Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01686-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01686-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01686-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – REVOCA – Se
ampara – configuración de desconocimiento de precedente judicial – inobservancia
de las cargas de transparencia y suficiencia argumentativa / cuota parte pensional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 23 de abril de 2026 por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 2 de marzo de 2026, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
-FONPRECON- interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección B por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, así como el
principio de legalidad.
2. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la sentencia de 21 de
agosto de 20251, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho2 que promovió la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su
contra, cuyo propósito era obtener la nulidad de la resolución por la cual el referido
fondo le reconoció pensión de jubilación al señor Álvaro Araújo Noguera y dispuso
que el pago de la misma estaría a cargo, entre otras, de la mencionada universidad
en una cuota parte.
3.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección A
mediante sentencia del 9 de marzo de 2023 declaró la nulidad parcial del artículo 2º
de la Resolución 1104 del 28 de octubre de 1994 y ordenó al Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República proferir un acto administrativo que determinara
1 Notificada el 25 de noviembre de 2025.
2 Radicado número: 25000-23-37-000-2019-00056-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
la cuota parte a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 6 de 1945.
4. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B mediante fallo de 21 de
agosto de 2025 confirmó la decisión de primera instancia. En lo que interesa a la
presente acción, frente al cargo relativo a que se debía aplicar la Ley 33 de 1985
para resolver la controversia3, sostuvo que no existía contradicción entre el artículo
29 de la Ley 6ª de 1945, aplicada en primera instancia, y el artículo 2 de la Ley 33
de 1985; por el contrario, debían interpretarse de manera armónica, pues la primera
estableció que la cuota parte se calcula no solo con base en el tiempo servido, sino
también en el salario percibido, mientras que la segunda se refirió únicamente al
tiempo laborado; por lo que ante la omisión de la última norma, tenía que acudirse a
la primera, la cual no ha sido derogada.
5. La entidad accionante sustentó que el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B incurrió en un defecto sustantivo, debido a que empleó una norma
subrogada, esto es el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945, y aplicó erradamente la Ley
72 de 1947, el Decreto Legislativo 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, la Ley 33
de 1985 y el Decreto 816 de 2002. Afirmó que la decisión dejó de lado las
modificaciones que con el tiempo ha tenido la definición de la forma como se deben
calcular las contribuciones de las entidades por cuotas partes pensionales.
6. Consideró que, si bien conforme con el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 se dio
origen a la concurrencia entre entidades de derecho público en la financiación de las
pensiones públicas, teniéndose en cuenta el tiempo de servicio y el factor salario,
posteriormente con la Ley 72 de 1947 se modificó la forma de liquidación de las
cuotas partes pensionales al dejar como obligación de las cuotapartistas el
reembolso del valor que les correspondiera únicamente calculándose sobre el tiempo
de servicio, lo que excluía el factor salario, lo cual se verifica de la lectura de las leyes
y decretos antes enunciados.
7. También alegó la configuración de un desconocimiento del precedente judicial,
por cuanto existe jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado que determinan que las cuotas partes se asignan a prorrata del
tiempo servido y no tomando en consideración los salarios devengados en cada
entidad, como era la regla de la Ley 6ª de 1945.
8. Para ello, citó las siguientes sentencias: (i) C-895 del 2 de diciembre de 2009 de
la Corte Constitucional, (ii) 12 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, radicación 66001-23-31-000-2006-00761-01;
(iii) 17 de febrero de 2011, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, radicación 54001-23-31-000-2003-00630-01; (iv) 13 de mayo de
2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
radicación 15001-23-31-000-2012-00206-01; (v) 14 de noviembre de 2019, proferida
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, radicación 11001-03-
15-000-2019-04266-00 (AC); (vi) 5 de mayo de 2025, proferida por la Sección
3 Aspecto sobre el cual se basa la presente acción.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, radicación 11001-03-15-000-2025-
01980-00 (AC); y, (vii) 18 de enero de 2017, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, radicación 11001-03-15-000-2016-03385-
00(AC).
B. Sentencia de primera instancia
9.
En fallo de 23 de abril de 2026, el Consejo de Estado – Sección Cuarta declaró
improcedente el amparo. Indicó que el defecto sustantivo alegado no superaba el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que se reiteraron los mismos
argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, solo que bajo la
caracterización del defecto sustantivo, reparos resueltos por el órgano de cierre; por
lo que se pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional para insistir
nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos y resueltos por el juez
natural.
10. Frente al desconocimiento del precedente judicial, adujo que la sentencia C-859
de 2009 no se refería al punto concreto objeto de controversia en el proceso
ordinario, esto es si solo debe tenerse en cuenta el tiempo laborado o si además el
salario devengado para liquidar la cuota parte pensional. Por su parte, la sentencia
del 17 de febrero de 2011 se trata de un caso de reliquidación del sector docente
que no tiene que ver con la situación fáctica analizada. La sentencia del 12 de agosto
de 2010 se discutió un tema relacionado con el contrato que el departamento de
Risaralda celebró con la extinta Cajanal y la entidad llamada a responder por la
respectiva cuota parte pensional, la cual incluso se descartó como precedente en la
sentencia de tutela del 14 de noviembre de 2019 que el mismo actor citó, al ser
disímil con el caso concreto.
11. Indicó que si bien sí había casos con similitud fáctica al presente, como lo era la
sentencia del 13 de mayo de 2021, aquella fue emitida por una Subsección distinta
a la que profirió la decisión acusada, y la interpretación de cada subsección es
autónoma y no puede exigirse un criterio en uno u otro sentido, máxime cuando no
se trata de sentencias de unificación cuya observancia sí sería obligatoria. Por otra
parte, el fallo de tutela de 5 de mayo de 2025, aunque acoge la tesis de la Subsección
A, no debe olvidarse que la decisión discutida fue emitida por un órgano de cierre y
por la Sección experta en temas laborales y de seguridad social, a lo cual debe darse
prevalencia.
12. Concluyó que lo que se evidenciaba era que el actor pretendía insistir en la postura
que desde el inicio del proceso ordinario ha defendido, pero ahora en sede de tutela,
con antecedentes jurisprudenciales acordes a sus intereses. Resaltó que tratándose
de providencias judiciales proferidas por altas Cortes se exige la configuración de un
error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta
con la Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia
constitucional, lo cual no acontecía en el sub examine.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
C. La impugnación
13.
La parte accionante reiteró los argumentos del escrito de tutela, referentes a la
existencia del defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente judicial.
14.
Adicionó que, tanto la autoridad accionada como el juez constitucional de primera
instancia obviaron que la Ley 6ª de 1945 artículo 29 consagraba una liquidación de
cuotas partes pensionales que tomaba en consideración tanto el tiempo de servicio
como los salarios del pensionado en la entidad concurrente, pero que era evidente
que tanto el artículo 21 de la Ley 72 de 1947, como el artículo 28 del Decreto Ley
3135 de 1968, determinaron que aquellas se calculaban a prorrata del tiempo de
servicio, excluyendo de esa forma el factor salario. Lo anterior, corresponde a una
derogatoria tácita parcial de la forma de liquidación de cuotas partes prevista en el
artículo 29 de la Ley 6ª de 1945. También agregó como desconocida la sentencia de
tutela de 18 de marzo de 2018, expedida por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, radicado 11001-03-15-000-2019-04266-00(AC).
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. Análisis del caso concreto
16. La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar,
amparar los derechos fundamentales invocados.
17. Como cuestión previa, se resalta que, aunque la parte accionante alega la
configuración de dos defectos, el sustantivo y el desconocimiento del precedente
judicial, el análisis se centrará únicamente en este último, en la medida en que el
juez natural del asunto debe volver a realizar un análisis de las normas aplicables al
caso concreto con fundamento en la línea jurisprudencial, y mal haría el juez de
tutela en limitar el ejercicio de su autonomía conceptuando sobre la interpretación
de las normas, so pretexto de resolver el alegado defecto sustantivo.
18. Teniendo claro lo anterior, se advierte que el presente asunto satisface los
requisitos generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de
amparo contra providencia judicial.
19. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al
haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en
esta oportunidad trasciende el ámbito de una simple discrepancia interpretativa o de
.4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
mera legalidad y es de relevancia constitucional. Ello, por cuanto persigue la efectiva
protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión del
desconocimiento del precedente en el que habría incurrido la autoridad judicial
accionada, al examinar la procedencia de la reliquidación de su cuota parte
pensional reclamada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
20.
En ese sentido, lo que se somete a consideración de juez de tutela no se limita a
la corrección de la providencia censurada por un desacuerdo de criterios, sino a la
observancia del precedente horizontal aplicable en materia de las cuotas partes
pensionales; asunto que, sin lugar a duda, guarda estrecha relación con la garantía
efectiva de derechos fundamentales, así como con los principios de igualdad y
seguridad jurídica.
21. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo judicial
idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos fundamentales que
estima transgredidos a causa de la providencia cuestionada, toda vez que se trata
de una sentencia de segunda instancia mediante la cual culminó el proceso ordinario
y los reparos que le fueron endilgados no son susceptibles de ser encauzados a
través de algún recurso extraordinario; (ii) la solicitud de amparo fue ejercida
oportunamente, pues fue presentada el 2 de marzo de 2026 y el fallo cuestionado
notificado el 25 de noviembre de 2025, es decir, dentro de un término razonable; y,
(iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un
proceso de la misma naturaleza, o contra una de aquellas providencias respecto de
las cuales este mecanismo constitucional es absolutamente improcedente.
22. Teniendo claro lo anterior y, una vez superado el estudio de los requisitos
generales, corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada incurrió en la
causal específica de procedibilidad atribuida por la parte actora.
23. La jurisprudencia constitucional ha definido el precedente judicial como el
conjunto de sentencias previas al caso sometido a consideración de una autoridad
judicial que, por su relevancia y pertinencia para resolver el problema jurídico
planteado, deben ser tenidas en cuenta por el fallador para su resolución 5.
24. La observancia del precedente encuentra fundamento en los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, que se orientan a garantizar que
situaciones fácticas y jurídicas análogas reciban un tratamiento uniforme por parte
de las autoridades judiciales, evitando decisiones arbitrarias o contradictorias que
comprometan la integridad del orden jurídico y el derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia.
25. Según la autoridad judicial que profiera la decisión, la Corte ha distinguido el
precedente en dos clases: el horizontal y el vertical. El primero alude al deber que
tienen los jueces de ser consistentes sobre sus propias decisiones y respecto de
aquellas tomadas por autoridades de igual jerarquía. En segundo se refiere a la
5 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-220 de 2023 y T-042 de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
obligación de acatar los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción6. El
carácter vinculante del precedente de las Altas Cortes se deriva de su carácter de
órganos de cierre de cada jurisdicción.
26. A efectos de determinar si una sentencia constituye precedente aplicable al caso
concreto se requiere que: (i) la ratio decidendi de la decisión anterior contenga una
regla jurisprudencial pertinente para abordar el asunto bajo estudio; (ii) dicha regla
resuelva un problema jurídico semejante al debatido en el nuevo caso; y (iii) que los
supuestos fácticos guarden similitud con aquellos analizados previamente7.
27. De encontrar acreditados los supuestos anteriores, la Corte8 ha precisado que el
operador judicial puede apartarse del precedente, siempre que cumpla con una
exigente carga argumentativa. Esta comprende, por un lado, el deber de
transparencia, que consiste en identificar de manera expresa la existencia de la regla
jurisprudencial previamente fijada para casos análogos y, por otro, un deber de
suficiencia, que impone exponer razones suficientes, razonables y serias que
justifiquen el apartamiento.
28. No basta alegar un desacuerdo frente al criterio interpretativo, sino que el
funcionario tiene la obligación de demostrar que la regla jurisprudencial ha perdido
vigencia para decidir casos futuros, ya sea por cambios normativos, sociales o de
contexto que sustenten la necesidad de redefinirla. De esta manera se armoniza la
fuerza vinculante del precedente con los principios de autonomía e independencia
judicial y con el carácter dinámico del derecho.
29. En ese orden, el desconocimiento del precedente se configura cuando la
autoridad judicial omite aplicar una regla jurisprudencial vinculante y plenamente
aplicable al asunto sometido a su conocimiento, sin cumplir con la carga
argumentativa antes descrita.
30. Para sustentar la ocurrencia del desconocimiento del precedente, la parte
accionante afirmó que la autoridad demandada se apartó de la jurisprudencia
pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que
determinan que las cuotas partes se asignan a prorrata del tiempo servido y no
tomando en consideración salarios devengados en cada entidad, como era la regla
de la Ley 6ª de 1945.
31. Se observa que en el fallo acusado el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B indicó que forma general que no existía contradicción entre el artículo
29 de la Ley 6ª de 1945 y el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, por lo que debían
interpretarse de manera armónica, ya que el primero estableció que la cuota parte
debe calcularse con base en el tiempo servido y el salario percibido, en tanto que el
segundo se refiere únicamente al tiempo laborado; en esa medida, ante la omisión
6 Al respecto, ver sentencias T-309 de 2015 y SU-113 de 2018.
7 Al respecto, ver, entre otras, sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-042 de 2026.
8 En sentencia SU-395 de 2017.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de la última norma, debía acudirse a la primera que no ha sido derogada, criterio
que -a su juicio- tenía la Corporación. Es decir, dio aplicación al artículo 29 de la Ley
6ª de 1945, en el que se previó que el monto de la pensión debe ser distribuido en
proporción al tiempo servido y al salario del trabajador.
32. Sin embargo, dicha conclusión riñe con otro criterio jurisprudencial que, para el
momento en que fue adoptada la decisión cuestionada se venía aplicando al interior
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en torno al artículo 29 de la Ley 6ª
de 1945, según el cual en aquellos casos en que existe concurrencia en el pago de
una pensión, su monto debe distribuirse únicamente en proporción al tiempo de
servicio, no con el salario devengado por el pensionado. Lo anterior se puede
apreciar en variadas y reiteradas decisiones emitidas por las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado9.
33. En ellas, esta Corporación había indicado que el marco normativo relativo a las
cuotas partes pensionales se remonta a lo establecido en la Ley 6ª de 1945,
mediante la cual se dispuso la creación de la Caja de Previsión Social de los
Empleados y Obreros Nacionales, como la entidad encargada del reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de los empleados, entre ellas, de la pensión de
jubilación. El artículo 29 de dicha norma se refirió a la acumulación de tiempo de
servicio y la obligación del pago proporcional, en los siguientes términos “Los
servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho
público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el
monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido
y al salario o remuneración devengados en cada una de aquéllas (…)”.
34. Luego, el artículo 21 de la Ley 72 de 1947 estableció el derecho del trabajador a
exigir el pago total de la pensión de jubilación a la Caja de Previsión Social a la que
se encontrara afiliado al momento de cumplir el tiempo de servicio, quien a su vez
podía repetir a prorrata contra las demás entidades obligadas a contribuir en el pago
de la mesada pensional. Concretamente determinó que “(…) La Caja pagadora
repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, habida consideración del tiempo de servicio del empleado en cada una
de las entidades oficiales”. Procedimiento que se reglamentó con los Decretos 2921
de 1948 y 3135 de 1968.
35. ElDecreto Ley 3135 de 1968, en su artículo 28, dispuso que la entidad de
previsión obligada al pago de la pensión de jubilación tendrá derecho a repetir contra
los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido en ellos. Posteriormente, la Ley 33 de 1985, artículo 2, reiteró el derecho de
9 Se pueden consultar las siguientes decisiones que esa postura: sentencias del 12 de agosto de 2010, exp.
66001-23-31-000-2006-00761-01 (1181-09), del 17 de febrero de 2011, exp. 54001-23-31-000-2003-00630-01
(0802-10), 13 de mayo de 2021, exp. 15001-23-31-000-2012-00206-01(1459-2016), 19 de mayo de 2022, exp.
25000-23-25-000-2011-01335-01, 10 de julio de 2024, exp. 11001-03-27-000-2014-00148-00 (0281-2015);
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Asimismo, la sentencia del 13 de
mayo de 2021, exp.15001-23-31-000-2012-00206-01 (1459-2016); emitida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
las cajas de previsión obligadas al pago pensional a repetir contra las demás
entidades por el tiempo que el trabajador hubiere servido o aportado.
36. Posteriormente, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, reiteró el derecho a la
acumulación de tiempos para el reconocimiento de la pensión de jubilación y
atribuyó al Gobierno la reglamentación de las condiciones para el pago de las cuotas
partes correspondientes. A través del Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la
anterior Ley, se estableció la obligación de las entidades a las cuales se efectuaron
los aportes, de contribuir con la entidad pagadora en la cuota parte respectiva, y en
su literal a) se estableció que “Si todos los aportes utilizados corresponden a
períodos anteriores al 19 de diciembre de 1988, la cuota parte a cargo de cada
entidad de previsión será la proporción del valor de la pensión, igual al tiempo
aportado a esta entidad dividido por el tiempo total de aportación”.
37. Con fundamento en dicha evolución normativa, la Sección Segunda de esta
Corporación, empezó a considerar en sus distintas decisiones que el artículo 29 de
la Ley 6º de 1945, sufrió una serie de modificaciones a partir de la Ley 72 de 1947,
al señalar que para efectos de liquidar las cuotas partes pensionales que les
corresponden a cada empleador, aquellas se determinan en atención al período
laborado.
38. La Sala no desconoce que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial,
las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes, más aún si se trata
de un órgano judicial de cierre, que tiene a su cargo orientar la hermenéutica
respecto a determinadas disposiciones y, de ser el caso, unificar criterios
interpretativos y fijar reglas que permitan una aplicación uniforme del derecho.
39. No obstante, tal facultad exige, tal como se explicó párrafos atrás, el cumplimiento
estricto de las cargas de transparencia y suficiencia argumentativa, a efectos de no
quebrantar la garantía de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Ello implica,
de una parte, identificar expresamente el precedente del cual se pretende apartar,
sin omitirlo o ignorarlo, y de otra, exige ofrecer razones serias, suficientes y
razonadas que expliquen por qué resulta necesario abandonar la regla
jurisprudencial previamente fijada, lo que se echa de menos en la sentencia
objetada.
40. En ese sentido, le correspondía a la autoridad judicial accionada explicar de forma
razonada y suficiente los motivos por los cuales acogió una postura y descartó la
otra. En su decisión obvió referirse al anterior criterio hermeneútico; y tampoco
expuso si había un cambio de línea jurisprudencial, ni esgrimió argumentos
tendientes a explicar el motivo por el cual, en ese caso concreto, se debía que
redefinir el criterio y calcular la cuota parte pensional con base en el tiempo servido
y el salario percibido, y no únicamente con el primero, tal como se venía haciendo
en otras decisiones similares.
41. A
pesar de que la autoridad judicial accionada citó dos sentencias de esta
Corporación, proferidas en 2021, aquellas corresponden a los fallos de tutela
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
proferidos en los casos 1001-03-15-000-2021-07370-00 y 11001-03-15-000-2021-
07392-00, por la Sección Segunda – Subsección B y la Sección Quinta,
respectivamente. En contraste, no se hace referencia a decisiones recientes de la
Sección Segunda, como Sala especializada.
42. Por otro lado, la misma Sala de Subsección, en fallo de tutela del 7 de julio de
202510, al resolver un asunto con contornos fácticos y sustantivos similares al que
ahora se estudia, sostuvo de forma categórica que existe una línea de interpretación
en torno a la aplicación del artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 sostenida tanto por la
Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecciones A y B, en la cual se ha establecido que en aquellos casos en que
existe concurrencia en el pago de una pensión, su monto debe distribuirse en
proporción al tiempo de servicio. Concluyendo que el Tribunal allí accionado “(…)
solo trajo a colación la normativa aplicable, de cuyo tenor concluyó que se debía
liquidar la prestación a prorrata del total del tiempo de aportación y de la
remuneración devengada, con lo cual desconoció la jurisprudencia del Consejo de
Estado sin ninguna justificación”.
43. Aunque dicha decisión, al igual que las citadas en la providencia objetada, sólo
tiene efectos inter partes, al ser dictada en el marco de una tutela, evidencia que la
Sala de Subsección hoy accionada, apenas un mes antes había advertido la
existencia de una postura pacífica y uniforme sobre el asunto objeto de discusión,
que dista de la adoptada en la providencia censurada.
44. Conforme a lo anterior, a la autoridad accionada le concernía justificar su
determinación a partir de un análisis serio, consistente y actualizado del precedente
aplicable, particularmente del fijado por su misma Subsección, dada su fuerza
vinculante como órgano de cierre de la jurisdicción, más aún tratándose de un
asunto pensional.
45. Aunque el a quo, descartó que varias de las decisiones citadas por la parte
accionante puedan tomarse como precedente, por diferencias puntuales en las
situaciones estudiadas, la Sala estima que ese ejercicio de distinción le corresponde
al juez natural, en especial teniendo en cuenta que en el fallo de tutela del 7 de julio
de 2025, que se acaba de citar, la Sección Segunda – Subsección B, se refirió
expresamente a varias de esas decisiones (las proferidas el 12 de agosto de 2010,
el 17 de febrero de 2011 y el 13 de mayo de 2021) y las consideró como parte de
la línea jurisprudencial que la corporación ha construido sobre el tema.
Puntualmente, señaló lo siguiente:
“58. Ahora bien, el juez de tutela de primera instancia encontró que dicho criterio de
aplicación normativa contrariaba tanto la sentencia C-895 de 2009 de la
Constitucional como las sentencias del 12 de agosto de 201011 y del 17 de febrero
10 Fallo del 7 de julio de 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-01980-01, accionante: Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República, accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
11 Exp. 66001-23-31-000-2006-00761-01 (1181-09).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de 201112 proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y,
asimismo, la sentencia del 13 de mayo de 202113 emitida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en las que se ha aceptado como único criterio
válido para liquidar las cuotas partes pensionales el tiempo servido en cada entidad
y no el salario devengado por el trabajador.
59. Dicha conclusión es compartida por la presente Sala de decisión y, por tanto,
anticipa la confirmación de la decisión de primera instancia que encontró configurado
el defecto por desconocimiento de precedente, según se pasa a explicar:
60. En efecto, los pronunciamientos traídos como referente por Fonprecon dan
cuenta de la línea de interpretación que en torno a la aplicación del artículo 29 de la
Ley 6 de 1945 ha sostenido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsecciones A y B” (Subrayado propio).
46. De acuerdo con lo expuesto, se concederá el amparo solicitado. En
consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B para que, en su lugar,
dicha autoridad, bajo la autonomía e independencia judicial que le asiste, emita una
nueva decisión en la que examine el asunto puesto a su consideración, observando
las cargas de transparencia y suficiencia que impone el orden constitucional, a fin
de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales comprometidos.
47.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala REVOCARÁ la sentencia de 23 de abril
de 2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
48.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 21 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 25000-23-37-000-2019-00056-01. En su lugar, dicha autoridad
judicial, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, deberá proferir una decisión de reemplazo, que tenga en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
12 Exp. 54001-23-31-000-2003-00630-01 (0802-10).
13 Exp.15001-23-31-000-2012-00206-01 (1459-2016).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01686-01
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
14 VF
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