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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-27-000-2014-00148-00

Fecha
10 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-27-000-2014-00148-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones. SEGUNDO: RECONOCER al abogado IVAN FELIPE GARCÍA RAMOS como apoderado general del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al poder general judicial aportado el 6 de julio de 202038, en atención a su 38 Índice 047 Samai. 36 Número interno: 0281-2015 Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros solicitud del 4 de marzo de 202439. En consecuencia, se tiene por revocado el poder que le había sido conferido al abogado Jorge David Estrada Beltrán, presentado el 15 de octubre de 201940. TERCERO: RECONOCER a la sociedad PANIAGUA & COHEN ABOGADOS SAS, representada legalmente por ANGELICA MARGOTH COHEN MENDOZA, como apoderada principal de la parte actora y a la abogada SANDRA PAOLA ANILLO DIAZ como su apoderada sustituta, conforme al poder general sustitución aportados el 10 de octubre de 202241. En consecuencia, se tiene por revocado el poder que le había sido conferido a la abogada Bertha Marcela Orjuela Russi42 CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría ARCHIVAR el expediente previas las anotaciones que correspondan. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-27-000-2014-00148-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-27-000-2014-00148-00 (0281-2015)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Demandados : Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Ministerio de Salud y de la Protección Social -
Ministerio de Trabajo
Medio de control : Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Circular 69 de 4 de noviembre de 2008, expedida de
manera conjunta por los ministros de la Protección
social y Hacienda y Crédito Público por la cual se
fijan «instrucciones en relación con el procedimiento
para el cobro de las cuotas partes pensionales y
otros aspectos relacionados»
Decisión : Sentencia de única instancia

Se procede a proferir sentencia en el proceso con el radicado del asunto, por
el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, promovido
por la Administradora Colombiana de Pensiones en contra de algunos apartes
de la Circular 69 de 4 de noviembre de 2008, expedida en forma conjunta por
los Ministerios de Protección Social y de Hacienda y Crédito Público.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

La Administradora Colombiana de Pensiones, a través de su Vicepresidente
Jurídico y Secretario General, el 29 de octubre de 20142, presentó demanda a
través del medio de control de nulidad con la pretensión de declarar la nulidad

1
Folios 1 a 44.
2
Índice 001 Samai.

2

Número interno: 0281-2015
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

de algunos apartes de la Circular Conjunta 69 del 4 de noviembre de 20083,
expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección
Social, mediante la cual se imparten instrucciones en relación con el
procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensionales y otros aspectos
relacionados, la cual, se transcribe a continuación, excepto su numeral 3 que
fue declarado nulo por la Subsección A de esta Sección, en sentencia del 28
de junio de 20124. Los contenidos acusados se destacan en negrilla:

“CIRCULAR CONJUNTA 69 DE 2008

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social en
ejercicio de las facultades establecidas en los Decretos 246 de 2004 y 205 de
2003, respectivamente, se permiten impartir las siguientes instrucciones en
relación con el procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensionales y
otros aspectos relacionados.

1. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES

La cuota parte pensional, es el mecanismo de soporte financiero de la pensión
que permite el recobro que tienen que efectuar las Cajas, Fondos de Previsión
Social o la entidad reconocedora de una prestación pensional, con cargo a las
entidades en las cuales el trabajador cotizó o prestó sus servicios, de
conformidad con lo señalado en los Decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969, en
las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

Para el cobro de las cuotas partes pensionales a cargo de las Cajas, Fondos
o entidades de previsión, es necesario ceñirse al procedimiento establecido
en el artículo 2° de la Ley 33 de 1985, a saber:

“Artículo 2°. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación,
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas o contra
las respectivas cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será
notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de
quince días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por
ellos”.

3
Folios 51 a 53.
4
Radicado Número interno 0584-2009.

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Número interno: 0281-2015
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

Es pertinente mencionar que la precitada ley recogió lo señalado por los
Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969, que establecían el procedimiento
para el reconocimiento y pago de pensiones donde concurren en el pago
una o varias entidades a prorrata del tiempo cotizado o servido, para lo
cual la Caja de Previsión obligada al pago de una pensión, en ejercicio de
su derecho repetirá contra los organismos no afiliados a ella, o contra las
demás entidades de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos.

Con fundamento en las anteriores disposiciones, la entidad llamada a
reconocer y pagar la prestación debe cumplir con el procedimiento
establecido para tal fin, esto es, remitir a la(s) entidad(es) concurrente(s) en
el pago de la prestación el “Proyecto de Resolución” mediante el cual se
concede la pensión solicitada, a efectos de que en el término de 15 días
manifieste(n) si acepta(n) u objeta(n) la cuota parte asignada. Por lo anterior
será necesario que en su oportunidad la entidad de previsión verifique que
dicho trámite se haya cumplido.

Con el “Proyecto de Resolución”, se deben remitir los documentos que
acrediten el derecho e identificación del beneficiario de la prestación, así
como: Documento de Identificación bien sea la cédula de ciudadanía o la
cédula de extranjería, la partida de bautismo o el registro civil de nacimiento
según corresponda, las certificaciones expedidas por el funcionario
competente de las entidades donde prestó sus servicios donde conste:
tiempos de servicios, factores salariales y la entidad de previsión a la cual
fueron efectuados los aportes correspondientes. Procedimiento este que
en su oportunidad la entidad llamada a reconocer y pagar la cuota parte
debe verificar.

Una vez reconocida la prestación, copia del acto administrativo se remitirá
a las entidades concurrentes.

El procedimiento descrito en los Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969 y en
el artículo 2° de la Ley 33 de 1985, debe haberse cumplido ante la entidad
obligada para que proceda el cobro de cualquier cuota parte.

Cuando la pensión de jubilación ha sido objeto de reliquidación, sustitución
o se ha visto afectado su monto o titular, deberá enviarse copia del acto
administrativo a la entidad concurrente para su validación respectiva.

2. CUENTAS DE COBRO Y SUS REQUISITOS:

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Número interno: 0281-2015
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

Una vez aceptada la cuota parte pensional o acaecido el silencio
administrativo positivo, se debe presentar la cuenta de cobro ante la
entidad respectiva, cuenta que debe venir debidamente diligenciada y con
el lleno de los requisitos establecidos por la ley, así:

a) Que las cuotas partes que se cobran no se hayan suprimido de
conformidad con la Ley 490 de 1998 y Decreto 1404 de 1999;

b) Que se hubiera surtido el procedimiento de aceptación señalado
anteriormente;

c) Que no se encuentren prescritas.

Debe acompañarse:

a) Actos Administrativos de reconocimiento de las prestaciones donde se
haya aplicado la figura de la cuota parte pensional (pensión de jubilación,
reliquidaciones, sustituciones, etc.) y los soportes que dieron origen al
reconocimiento de la prestación tales como: registro civil de nacimiento,
certificados de tiempos de servicios y de factores de salario;

b) Acto administrativo de la entidad concurrente donde acepte la obligación
impuesta o la constancia de su notificación y del silencio administrativo
positivo.

3. PRESCRIPCION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES5

[…]

4. INTERESES GENERADOS SOBRE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES

Respecto del cobro de intereses de las cuotas partes pensionales es de aclarar
que se hacen exigibles a partir del pago de la mesada pensional; esto es, la tasa
de interés prevista en el artículo 4° de la Ley 1066 de 2006, se causa a partir de
esa fecha y hasta el pago final por la entidad obligada. En estricto sentido, esta
tasa de interés se aplica a la obligación durante todo el tiempo que esta se
encuentre vigente y, por tanto, no hay diferencia entre interés corriente y
moratorio.

5
Numeral declarado nulo por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Radicado
11001-03-25-000-2009-00026-00 (0584-09) sentencia del 28 de junio de 2012.

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Número interno: 0281-2015
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

Respecto del interés que devengan las obligaciones por concepto de cuotas
partes pensionales con anterioridad a la vigencia de la Ley 1066 de 2006, es
preciso señalar que de acuerdo con lo expuesto por la honorable Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto número 732 del 3
de octubre de 1995, en materia de intereses moratorios relacionados con los
créditos a favor del Tesoro Público, se debe aplicar el artículo 9° de la Ley 68 de
1923 que establece un interés a la rata del 12% anual desde que se hace exigible
hasta que se verifique el pago.

Por ello a las obligaciones por cuotas partes pensionales, a partir de la vigencia
de la Ley 1066 de 2006 se les aplicara el DTF para cada mes de mora, para las
cuotas partes pensionales anteriores a la vigencia de la citada ley se aplicará la
Ley 68 de 1923, esto es un interés del 12% anual.”

1.2 Normas violadas y concepto de violación

La parte actora indica como normas violadas los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política.

En el concepto de violación explica que, en el acto administrativo enjuiciado
se estableció un procedimiento para el cobro de cuotas partes. Este proceso
requiere que, antes de emitir el acto administrativo final que reconoce la
pensión, se elabore un proyecto de resolución. Dicho proyecto se envía al
interesado para su aprobación, y si transcurren 15 días hábiles sin que la
entidad emita un pronunciamiento, se considera que ha operado el silencio
administrativo positivo.

El accionante considera que el sistema de consulta de cuotas partes impone
cargas injustificadas y desproporcionadas a los afiliados, que son servidores
públicos, al tramitar sus pensiones. Esto no solo afecta el bienestar mínimo de
los ciudadanos que esperan una pronta solución a las prestaciones, sino que
también resulta en una vulneración de sus derechos.

Menciona que, el problema de violación se relaciona con la naturaleza de la
seguridad social, ya que es (i) un derecho fundamental que no debería estar
sujeto a consideraciones meramente financieras y (ii) un servicio público que
debe ofrecerse de manera continua e ininterrumpida.

6

Número interno: 0281-2015
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

Señala que, mediante el Auto 320 del 30 de enero de 2014, la Corte
Constitucional exhortó a Colpensiones para que aplicara el artículo 9 de la Ley
797 de 2003, que establece que los fondos no pueden alegar que las diferentes
cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte. La Corte encontró
que el procedimiento establecido para el reconocimiento de pensiones
financiadas con cuota parte podría ser contrario a esta disposición, basándose
en información proporcionada por Colpensiones sobre trámites prestacionales
suspendidos debido a la falta de consulta previa. Colpensiones propuso como
solución equiparar las cuotas partes a los bonos pensionales, que no están
sujetos a consulta y se pagan de manera inmediata.

La Corte Constitucional, en su Auto 130 del 13 de mayo de 2014, analizó esta
propuesta y declaró la inaplicación de la Circular 069 de 2008, argumentando
que contravenía los artículos 48 y 53 de la Constitución, por dificultar el pago
de pensiones y se oponía a la jurisprudencia establecida sobre el derecho
pensional y su financiación.

La Corte Constitucional ordenó a Colpensiones iniciar una acción de nulidad
ante el Consejo de Estado, mediante el Auto 259 del 9 de septiembre de 2014,
basándose en que la Circular 069 no se adecuaba a la legislación pertinente y
vulneraba la Ley 797 de 2003. Al no proceder el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a modificar la circular, la Corte determinó la necesidad de
iniciar el trámite de nulidad para proteger los derechos fundamentales de los
afiliados del régimen de prima media con prestación definida.

En 2014, Colpensiones presentó ante el Consejo de Estado una acción de
nulidad contra la Circular 069 de 2008, junto con la suspensión provisional del
acto administrativo acusado, con el fin de evitar la consecución de los efectos
ilegales producidos por parte de la circular demandada la cual representa una
amenaza a los derechos fundamentales de petición y seguridad social, así
como la garantía al pago oportuno de las prestaciones.

1.3 Trámite procesal.

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Número interno: 0281-2015
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

La demanda fue repartida inicialmente a la Sección Cuarta de esta
Corporación6. Por auto del 15 de diciembre de 20147, el expediente fue
remitido por competencia a la Sección Segunda, por cuanto la Sección Cuarta
consideró que “el análisis de legalidad que el problema jurídico demanda, tiene que hacerse
en el marco del derecho laboral y de seguridad social” .

Por reparto del 29 de enero de 2015 correspondió al despacho del Consejero
Alfonso Vargas8. Mediante auto del 9 de octubre de 20179 se admitió la
demanda por satisfacer los requisitos exigidos en los artículos 162 y s.s. del
CPACA. En consecuencia, se ordenó notificar por estado a la parte actora y
personalmente a los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Salud y
Protección Social, al representante del Ministerio Público y al Director General
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así mismo, se dispuso
correr traslado de la demanda por treinta (30) días. Por auto aparte de la
misma fecha se corrió traslado de la medida cautelar a los mismos
Ministerios10.

Mediante providencia proferida el 2 de mayo de 201811, el Consejero
sustanciador negó la medida de suspensión provisional del acto administrativo
demandado. Lo anterior, fundado en que “solo a través de una valoración exhaustiva
de la normativa y de los medios probatorios pertinentes se podrá establecer si la Circular 69
del 4 de noviembre de 2008, quebranta los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, en
cuanto establece un procedimiento administrativo para el cobro de las cuotas partes” .

Por auto del 14 de enero de 201912, se fijó fecha para realizar la audiencia
inicial, diligencia que se empezó el 13 de marzo de 201913 y fue suspendida
en la misma fecha, toda vez que se vinculó al Ministerio de Trabajo, debido a
sus competencias para participar en la “formulación y evaluación de las políticas,
planes, programas y proyectos en materia de pensiones” , según lo previsto en el

Decreto 4107 de 2011.

6
Índice 002 Samai folio 126.
7
Índice 006 Samai folios 128 a 130.
8
Índice 010 Samai folio 133.
9
Índice 012 Samai folio 135 a 137.
10
Índice 013 Samai Cuaderno medida folio 92.
11
Índice 028 Samai cuaderno medida folio 121 a 123.
12
Índice 033 Samai folio 160.
13
Índice 038 Samai folios 167 grabación 168 a 172 acta.

8

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandados: Nación – Ministerios de Hacienda y Crédito Público y otros

A través de auto del 1° de abril de 202414, se resolvió: (I) Adecuar el trámite
del presente asunto a las previsiones contenidas en el artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, relativos a la
sentencia anticipada y (II) Abstenerse de realizar la audiencia programada
para el 3 de abril de 2024.

1.4 Intervención de los Ministerios que expidieron la Circular acusada

1.4.1 Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El apoderado del Ministerio contestó la demanda por memorial radicado el 11
de enero de 201815, con oposición a las pretensiones y solicitó desestimar la
solicitud de suspensión provisional de la Circular 069 de 2008, porque no tiene
carácter normativo sino ilustrativo de las reglas legales aplicables a los
reconocimientos de pensión que deben financiarse con cuotas partes
pensionales. En este sentido, el legislador instituyó la consulta como un paso
necesario y obligatorio para determinar y consolidar la cuota parte pensional
como mecanismo de financiación, antes que ocurra el pago de las mesadas.

Argumentó que las cuotas partes pensionales son el soporte financiero para
pensiones causadas por acumulación de tiempos de servicio público o
cotizaciones en entidades de previsión. La entidad obligada a pagar la pensión
debe notificar a las entidades concurrentes el proyecto de liquidación por 15
días, emitiendo una resolución definitiva al término y las entidades deudoras
deben responder por las cuotas partes si aceptan su obligación o incurren en
aceptación tácita al no pronunciarse en 15 días.

Respecto al contenido de la circular, afirmó que no crea, modifica, ni extingue
derechos u obligaciones, sino que recoge las normas vigentes sobre
reconocimiento, cobro y pago de cuotas partes pensionales para su aplicación
uniforme.

Afirmó que el procedimiento de consulta vigente no impone cargas adicionales
al afiliado, ya que es responsabilidad de la administradora llevarlo a cabo y
que dicha consulta fortalece la actuación de la administradora, al informar al

14
Índice 073 Samai folios 238-239.
15
Folios 154 a 158.

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presunto codeudor sobre su participación en la pensión y dándole tiempo para
pronunciarse, promoviendo así el debido proceso a favor del deudor. Además,
la existencia de un procedimiento de consulta es esencial para garantizar el
debido proceso y la participación de los organismos concurrentes en el pago
de las pensiones, y no constituye una falsa motivación como alega el
accionante.

1.4.2 Nación - Ministerio de Salud y Protección Social

Contestó la demanda mediante memorial radicado el 14 de diciembre de
201716, donde solicitó la declaración de la falta de legitimación en la causa por
pasiva a favor del Ministerio de Salud y Protección Social, ya que sus
funciones, según el Decreto Ley 4107 de 2011, no incluyen aspectos
relacionados con pensiones, por lo que pidió su desvinculación de la
actuación. Defendió la legalidad del acto administrativo impugnado y solicitó
que no se decrete la suspensión provisional del mismo.

Enfatizó que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene competencia
en asuntos pensionales, ya que estas responsabilidades fueron trasladadas al
Ministerio del Trabajo.

1.4.3 Nación – Ministerio del Trabajo

En audiencia inicial celebrada el 13 de marzo de 2019, se vinculó al Ministerio
del Trabajo para que integrara la parte pasiva y se corrió traslado de la
demanda por el término de 30 días.

El apoderado del Ministerio de Trabajo contestó mediante memorial que se
radicó el 26 de abril de 201917, donde se opuso a las pretensiones, con los
siguientes argumentos:

El recobro de las cuotas partes pensionales, considerado como un mecanismo
de financiación de la pensión, constituye un procedimiento crediticio que
permite a la entidad encargada de pagar la pensión repetir contra las entidades
que deben participar en su financiación. Este proceso se basa en cuatro

16
Cuaderno medida folios 116 a 119.
17
Folios 211 a 218.

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elementos fundamentales, (I) el derecho del trabajador a exigir el
reconocimiento completo de su pensión, (II) la obligación de la entidad de
pagar la pensión integralmente, (III) el derecho de la entidad pagadora a repetir
contra otras entidades involucradas y (IV) la obligación de estas últimas de
pagar sus cuotas partes pensionales. Para realizar el pago, la entidad
acreedora debe seguir un procedimiento administrativo previo para obtener la
aceptación de la obligación por parte de las entidades concurrentes, seguido
de un procedimiento periódico y vitalicio de recobro.

Explicó la diferencia entre la cuota parte y el bono pensional, la primera se
recobra mensualmente después que la entidad paga la mesada pensional, el
bono pensional es un título único que representa el capital total sufragado en
la entidad de previsión o seguridad social. La cuota parte surge del deber de
concurrencia de las entidades de previsión y seguridad social a las que estuvo
afiliado el aspirante a pensionado, con respaldo en diversas leyes y decretos
que regulan su funcionamiento y recobro.

Señaló que la legislación colombiana ha respaldado consistentemente el
mecanismo de cuotas partes como una herramienta crediticia que estabiliza el
sistema pensional y facilita el derecho de repetición de la entidad pagadora de
la pensión.

Aseguró que la Circular 069 del 4 de noviembre de 2008 se ajusta a la ley,
toda vez que únicamente contiene simples orientaciones sobre la forma cómo
se deben tramitar las cuotas partes pensionales, sin alterar derechos u
obligaciones de las entidades públicas respecto al reconocimiento o pago de
estas cuotas, simplemente desarrolló la normativa existente para garantizar
una aplicación uniforme. En este marco, el acto demandado carece de fuerza
para evocar el medio de control que se solicita en esta ocasión.

Finalmente, señaló que la consulta previa no afecta el plazo legal de cuatro
meses para reconocer la pensión y su efecto no genera retrasos significativos
en el proceso.

1.5 Alegatos de conclusión

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Mediante auto del 1° de abril de 202418, i) se dio aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, por configurarse las causales contempladas en el
artículo 182A del CPACA, ii) fijó el litigio únicamente en la confrontación del
acto administrativo demandado con el ordenamiento jurídico superior, aunado
al estudio del cargo de ilegalidad propuesto por la parte demandante, relativo
a la falsa motivación, iii) se ordenó correr traslado por el término de diez (10)
días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al
Ministerio Público, para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba
pertinente. El término transcurrió entre el 10 y el 23 de abril de 202419.

La nueva apoderada sustituta de la parte demandante, presentó alegatos el
15 de abril de 202420, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda,
porque los procedimientos establecidos en la circular para el cobro de cuotas
partes pensionales son contrarios a la ley y vulneran derechos fundamentales,
como el acceso oportuno a la seguridad social y el pago puntual de las
pensiones, además, se destaca que la Circular contradice la legislación y las
interpretaciones constitucionales sobre el derecho pensional y su financiación.
En consecuencia, se debe declarar la nulidad del acto administrativo acusado,
para proteger los derechos fundamentales a la seguridad social y al pago
oportuno de las pensiones.

El nuevo apoderado general del Ministerio de Salud y Protección Social,
presentó alegatos el 17 de abril de 202421, se opuso a las pretensiones de la
demanda y manifestó que, cuando se emitió la Circular Conjunta 69 del 4 de
noviembre de 2008, el ente ministerial estaba bajo el Ministerio de la
Protección Social. Sin embargo, este Ministerio fue dividido según el artículo
6° de la Ley 1444 de 2011, en consecuencia, el Ministerio de la Protección
Social y reorganizado el mismo, se denominó Ministerio del Trabajo, el cual
continuó cumpliendo los objetivos y funciones señalados por ley, excepto las
relacionadas con la salud, las cuales fueron transferidas al Ministerio de Salud
y Protección Social.

18
Índice 073 Samai folios 238-239.
19
Índice 083 Samai folio 240 informe de Secretaría.
20
Índice 080 Samai.
21
Índice 081 Samai.

12

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Además, señaló que el acto administrativo cuya nulidad se busca fue emitido
de manera legal por el Ministerio de la Protección y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, dentro de sus facultades. Esto indica que fue expedido por
las autoridades competentes y no presenta evidente infracción a las normas
legales o constitucionales. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos
necesarios para decretar la suspensión provisional de dicho acto
administrativo.

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, en el término para
presentar alegatos de conclusión, guardaron silencio, según constancia
secretarial del 3 de mayo de 202422.

1.6 Concepto del Ministerio Público.

La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, rindió el
Concepto No. 086 del 09 de abril de 202423, en el cual solicita no declarar la
nulidad de la Circular Conjunta 69 del 4 de noviembre de 2008, mediante la
cual se fijó el procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensionales
entre otros, expedida conjuntamente entre el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, por estar ajustada a
derecho al no vulnerar normas constitucionales y legales.

Señala que la demanda no logra demostrar cómo la Circular en cuestión viola
específicamente los artículos constitucionales mencionados, ni ofrece un
razonamiento jurídico adecuado para sostener la acusación de falsa
motivación.

Concluye que los argumentos presentados en la demanda carecen de
fundamento y no sustentan la pretensión de declarar nulo el acto administrativo
en cuestión, ya que este se limita a establecer directrices basadas en la
legislación existente, sin introducir nuevos requisitos o normas adicionales. Por
lo tanto, se solicita que no se declare nulo el acto administrativo impugnado.

22
Folio 240 Índice 083 Samai.
23
Índice 078 Samai.

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Número interno: 0281-2015
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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 149 del CPACA, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 24, expedido por la Sala
Plena de esta Corporación, la Sección Segunda es competente para conocer
en única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta los cargos de nulidad planteados en la demanda y las
razones de defensa expuestas por los Ministerios que contestaron la
demanda, el problema jurídico que plantea el caso se concentra en definir
si los cargos de nulidad formulados en la demanda en contra de los
apartes demandados de la Circular Conjunta 69 del 4 de noviembre de
2008, están llamados a prosperar, o no, lo que implica definir si el
procedimiento previo para el cobro de cuotas partes pensionales
contenido en el acto acusado, contiene obligaciones adicionales para los
afiliados para el reconocimiento de la prestación e implica la suspensión
e interrupción de los términos establecidos para el reconocimiento y pago
de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en las que se encuentra
cumplido el lleno de los requisitos, infringiendo los artículos 48 y 53
constitucionales y el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

Para responder a lo anterior, antes de realizar el análisis de los cargos de
nulidad, es necesario abordar aspectos generales sobre el derecho a la
seguridad social y las cuotas partes como mecanismos de financiación de las
pensiones.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. El derecho a la Seguridad Social

24
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».

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La Constitución Política consagra el derecho irrenunciable a la seguridad
social, el respeto de todos los derechos adquiridos en materia pensional
(artículo 48), el principio mínimo fundamental de situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho (artículo 53) y la garantía de los derechos adquiridos
(artículo 58).

Incluye la Seguridad Social en el capítulo 2 del Título II, sobre los derechos las
garantías y los deberes, bajo la denominación "De los Derechos Sociales,
Económicos y Culturales", artículo 48, es un servicio público de carácter
obligatorio; y, a su turno, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes.

En palabras de la Corte Constitucional25, la seguridad social se erige en
nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo
cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del
artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”. La protección que le otorga el

ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa
y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional, pues son varios los
instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la
seguridad social.

De la evolución jurisprudencial respecto a la naturaleza de derecho a la
seguridad social, la Corporación resalta que en un primer momento fue
amparado por conexidad con los derechos fundamentales tales como el de la
vida, la dignidad humana, la integridad física. Ese criterio de la conexidad,
posteriormente se vio acompañado por la afectación de sujetos merecedores
de especial protección constitucional. Con el transcurrir del tiempo, se ha
asociado directamente en sí mismo como derecho fundamental, conclusión a
la llegó la Corte Constitucional al interpretar de manera conjunta los artículos
48 y 49 de la Constitución Política y el artículo 40 de la Ley 100 de 199326.

25
Sentencia T-1061 de 2012.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 4 de febrero de 2010, Radicado No. 76001-
23-31-000 2009- 00844-01(AC).

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2.3.2. Sistema de Seguridad Social en pensiones

El Sistema de Seguridad Social en pensiones, en términos de esta
Corporación, “persigue garantizar a la población afiliada el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones consagradas en la ley; la afiliación al sistema es obligatoria tanto para los
trabajadores dependientes como los independientes y sus regímenes pensionales son el
solidario de prima media con prestación definida (que, en general, es administrado por el
Seguro Social) y el de ahorro individual con solidaridad, a cargo, en general, de los fondos
privados de pensiones (artículos 10, 12 y 13)” 27.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General
de Pensiones, con las excepciones previstas en su artículo 279, se aplica a
todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos
los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y
establecidos.

Dos son los regímenes que constituyen el Sistema General de Pensiones: el
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación definida y el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad (artículo 12).

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el beneficio
reconocido se denominaba pensión de jubilación. Ésta tenía relación con la
prestación reconocida (i) a empleados públicos por las Cajas de Previsión
Social y (ii) a trabajadores privados cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por empleadores mientras estos completaban su tiempo de servicio.
Por su parte la pensión de vejez era la denominación asignada al
reconocimiento efectuado por el Instituto de Seguros Sociales a trabajadores
privados que completaban sus semanas cotizadas (sistema de cómputo
pensional).

Después de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social se
unificó tanto para empleados públicos como para privados, esto es, sin
importar su calidad, que la contingencia de vejez sería cubierta por una

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 5 de febrero de 2009, Radicado No. 11001-
03-27-000-2006-00045-01(16201).

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prestación denominada pensión de vejez, razón por la cual la denominación
de pensión de jubilación desapareció de ordenamiento jurídico 28. Las
diferencias existentes entre estas dos, aparte de su naturaleza, son sus
denominaciones, esto es, el sujeto que resultaba beneficiario de la prestación
social y quién (entidad) la cancelaban. Lo anterior permite concluir que ambas
pensiones tienen por objeto idéntico garantizar la misma contingencia 29.

Antes de que el Instituto de Seguros Sociales se encargara de las pensiones
de vejez, invalidez o de sobreviviente, estas eran asumidas por los
empleadores o patronos por distintas modalidades.

En resumen, la pensión de jubilación o la de vejez, en cualquiera de los dos
regímenes, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-546 de
1992, “es un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro, en otras palabras, el pago de
una pensión no es una dádiva súbita de la nación, sino el simple reintegro que, del ahorro
constante durante largos años, es debido al trabajador” . Así mismo, en la sentencia T-

1752 de 2000 consagró que “La pensión de jubilación no es una simple caridad que se
hace a las personas por el simple hecho de haber llegado a determinada edad, sino una
contraprestación a la contribución que hizo durante su vida poniendo a disposición de la
sociedad su fuerza laboral. La concepción de la seguridad social como una “gracia” fue
superada por la jurisprudencia nacional desde la primera mitad del Siglo XX. Fue, además,
definitivamente abolida en la Constitución de 1991, no sólo a través de su consagración
explícita en el artículo 48, sino en la objetivación del trabajo como principio fundamental del
Estado”30.

2.3.3. Aportes al sistema de la seguridad social – aportes parafiscales

En sentencia C-577/95, la Corte definió que los ingresos parafiscales,
denominados en la Constitución "contribuciones parafiscales", se distinguen de
otras especies tributarias en que se trata de recursos exigidos de manera
obligatoria y a título definitivo, a un grupo determinado de personas, que se
destinan a la financiación de un servicio o un bien específico, dirigido al grupo
de personas gravadas. El pago de la contribución otorga al contribuyente el
derecho a percibir los beneficios provenientes del servicio, pero la tarifa del

28
Corte Constitucional, Sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicación No. T – 053 de 2010 (T-2.382.944).
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección A, Sentencia del 4 de septiembre de 2017, Radicado No. 25000-
23-25-000-2009-00282-01 (3924-15).
30
Corte Constitucional sentencia T-295 de 1999.

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ingreso parafiscal no se fija como una contraprestación equivalente al servicio
que se presta o al beneficio que se otorga. Los ingresos parafiscales tienen
una especifica destinación y, por lo tanto, no entran a engrosar el monto global
del presupuesto Nacional.

Según las características de la cotización en seguridad social, se trata de una
típica contribución parafiscal, distinta de los impuestos y las tasas. En efecto,
constituye un gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra
de manera obligatoria a un grupo de personas cuyas necesidades en salud se
satisfacen con los recursos recaudados, pero que carece de una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa. Los recursos provenientes
de la cotización de seguridad social no entran a engrosar las arcas del
presupuesto Nacional, ya que se destinan a financiar el sistema general de
seguridad social.

Como lo ha indicado la Corte Constitucional31 y esta Corporación32, la cuota
parte pensional es el mecanismo de soporte financiero de la pensión,
representa un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas
pensionales entre entidades públicas reconocedoras de pensión, Cajas o
Fondos de Previsión Social, y, a su vez, permite el recobro a prorrata del
tiempo laborado o del cotizado a ellas, de la siguiente manera:

“(…) Las cuotas partes pensionales son un importante soporte financiero para la
seguridad social en pensiones, con un origen que antecede al sistema de
seguridad social previsto en la ley 100 de 1993, y que representan un esquema de
concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo
laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas, que
constituyen obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada
del reconocer y pagar la pensión, con las siguientes características: (i) se
determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el que
participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago; (ii) se
consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional; y
(iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago
de la mesada al ex trabajador (…)” (Negrillas fuera de texto).

31
Sentencia C-895/09.
32
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Radicado 11001-03-25-000-2009-00026-
00 (0584-09) sentencia del 28 de junio de 2012. Providencia del 16 de diciembre de 2011, Radicado No. 25000-23-27-000-
2008-00175-01(18123).

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Nace esta figura de las cuotas partes pensionales en la reforma introducida
por la Ley 6 de 1945, en cuanto que para reunir el tiempo necesario para la
pensión de jubilación permitió que se pudieran acumular todos los tiempos
servidos a distintas entidades públicas, como se consagró en su artículo 29:

“(…) Artículo 29. Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas
entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación
con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción
al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquéllas. Los
trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales
que se formen con aporte de varias entidades de derecho público, gozarán de las
prestaciones más favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con
cargo al mismo fondo especial (…)”.

La anterior norma fue adicionada por el artículo 1° de la Ley 24 de 1947,
ratificando tanto la posibilidad de la acumulación de tiempos de servicio a
distintas entidades públicas como la facultad de distribución del pago entre las
mismas.

El artículo 21 de la Ley 72 de 1947, señaló que las cajas pagadoras de pensión
tienen derecho a repetir contra las demás entidades en las que laboró el
pensionado. Esa norma fue reglamentada por el Decreto 2921 de 1948, y
consagró el procedimiento para el reconocimiento y pago de pensiones donde
concurren en el pago una o varias entidades a prorrata del tiempo cotizado o
servido. Para este efecto, la norma determinó que la Caja de Previsión
obligada al pago de una pensión, en ejercicio de su derecho repetirá contra los
organismos no afiliados a ella, o contra las demás entidades de previsión, a
prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellas.

Como lo sostuvo esta Corporación33, el sistema de cuotas partes pensionales
se instituyó con la finalidad de que las entidades en las cuales el empleado o
trabajador había servido o cotizado para su pensión, contribuyeran, a prorrata
del tiempo servido o cotizado, con la caja o la entidad pagadora de la pensión.
A parte de los anteriores, hubo varios antecedentes normativos de este

33
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Providencia del 26 de mayo de 2016, Radicado No. 11001-03-06-
000-2016-00003-00 (2280).

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sistema, siendo de destacar para la época de operación del Instituto de
Mercadeo Agropecuario, el Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969 34,
referente al régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales, el cual contempló las cuotas partes pensionales cuando previó en el
artículo 72, la acumulación de los tiempos de servicios en distintas entidades
oficiales, con la finalidad de alcanzar el tiempo exigido para la pensión de
jubilación.

Posteriormente, en el artículo 2 de la Ley 33 de 198535, reforzó la fijación del
valor de las cuotas partes pensionales con el establecimiento de un silencio
administrativo positivo, consistente en que si los organismos deudores no
objetaban en el plazo perentorio de quince (15) días la liquidación de la
pensión, se entendía que la habían aprobado y, por lo tanto, quedaban
obligados a asumir las cuotas determinadas por la entidad pagadora.

El artículo 29 de la misma Ley recogió lo señalado por el Decreto 2921 de
1948, y 1848 de 1969, que establecía el procedimiento para el reconocimiento
y pago de pensiones donde concurren en el pago una o varias entidades a
prorrata del tiempo cotizado o servido, para lo cual la Caja de Previsión
obligada al pago de una pensión, en ejercicio de su derecho de recobro,
repetirá contra los organismos no afiliados a ella, o contra las demás entidades
de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o
aportado a ellas.

Mas adelante, la Ley 71 del 19 de diciembre de 198836, estableció, en su
artículo 7, la llamada pensión de jubilación por aportes, consistente en que los
empleados oficiales y los trabajadores privados que acreditaran veinte (20)
años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias
entidades de previsión social del orden nacional o territorial, y en el Instituto
de Seguros Sociales, tenían derecho a una pensión de jubilación conforme los
requisitos allí consignados, para la cual las entidades involucradas debían
contribuir con las cuotas partes correspondientes.

34
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.
35
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público”.
36
“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.

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En síntesis, se aprecia que la cuota parte pensional es la suma con que una
entidad concurre o contribuye, a prorrata del tiempo servido o cotizado en ella,
al pago de una pensión a cargo de una caja o entidad pagadora de la misma.
La cuota parte es la suma equivalente al porcentaje del monto de la pensión
con que debe contribuir una entidad, de acuerdo con lo establecido al respecto
en el acto administrativo de reconocimiento de la pensión dictado por la caja o
entidad pagadora, que se encuentre en firme. Dicho porcentaje está en función
del tiempo de servicio o cotizado.

La exigibilidad de las cuotas partes pensionales se da a partir del pago de la
correspondiente mesada pensional, como está dispuesto desde la vigencia
del Decreto 2921 de 1948, cuya norma estableció claramente la necesidad de
acreditar el pago de las mesadas pensionales frente a las cuales se esté
efectuando el recobro de las cuotas partes pensionales, por lo cual es éste es
requisito sine qua non para que proceda la presentación de la correspondiente
cuenta de cobro ante la entidad que debe concurrir en el pago de la obligación
(artículo 9).

La obligación de concurrencia no se extingue por la prescripción en la medida
que su vínculo es directo con el derecho mismo a la pensión que también es
imprescriptible. Pero el derecho al recobro de cada una de las cuotas partes
pensionales, que es un derecho crediticio a favor de la entidad que ha
reconocido y pagado la pensión, sí es susceptible de prescribir de manera
individual en los términos del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 37 que
establece:

“(…) Artículo 4. Cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales y
prescripción de la acción de cobro. Las obligaciones por concepto de cuotas partes
pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada
pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho
al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años
siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará
con la DTF aplicable para cada mes de mora (…)”.

37
"por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y s e dictan otras disposiciones.

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Como la cuota parte pensional es legalmente exigible a partir del pago de la
correspondiente mesada pensional, la prescripción ocurre tres (3) años
después de este momento y puede interrumpirse por una sola vez, con la
notificación del mandamiento de pago, pero solo por un término igual, es decir
hasta por tres (3) años adicionales contados a partir de la interrupción.

Es decir, que según ese artículo, las cuotas partes pensionales que no hayan
sido cobradas dentro de los tres (3) años siguientes a su pago prescriben, tal
como lo reafirman los artículos 41 del Decreto-ley 3135 de 1968, 102 del
Decreto 1848 de 1969, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

2.4. Análisis de los cargos de nulidad y conclusiones

El demandante solicita se declare la nulidad de los siguientes apartes
contenidos en la Circular Conjunta 69 del 4 de noviembre de 2008, mediante
la cual se fijó el procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensionales
entre otras, expedida entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Salud y de la Protección Social:

Del numeral 1. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE CUOTAS PARTES
PENSIONALES:

“Para el cobro de las cuotas partes pensionales a cargo de las Cajas, Fondos
o entidades de previsión, es necesario ceñirse al procedimiento establecido
en el artículo 2° de la Ley 33 de 1985, a saber:

“Artículo 2°. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación,
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas o contra
las respectivas cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado
a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince días
para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos”.

Es pertinente mencionar que la precitada ley recogió lo señalado por los
Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969, que establecían el procedimiento para
el reconocimiento y pago de pensiones donde concurren en el pago una o

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varias entidades a prorrata del tiempo cotizado o servido, para lo cual la
Caja de Previsión obligada al pago de una pensión, en ejercicio de su derecho
repetirá contra los organismos no afiliados a ella, o contra las demás
entidades de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos.

Con fundamento en las anteriores disposiciones, la entidad llamada a
reconocer y pagar la prestación debe cumplir con el procedimiento
establecido para tal fin, esto es, remitir a la(s) entidad(es) concurrente(s) en el
pago de la prestación el “Proyecto de Resolución” mediante el cual se
concede la pensión solicitada, a efectos de que en el término de 15 días
manifieste(n) si acepta(n) u objeta(n) la cuota parte asignada. Por lo anterior
será necesario que en su oportunidad la entidad de previsión verifique que
dicho trámite se haya cumplido.

Con el “Proyecto de Resolución”, se deben remitir los documentos que
acrediten el derecho e identificación del beneficiario de la prestación, así
como: Documento de Identificación bien sea la cédula de ciudadanía o la
cédula de extranjería, la partida de bautismo o el registro civil de nacimiento
según corresponda, las certificaciones expedidas por el funcionario
competente de las entidades donde prestó sus servicios donde conste:
tiempos de servicios, factores salariales y la entidad de previsión a la cual
fueron efectuados los aportes correspondientes. Procedimiento este que en
su oportunidad la entidad llamada a reconocer y pagar la cuota parte debe
verificar.

Una vez reconocida la prestación, copia del acto administrativo se remitirá a
las entidades concurrentes.

El procedimiento descrito en los Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969 y en el
artículo 2° de la Ley 33 de 1985, debe haberse cumplido ante la entidad
obligada para que proceda el cobro de cualquier cuota parte.

Cuando la pensión de jubilación ha sido objeto de reliquidación, sustitución o
se ha visto afectado su monto o titular, deberá enviarse copia del acto
administrativo a la entidad concurrente para su validación respectiva.”

Del numeral 2. CUENTAS DE COBRO Y SUS REQUISITOS:

“Una vez aceptada la cuota parte pensional o acaecido el silencio
administrativo positivo, se debe presentar la cuenta de cobro ante la entidad
respectiva, cuenta que debe venir debidamente diligenciada y con el lleno de
los requisitos establecidos por la ley, así:

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a) Que las cuotas partes que se cobran no se hayan suprimido de conformidad
con la Ley 490 de 1998 y Decreto 1404 de 1999;

b) Que se hubiera surtido el procedimiento de aceptación señalado
anteriormente;

c) Que no se encuentren prescritas.
Debe acompañarse:

a) Actos Administrativos de reconocimiento de las prestaciones donde se
haya aplicado la figura de la cuota parte pensional (pensión de jubilación,
reliquidaciones, sustituciones, etc.) y los soportes que dieron origen al
reconocimiento de la prestación tales como: registro civil de nacimiento,
certificados de tiempos de servicios y de factores de salario;

b) Acto administrativo de la entidad concurrente donde acepte la obligación
impuesta o la constancia de su notificación y del silencio administrativo
positivo (…)”.

2.4.1 Análisis del cargo de nulidad por violación del artículo 48 y 53 de la
Constitución Política

Como sustento de lo anterior, señala que los apartes acusados contravienen
el contenido de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, debido a que
se estableció un procedimiento para el cobro de cuotas partes, el que requiere
que, antes de emitir el acto administrativo final que reconoce la pensión, se
elabore un proyecto de resolución, el cual debe ser enviado al interesado para
su aprobación, y, si transcurren 15 días hábiles sin que la entidad emita un
pronunciamiento, se considera que ha operado el silencio administrativo
positivo.

Considera que ese procedimiento previo impone cargas injustificadas y
desproporcionadas a los afiliados para tramitar sus pensiones.

Para resolver, se tiene como punto de partida que la Constitución Política
consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social, el respeto de todos
los derechos adquiridos en materia pensional (artículo 48), el principio mínimo

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fundamental de situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho (artículo 53) y
la garantía de los derechos adquiridos (artículo 58). Además, la seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio; y, a su turno, es un
derecho irrenunciable de todos los habitantes.

Se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a
cuyo cumplimiento se compromete el Estado que en un primer momento fue
amparado por conexidad con los derechos fundamentales tales como el de la
vida, la dignidad humana, la integridad física bajo el criterio de la conexidad.
Con el transcurrir del tiempo, se ha asociado directamente en sí mismo como
derecho fundamental.

Adquiere carácter de institución y es considerada como derecho público
subjetivo exigible del Estado, cuando se consagra para éste la obligación de
realizar planes y programas para remediar los males sociales y brindarles
medios de subsistencia a las personas que no están en capacidad de
proporcionárselos por sí mismas, es decir, que se trata de una norma
programática de desarrollo progresivo y obligatorio por parte del legislador,
que constituye promesa para los gobernados de que el Estado como guardián
de la colectividad, deberá diseñar políticas de acuerdo con esos postulados
fundamentales para cubrir las prestaciones que surjan de las contingencias de
enfermedad, invalidez o senectud, a fin de que la Seguridad Social sea una
realidad.

Para el efecto, el legislador materializó y desarrolló el derecho a la seguridad
social con la expedición de la Ley 100 de 1.993, con la creación del Sistema
de Seguridad Social Integral, el cual tiene por objeto “...garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”,
comprende “...las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y
servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en
el futuro” y está conformado por las entidades públicas y privadas, las normas

y procedimientos expedidos sobre la materia, y los regímenes generales

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vigentes en materia de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios
sociales complementarios (artículo 8).

En cuanto al sistema en pensiones “persigue garantizar a la población afiliada
el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones
consagradas en la ley; la afiliación al sistema es obligatoria tanto para los
trabajadores dependientes como los independientes y sus regímenes
pensionales son el solidario de prima media con prestación definida y el de
ahorro individual con solidaridad, a cargo, en general, de los fondos privados
de pensiones.
Ahora, del recuento jurisprudencial y normativo que se hizo en acápites
anteriores, se puede establecer que la figura de las cuotas partes pensionales
se reguló en normas de carácter especial, que reglamentan de una parte las
relaciones laborales entre los trabajadores y sus empleadores, y de otra las
relaciones patrimoniales existentes entre las entidades de derecho público
obligadas a concurrir en el pago de la pensión.

La Ley 100 de 1993 no excluyó las cuotas partes pensionales ni su regulación
hasta ese momento prevista, y reconoció su importancia como soporte
financiero del Sistema.

Por lo que, la entidad llamada a reconocer y pagar la prestación debe cumplir
con el procedimiento establecido para tal fin, como es entre otros remitir a la
entidad concurrente en el pago de la prestación un proyecto de resolución
mediante el cual se concede la pensión solicitada, a efectos de que en el
término de quince (15) días manifieste si acepta u objeta la cuota parte
asignada, que es el reparo que estructuró la demanda.

El procedimiento descrito y contenido en el acto acusado no es una novedad
ya que, desde que fueron proferidos el Decreto 2921 de 1948 y 1848 de 1969
y artículo 2 de la Ley 33 de 1985, se dispuso la consulta previa del proyecto
de reconocimiento pensional a las entidades involucradas, lo que significa, que
la circular demandada propiamente no estableció el procedimiento, pues, en

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la evolución normativa expuesta es claro que este fue replicado norma tras
norma, finalmente consignada en el acto demandado en los mismos términos.

Ahora, hay que tener en cuenta que, conforme a lo expuesto, el procedimiento
consistente en informar y poner en conocimiento, para la aceptación de la
cuota parte que eventualmente le corresponda a otra entidad en la que el
trabajador realizó aportes, no comporta la calidad de requisito para el
reconocimiento pensional, como se afirma en la demanda, sino, para la
exigibilidad y cobro o repetición de las cuotas partes pensionales.

La exigibilidad de las cuotas partes pensionales se da a partir del pago de la
correspondiente mesada pensional, como está dispuesto desde la vigencia del
Decreto 2921 de 1948 cuya norma estableció claramente la necesidad de
acreditar el pago de las mesadas pensionales frente a las cuales se esté
efectuando el recobro de las cuotas partes pensionales, por lo cual es éste un
requisito sine qua non para que proceda la presentación de la correspondiente
cuenta de cobro ante la entidad que debe concurrir en el pago de la obligación
mas no, se reitera, para el reconocimiento de la prestación.

Así lo indicó la Corte Constitucional al considerar que las cuotas partes
corresponden a un sistema de concurrencia en el pago pensional, diseñado
con anterioridad a la Ley 100 de 1993 para entidades públicas del mismo o
diferente nivel, y en la medida en que el paso del tiempo ampliará el número
de afiliados al sistema general de seguridad social y extinguirá los demás
regímenes pensionales que aún subsisten, la figura de las cuotas partes
pensionales también tiene vocación de desaparecer (Sentencia C-895/09).

Además, hay que tener en cuenta que los requisitos para acceder a la pensión
se encuentran establecidos en los distintos regímenes pensionales, los que
coinciden en determinar que para tener derecho a la pensión se debe contar
con la edad y el tiempo de servicios o cotizaciones, lo que reafirma que, el
procedimiento previo en cuestión no está establecido como requisito para el
otorgamiento del derecho, como sí lo es para para el recobro de las cuotas
pensionales que como se dijo, ya fueron reconocidas y pagadas y le

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corresponden sufragar a otra entidad diferente a la reconocedora de la
prestación.

En esa misma línea, también ha de tenerse en cuenta que este es un
procedimiento que le corresponde adelantar única y exclusivamente a las
entidades interesadas una vez reconocida la pensión y pagado la mesada
pensional para el posterior recobro, en el cual el afiliado no participa por
tratarse de obligaciones crediticias entre las administradoras, luego, a partir de
ese postulado no se desprende que el contenido de la circular les haya
impuesto cargas adicionales, pues, la carga del afiliado consiste en poner en
actividad a la administración con la presentación de la solicitud de
reconocimiento pensional junto con los documentos o pruebas que
demuestren que tiene el derecho.

En relación con lo dispuesto por la Corte Constitucional en Autos 130 del 13
de mayo de 2014 y 259 del 9 de septiembre de 2014, se tiene que fueron
expedidos en el marco del seguimiento y efectivo cumplimiento de las órdenes
dictadas en el Auto 320 de 2013, relativas a la orden de contestación de las
solicitudes prestacionales de Colpensiones producto de las sanciones
impuestas a la entidad por la mora en respuesta de las solicitudes pensionales,
es decir, que fue proferido en el marco de la situación administrativas de la
mencionada entidad respecto al reconocimiento pensional pero, en principio,
por causa de la alta demanda en las solicitudes, la calidad de los actos
administrativos y complejidad de las historias laborales.

Sobre la inaplicación de la Circular aquí demandada, si bien se reconoció en
esa providencia que existen prácticas inconstitucionales que obstaculizan la
efectividad de los derechos a la seguridad social en los ingresos pensionales
y al mínimo vital de los usuarios, en el Auto 320 de 2013 la Corte le ordenó a
Colpensiones que “dentro del mes siguiente a la comunicación de esa
providencia, si aún no lo ha hecho, adopte las medidas necesarias para aplicar
la prescripción contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2013 según la cual
“Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional
o la cuota parte” para el reconocimiento y pago de la pensión”.

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Lo anterior quiere decir que, hasta ese momento la Corte no hizo referencia al
procedimiento aquí cuestionado y contenido en el acto demandado, pues,
debe ponerse de presente que se hace énfasis en la prohibición de no
reconocer la prestación bajo el argumento de obligaciones económicas
pendientes de otras entidades, por tratarse de obligaciones crediticias entre la
reconocedora y la concurrente en el pago.

Precisamente, lo que dispone la norma sobre ese procedimiento y contenido
en el recuento normativo y jurisprudencial, es que procede una vez reconocida
y pagada la mesada pensional ya que, es a partir de ese momento en el que
surge la obligación, incluso desde esa fecha se cuenta el término para el
fenómeno jurídico de la prescripción, esto es, se repite con posterioridad al
reconocimiento de la pensión.

Ahora, si bien en esa providencia Colpensiones expuso a la Corte con cifras
numéricas porcentuales en la demora que implica la consulta de cuotas partes
y se consideró que comporta una práctica dilatoria, atendiendo a la urgencia
de solución del tema relacionado con la efectiva satisfacción de las órdenes
impartidas en el Auto 320 de 2013 y el cumplimiento de los plazos otorgados
en dicha providencia para la respuesta de las peticiones prestacionales de los
afiliados, la Corte le ordenó a Colpensiones que a partir de la comunicación de
esa providencia y hasta la notificación de la sentencia de revisión que se
dictará en el proceso de la referencia, proceda a inaplicar la Circular Conjunta
069 de 2008 en las hipótesis de solución de prestaciones económicas que
involucren tiempos públicos, empleando en su remplazo el trámite previsto
para los bonos pensionales. Nótese que no se eliminó el procedimiento, sino
que se sustituyó por otro, con el fin de garantizar su financiación.

Frente a la mora en los plazos para atender las solicitudes pensionales
atendiendo el procedimiento previo para el recobro de cuotas partes
pensionales, en el auto 130 en comento Colpensiones le manifestó a la Corte:

“(…) En respuesta al requerimiento efectuado por este Despacho en auto del 11
de marzo de 2014 sobre el tiempo promedio que Colpensiones tarda en realizar el
procedimiento de cuota parte pensional de conformidad con las instrucciones de
la Circular 069 de 2008, el presidente de la entidad informó que la contestación “a

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las solicitudes pensionales que se financian con cuota parte implican los siguientes
puntos: a. El tiempo promedio en que tarda el procedimiento de consulta de cuota
parte sin objeción de la misma por parte del cuotapartista es de cincuenta y tres
(53) días hábiles, es decir, aproximadamente tres (3) meses. En el evento en que
los cuotas partistas objeten el proyecto de resolución la duración promedio de este
trámite equivale a setenta y tres (73) días hábiles, es decir aproximadamente tres
punto siete (3.7) meses. || b. De los cuatro (4) meses previstos en la ley 700 de
2001, así como en la ley 100 de 1993, para responder de fondo una solicitud
pensional, es importante informar a la Corte que el agotamiento del trámite de
consulta de cuota parte compromete el noventa y dos punto cinco porciento
(92.5% ) del total del plazo legal previsto para la solución de fondo de una solicitud
prestacional. || c. De otro lado para aquellas solicitudes pensionales que no se
financian con cuota parte i.e. bonos pensionales o cotizaciones exclusivamente
realizadas con posterioridad a ley 100 de 1903, el 100% del término legal de cuatro
meses se destina para el estudio y análisis de fondo de la respectiva solicitud. Es
decir, se trata de tramites que dependen exclusivamente de Colpensiones y no de
terceros (entidades cuotapartistas). || d. El trámite administrativo de la cuota parte
implica el condicionamiento u homologación conceptual entre la concreción del
derecho pensional y su financiación. || e. El trámite de cuota parte en materia de
reconocimiento pensional excede el plazo legal para el estudio y resolución de
prestaciones económicas, específicamente el relativo a la pensión de
sobrevivientes donde se exige el reconocimiento dentro de los dos (2) meses
siguientes a la radicación de la solicitud pensional. || f. Es importante considerar la
viabilidad de realizar la consulta de la cuota parte de manera independiente y
posterior al reconocimiento de la prestación, aplicando en consecuencia de
manera análoga el procedimiento previsto para las pensiones financiadas
mediante el bono pensional (…)”.

Lo anterior reafirma la situación administrativa en la mora para dar respuesta
a las solicitudes de tipo pensional, sin embargo, no es dable aceptar que para
el procedimiento de consulta de cuotas se tome todo el término que se indica,
ya que, la norma es precisa en establecer que si no se objeta en el término de
quince (15) días siguientes al envío del proyecto, se entiende que se acepta la
asignación de la cuota parte.

Además, también es claro que la norma es precisa en determinar que se debe
contar con un proyecto elaborado y remitido a la entidad que le corresponda
la cuota parte junto con los documentos que acreditan el derecho, lo que quiere

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decir, que posterior al procedimiento demandado, no habría que realizar un
análisis para el otorgamiento de la prestación.

También llama la atención que se dispuso lo anterior hasta tanto no se dicte
sentencia en el proceso de la referencia de dichos autos, esto es, le dio un
carácter temporal a la percepción actual sobre el procedimiento de consulta
en comento, causada por la situación por la que atraviesa Colpensiones.

Es decir, que el hecho de que la entidad presente una situación administrativa
relacionada con los términos de respuesta de las solicitudes pensionales y que
por ese hecho la Corte considere que el procedimiento previo de consulta es
una barrera normativa, no implica que sea contrario a las normas superiores
invocadas ya que, la institucionalización de dicho procedimiento data de
tiempo atrás y, la mora actual en el reconocimiento pensional obedece a la
situación administrativa de Colpensiones.

Incluso, en esas providencias se consideró la adopción de otro tipo de medidas
tendientes a la solución en la mora que presenta la entidad, como por ejemplo
la adopción de medidas relacionadas con el mejoramiento de la planta de
personal de la entidad para mejorar la capacidad de respuesta, lo que quiere
decir, que su situación está relacionada también con otro tipo de problemas
administrativos y no solo la causa en la mora es el procedimiento de consulta
de cuotas pensionales.

De igual forma, tanto en los autos antedichos como en el auto 320 de 2013, se
reiteraron los términos en los que se debe dar respuesta a los diferentes tipos
de solicitudes pensionales, los cuales son de obligatorio cumplimiento que se
deben acatar, máxime, si se dispuso pretermitir de manera temporal la
consulta previa hasta que se dé solución a la situación de la entidad, lo que
quiere decir, que la concepción o consideración de que este es una barrera
normativa para garantizar los derechos de los afiliados se encuentra limitada
en el tiempo, es decir, que no es una apreciación sui generis sino que, es
ocasionada por la situación puesta a consideración por la administradora a la
Corte.

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Además, como lo sostuvo la Corte en sentencia C-895/09 antes citada, las
pensiones concurrentes desaparecerán en el tiempo y consigo, el
procedimiento de consulta de cuotas pensionales.

Por lo anterior, teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencia, que el
procedimiento no se estableció en la circular demandada sino que es producto
de una evolución normativa, que las barreras que encontró la Corte
Constitucional tienden a desaparecer con la implementación del sistema
general de seguridad social en pensiones, que para ese procedimiento se
requiere que se haya reconocido la pensión y se haya pagado la mesada y
que el estado de cosas de Colpensiones en la mora en el reconocimiento de
las prestaciones no hace ilegal el acto, el cargo se niega.

2.4.2 Análisis del cargo de nulidad por violación del artículo de la Ley 797
de 2003 artículo 9

El artículo 9 de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo 33 de la Ley 100 de
1993, en lo atinente a los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder
a la pensión de vejez. Estableció reglas para el cómputo de semanas
cotizadas, determinó el término para reconocer la pensión, una vez radicada
la documentación completa que acredite su derecho y prohibió a las entidades
encargadas de reconocer la pensión aducir que las diferentes cajas no les han
expedido el bono pensional o la cuota parte. También determinó como justa
causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o
reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla
con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión. Finalmente
estableció la pensión especial de vejez a cualquier edad, para la madre de hijo
que padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto
permanezca en este estado y continúe como dependiente de
la madre, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando
menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para
acceder a la pensión de vejez.

“(…) ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

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Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a
la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
<Inciso INEXEQUIBLE, en relación con los efectos para las mujeres. Efectos
diferidos> A partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada
año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los
tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago
de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores
que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que
antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el
cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono
o título pensional.

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro
(4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán
aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota
parte.

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente
ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La
facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados
en cada período.

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PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Se
considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación
legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la
pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación
legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de
las administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la
pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la
misma en nombre de aquel.
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos
afiliados al sistema general de pensiones.

PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales
1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física,
síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan
cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de
seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
<Apartes subrayados, en letra itálica, y subrayados y en letra itálica
CONDICIONALMENTE exequibles. Aparte tachado INEXEQUIBLE>
La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o
mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y
continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión
especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General
de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de
prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si
la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre
tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y
en las condiciones establecidas en este artículo.”

La parte actora señala que mediante el Auto 320 del 30 de enero de 2014 de
la Corte Constitucional exhortó a Colpensiones para que aplicara el artículo 9°
de la Ley 797 de 2003, que establece que los fondos no pueden alegar que
las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte. La
Corte encontró que el procedimiento establecido para el reconocimiento de
pensiones financiadas con cuota parte podría ser contrario a esta disposición,
basándose en información proporcionada por Colpensiones sobre trámites
prestacionales suspendidos debido a la falta de consulta previa. Colpensiones

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propuso como solución equiparar las cuotas partes a los bonos pensionales,
que no están sujetos a consulta y se pagan de manera inmediata.

De lo anterior, llama la atención que la norma en cita establece los requisitos
para obtener el derecho a la pensión como lo son la edad y el tiempo de
servicio o de cotización, sin que en este se encuentre inmersa la obligación de
realizar el procedimiento previo de consulta, por lo que, se reafirma que no
existen cargas adicionales para los afiliados.

Por el contrario, sí consagró que la falta de emisión del bono pensional o el
pago de la cuota parte no justifican la negativa del derecho, pues, la entidad
reconocedora está en la obligación de proceder al reconocimiento si se
acredita el derecho.

Precisamente, el agotamiento del procedimiento en cuestión permite dar vía al
recobro de las cuotas partes pensionales de manera posterior al
reconocimiento de la prestación, nótese que se impuso la prohibición de negar
la solicitud en razón a la falta de pago ya sea del bono pensional o la cuota
parte.

Con todo, se reitera, la corte le ordenó a Colpensiones darle el procedimiento
para los bonos pensionales para el procedimiento de recobro de cuotas partes
para atender las solicitudes pensionales para darle celeridad al trámite.

Finalmente, teniendo en cuenta el término de prescripción de tres (3) años
expuesto en la parte motiva de esta providencia, se tiene que, incluso la
entidad tendría en la práctica el término de casi seis (6) años, en caso de
interrupción, para el recobro de las cuotas que surge a partir del pago de la
mesada pensional, lo que quiere decir, que no es necesario computar de
manera conjunta el término establecido para el procedimiento de recobro con
el término para el reconocimiento de la prestación, pues, como se expuso, el
recobro se ejerce de manera posterior al reconocimiento pensional.

En resumen, no se accede a declarar la nulidad de los apartes acusados de la
Circular Conjunta 069 del 4 de noviembre de 2008, porque no infringen las

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disposiciones constitucionales y legales que la parte actora invocó, debido a
que la premisa en la que se fundan los cargos de nulidad, en el sentido que el
procedimiento descrito en la Circular obstaculiza el reconocimiento de las
pensiones y con ello vulnera los derechos fundamentales del afiliado, en
realidad no se encuentra establecida en los apartes acusados de la Circular,
sino que corresponde a una interpretación de la demandante, porque el
procedimiento que la Circular describe consistente en informar y poner en
conocimiento, para la aceptación de la cuota parte que eventualmente le
corresponda a otra entidad en la que el trabajador realizó aportes, no comporta
la calidad de requisito para el reconocimiento pensional sino, para la
exigibilidad y cobro o repetición de las cuotas partes pensionales.

Además, el procedimiento descrito y contenido en el acto acusado no es una
novedad, ya que la consulta previa del proyecto de reconocimiento pensional
que involucra tiempos de servicio o aportados a otras entidades, está
contemplada desde que fueron proferidos el Decreto 2921 de 1948 y 1848 de
1969 y artículo 2 de la Ley 33 de 1985, lo que significa, que la circular
demandada propiamente no estableció el procedimiento, pues, en la evolución
normativa expuesta es claro que este fue replicado norma tras norma,
finalmente consignada en el acto demandado en los mismos términos.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones.

SEGUNDO: RECONOCER al abogado IVAN FELIPE GARCÍA RAMOS como
apoderado general del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al
poder general judicial aportado el 6 de julio de 202038, en atención a su

38
Índice 047 Samai.

36

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solicitud del 4 de marzo de 202439. En consecuencia, se tiene por revocado el
poder que le había sido conferido al abogado Jorge David Estrada Beltrán,
presentado el 15 de octubre de 201940.

TERCERO: RECONOCER a la sociedad PANIAGUA & COHEN ABOGADOS
SAS, representada legalmente por ANGELICA MARGOTH COHEN
MENDOZA, como apoderada principal de la parte actora y a la abogada
SANDRA PAOLA ANILLO DIAZ como su apoderada sustituta, conforme al
poder general sustitución aportados el 10 de octubre de 202241. En
consecuencia, se tiene por revocado el poder que le había sido conferido a la
abogada Bertha Marcela Orjuela Russi42

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría ARCHIVAR el
expediente previas las anotaciones que correspondan.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERO

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

39
Índice 066 Samai.
40
Folio 225.
41
Índices 049 070 Samai.
42
Folio 194.

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