Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01726-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01726-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01726-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01726-01
Accionante: Brandon Smith Sierra Núñez.
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Sanción disciplinaria por actuaciones como apoderado en
proceso disciplinario. Límite entre el ejercicio legítimo y el abuso
de las vías de derecho. CONFIRMA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Caquetá en contra de la sentencia del 11 de junio de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que amparó los derechos fundamentales del
señor Brandon Smith Sierra Núñez.
ANTECEDENTES
El señor Brandon Smith Sierra Núñez, en nombre propio, promovió acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa técnica y acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial con las sentencias del 31 de marzo de 2025
y del 11 de febrero de 2026, proferidas respectivamente, dentro del proceso
disciplinario con radicado 18-001-25-02-002-2023-00133-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que ejercía como abogado del señor Christian Camilo Lozada Montaña, dentro del
proceso disciplinario con radicado No. 18-001-25-02-000-2021-00193-00 y el 17 de
mayo de 2023, durante la audiencia de juzgamiento surgió un elemento relevante
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• Archivo Central.
para la defensa, por lo que solicitó el decreto de una prueba sobreviniente; sin
embargo, el Magistrado Instructor rechazó la solicitud «calificándola de
extemporánea y dilatoria».
Que en la misma audiencia interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado
improcedente y posteriormente, interpuso recurso de queja contra la negativa de la
apelación, recurso que también fue rechazado y el Magistrado ordenó compulsarle
copias disciplinarias «bajo el argumento de abuso de las vías de derecho».
Que, contra la negativa de tramitar el recurso de queja, el señor Christian Camilo
Lozada promovió acción de tutela y, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia amparó sus derechos y ordenó darle trámite, decisión que fue confirmada
por la Corte Suprema de Justicia.
Que a raíz del amparo constitucional, el expediente fue remitido a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, sin embargo, mediante auto del 2 de agosto de 2023,
esta rechazó nuevamente por improcedente el recurso de queja, al considerar que
la Ley 1123 de 2007 «no contempla dicho medio de impugnación».
Que contra dicha providencia se promovió nueva acción de tutela, en la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del 22 de
abril de 2024, dentro del radicado 11001-03-15-000-2023-07057-01, concedió el
amparo constitucional, al considerar que la autoridad disciplinaria realizó una
interpretación aislada y restrictiva de la Ley 1123 de 2007, desconociendo el
principio de integración normativa y el principio de favorabilidad en materia
disciplinaria.
Que se le inició proceso disciplinario a partir de la compulsa de copias ordenada y
mediante sentencia el 31 de marzo de 2025 la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Caquetá lo declaró responsable, imponiéndole una suspensión por cinco
meses del ejercicio de la abogacía, por incurrir en «la falta prevista en el artículo 33
numeral 8 de la ley 1123 de 2007, a título de dolo, por presunto abuso de las vías
de derecho». Decisión que fue confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial mediante sentencia del 11 de febrero de 2026.
Que adoptaron tales determinaciones a pesar de las decisiones constitucionales
que avalaron la procedencia del recurso de queja y descartaron que su interposición
constituyera actuación dilatoria o abusiva. Que las autoridades disciplinarias no
efectuaron un análisis integral y sistemático de las decisiones de tutela ni se
justificaron de manera suficiente el apartamiento frente a las consideraciones allí
contenidas.
Considera que incurrieron en:
Defecto sustantivo, al convertir el derecho de impugnación en falta disciplinaria,
pues lo que se sancionó no fue una conducta fraudulenta, ni una maniobra
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engañosa, ni una alteración del orden procesal; sino que se sancionó por - Archivo
insistirCentral.
en
que una prueba debía estudiarse, en que la negativa debía revisarse y en que un
superior examinara si el juez había cerrado indebidamente la discusión. Que el
derecho de impugnación fue reinterpretado como abuso doloso de las vías de
derecho.
Que además, la sentencia sancionatoria de segunda instancia, lo que hizo en
realidad fue redefinir el alcance del sistema recursivo del derecho disciplinario del
abogado bajo una lectura estrictamente literal, desconectada de las decisiones
constitucionales proferidas dentro del mismo trámite y omitió deliberadamente el
artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, que consagra el principio de integración
normativa.
Expresó que el ejercicio de los recursos no puede convertirse en fuente de sanción,
pues lo contrario implicaría vaciar de contenido el derecho de defensa y transformar
el sistema disciplinario en un mecanismo inhibidor del litigio técnico. Que el asunto
trasciende la esfera de lo individual, pues se trata de establecer si debe consolidarse
un precedente según el cual, el uso técnico de los recursos procesales es calificado
como abuso disciplinable, aun cuando su procedencia haya sido reconocida por el
juez constitucional.
Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio. Se tuvo por
acreditado el conocimiento previo de la necesidad de la declaración del señor
Canosa Torrado, haciendo una trasferencia del conocimiento del disciplinado a su
apoderado. Que la prueba testimonial acreditó que la información relevante emergió
en audiencia; no hubo preparación previa del cuestionario; no existió conversación
anterior sobre la solicitud del testimonio y la petición se formuló inmediatamente
después de la revelación del dato.
Que el debate jurídico debía centrarse en establecer si la información revelada en
audiencia cumplía o no con los criterios de la prueba sobreviniente definidos por la
jurisprudencia. En cambio, la decisión descartó la tesis por considerarla “ilógica”, sin
valorar integralmente las manifestaciones completas de los testigos. Que en materia
disciplinaria, el dolo no puede edificarse sobre presunciones ni sobre traslaciones
automáticas de conocimiento entre cliente y apoderado.
Que en el mismo defecto se incurrió al no valorar las decisiones de tutela aportadas
como prueba formalmente incorporada al trámite disciplinario; que en el recurso se
advirtió expresamente que resultaba desacertado prescindir de su valoración; no
obstante, la sentencia confirmatoria no efectuó un examen concreto de su
contenido, no explicó por qué carecerían de incidencia en la discusión sobre la
procedencia del recurso de queja, ni los confrontó con la interpretación restrictiva
finalmente adoptada. En suma, expresó que se prescindió de elementos que
aportaban un contexto hermenéutico determinante para establecer si la
interpretación asumida por el abogado era o no razonable dentro del debate jurídico
existente.
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• Archivo Central.
Desconocimiento del precedente, por cuanto la sanción impuesta desconoció las
decisiones de tutela proferidas por el Tribunal Superior de Florencia, confirmada por
la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC6514-2023 del 5 de julio de 2023 -.
y el Consejo de Estado dentro del mismo trámite.
Violación directa de la Constitución toda vez que la sanción impuesta contradice
directamente los artículos 29, 31 y 86 de la Constitución Política al convertir el
ejercicio legítimo del derecho de defensa en una fuente de responsabilidad
disciplinaria.
PRETENSIONES
Solicitó que se tutelen los derechos fundamentales invocados; que se deje sin
efectos la sentencia del 11 de febrero de 2026 proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial; y que se ordene a la autoridad judicial proferir una nueva
decisión, «valorando integralmente el acervo probatorio, aplicando el artículo 16 de
la Ley 1123 de 2007 y respetando el alcance constitucional del derecho de
impugnación».
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 10 de marzo de 2026, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela; negó la medida provisional solicitada, vinculó como terceros con
interés a los magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Caquetá; y ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dijo que la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales es de carácter excepcional, pues se está ante la
protección de principios como la seguridad jurídica, la independencia y la autonomía
del juez natural; que en el presente caso no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional y tampoco se configura alguna de las causales específicas de
procedencia.
Manifestó que el actor no está buscando la protección de sus derechos
fundamentales, sino que está utilizando la tutela para que el juez constitucional se
«inmiscuya en un asunto que excede sus competencias», lo anterior en cuanto, i)
está reiterando los argumentos que ya fueron resueltos en la sentencia recurrida; y,
ii) está utilizando la acción de tutela como una tercera instancia para reabrir un
debate probatorio y una discusión legal ya finalizada.
Que respecto al defecto sustantivo, el accionante no está alegando una aplicación
errónea de la norma, sino que realiza una «lectura acomodada de la providencia
sancionatoria»; y en cuanto al defecto fáctico, concluyó que la sentencia no resulta
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carente de sustentación o apoyo probatorio, pues hizo una valoración - Archivo Central.
conjunta
conforme a las reglas de la sana crítica y de la Ley 1123 de 2007.
Adujo que de la valoración integral de las pruebas se concluyó que la solicitud de
testimonio del señor Canosa Torrado no era una prueba sobreviniente, pues del
mismo ya se había hecho mención al interior del trámite disciplinario y en esa
medida el accionante pudo solicitarlo dentro de las oportunidades correspondientes.
Que el comportamiento del abogado Sierra Núñez no se ciñó al simple hecho de
interponer el recurso de queja, sino a una serie de solicitudes extemporáneas y
abiertamente contrarias a la Ley 1123 de 2007 que esa colegiatura analizó como
una unidad de acción, como se expuso en la providencia cuestionada.
Sostuvo que la conclusión a la que arribó la corporación no resulta caprichosa ni
carente de sustento o apoyo probatorio, pues fue el resultado de una valoración
conjunta conforme con las reglas de la sana crítica, de acuerdo con los artículos 96
y 97 de la Ley 1123 de 2007, y destacó que el decreto de pruebas de oficio, incluso
en etapa de juzgamiento, no rompe con la regla de preclusividad de las etapas
procesales.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá manifestó que el
proceso disciplinario se dio a partir de la compulsa de copias ordenada en audiencia
de juzgamiento del 17 de mayo de 2023, en la cual el accionante fungía como
defensor del disciplinado; que dentro del trámite elevó solicitud probatoria en etapa
de juzgamiento, cuando ya había vencido el término para solicitar pruebas, además,
de interponer recurso de apelación y luego de queja, por lo que el juzgador
consideró que estaba obstaculizando el normal desarrollo del proceso.
Que la sentencia del 31 de marzo de 2025 se sustentó en las pruebas recopiladas,
en los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre los
recursos de apelación y queja, y que, por lo tanto, no se desconoció la ley ni la
jurisprudencia aplicable al caso. Que las providencias recurridas no incurren en los
defectos enunciados por el accionante, puesto que, se probó que el disciplinado
incurrió en la falta del artículo 33 numeral 8 de la ley 1123 de 2007, siendo
«advertido por el magistrado de su actitud dilatoria e improcedente».
Solicitó que se niegue la tutela por no configurarse los presupuestos de la acción,
además, consideró que existe «hecho superado» al encontrarse el proceso
archivado definitivamente.
El señor David Alonso Roa Salguero, director académico del Instituto de Estudios
en Derecho Sancionatorio, presentó escrito como coadyuvante del accionante para
que se acceda a la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
impugnación y defensa.
Afirmó que su interés legítimo obedece a que actuó como testigo técnico durante el
trámite de primera instancia en la investigación disciplinaria, además de la
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• Archivo Central.
relevancia constitucional del tema sometido a estudio en el ámbito sancionatorio
disciplinario que incide en el ejercicio profesional del derecho.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de junio de
2026, amparó los derechos fundamentales del señor Brandon Smith Sierra Núñez y
dejó sin efectos la sentencia del 11 de febrero de 2026 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con radicado 18-001-25-
02-002-2023-00133-00/01.
Afirmó que, si bien la Comisión Nacional de Disciplina hizo referencia a la existencia
de decisiones de tutelas previas no realizó un análisis de la incidencia de tales
providencias al momento de estudiar la responsabilidad disciplinaria del accionante,
sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de estos pronunciamientos, pues el
Tribunal Superior de Florencia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
ordenaron dar trámite y resolver de fondo el recurso de queja; más aún cuando esas
órdenes estaban directamente relacionadas con el actuar del abogado dentro del
proceso donde se le compulsaron copias.
Que hubo un desconocimiento de un criterio constitucional aplicable al caso
concreto, porque no resultaba admisible que en la sentencia recurrida se hubiera
calificado el actuar del accionante como dolosa al «solicitar una prueba
extemporánea cuando una autoridad constitucional en virtud del principio de
integración normativa ya había señalado la procedencia del recurso de queja». De
igual modo, que la Comisión no expuso las razones por las cuales se apartaba de
las decisiones constitucionales.
Respecto a los defectos fáctico y sustantivo, consideró que sí se configuraban, en
tanto la providencia cuestionada no solo incurría en una omisión probatoria sino en
una «alteración del juicio de culpabilidad», y que no hizo ningún tipo de
diferenciación entre el uso «abusivo del derecho y su ejercicio legítimo».
IMPUGNACIÓN
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá impugnó la sentencia
afirmando que no se desconoció el régimen aplicable al caso concreto, es decir, la
Ley 1123 de 2007; que se fundamentaron en las pruebas legalmente allegadas al
proceso, de las cuales se concluyó que la solicitud del testimonio no era una prueba
sobreviniente.
Que el legislador no reguló en el Código Disciplinario del Abogado el recurso de
queja ante la negativa de las apelaciones, ni estableció la procedencia del recurso
de apelación contra la decisión que rechaza la solicitud de practica de pruebas
extemporánea o por fuera de los dos momentos procesales establecidos; además
que en la sentencia C319 de 2013 de la Corte Constitucional se autorizó las
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restricciones en materia de recursos dentro de la libertad de configuración- Archivo Central.
de
legislador, y que por lo mismo, no se puede cuestionar a las autoridades judiciales
por obedecer lo dispuesto por el legislador en su diferenciación legislativa.
Reiteró que el accionante interpuso los recursos de apelación y queja teniendo
conocimiento de su improcedencia, y que aun así continuó su actuar «encaminado
a entorpecer y demorar el normal desarrollo de la audiencia de juzgamiento», al
interponer recursos que no estaban ajustados a derecho y no permitían
interpretación alguna. Por lo tanto, que los fallos de primera y segunda instancia
están fundamentados frente a la culpabilidad del accionante a título de dolo, porque
el disciplinado conocía que con su actuar incurría en las faltas.
Que el accionante pretende que el Juez de tutela actúe como una tercera instancia,
desconociendo los principios de autonomía e independencia judicial, por lo que
solicitó que se revoque el fallo de tutela impugnado.
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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• Archivo Central.
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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• Archivo Central.
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia en cuanto consideró
que sí se configuraron los defectos alegados.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia del 11 de febrero
de 2026, centró el reproche en la solicitud de una prueba en etapa de juzgamiento
y en la posterior interposición de recursos frente a su rechazo, considerados por el
instructor como actuaciones improcedentes y manifiestamente dilatorias.
En ese sentido, se dedicó a hacer una exposición sobre la procedencia de recursos
en el proceso disciplinario, aplicando una lectura literal de lo previsto en el capítulo
VI de la Ley 1123 de 2007, sin tener en cuenta las codificaciones a las que remite
el artículo 16 de esta, en aplicación de los principios e integración normativa. De esa
manera, confirmó la sanción impuesta al abogado, por interponer unos recursos que
consideró improcedentes. Dijo que la «unidad de la acción» de solicitar una prueba
extemporánea e interponer los recursos ante la negativa, constituía actuación
dilatoria.
En dicho análisis omitió valorar probatoriamente las decisiones de tutelas previas,
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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que ordenaron dar trámite y resolver de fondo el recurso de queja que -interpuso
Archivo Central.
el
accionante en el proceso donde le compulsaron copias. Con ellas el actor pretendía
probar que la proposición de los recursos no tenía una intención dilatoria, sino que
constituía el ejercicio legítimo de la defensa de su poderdante. La omisión de ese
análisis alteró el juicio de culpabilidad pues la conducta desplegada por el señor
Brandon Smith Sierra Núñez se calificó como dolosa al considerar que tenía «pleno
conocimiento» de la improcedencia de los recursos interpuestos.
En este punto, la Sala encuentra razón en lo concluido por la primera instancia en
el sentido de que la decisión cuestionada no hizo ningún tipo de distinción entre el
uso abusivo del derecho y el ejercicio legítimo de la defensa técnica del apoderado
en el proceso disciplinario; lo que se tradujo en la determinación de la finalidad
dilatoria o entorpecedora del proceso que exige la norma, y en la calificación de
«manifiestamente abusiva de las vías del derecho».
La Comisión Nacional argumentó que era evidente que el testimonio del señor
Torrado solicitado por el accionante sí era de conocimiento previo del señor
Christian Camilo Lozada, quien «manifestó que no solicitó dicha prueba en la
oportunidad procesal oportuna», y que para dicho momento estaba ejerciendo su
defensa otro apoderado que «no lo representaba bien». Concluyó que no se podía
considerar la justificación de haber solicitado la prueba bajo el argumento de prueba
sobreviniente; y que era deber del abogado asumir la representación en la etapa
que se encontraba el proceso y actuar de manera recta, sin «acudir a solicitudes
extemporáneas».
En la sentencia se tuvo en cuenta el testimonio del señor Lozada para determinar
el conocimiento previo que tenía respecto de la prueba solicitada, sin embargo, no
hace referencia alguna a que este también manifestó que su actual abogado no
sabía de ese testigo y, que fue en la práctica de otro testimonio cuando su
apoderado decidió solicitar esa prueba.
Por consiguiente, la sentencia no logró demostrar el conocimiento previo del
abogado respecto de la prueba solicitada, y por lo tanto, la configuración dolosa de
su actuar; pues la solicitud de una prueba, que en su momento se consideró
sobreviniente, es una actuación que se da dentro del desarrollo ordinario de los
procesos, mas no por ello, se puede calificar de dilatoria y entorpecedora.
En conclusión, teniendo en cuenta que la autoridad disciplinaria consideró que las
conductas constituyeron una unidad de acción, resulta relevante anotar que, si bien,
finalmente dicha autoridad determinó que la prueba solicitada en el proceso que dio
origen a la compulsa de copias era extemporánea, por no tener la característica de
sobreviniente y haber sido solicitada en la audiencia de juzgamiento; ese solo hecho
no demostraba una finalidad entorpecedora del desarrollo del proceso que se le
reprochó al actor por el director de aquel, que a su vez fue el instructor del proceso
disciplinario que terminó con decisión sancionatoria.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01726-01
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Significa, que, con independencia de la procedencia o no de los recursos, - Archivo Central.
de donde
se le endilgó el abuso de las vías de derecho, en principio se cimentó, tanto la queja
(compulsa de copias) como la sanción, en una inferencia del conocimiento anterior
del abogado acerca de la existencia previa de la prueba que solicitó como
sobreviniente, sin que este estuviera plenamente demostrado.
Conforme a lo expresado, esta Subsección, igual que la primera instancia
constitucional, encontró acreditados los defectos sustantivo y fáctico señalados por
el actor y en consecuencia, confirmará la sentencia objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, conforme a la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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