Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01719-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01719-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01719-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de abril de 2026
Demandantes: Ovidio Córdoba y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Putumayo y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01719-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01719-00
Demandantes: OVIDIO CÓRDOBA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación injusta de la libertad – declara la improcedencia por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de
la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Los señores Ovidio Córdoba, Rubiela Rosero Martínez, Anderson Duván Córdoba
Rosero, Franklin David Córdoba Rosero, María Elena Córdoba y Aura Córdoba
presentaron acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo, con el fin de que se
les amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal Administrativo
del Putumayo al proferir la providencia de 4 de septiembre de 2025 que confirmó la
decisión de 15 de diciembre de 20212 del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Mocoa, en el marco de la demanda de reparación directa
presentada por la parte actora contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación, que se identificó con el radicado 86001-33-33-002-2013-00321-00/01.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 En esta instancia se resolvió: «PRIMERO. - DECLARAR no probadas la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.
SEGUNDO. – DECLARAR probadas las excepciones de Inexistencia de nexo causal entre el daño
alegado y el ejercicio de la función jurisdiccional desempeñado por la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y falta de objeto para demandar, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. - DENEGAR las pretensiones incoadas por la parte demandante, conforme con la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: Abstenerse de condenar en costas en esta instancia».
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1.2. Hechos
Los accionantes fundaron su escrito de tutela en los siguientes:
Indicaron que el 18 de enero de 2011, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de
Puerto Así expidió orden de captura contra el señor Ovidio Córdoba por el delito de
secuestro extorsivo, dentro del proceso penal 2011-0012-00 que se adelantó ante
el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís.
Explicaron que el 14 de febrero de 2011 el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal
de Puerto Asís revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata
del señor Ovidio Córdoba y el 11 de mayo de 2011 el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Puerto Asís dispuso precluir la investigación a favor del él y ordenó
«el cese definitivo de la persecución penal con efectos de cosa juzgada, la
revocatoria de las medidas cautelares impuestas y el archivo definitivo del proceso».
Afirmaron que, con fundamento en lo anterior, presentaron una demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
por la privación injusta de la libertad del señor Ovidio Córdoba, proceso que
correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Mocoa, bajo el radicado 86001-33-33-002-2013-00321-00.
Comentaron que mediante sentencia de 15 de diciembre de 2021 el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa resolvió: (i) declarar no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial;
(ii) declarar probadas las excepciones de inexistencia de nexo causal y falta de
objeto para demandar, y (iii) denegar las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de lo anterior, el a quo consideró que no era procedente declarar
la responsabilidad del Estado, toda vez que la parte actora no demostró la falla en
el servicio de las entidades accionadas dentro de sus actuaciones al interior del
proceso penal.
Adujeron que contra esta decisión se interpuso el respectivo recurso de apelación,
el cual fue asignado al Tribunal Administrativo del Putumayo, autoridad judicial que
mediante providencia de 4 de septiembre de 2025 confirmó la decisión de 15 de
diciembre de 2021.
Al respecto, el ad quem concluyó lo siguiente:
Pese a que en varias oportunidades procesales la parte actora pudo constatar la
integridad del expediente penal y promover la incorporación de tales pruebas, no lo
hizo. Únicamente reconoció su ausencia en el recurso de apelación, limitándose a
afirmar que «la rama judicial no aportó la copia auténtica del expediente formado y
de las piezas que se indicaron en la investigación penal que se vinculó a Ovidio
Córdoba – en el expediente digitalizado no se hallan». Esa omisión procesal conllevó
a que el acervo probatorio quedara integrado sin un elemento esencial para valorar
la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento.
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La Sala no desconoce que en el expediente reposan el acta de la audiencia preliminar
de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de
aseguramiento, así como el acta de audiencia de preclusión a favor del señor Ovidio
Córdoba. Tales documentos permiten constatar que existió un proceso penal en su
contra, que se le impuso una medida de aseguramiento y que, posteriormente, se
dispuso la preclusión de la investigación.
No obstante, del contenido de dichas actas únicamente se desprende la existencia
formal de tales decisiones, mas no los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron
al juez de control de garantías a decretar la detención preventiva. En consecuencia,
en este caso, resulta imposible verificar si esa determinación se ajustó a los criterios
de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad exigidos por la Constitución
y la jurisprudencia, y, por ende, si la restricción de la libertad del demandante
configura un daño antijurídico imputable al Estado.
Cabe señalar que, en virtud del artículo 1673 del Código General del Proceso,
incumbe a las partes probar los supuestos de hecho que fundamentan sus
pretensiones. En el caso concreto, era deber de la parte demandante aportar los
medios probatorios necesarios para acreditar sus afirmaciones, y de no contar con el
expediente penal completo, solicitar en el momento procesal oportuno el decreto de
las pruebas pertinentes.
En cuanto a la posibilidad de decretar pruebas de oficio, la Sala precisa que,
conforme al artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, esta facultad está limitada al
esclarecimiento de la verdad, y no puede entenderse como un mecanismo para suplir
la carga probatoria que corresponde a las partes. En este sentido, la Corte
Constitucional, en la Sentencia SU-129 de 2021, fue enfática al señalar que: “la
actividad oficiosa del juez es subsidiaria, porque no reemplaza al binomio
demandante-demandado en la demostración de sus dichos”.
En ese orden, la insuficiencia probatoria derivada de la ausencia de la grabación y
motivación de la audiencia de medida de aseguramiento impide establecer si la
decisión se ajustó a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad. Esta omisión, atribuible a la falta de gestión oportuna de la parte
actora, impide acreditar si se produjo un daño antijurídico imputable al Estado, tal
como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos análogos.
La Sala reconoce que, en un régimen de responsabilidad objetivo —como lo alegó la
parte demandante— no sería necesario examinar la razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento, pues en ciertos eventos el daño se
presume. Así lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, al
señalar que cuando la preclusión o absolución obedece a que el hecho no existió o
la conducta era objetivamente atípica, la privación de la libertad se torna irrazonable
y desproporcionada, y el daño antijurídico se acredita sin mayores exigencias.
Sin embargo, en este caso el acta de preclusión no permite establecer la causa de la
decisión. El documento únicamente consigna que, previa exposición de la Fiscalía,
el juez dispuso «PRECLUIR LA INVESTIGACIÓN en favor del señor OVIDIO
CÓRDOBA”, sin indicar si la motivación correspondió a las hipótesis que habilitan el
régimen objetivo. En consecuencia, al no poder verificarse ese presupuesto esencial,
esta Sala carece de elementos para aplicar dicho título de imputación y, por lo tanto,
se confirmará la sentencia apelada.
1.3. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
1. Se nos amparen nuestros derechos fundamentales invocados y que, como
medida de protección constitucional, se deje sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Mocoa mediante la cual se confirmó la decisión
adoptada el 15 de diciembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo
de Mocoa, ordenándose la emisión de una nueva providencia en la cual se
condene solidariamente a la demandada, al pago de los daños materiales e
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inmateriales de nuestras pretensiones, por carecer de maneras absoluta de
prueba que demuestre que la medida cautelar intramural fue proporcional,
razonable, necesaria y legal;
2. Se comunique la decisión, por el medio más expedito posible a las
accionadas para que se cumpla la orden dentro del término que ese despacho
le fije;
3. Las ordenes oficiosas que ese despacho considere necesario proferir.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas al proferir las
sentencias de 15 de diciembre de 2021 y 4 de septiembre de 2025 incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y en un exceso ritual manifiesto.
Al respecto, precisó que los jueces de instancia fundamentaron sus decisiones de
negar la configuración del daño antijurídico reclamado, en la supuesta insuficiencia
probatoria, particularmente, en la ausencia del expediente penal y en la ilegibilidad
parcial de uno de los documentos aportados al proceso.
Alegó que esta circunstancia configuró un defecto fáctico, en su dimensión negativa,
por cuanto las autoridades omitieron decretar de oficio las pruebas necesarias para
esclarecer los hechos objeto del litigio, aun cuando tales medios probatorios
reposaban en poder del Estado, y también en su dimensión positiva, puesto que
adoptaron sus decisiones a partir de un vacío que pudo ser subsanado.
Destacó que los jueces administrativos tienen el deber de decretar pruebas de oficio
con el fin de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y de
encontrar la verdad material, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución
Política. En ese sentido, refutó que se haya trasladado a las víctimas la carga
absoluta de aportar las pruebas que se encontraban bajo la custodia estatal.
Puso de presente que la omisión de requerir el expediente penal íntegro impidió que
se valoraran «la revocatoria de la medida de aseguramiento por inexistencia de
participación del señor Ovidio Córdoba en el delito investigado, la orden de libertad
inmediata emitida por el juez de control de garantías y la posterior decisión de
preclusión con efectos de cosa juzgada, elementos que evidenciaban la inexistencia
de responsabilidad penal y la configuración de un daño antijurídico derivado de la
privación injusta de la libertad».
En cuanto al defecto sustantivo expuso que este se configuró con la interpretación
restrictiva que se hizo del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, comoquiera que se
desconoció que «la responsabilidad patrimonial del Estado surge cuando el daño
antijurídico es consecuencia de actuaciones judiciales que afectan
injustificadamente la libertad personal, aun cuando posteriormente se desvirtúe
cualquier participación del procesado en los hechos investigados».
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Insistió que en el caso ordinario «como medio de prueba a solicitud de la demanda,
se ordenó dentro del proceso 86001333300220130032100, que curs[ó] en el
Juzgado Segundo de Mocoa, allegar el expediente íntegro del proceso penal
adelantado en contra del hoy accionante, despacho penal que no cumplió a
cabalidad con la orden a él impartida, pues revisado el expediente del proceso
administrativo no se encuentra copia del mismo, omitiendo así remitir el expediente
en su integridad».
Afirmó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha
señalado que el defecto fáctico se configura cuando los jueces omiten su deber de
decretar pruebas determinantes para resolver el asunto o cuando adoptan
conclusiones irrazonables derivadas de una valoración incompleta del acervo
probatorio.
Comentó que de conformidad con el principio de la carga dinámica de la prueba les
corresponde a las entidades demandadas demostrar la proporcionalidad,
razonabilidad, necesidad y legalidad de la medida de aseguramiento, en
contraposición con el derecho fundamental de la presunción de inocencia.
Trajo a colación que en la sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado se estableció que «la responsabilidad
patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad se configura cuando el
ciudadano es definitivamente desvinculado del proceso penal mediante absolución,
preclusión, cesación del procedimiento o decisión equivalente que descarte su
responsabilidad, pues en tales eventos el daño antijurídico resulta evidente al
haberse afectado la libertad personal sin una condena que lo justifique».
De otro lado, explicó que en las providencias reprochadas se incurrió en una
manifiesta contradicción interna de la motivación, puesto que allí se reconoció
expresamente la ausencia de pruebas esenciales para esclarecer los hechos y aun
así se adoptó una decisión desfavorable para el demandante.
1.5. Trámite procesal de la acción
El 5 de marzo de 2026, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte actora, así como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa y al Tribunal Administrativo del Putumayo, como autoridades
judiciales accionadas.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, se vinculó como terceros con interés a la Nación, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial [Rama Judicial] y la Fiscalía General de la Nación, así como
a las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el proceso
ordinario con radicado 86001-3331-002-2013-00321-00/01.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
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1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La apoderada de la entidad solicitó negar el amparo constitucional pretendido por la
parte accionante al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que la acción de tutela se dirige a controvertir una providencia judicial
proferida por los jueces de instancia.
Además, puso de presente que la acción constitucional se interpuso para revivir un
debate que ya se agotó y para obtener una opinión diferente a la emitida por la
jurisdicción, lo cual torna improcedente este mecanismo de amparo.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa
La secretaria del juzgado remitió el enlace de consulta del proceso 86001-3331-
002-2013-00321-00/01.
1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto
La apoderada de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, teniendo en cuenta que lo pretendido por la parte actora es obtener un fallo
de reemplazo por tener una decisión que resultó contraria a sus intereses.
Precisó que los accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión para
cuestionar la providencia que ahora reprochan, circunstancia que torna
improcedente el mecanismo de amparo, por no cumplirse con el requisito de la
subsidiariedad.
Finalmente, advirtió que la decisión judicial objeto de tutela no contrarió los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, puesto que esta es legal y
jurisprudencialmente correcta al gozar «de un análisis que encaja con el precedente
jurisprudencial que el Consejo de Estado ha edificado en materia de privación de la
libertad, lo que de manera integral y acertada el ad quem analizó en precedencia».
1.6.4. Tribunal Administrativo del Putumayo
La magistrada ponente de la decisión cuestionada pidió que se deniegue la
protección solicitada por los tutelantes.
Al respecto, destacó que la Corte Constitucional ha determinado que la facultad con
la que cuenta el juez contencioso para decretar pruebas de oficio no es absoluta y
que esta no puede ejercerse para sustituir las cargas procesales que corresponden
a las partes.
Trajo a colación la sentencia SU-204 de 2025 de la Corte Constitucional para
resaltar que no se configuró el defecto fáctico invocado por las partes ni el exceso
ritual manifiesto, puesto que la decisión adoptada aplicó razonadamente las reglas
que gobiernan la distribución de la carga procesal:
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A la luz de esa subregla jurisprudencial, la conclusión a la que arribó esta Corporación
en la sentencia cuestionada resulta plenamente razonable. En el proceso de
reparación directa se constató que la parte demandante no allegó el expediente penal
completo ni solicitó oportunamente su incorporación íntegra al proceso, a pesar de
que dicho medio de prueba resultaba determinante para verificar los fundamentos
fácticos y jurídicos de la medida de aseguramiento. Si bien se aportaron algunas
piezas procesales del trámite penal, estas solo permitían constatar la existencia de
las actuaciones adelantadas, mas no conocer la motivación del juez de control de
garantías al momento de imponer la medida privativa de la libertad.
Alegó que contrario a lo afirmado por los demandantes, estos no impulsaron el
recaudo del expediente penal completo, sino que fue la Rama Judicial quien en la
contestación de la demanda solicitó oficiar al juez penal para la remisión del
proceso. Así, en cumplimiento de ese requerimiento se remitieron algunas pruebas,
menos algunos elementos probatorios indispensables para analizar la motivación
de la medida de aseguramiento, como la grabación de las audiencias preliminares.
Señaló que no se le puede exigir al tribunal que decreten pruebas de oficio, puesto
que la parte actora «contó con diversas oportunidades procesales para advertir la
falta de tales elementos y promover su incorporación al expediente, sin que hubiese
desplegado gestión alguna en ese sentido». Ello, conforme artículo 213 de la Ley
1437 de 2011 que establece que esa facultad tiene carácter excepcional y no releva
a las partes de su iniciativa probatoria.
Comentó que no realizó una interpretación restrictiva del artículo 65 de la Ley 270
de 1996, puesto que en la providencia enjuiciada se explicó que debido a la
ausencia de elementos probatorios esenciales «no era posible verificar los
fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada por el juez de control de
garantías ni determinar si la restricción de la libertad del demandante había sido
irrazonable, desproporcionada o contraria al ordenamiento jurídico».
Resaltó que en la sentencia se analizó la posibilidad de aplicar el régimen objetivo
de responsabilidad, pero que se advirtió que el acta de la audiencia de preclusión
aportada no permitía establecer la causal específica que motivó tal decisión, lo que
impidió verificar algún supuesto reconocido para presumir la responsabilidad del
Estado.
Finalmente, citó sentencias del Consejo de Estado que sustentan la línea
jurisprudencial según la cual «cuando no obran en el proceso los elementos
probatorios indispensables para examinar la legalidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida que restringió la libertad, no es posible adelantar el
juicio de responsabilidad».
1.6.5. Fiscalía General de la Nación
Luego de hacer un recuento sobre los hechos de la acción de tutela, solicitó que se
declare la improcedencia de la presente acción de tutela, así como la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la Fiscalía General de la Nación,
puesto que la providencia reprochada no fue proferida por esa entidad.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Ovidio Córdoba y otros, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 3 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación pidieron su desvinculación,
sin embargo, esta colegiatura no accederá a estos requerimientos, comoquiera que
sus vinculaciones obedecieron al interés que puede tener en las resultas del
proceso, en atención a que integraron la parte pasiva del proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte
del Tribunal Administrativo del Putumayo, con ocasión de la sentencia proferida en
segunda instancia el 4 de septiembre de 2025, que puso fin al proceso.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción de tutela de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20148, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia9.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
9 Énfasis de la sala.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Ovidio Córdoba y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Putumayo y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01719-00
En primera medida se recuerda que, tanto en el recurso de apelación al interior del
proceso contencioso, como en el escrito de tutela, se indicó que la providencia
controvertida valoró indebidamente las pruebas.
En esta oportunidad tales fundamentos se enmarcaron en la configuración de los
defectos fáctico, sustantivo y en un exceso ritual manifiesto. Luego, es posible
concluir que los argumentos expuestos apuntan a convertir este mecanismo
constitucional en una tercera instancia.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de los
accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional
en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, que a su vez se cimentó en el yerro sustantivo, no cuenta con
la carga argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto
en sede ordinaria, no desvirtúa prima facie el análisis realizado por el tribunal frente
a los medios probatorios.
Al respecto se destaca que el tribunal sustentó la negativa de las pretensiones por
la omisión probatoria de los accionantes al exponer que no pudo constatar los
fundamentos que llevaron al juez de control de garantías a proferir la medida de
aseguramiento y, en consecuencia, destacó que le resultaba «imposible verificar si
esa determinación se ajustó a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad
y razonabilidad exigidos por la Constitución y la jurisprudencia, y, por ende, si la
restricción de la libertad del demandante configura un daño antijurídico imputable al
Estado».
Ahora, en la presente acción constitucional los accionantes alegaron que era deber
del tribunal decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos objeto de litigio,
sin embargo, no exponen por qué es irrazonable el argumento del tribunal que se
refiere a que era deber de las partes solicitar en el momento procesal oportuno el
decreto de los medios probatorios necesarios para conocer los fundamentos del
juez de control de garantías para imponer la medida restrictiva.
Así las cosas, se advierte que los tutelantes pretenden reabrir el debate probatorio
y buscan que el juez de tutela imponga una valoración distinta a la que asumió el
juez natural de la causa, el cual determinó que no era posible establecer, por
omisión del extremo activo, si la limitación de la libertad era irrazonable y arbitraria,
en atención a que no se aportó el medio de prueba en donde se exponen los
fundamentos para acceder a la medida que limitó la locomoción del señor Córdoba.
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En cuanto a la sentencia de 17 de octubre de 2013 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado traída a colación en el escrito de tutela, la Sala advierte que
respecto de este reproche tampoco se supera el requisito de la relevancia
constitucional, comoquiera que el actor no indicó la regla jurisprudencial que se dejó
de aplicar en su caso.
En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico
expuesto en la demanda por la presunta privación injusta de la libertad, para a su
vez, disentir del análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial de segundo
grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torne improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»10 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación que elevaron la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
los señores Ovidio Córdoba, Rubiela Rosero Martínez, Anderson Duván Córdoba
Rosero, Franklin David Córdoba Rosero, María Elena Córdoba y Aura Córdoba.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con permiso
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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