se concluyó que cada entidad donde hubiera
trabajado el pensionado debía aportar a prorrata del tiempo que hubiere
servido en ellos como único requisito para la liquidación de la pensión de
jubilación, en cambio el tribunal indicó que la liquidación debía
efectuarse de manera distinta, con los salarios devengados, lo cual no
resultaba procedente conforme la jurisprudencia citada, por lo cual es
indiscutible que su fuerza vinculante se extiende al caso concreto.
e) Por otra parte, la Sala evidencia que la autoridad judicial demandada
no ofreció una justificación suficiente de los motivos por los cuales
consideró que debía aplicarse el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 ni
explicó las razones por las cuales se apartó del precedente aplicable».
Sentencia del 17 de febrero de «Descendiendo al caso concreto y analizada la normatividad pertinente,
2011 el señor Pastor Santiago Duarte, fundamenta sus pretensiones en que,
Consejo de Estado, Sección dada su condición de docente, le ampara un régimen pensional especial,
Segunda, Subsección B. y en consecuencia, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
Expediente: 54001-23-31-000- pensión de jubilación.
2003-00630-01
(…)
Magistrado ponente: Dr.
Gerardo Arenas Monsalve. Finalmente, en relación con los aportes realizados por el demandante al
Instituto de los Seguros Sociales, ISS, estima la Sala, que en virtud a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio tendrá derecho a repetir contra el citado Instituto,
a prorrata del tiempo que el señor pastor Santiago Duarte hubiere
servido o aportado por concepto de pensión».
6.4. De acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales citados, advierte la Sala
que, algunos de ellos como la sentencia del 17 de febrero de 2011 se refiere
a un caso de reliquidación del sector docente que en nada tiene que ver con
la situación fáctica que analizó el juez natural en el presente caso, sin que
pueda entenderse que la situación que allí se presentó en relación con los
aportes que el docente hizo en su momento al ISS y frente a los que el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio tendría derecho a repetir, tengan
similitud alguna y pueda entenderse como un precedente a tener en cuenta.
Igual sucede con el antecedente de la sentencia del 12 de agosto de 2010 en
la que se discutió un tema relacionado con el contrato que el departamento de
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Risaralda celebró con la extinta Cajanal y la entidad llamada entonces a
responder por la respectiva cuota parte pensional, lo que incluso se descartó
como precedente a tener en cuenta en casos como el presente, en la sentencia
de tutela del 14 de noviembre de 2019 que el mismo actor citó en la que al
analizar un caso que sí es de similares contornos al presente, se sostuvo
justamente que ese precedente era disímil al caso concreto.
6.5. Los demás antecedentes jurisprudenciales si bien analizan casos con similitud
fáctica al presente, se trata en algunos casos, de sentencias proferidas por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, como lo es la
sentencia del 13 de mayo de 2021 citada, de manera que al ser una sentencia
emitida por una subsección distinta a la que emitió la decisión, en este caso la
Subsección B de la Sección Segunda, la interpretación de cada subsección es
autónoma y no puede exigirse un criterio en uno u otro sentido máxime cuando
no se trata de sentencias de unificación cuya observancia sí sería obligatoria.
Adicionalmente, debe indicarse que la sentencia cuestionada citó como
soporte jurisprudencial del 30 de noviembre de 2021 emitida por la misma
Sección Segunda, Subsección B, que es posterior a los pronunciamientos que
trajo el actor como desconocidos por la autoridad judicial.
En todo caso, teniendo presente que el único precedente actual y posterior es
el fallo de tutela del 5 de mayo de 2025, se advierte que se acoge justamente
la tesis de la subsección contraria en gran parte de su argumento y, en todo
caso, se precisa que la decisión del 21 de agosto de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación (sentencia cuestionada)
ha sido emitida por el órgano de cierre y por la Sección experta en temas
laborales y de seguridad social, a lo cual debe darse prevalencia.
Además, lo que se evidencia es que el actor pretende insistir en la postura que
desde el inicio del proceso ordinario ha venido defendiendo, ahora en sede de
tutela con antecedentes jurisprudenciales acorde a sus intereses, con el único
propósito de insistir en su desacuerdo con respecto a la decisión de cierre.
6.6. De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que, se insiste, no ocurre en este caso.
No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
7. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente
acción al no cumplirse con el requisito de procedencia de la relevancia
constitucional.
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En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela presentada por el Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República, FONPRECON en relación
con el defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
2. NEGAR la presente acción de tutela en relación con el defecto por
desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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