Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01980-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01980-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01980-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01980-00
Demandante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL. SE CONCEDE EL AMPARO.
Síntesis del caso: la autoridad pública demandante reclamó la protección a sus derechos
constitucionales fundamentales que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, pues consideró que la autoridad demandada desconoció el precedente
reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a la liquidación de las cuotas
partes pensionales. La Sala concederá las pretensiones de la acción de tutela porque se
configuró el defecto alegado.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la providencia del 27 de septiembre de 2024 proferida por
dicha autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación no. 11001-33-42-057-2017-00197-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Previo a exponer los antecedentes fácticos del caso, la Sala advierte que en el escrito
de la acción de tutela la parte actora no desarrolló con amplitud los hechos que dieron
origen a la controversia. En efecto, en la demanda únicamente se hizo referencia
general a la existencia del proceso ordinario, las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales y el presunto desconocimiento del precedente judicial sobre la
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forma de liquidar las cuotas partes pensionales, sin ofrecer un recuento detallado de
los hechos relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En
atención a lo anterior, se incluirá únicamente la información extractada del escrito de
tutela:
1) Mediante fallo del 27 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección B, confirmó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
que accedió parcialmente a las pretensiones, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el Departamento de Boyacá -Fondo
Pensional Territorial de Boyacá- contra Fondo de Previsión Social del Congreso la
República – Fonprecon, en el que la primera pretendió la nulidad de la resolución que
liquidó la cuota parte pensional a cargo del Departamento de Boyacá tras considerar
que en ella se tuvieron en cuenta factores salariales no cotizados ante la entidad
territorial.
2) En dicha decisión el Tribunal determinó que la cuota parte pensional a cargo del
Departamento de Boyacá, debía realizarse con base en “los salarios devengados” en
cada entidad donde laboró el pensionado Héctor José Moreno Reyes con fundamento
en el artículo 29 de la Ley 6 de 19451 y ordenó a Fonprecon ajustar la cuota parte a
cargo del Departamento de Boyacá, teniendo en cuenta ese criterio.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora afirmó que existe jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte
Constitucional2 y el Consejo de Estado según la cual las cuotas partes pensionales
deben liquidarse exclusivamente a prorrata del tiempo servido en cada entidad, sin
que sea procedente tener en cuenta los salarios devengados en cada entidad durante
dichos periodos.
1
“Artículo 29. Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho
público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la
pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o
remuneración devengados en cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o
remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se formen con aporte de varias
entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que éstas reconozcan a
sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.” (negrilla fuera del texto)
2
Sentencia C-895 de 2009, en la que la Corte Constitucional afirmó que “4.3.4.- En síntesis, las cuotas
partes son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, que representan un
esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en
diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas”.
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En su criterio, se configuró el defecto por desconocimiento del precedente vinculante
del Consejo de Estado, y el precedente horizontal del mismo tribunal, en el que se ha
dicho que la liquidación de la cuota parte pensional debe hacerse exclusivamente con
el tiempo servido y no en los salarios percibidos por el trabajador, como lo señalan los
artículos 28 del Decreto 3135 de 1968, 75 del Decreto 1848 de 1969, 2 de la Ley 33
de 1985 y 11 del Decreto 2709 de 1994.
Para sustentar estos argumentos, citó las sentencias proferidas el 13 de mayo de
2021, expediente con radicación no. 15001- 23-31-000-2012-00206-01(1459-2016), el
17 de febrero de 2011, expediente con radicado 54001-23-31-000-2003-00630-
01(0802-10) proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Asimismo, refirió las sentencias del 16 de junio de 2023, expediente con radicado no
11001-33-37-042-2017-00085-01 y 19 de julio de 2024, expediente con radicado no.
25000-23-42000-2022-00606-00 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Subsección F. Afirma que en estos procesos participaron como partes
el Departamento de Boyacá y como demandado el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, y en estas sentencias claramente se indicó “que la
distribución del monto de la pensión se debe realizar en proporción al tiempo servido”
y no como lo dispuso la autoridad judicial demandada, quien, señaló que la
liquidación debía hacerse teniendo en cuenta los salarios devengados por el
trabajador en cada entidad donde hubiera prestado sus servicios.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales AL
DEBIDOPROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda
vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en
sentencia del 27 de septiembre de 2024, notificado por correo electrónico el
día 03 de octubre de la misma anualidad, incurrió en un defecto sustantivo
pues se observa que de manera errada, desconoce el precedente judicial
existente en la actualidad respecto a la aplicación de la Ley 6 de 1945 y se
aparta del mismo sin hacer ninguna referencia del motivo por el cual no lo
aplica en su decisión, como lo establece la normatividad vigente.
SEGUNDO.- QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 27 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro de proceso de Nulidad y Restablecimiento del
derecho.
TERCERO.- QUE SE ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
emitir una nueva decisión ajustada a la jurisprudencia del Consejo de
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Estado, estableciendo que la liquidación de la cuota parte pensional debe
realizarse únicamente con base en el tiempo servido y no en los salarios
percibidos.”. (archivo disponible en medio magnético índice 2 en el
aplicativo SAMAI, mayúsculas y negrillas del original)
4. Actuación procesal
Mediante auto del 4 de abril de 20253 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al titular del Juzgado
Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al director o quien
haga sus veces del Fondo Pensional Territorial de Boyacá, entregándoles copia de la
demanda y los anexos.
En esa providencia se negó la solicitud de medida cautelar dirigida a que se
suspendieran los efectos de la providencia.
5. Intervención de las autoridades demandadas
El titular del Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá4
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela porque no se
acreditó ninguna de las causales de procedencia de este mecanismo de amparo
constitucional contra providencia judicial; adicionalmente advirtió que, la autoridad
demandante no expuso razones contra la providencia proferida por el juzgado, sino
que dirige sus reparos contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B.
La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 allegó el link del proceso y frente a la controversia señaló que se
atiene a lo que se demuestre durante el trámite de la acción de tutela, y en cuanto
cualquier inconformidad frente la providencia, estimo que las razones que sirvieron de
fundamento están consignadas en la parte motiva de aquella.
El Fondo Pensional Territorial de Boyacá6, solicitó se declare la improcedencia de la
acción de tutela porque i) no cumple con los requisitos generales de relevancia
constitucional y de subsidiaridad, en la medida que la accionante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión y su solicitud de amparo es una reiteración de argumentos que
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ya fueron resueltos por el juez competente; así mismo ii) no se encuentra configurado el
defecto sustantivo en la medida que en el caso concreto, no existe precedente horizontal
ni vertical que deba cumplir, además, la sentencia fue proferida con base en el ejercicio
funcional de los jueces instituidos para resolver de fondo los asuntos puestos en su
conocimiento dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
marco de su autonomía e independencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia del 27 de septiembre de 2024, mediante la cual se confirmó
la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el Fondo Pensional
Territorial de Boyacá en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso la
República – Fonprecon.
La Sala advierte que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: (i) la entidad demandante
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los
derechos que se transgredieron, (ii) se agotaron los medios de defensa judicial
disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, (iii) la acción se promovió dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la sentencia del 27 de septiembre de 20247, (iv) la cuestión que se
discute es constitucionalmente relevante porque el demandante invocó el
desconocimiento del precedente jurisprudencial, su derecho a la igualdad y
fundamentó la vulneración por la sentencia de segunda instancia, que confirmó la
decisión de primer grado y contra la cual no proceden recursos, y en la que no hubo
una justificación para apartarse del precedente, y (v) no se ataca una sentencia de
tutela.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala concederá las
pretensiones de la acción de tutela, por las razones que procederán a exponerse.
2.1. Caracterización del desconocimiento del precedente
El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al
caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”8.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar,
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.
7
La providencia atacada se notificó el 3 de octubre de 2024 y la acción de tutela se presentó el 3 de
abril de 2025.
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Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
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No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional9 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes (i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; (ii) la ratio decidendi, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y
(iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni
necesarios para la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso
posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior
sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente”10.
Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una
regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior
a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el
punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos
puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales,
etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo
9
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
10
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
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eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: (i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la carga de
transparencia; (ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para apartarse del precedente, exigencia que se reconoce como la
carga de argumentación.
2.2. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto
La entidad demandante señaló que la providencia cuestionada desconoció el
precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-895
de 2009, así como por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las decisiones
proferidas el 13 de mayo de 2021 y el 17 de febrero de 2011. Igualmente, invocó las
sentencias de 16 de junio de 2023 y 19 de julio de 2024, proferidas por la Subsección
F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En su criterio, todas estas providencias coinciden en que la distribución del monto de
la pensión entre las entidades concurrentes debe hacerse exclusivamente a prorrata
del tiempo servido por el trabajador, y no con base en los salarios devengados en
cada entidad, como lo concluyó la autoridad judicial accionada.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
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Sobre el particular, la Sala encuentra configurado el defecto alegado, pues la
providencia judicial desconoció el carácter vinculante de los precedentes judiciales
invocados como desconocidos, por las siguientes razones:
a) En la sentencia C-895 de 2009, la Corte Constitucional examinó la
constitucionalidad del artículo 4º (parcial) de la Ley 1066 de 2006 y precisó que las
cuotas partes pensionales constituyen un mecanismo de concurrencia para el pago
de pensiones, el cual debe aplicarse “a prorrata del tiempo laborado en diferentes
entidades o de las contribuciones efectuadas”.
b) Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado11, en las sentencias
invocadas como desconocidas resolvió asuntos análogos al aquí examinado y en
dichas providencias reiteró que el único criterio válido para liquidar las cuotas partes
pensionales es el tiempo servido en cada entidad, y no el salario o remuneración
devengada por el trabajador:
“(A) Inclusión de todos los tiempos de servicio para distribuir la cuota parte
pensional
El artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, en cuanto a la acumulación de tiempo de
servicio y la obligación del pago proporcional, dispuso que “…Los servicios
prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público,
se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el
monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo
servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquéllas.
Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos
especiales que se formen con aporte de varias entidades de derecho público,
gozarán de las prestaciones más favorables que éstas reconozcan a sus propios
trabajadores, con cargo al mismo fondo especial…” (Negrilla fuera de texto).
La precitada disposición fue modificada por el artículo 1º de la Ley 24 de 1947, en
el que se reiteró la distribución del monto de la pensión, “…en proporción al
tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de
aquellas…”. También reiteró la norma que en estos casos, “…Los trabajadores
cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales con
aporte a varias entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más
11
Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado. Sentencia del 13 de mayo de 2021. 15001-
23-31-000-2012-00206-01(1459-2016)
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Acción de tutela
favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo
fondo especial…”.
Posteriormente, el artículo 21 de la Ley 72 de 1947 señaló expresamente que los
empleados nacionales, departamentales o municipales que al tiempo de cumplir
su servicio estén afiliados a una Caja de Previsión Social tendrían derecho a
exigirle a aquella el pago de la totalidad de la pensión de jubilación y que “…La
Caja pagadora repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, habida consideración del tiempo de servicio
del empleado en cada una de las entidades oficiales…” (Negrilla fuera de
texto).
Conforme a lo anterior, se advierte que la anterior norma modificó la forma de
determinación de la cuota parte, pues se estableció que para definir la cantidad
proporcional que corresponda a cada entidad recurrente, se debía tener en cuenta
solamente el tiempo de servicio del empleado en cada entidad, previsión que se
reiteró posteriormente en el Decreto 3135 de 1968, el cual señalaba en su artículo
28 que “…La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación,
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del
tiempo que el pensionado hubiere servido en ellos…” (Negrilla fuera de texto).
Ello significa que a partir de la expedición de la citada norma, el salario o
remuneración devengado por el trabajador, dejó de ser una variable para la
liquidación de las cuotas partes pensionales de las entidades que tenían a cargo
la obligación, de manera que la única variable a tener en cuenta para ello sería el
tiempo.
Ahora bien, aunque la precitada disposición fue derogada expresamente por el
artículo 25 de la Ley 33 de 1985, el artículo 2 de la precitada Ley, en el mismo
sentido expuesto por el derogado artículo 28 del Decreto 3135, dispuso que “…La
Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a
repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de
Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o
aportado a ellos…” (Negrilla fuera de texto), lo cual ratifica que para liquidar la
cuota parte pensional, solamente debe atenderse al tiempo como variable de
liquidación.
Sobre el particular, se advirtió en sentencia C-895 de 2009, que en la regulación
de las cuotas partes, el deber de reconocimiento y pago de la pensión
generalmente está asignado a la última entidad o caja de previsión a la que
estaba afiliado el trabajador o excepcionalmente a la que se vinculó por más
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Acción de tutela
tiempo, “…quien a su vez debe hacer el recobro a prorrata a las demás
entidades obligadas…”.
Dicha regulación persistió luego de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues
como lo clarificó la propia Corte Constitucional, dicho régimen, al reconocer el
régimen de transición, “…estableció el mecanismo de los bonos, pero no excluyó,
en determinadas situaciones, el método que antes de su vigencia se empleaba de
distribuir la mesada por cuotas partes entre las entidades que en la vida laboral
del jubilado recibieron cotizaciones (…)”
Así mismo, la Corte en la sentencia C-895 de 2009, en la que citó el
pronunciamiento de fecha 27 de noviembre de 2005, proferido por esta
Corporación, señaló que:
“…Entender que el sistema de cuotas partes desapareció con la Ley 100 de 1993,
rompería el principio de equidad en que descansa el sistema pensional, en el cual
se parte del hecho de que los obligados a una pensión, deben contribuir a su
pago, en la parte correspondiente, según las cotizaciones recibidas. Pero además,
implicaría una carga gravosa y abusiva para la entidad que pagará la pensión,
pues se le haría responsable por cotizaciones que no ha recibido, enriqueciendo a
la verdaderamente obligada…
(…)
“…una de las razones que condujo al Congreso a expedir la Ley 490 de 1998, y
en ella consagrar la supresión de las obligaciones recíprocas entre las entidades
del orden nacional obligadas al pago de cuotas partes pensionales…”, pues allí el
legislador advirtió en la ponencia para segundo debate en Cámara, que “…Las
cuotas partes pensionales se han manejado a través del tiempo como registro
contable, para cumplir el requisito de ley que asignaba a las distintas entidades
empleadoras, la obligación de participar directamente o por la Caja o entidad de
Previsión social a que estuvieren cotizando, en la financiación del pago de la
pensión en proporción al tiempo trabajado por el pensionado en cada entidad…
(…)
Con todo, lo cierto es que con ocasión al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, en aquellos eventos en que existen cotizaciones efectuadas ante varias
cajas de previsión social, la Ley previó la distribución del monto de la pensión en
proporción al tiempo servido, de manera que, en lo que al tema concierne, le
asiste la razón a la entidad recurrente cuando afirma que el artículo 2 de la Ley 33
de 1985 estableció la forma en que se debe fijar la cuota parte de cada entidad
concurrente en el pago de la pensión, además que la misma Ley dispuso que los
trabajadores cuyos salarios se paguen con cargo a fondos especiales que se
formen con el aporte de varias entidades, gozarán de tales prestaciones con
recursos del fondo especial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01980-00
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Acción de tutela
Así, la Sala debe precisar que si bien el trabajador, para acceder a su pensión
solo tuvo que acreditar 25 años de servicio, conforme al régimen pensional de
Telecom que le fue aplicado, esto no significa que no se deba incluir en el cálculo
de la cuota parte todo el tiempo de servicio prestado por el pensionado, toda vez
que si se accedió a la reliquidación de la pensión por «nuevos tiempos
acreditados», deviene necesario modificar el porcentaje en que concurren las
entidades en cuota parte, ya que se demostró que el trabajador prestó más tiempo
de servicio o cotización una vez adquirió el derecho pensional.
Por lo tanto, la cuota parte pensional en que concurren las entidades se debe
calcular no sobre los 25 años (tiempo demostrado por el señor José Carlos Doza
para adquirir el estatus pensional), sino sobre la totalidad de los tiempos de
servicio en cada una de las entidades en las cuales laboró hasta que se retiró
definitivamente del servicio oficial, pues son tiempos que se toman en cuenta para
reliquidar la pensión de jubilación.” (Subrayado y negrillas del texto original).
En el mismo sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia de 12 de agosto
de 2010 e indicó que en aquellos casos en que existe concurrencia en el pago de una
pensión, su monto debe distribuirse en proporción al tiempo de servicio. Textualmente
se dijó:
“…De las precitadas disposiciones se infiere que las cajas de previsión o los
empleadores deben concurrir en el pago de las pensiones a prorrata del
tiempo laborado o aportado por el beneficiario o causante de la prestación
en cada una de ellas. Asimismo, se instituyó un procedimiento para efectos de
que tales sujetos pasivos de la obligación aceptaran o presentaran objeciones
frente a la cuota parte en la cual deberían concurrir, previendo que en caso de no
hacer pronunciamiento alguno operaría el silencio administrativo positivo, es decir
que se presumiría la anuencia del consultado…” (negrillas tomadas del original).12
Tal posición fue reiterada en sentencia de 17 de febrero de 2011, en la que, al
momento de ordenar el reconocimiento de una pensión de jubilación, atendiendo a lo
dispuesto en el precitado artículo 2º de la Ley 33 de 1985, indicó que la entidad
encargada del reconocimiento de la prestación, estaba habilitada para repetir contra
el otro ente recurrente, “a prorrata del tiempo que el actor aportó para pensión”. Al
respecto señaló la jurisprudencia en aquella oportunidad:
12
Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 12 de agosto de 2010. Rad.:
66001-23-31-000-2006-00761-01 (1181-09).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01980-00
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Acción de tutela
“…Finalmente, en relación con los aportes realizados por el demandante al
Instituto de los Seguros Sociales, ISS, estima la Sala, que en virtud a lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio tendrá derecho a repetir contra el citado Instituto, a prorrata del
tiempo que el señor … hubiere servido o aportado por concepto de
pensión”13 (Negrilla fuera de texto).
Ahora bien, en cuanto a la aplicación del artículo 29 de la Ley 6 de 1945 la Sección
Segunda en las mencionadas sentencias señaló que dicha norma fue modificada por
el artículo 21 de la Ley 72 de 1947 por lo que se debía tener en cuenta solamente el
tiempo de servicio del empleado en cada entidad para efectos de la liquidación. Sobre
el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia proferida el
13 de mayo de 2021, afirmó:
“En lo que respecta a los factores salariales en que debe concurrir la entidad
demandante, y lo dispuesto por el a quo acerca de que ésta no se encuentra
obligada a cofinanciar el pago de los factores especiales reconocidos en la
liquidación de la pensión del señor Doza Quintero, anota la Sala que la Ley 6ª
de 1945 en su artículo 29, estableció sobre la acumulación de tiempo de
servicio y la obligación del pago proporcional, que “el monto de la pensión
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o
remuneración devengados en cada una de aquéllas. Los trabajadores cuyos
salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se
formen con aporte de varias entidades de derecho público, gozarán de las
prestaciones más favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores,
con cargo al mismo fondo especial.”
Posteriormente, el artículo 21 de la Ley 72 de 1947, señaló expresamente que
“…La Caja pagadora repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la
cantidad proporcional que les corresponda, habida consideración del tiempo
de servicio del empleado en cada una de las entidades oficiales…”.
Así las cosas, a partir de dichas normas, se modificó la forma de determinación
de la cuota parte, pues se estableció que para definir la cantidad proporcional
que corresponda a cada entidad recurrente, se debía tener en cuenta
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”.
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 17 de febrero de 2011. Rad.: 54001-23-
31-000-2003-00630-01(0802-10). Actor: Pastor Santiago Duarte. Demandado: Ministerio de Educación.
Autoridades Nacionales.
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solamente el tiempo de servicio del empleado en cada entidad, previsión que
se reiteró posteriormente en el Decreto 3135 de 1968, el cual señalaba en su
artículo 28 que “…La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de
jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella, a
prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en ellos…”.
Lo anterior significa que, a partir de la expedición de la citada norma, el salario
o remuneración devengada por el trabajador, dejó de ser una variable para la
liquidación de las cuotas partes pensionales de las Entidades que tenían a
cargo la obligación, de manera que la única variable a tener en cuenta para ello
sería el tiempo.
Así mismo, la Ley 33 de 1985 señaló en su artículo 2º que las entidades
obligadas al pago de las pensiones de jubilación tendrían derecho a repetir
contra los organismos no afiliados a ellas o a las Cajas de Previsión Social a
prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ello. Por lo
tanto, dicha norma también dispuso que se debe concurrir en la cuota parte
teniendo en cuenta el tiempo servido o los aportes realizados por el
pensionado.
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 que reguló los bonos
pensionales y las cuotas partes, dicha norma y sus decretos reglamentarios,
establecieron que estas últimas se liquidarán con base en la pensión que se
reconozca al beneficiario y se distribuirán entre las entidades contribuyentes a
prorrata del tiempo que el pensionado haya servido o aportado a cada una de
ellas.
Así las cosas, es posible determinar que el reconocimiento de las pensiones se
logra teniendo en cuenta los tiempos de servicios laborados por los servidores
públicos en distintas épocas y entidades, y a la vez, la entidad encargada de
reconocer la prestación.
En lo concerniente a la concurrencia en cuotas partes de los factores salariales
que se incluyen en la liquidación de la pensión, se tiene que a partir de la Ley
72 de 1947, y posteriormente conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la legislación se refirió a que
las cuotas partes se distribuirían a prorrata del tiempo que el pensionado haya
servido o aportado a ello, y no en cuanto a los salarios percibidos por el
pensionado como equivocadamente lo estableció el Tribunal de instancia, pues
la norma no establece tal situación.
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En consecuencia, no es procedente que la entidad demandante concurra en la
cuota parte de la pensión de jubilación reconocida al señor Doza Quintero
únicamente frente a ciertos factores, pues una cosa es el régimen pensional
aplicable al pensionado y los salarios y prestaciones que se tienen en cuenta
para calcular la base de liquidación de la pensión (lo cual no se encuentra en
discusión), y otra muy distinta es la forma en que deben concurrir las entidades
de previsión social frente a las cuotas partes, las cuales se deben distribuir en
concurrencia únicamente por el tiempo laborado, tal y como lo dispusieron las
normas antes referidas.” (subrayado y negrillas tomado del original)
c) Pese a lo anterior, en la sentencia cuestionada la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó el artículo 29 de la Ley 6
de 1945 y sostuvo que la liquidación de la cuota parte debía realizarse con base tanto
en el tiempo de servicio como en los salarios devengados por el pensionado en cada
entidad, lo cual contraviene la postura consolidada del Consejo de Estado. En efecto,
la autoridad judicial señaló lo siguiente:
“En ese orden de ideas, se tiene que si bien es cierto, que FONPRECON, al
momento del reconocimiento pensional y designación de la cuota parte pensional
correspondiente a la entonces Caja de Previsión Social de Boyacá tuvo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, también lo es, que la asignación
de la cuota parte omitió el contenido del artículo 29 de la Ley 6 de 1945 que se
encontraba vigente a la fecha de expedición del acto, esto es, atendiendo que el
monto de la pensión debe ser distribuido en proporción al tiempo servido y al
salario o remuneración devengados en cada una de las entidades de derecho
público.
Por consiguiente, la entidad encargada del reconocimiento y pago de la prestación
debe tener en cuenta el valor de dicho emolumento en cada etapa o lapso laboral
para efectos de liquidar las cuotas partes pensionales por el tiempo servido o
cotizado en cada una de las entidades concurrentes; no obstante, se observa que
el cálculo efectuado por FONPRECON tuvo en cuenta de manera indiscriminada
el salario y factores salariales devengados por el pensionado en su cargo en el
Senado de la República, resultando de esta manera una base más elevada frente
a los cargos que desempeñó el pensionado en el Departamento de Boyacá.
Así las cosas, al evidenciarse que FONPRECON determinó la base prestacional
del señor Héctor José Moreno Reyes, en cuantía equivalente al 75% del último
ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y
senadores de conformidad con la Ley 4 de 1992, se tiene que este no atendió a la
realidad de los salarios y factores por los que cotizó el pensionado en la extinta
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01980-00
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Caja de Previsión Social de Boyacá, por lo que le asiste razón a la entidad
demandante en cuanto a que, el promedio de los salarios que se debieron tener
en cuenta en la liquidación de la cuota parte pensional a ella asignada, se tenía
que liquidar a prorrata del total del tiempo de aportación y la remuneración
devengada.”
d) La Sala observa que existe identidad fáctica y jurídica entre los supuestos de
hecho de las sentencias referidas por la entidad demandante y los supuestos de
hecho de la providencia atacada, en la medida en que en ellas se concluyó que cada
entidad donde hubiera trabajado el pensionado debía aportar a prorrata del tiempo
que hubiere servido en ellos como único requisito para la liquidación de la pensión de
jubilación, en cambio el tribunal indicó que la liquidación debía efectuarse de manera
distinta, con los salarios devengados, lo cual no resultaba procedente conforme la
jurisprudencia citada, por lo cual es indiscutible que su fuerza vinculante se extiende
al caso concreto.
e) Por otra parte, la Sala evidencia que la autoridad judicial demandada no ofreció
una justificación suficiente de los motivos por los cuales consideró que debía
aplicarse el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 ni explicó las razones por las cuales se
apartó del precedente aplicable.
f) Ahora bien, en cuanto a los precedentes proferidos por otras salas de decisión del
mismo tribunal demandado, es relevante destacar que ellas acogieron y aplicaron la
línea jurisprudencial reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cual
refuerza la obligación de acatamiento en el caso concreto.
g) De lo anterior se colige que existen razones claras y suficientes para indicar que la
autoridad judicial accionada desconoció la jurisprudencia reitera por esta Corporación
sobre la materia. En ese orden de ideas, el cargo por desconocimiento del precedente
judicial está llamado a prosperar.
3. Conclusión
La sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad de la autoridad pública demandante. En
consecuencia, se accederá a las pretensiones de la acción de tutela.
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso e igualdad de la
parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efectos la sentencia del 27 de septiembre de 2024
proferida por la Sección Segunda Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
11001-33-42-057-2017-00197-01.
3º) Ordénase a la Sección Segunda Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia profiera una decisión en reemplazo en la cual se
tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ (E) ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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