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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01980-01

Fecha
7 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01980-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01980-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01980-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: cuotas partes pensionales. Subtema 3:
desconocimiento de precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por el departamento de Boyacá en contra de la
sentencia del 5 de mayo de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que concedió el amparo solicitado por la parte actora.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a través de su
representante legal, interpuso demanda de amparo de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como del
principio de legalidad, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con ocasión de la sentencia del
27 de septiembre de 2024 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado al núm. 11001-33-42-057-2017-00197-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El departamento de Boyacá, Caja de Previsión Social de Boyacá (ahora Fondo
Pensional Territorial de Boyacá), presentó demanda el 17 de mayo de 2017, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), en la que
pretendió la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución n°. 000850 de 17 de
agosto de 1999, respecto del monto de la cuota parte asignada a la Caja de Previsión
Social de Boyacá en el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Héctor
José Moreno Reyes.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

3. El Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda,
mediante sentencia del 27 de febrero de 2023, declaró la nulidad parcial del acto
administrativo demandado en cuanto al porcentaje y el valor de la cuota parte que
debía cubrir el departamento de Boyacá en la pensión reconocida al señor Héctor José
Moreno y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenó a
Fonprecon a liquidar la cuota parte a cargo del departamento de Boyacá a prorrata del
total del tiempo de la aportación y de la remuneración percibida. La demandada
presentó recurso de apelación.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a
través de sentencia del 27 de septiembre de 2024, confirmó la decisión.

2.2. Pretensiones

5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad, toda vez que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 27 de septiembre de 2024, notificado
por correo electrónico el día 03 de octubre de la misma anualidad, incurrió en un defecto
sustantivo pues se observa que de manera errada, desconoce el precedente judicial
existente en la actualidad respecto a la aplicación de la Ley 6 de 1945 y se aparta del
mismo sin hacer ninguna referencia del motivo por el cual no lo aplica en su decisión,
como lo establece la normatividad vigente.

SEGUNDO.- QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 27 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

TERCERO.- QUE SE ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitir una
nueva decisión ajustada a la jurisprudencia del Consejo de Estado, estableciendo que
la liquidación de la cuota parte pensional debe realizarse únicamente con base en el
tiempo servido y no en los salarios percibidos.

CUARTO.- Que como medida provisional, se suspendan los efectos del fallo impugnado
mientras se decide de fondo la presente acción de tutela1.

2.3. Argumentos de la tutela

6. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que el Tribunal
incurrió en los siguientes vicios o defectos:

7. Sustantivo. Porque aplicó al caso una norma derogada, pues consideró que el
cálculo debía realizarse con base en los salarios devengados en cada entidad en la
que laboró el pensionado Héctor José Moreno Reyes, dando aplicación a la Ley 6 de
1945, sin tomar en cuenta sus modificaciones ni las demás normas que cambiaron la
asignación de las cuotas partes pensionales.

8. Existe jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado que determina que las cuotas partes se asignan a prorrata del tiempo

1 Se transcribe aún con errores de texto.

2

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

servido y no tomando en consideración salarios devengados en cada entidad, como
era la regla de la Ley 6 de 1945.

9. Sobre el particular, pueden verse las sentencias C-895 de 2009 de la Corte
Constitucional; del 12 de agosto de 20102 y del 17 de febrero de 20113 proferidas por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; y del 13 de mayo de 20214,
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; asimismo, la sentencia de
tutela del 18 de marzo de 20205 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.

10. También existe precedente horizontal del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el que es clara la modificación en la postura frente a la forma en que
se deben liquidar las cuotas partes. Tal es el caso de las sentencias del 16 de junio de
2023 de la Sección Cuarta6; y del 19 de julio de 2024 de la Sección Segunda,
Subsección D7.

11.La decisión adoptada genera una carga económica indebida para el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, al obligarlo a asumir mayores valores
que correspondería al departamento de Boyacá.

12. Desconocimiento de precedente. En atención a que no hizo ningún análisis de
fondo del por qué aplicó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945, ni tampoco consignó las
razones por las cuales no atendió el precedente judicial vigente para la fecha en que
se dictó el fallo, ya que, como se dejó consignado en el defecto sustantivo, desde el
año 2023 se efectuó la corrección de la postura.

13. En suma, el Tribunal no hizo ninguna referencia sobre la decisión de apartarse de
la línea jurisprudencial de la corporación y, además, las decisiones de alta Corte y las
normas legales vigentes para la liquidación de las cuotas partes pensionales.

2.4. Trámite procesal

14. El Consejo de Estado, Sección Tercera, a través del despacho ponente, profirió
auto admisorio, el 7 de abril de 20258, en el que negó la medida cautelar solicitada;
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B; vinculó y ordenó notificar al Juzgado 57 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y al Fondo Pensional Territorial de Boyacá; solicitó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y al Juzgado 57
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, remitir copia magnética del expediente
de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-42-
057-2017-00197-00 [01].

2 Exp. 66001-23-31-000-2006-00761-01 (1181-09)
3 Exp. 54001-23-31-000-2003-00630-01 (0802-10)
4 Exp. 15001-23-31-000-2012-00206-01 (1459-2016)
5
Exp.11001-03-15-000-2019-04266-00
6
Exp. 11001-33-37-042-2017-00085-01
7 Exp.25000-23-42-000-2022-00606-00.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00005, certificado núm. 6AA0C0B603537D4D
21A967856978009D 67996903777A1B41 5A2DE8D57A2752A5

3

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

2.5. Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B9 informó que el expediente requerido fue remitido al juzgado de origen y manifestó
atenerse a lo que se encontrara probado dentro del trámite de la tutela.

16. El Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda 10 remitió el enlace para consulta del expediente requerido y pidió declarar
improcedente la acción o, en su defecto, negar las pretensiones de amparo. Dijo que
la acción de tutela no reviste de relevancia constitucional, pues lo querido por la entidad
accionante es reabrir un debate procesal que agotó sus dos instancias en sede judicial;
y que, en todo caso, en la sentencia de primera instancia se señalaron válidamente las
razones por las cuales se consideró que las pretensiones estaban llamadas a
prosperar parcialmente, por lo que es del caso recurrir a ellas.

17. El departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá, Dirección Departamental de Pasivos Pensionales 11 solicitó
rechazar por improcedente la acción de tutela o, su defecto, negar el amparo. Señaló
que en el caso no se cumple con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, puesto que los argumentos expuestos en la demanda lo que buscan
es corregir el criterio de interpretación utilizado por los jueces ordinarios y porque el
accionante cuenta con el requisito extraordinario de revisión para controvertir la
sentencia objeto de juicio.

18. Advirtió que en el caso no se configuran los defectos invocados por cuanto no
existe un precedente vertical ni horizontal en torno de la distribución de las cuotas
partes pensionales entre las entidades concurrentes. Por el contrario, concurren dos
posturas diametralmente opuestas tanto en el Consejo de Estado como en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. La primera, afirma que las cuotas partes pensionales
se distribuyen en atención al tiempo laborado o aportado; y la segunda, que se debe
liquidar en consideración al tiempo servido y al salario percibido por el servicio en cada
una de las entidades, atendiendo los principios de igualdad y proporcionalidad de las
cargas entre las entidades concurrentes.

2.6. Sentencia de primera instancia

19. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, profirió la sentencia del 5
de mayo de 202512, en la que amparó los derechos fundamentales al debido proceso
e igualdad de la parte actora y, en consecuencia, dejó sin efectos la proferida el 27 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación 11001-33-42-057-2017-00197-01; y ordenó al Tribunal, en el término
de diez (10) días, proferir una decisión de reemplazo en la que tuviera en cuenta las
consideraciones expuestas en la providencia de tutela.

9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00016, certificado núm. D111A363784DF557
DF10DFC1A9E8C58C 2170406685A086CE 3A49062CE503BAD9
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00012, certificado núm. 5B88FE0B8AB78783

F118A10B42F63150 17B5B8527C0D5875 121BFEF5A76D398A
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00008, certificado núm. 46605BB1ED95AD7B
D09F60362BF978F1 12291793DB2A91EF ACA5838BDCD3FD0D
12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00020, certificado núm. F559E531005521E4
D4E0AAAC4966CB6B A0A4AB9A2968CBF4 AD0543BE0F890BE0

4

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20. Consideró que el Tribunal desconoció el carácter vinculante de los precedentes
judiciales invocados como desconocidos, pues en la sentencia C-895 de 2009, la Corte
Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 4º (parcial) de la Ley 1066 de
2006 y precisó que las cuotas partes pensionales constituyen un mecanismo de
concurrencia para el pago de pensiones, el cual debe aplicarse a prorrata del tiempo
laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas; y en las
sentencias del Consejo de Estado del 12 de agosto de 2010, 17 de febrero de 2011 y
13 de mayo de 2021 se resolvieron asuntos análogos en los cuales se reiteró que el
único criterio válido para liquidar las cuotas partes pensionales es el tiempo servido en
cada entidad, y no el salario o remuneración devengada por el trabajador.

2.7. Impugnación

21. El departamento de Boyacá, Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional
Territorial de Boyacá, Dirección Departamental de Pasivos Pensionales 13,
impugnó la sentencia de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar,
se declare improcedente la acción de tutela.

22. Señaló que la sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional no constituye
precedente en el caso porque en ella se analizó la prescripción de la acción de cobro
de cuotas partes en el sistema de recobro, mientras que la controversia planteada en
el presente asunto se dirigió a la forma en que se deben distribuir las cuotas partes
pensionales entre las entidades concurrentes. Es decir, el primer caso regulado por la
Ley 1066 de 2006 y, el segundo, por los artículos 29 de la Ley 6 de 1945, así como 2
y 3 de la Ley 33 de 1985.

23. Asimismo, que de no excluir dicha sentencia como precedente debe considerarse
como vinculante respecto de la precisión que allí se hace sobre la liquidación de las
cuotas partes pensionales, esto es, en consideración al tiempo laborado en diferentes
entidades o de las contribuciones efectuadas, regla que permite resolver la cuestión,
en aplicación de los principios de igualdad y proporcionalidad de las cargas entre las
entidades concurrentes.

24. Advirtió que, contrario a lo indicado por el juez de tutela de primera instancia, no
existe precedente vertical ni tampoco horizontal, ya que después de las sentencias de
los años 2010 y 2011 emitidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y que fueron enunciadas por Fonprecon, en el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca se profirieron más de 30 fallos de segunda instancia, entre los años
2015 y 2023, en los que se consideró el tiempo de servicios y salarios devengados
para liquidar las cuotas partes pensionales en las entidades concurrentes.

25. Sobre el particular, manifestó que pueden consultarse, entre otras, las sentencias
del 21 de octubre del 2015, Sección Primera, Subsección C14; 21 de agosto de 2020,
Sección Cuarta, Subsección B15; 7 de octubre 2021, Sección Cuarta, Subsección B16;

13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00024, certificado núm. 1061DF6C7B4C28C5
C5C4608120E3931A B64DF78C4347ECF0 550D7A9C9A4F8F3C.
14 Exp. 11001-33-31-009-2010-00364-00
15
Exp. 11001-33-37-041-2018-00116-01
16 Exp. 11001-33-37-042-2016-00249-01

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3 de diciembre de 2021, Sección Cuarta, Subsección B17; y 26 de enero de 2023,
Sección Cuarta, Subsección B18.

26. Destacó que, el Consejo de Estado en las sentencias del 4 de marzo de 202219 y
del 24 de junio de 202220, al resolver acciones de tutela presentadas por Fonprecon
como consecuencia de los fallos de primera y segunda instancia adoptados en
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, desestimó el defecto sustantivo
alegado en tales casos.

27. Agregó que, revisados los archivos de la Secretaría de Hacienda del departamento
de Boyacá, Dirección Departamental de Pasivos Pensionales, Subdirección
Administrativa, se encontró que contra la Resolución n°. 000850 de 1999, Fonprecon
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad, con
fundamento en la cual se profirieron sentencias del 14 de abril de 2016 y 7 de octubre
de 202121, emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, en las cuales se declaró la nulidad de dicho acto administrativo. Por
tanto, la acción de tutela es improcedente por falta de objeto, en la medida en que ya
no tiene sentido proferir decisión cuando el acto administrativo declarado nulo
parcialmente en la sentencia que es objeto de censura en esta instancia constitucional,
ya había sido anulado anteriormente, de manera que sus efectos ya se extinguieron.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación presentado en contra de la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República (Fonprecon) se encuentra acreditada, toda vez que fue la
entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
se emitió la providencia que censura en esta instancia constitucional.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, debido a que fue
la autoridad judicial que profirió la sentencia objeto de estudio.

31. De igual forma, se evidencia la legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Boyacá, por ser la parte demandante dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se dictó en su favor el fallo objeto de revisión
en la presente acción de tutela.

17
Exp. 11001-33-37-044-2017-00187-01
18
Exp. 11001-33-37-043-2017-00010-02
19 Exp. 11001-03-15-000-2021-07392-01
20
Exp. 11001-03-15-000-2021-07370-01
21 Exp. 25000-23-42-000-2014-02880-00 [01]

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3.3. Problema jurídico

32. La Sala debe determinar si confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia
proferido el 5 de mayo de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que concedió el amparo invocado.

33. Para dichos efectos, decidirá sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, y del principio de legalidad, ante la presunta configuración de los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial en la sentencia del
27 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 11001-33-42-057-2017-00197-01.

34. De esta forma, presentará aspectos generales sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; posteriormente, analizará los requisitos generales
de procedibilidad en el caso concreto y, de encontrarlos superados, pasará al estudio
de las causales específicas que se adviertan procedentes.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado22 como de la Corte
Constitucional23 ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, con el fin de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso
abusivo de este mecanismo constitucional.

36.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

37. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo24. En otras palabras, estos

22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

7

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requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

38. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución25.

3.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

39. En el escrito de amparo, la parte actora expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los que consideró vulnerados sus derechos fundamentales.
Sin embargo, la Sala dirigirá su estudio en torno del defecto desconocimiento de
precedente jurisprudencial y no así con respecto del defecto sustantivo invocado,
teniendo en cuenta que lo cuestionado es el desconocimiento de diferentes
pronunciamientos adoptados tanto en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
como en el Consejo de Estado en relación con las cuotas partes pensionales.

40. La cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que son
procedentes de analizar en casos de tutela contra providencia judicial26. Asimismo,
porque de encontrarse configurado el defecto por desconocimiento de precedente
invocado prosperaría la pretensión de amparo consistente en dejar sin efectos la
sentencia cuestionada.

41. También se satisface el requisito de subsidiariedad porque la parte accionante no
cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de
sus derechos fundamentales.

42. Se cumple el requisito de inmediatez por cuanto la sentencia objeto de censura,
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, data del 27 de septiembre de 2024, y fue notificada por correo
electrónico el 3 de octubre siguiente,27 y el escrito de tutela se presentó el 3 de abril
de 2025,28 esto es, dentro del plazo de los seis meses establecido como razonable
tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional29 como del Consejo de Estado30.

25 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
26 En sentencia del 31 de julio de 2012, emitida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en el expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), se unificó jurisprudencia en torno a
la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse
el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de
defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
27 Samai, exp. 11001-33-42-057-2017-00197-01, índice 00015, certificado núm. 003716F5070A2E92
289D4BAEEA3B0835 B9AEEE24B61DCBB0 A9A955BE63AC711D.
28
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01980-00, índice 00001.
29 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida en un trámite de tutela,
sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad de la presente acción de tutela y, en ese orden, continuará con el
análisis de la causal específica de procedencia «desconocimiento de precedente
jurisprudencial», conforme a los términos planteados por la parte actora.

3.6. Estudio de la causal específica de procedencia de desconocimiento de
precedente jurisprudencial

45. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas31.

46. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que el precedente se define
como aquella sentencia o conjunto de estas que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior32. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso y
el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales.33

31 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:

«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
32
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
33 Se transcribe incluso con errores.

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47. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 34.

48. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si l mismo
o el Tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con
casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»35.

49. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso que puede ser reclamada a través de la acción de tutela36.

50. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación37.

51. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

3.7. Caso concreto

52. El juez de tutela de primera instancia amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República (Fonprecon) y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 27 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 11001-33-42-057-2017-00197-01; y ordenó proferir una

34 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
36 Ibídem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente

horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales».
37 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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decisión de reemplazo en la que se tuvieran en cuenta las consideraciones expuestas
en la providencia de tutela.

53. El departamento de Boyacá impugnó la decisión, al no estar de acuerdo con el
amparo concedido, por lo que solicitó que se revoque y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de tutela. Para dichos efectos, insistió en el hecho de que en el asunto
materia de estudio no existe sentencia de unificación, ni tampoco una línea
jurisprudencial definida.

54. Pues bien, en la sentencia del 27 de septiembre de 2024, objeto de censura, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, estudió
en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentó la entonces Caja de Previsión Social de Boyacá (ahora Fondo Pensional
Territorial de Boyacá), en contra de Fonprecon para que se declarara la nulidad parcial
de la Resolución 000850 de 17 de agosto de 1999, mediante la cual se reconoció y
ordenó el pago de una pensión mensual de jubilación a favor del señor Héctor José
Moreno Reyes, en cuantía equivalente al 75% del último ingreso mensual promedio
que por todo concepto devengaran los representantes y senadores, de conformidad
con la Ley 4 de 1992.

55. El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad
parcial del acto administrativo demandando en cuanto al porcentaje y el valor de la
cuota parte que debía cubrir el departamento de Boyacá en la pensión reconocida y, a
título de restablecimiento del derecho, condenó a Fonprecon a liquidar la cuota parte
a cargo del departamento de Boyacá a prorrata del total del tiempo de la aportación y
remuneración percibida.

56. Lo anterior, bajo la siguiente argumentación:

En ese orden de ideas, se tiene que si bien es cierto, que FONPRECON, al momento del
reconocimiento pensional y designación de la cuota parte pensional correspondiente a
la entonces Caja de Previsión Social de Boyacá tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley 33 de 1985, también lo es, que la asignación de la cuota parte omitió el
contenido del artículo 29 de la Ley 6 de 1945 que se encontraba vigente a la fecha de
expedición del acto, esto es, atendiendo que el monto de la pensión debe ser distribuido
en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de
las entidades de derecho público.

Por consiguiente, la entidad encargada del reconocimiento y pago de la prestación debe
tener en cuenta el valor de dicho emolumento en cada etapa o lapso laboral para efectos
de liquidar las cuotas partes pensionales por el tiempo servido o cotizado en cada una
de las entidades concurrentes; no obstante, se observa que el cálculo efectuado por
FONPRECON tuvo en cuenta de manera indiscriminada el salario y factores salariales
devengados por el pensionado en su cargo en el Senado de la República, resultando de
esta manera una base más elevada frente a los cargos que desempeñó el pensionado
en el Departamento de Boyacá.

57. Lo anterior deja ver que el Tribunal dio aplicación al artículo 29 de la Ley 6 de 1945,
en el que se previó que el monto de la pensión debe ser distribuido en proporción al
tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de las entidades
de derecho público y, en tal sentido, concluyó que se debía liquidar la prestación a
prorrata del total del tiempo de aportación y de la remuneración devengada.

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58. Ahora bien, el juez de tutela de primera instancia encontró que dicho criterio de
aplicación normativa contrariaba tanto la sentencia C-895 de 2009 de la Constitucional
como las sentencias del 12 de agosto de 201038 y del 17 de febrero de 201139
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y, asimismo, la
sentencia del 13 de mayo de 202140 emitida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en las que se ha aceptado como único criterio válido para
liquidar las cuotas partes pensionales el tiempo servido en cada entidad y no el salario
devengado por el trabajador.

59. Dicha conclusión es compartida por la presente Sala de decisión y, por tanto,
anticipa la confirmación de la decisión de primera instancia que encontró configurado
el defecto por desconocimiento de precedente, según se pasa a explicar:

60. En efecto, los pronunciamientos traídos como referente por Fonprecon dan cuenta
de la línea de interpretación que en torno a la aplicación del artículo 29 de la Ley 6 de
1945 ha sostenido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsecciones A y B.

61. A diferencia de lo planteado por el departamento de Boyacá, en su escrito de
impugnación, en la sentencia C-895 de 2009 la Corte Constitucional resaltó que
«entender que el sistema de cuotas partes desapareció con la Ley 100 de 1993,
rompería el principio de equidad en que descansa el sistema pensional, en el cual se
parte del hecho de que los obligados a una pensión, deben contribuir a su pago, en la
parte correspondiente, según las cotizaciones recibidas».

62. En igual sentido, en la sentencia del 13 de mayo de 2021, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se reiteró el criterio jurisprudencial
sostenido en las sentencias del 12 de agosto de 2010 y 17 de febrero de 2011, por
parte de la Subsección B, en las que se indicó que en aquellos casos en que existe
concurrencia en el pago de una pensión, su monto debe distribuirse en proporción al
tiempo de servicio. Sobre el particular, refirió:

Con todo, lo cierto es que con ocasión al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, en aquellos eventos en que existen cotizaciones efectuadas ante varias cajas
de previsión social, la ley previó la distribución del monto de la pensión en proporción al
tiempo servido, de manera que, en lo que al tema concierne, le asiste la razón a la
entidad recurrente cuando afirma que el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 estableció la
forma en que se debe fijar la cuota parte de cada entidad concurrente en el pago de la
pensión, además que la misma Ley dispuso que los trabajadores cuyos salarios se
paguen con cargo a fondos especiales que se formen con el aporte de varias entidades,
gozarán de tales prestaciones con recursos del fondo especial.

63. En el caso, la autoridad judicial accionada no se pronunció respecto a la línea
jurisprudencial que fijó el Consejo de Estado, ni tampoco hizo referencia alguna al
posible criterio que sobre el particular haya adoptado el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en procura de soportar un apartamiento de la interpretación efectuada
por la alta corporación.

38 Exp. 66001-23-31-000-2006-00761-01 (1181-09)
39
Exp. 54001-23-31-000-2003-00630-01 (0802-10)
40 Exp.15001-23-31-000-2012-00206-01 (1459-2016)

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64. En el análisis del asunto, el Tribunal solo trajo a colación la normativa aplicable,
de cuyo tenor concluyó que se debía liquidar la prestación a prorrata del total del
tiempo de aportación y de la remuneración devengada, con lo cual desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado sin ninguna justificación.

65. Ahora, aunque el departamento de Boyacá refiere que en el asunto no existe una
línea jurisprudencial definida, lo cierto es que no referenció pronunciamientos del
Consejo de Estado en los que se otorgue validez a su dicho y que den herramientas a
este juez constitucional para determinar que, sobre el tema, no existe un criterio
jurisprudencial definido por la alta corporación.

66. Asimismo, pese a que trajo como referentes dos fallos de tutela emitidos por el
Consejo de Estado en los que no prosperaron las acciones de tutela presentadas por
Fonprecon, lo cierto es que estos no tienen carácter vinculante, dados sus efectos
entre las partes, es decir, que no pueden ir más allá del caso en estudio; y, de todos
modos, ninguno es aplicable al caso, puesto que, en el primero, no se examinó el fondo
del asunto por considerarse que existía falta de relevancia constitucional, discusión
que hace parte del criterio y autonomía el juez constitucional, y en el segundo, lo que
se analizó fue un defecto sustantivo y no un desconocimiento de precedente
jurisprudencial.

67. Y si bien alude a varios pronunciamientos emitidos por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, proferidos entre los años 2015 y 2023, en los que se consideró el
tiempo de servicios y salarios devengados para liquidar las cuotas partes pensionales
en las entidades concurrentes, en orden a defender la postura jurisprudencial adoptada
por el Tribunal en la providencia objeto de censura, no lo es menos que, si esa era la
postura jurisprudencial de la corporación, era obligación del Tribunal justificar su
apartamiento de la interpretación sostenida por el Consejo de Estado.

68. En otras palabras, aunque es cierto que las autoridades judiciales pueden
apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su
independencia; para que ello ocurra, el operador jurídico «debe hacer referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente
pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia)» 41 y,
además «debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de
manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario
apartarse de sus propias […] (principio de razón suficiente)»42, elementos de los cuales
adolece la sentencia en juicio.

69. Finalmente, se aprecia que el cargo relacionado con la improcedencia de la acción
por falta de objeto no está llamado a prosperar, pues aunque la Resolución n°. 000850
de 1999 fue declarada nula a través de las sentencias del 14 de abril de 2016 y 7 de
octubre de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad con radicado núm.
25000-23-42-000-2014-02880-00 [01], lo cierto es que los efectos de dichas
sentencias corresponden ser aplicados a Fonprecon en vía administrativa, y no a esta

41
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.
42 Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.

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instancia constitucional, en la que fueron cuestionadas providencias judiciales
diferentes.

70.En estos términos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
concedió el amparo invocado.

IV. CONCLUSIÓN

71. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del Fondo de Previsión
Social del Congreso, Fonprecon y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia
cuestionada y ordenó al Tribunal proferir una decisión de reemplazo en la que se
tuvieran en cuenta las consideraciones expuestas en la providencia de tutela.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

YASM/SEJV

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