Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07057-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 22 de abril de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07057-01
Demandante: Christian Camilo Lozada Montaña
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto Sustantivo |Ampara
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia por medio de la cual la
autoridad judicial accionada rechazó de plano el recurso de queja presentado dentro del
trámite de un proceso disciplinario.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 25 de
enero de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado, por falta
del requisito de subsidiariedad2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 21 de noviembre de 2023, Christian Camilo Lozada Montaña
presentó acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso (defensa e imparcialidad), con ocasión del Auto de 2 de agosto de
2023, proferido dentro del proceso disciplinario con radicado No. 18001-25-
02-000-2021-00193-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Christian Camilo Lozada
Montaña, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07057-01
Demandante: Christian Camilo Lozada Montaña
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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“Primero. De manera respetuosa, solicito señor Juez Constitucional se tutele mis
derechos fundamentales al debido proceso, imparcialidad y derecho de
defensa.
Segundo. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, dar trámite al recurso de queja impetrado por mi abogado defensor
en la audiencia del 17 de mayo de 2023 y sustentado en la audiencia del 09 de
junio de 2023 dentro de la radicación No. 180012502000-2021-00193-00 y decida
es asunto de fondo con la libertad judicial que dispone.
Tercero. Las demás que su despacho considere necesarias.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá inició un
proceso disciplinario al abogado Christian Camilo Lozada Montaña, con
ocasión de una queja presentada en su contra por la presunta comisión de
ciertas faltas relacionadas con la lealtad con el cliente, la debida diligencia
profesional y el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de
solución de conflictos, así como por la realización de actuaciones temerarias
o de mala fe3.
5. 2) En audiencia de pruebas y clasificación provisional de 7 de
diciembre de 2022, la Comisión Seccional formuló cargos contra el
mencionado abogado por la posible infracción a los deberes previstos en
los numerales 4, 8, 10 y 18 del literal C del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007,
así como por la comisión de las conductas descritas en el literal C del artículo
34 (a título de dolo) y del numeral 1 del artículo 37 de la misma ley (a título
de culpa).
6. 3) El 17 de mayo de 2023, se llevó a cabo la diligencia virtual de
juzgamiento, en la cual, por conducto de su defensor, el señor Lozada
Montaña solicitó el decreto y práctica de una prueba sobreviniente,
concretamente, (se trascribe) “el testimonio de Fernando Canosa Torrado
profesor de la Universidad Libre”. Dicha solicitud fue rechazada de plano por
el magistrado ponente.
7. 4) Inconforme con la decisión, en la misma diligencia, el defensor del
hoy accionante presentó recurso de apelación, el cual fue calificado de
dilatorio y declarado improcedente. Por tal razón, la defensa del señor
Lozada Montaña presentó recurso de queja, el cual, a su turno, igualmente
fue rechazado.
8. 5) El 29 de mayo de 2023, el señor Lozada Montaña promovió acción
de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá
3 Rad. 18001-25-02-000-2021-00193-00.
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Demandante: Christian Camilo Lozada Montaña
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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con ocasión del auto que rechazó el recurso de queja4. Mediante Sentencia
de 8 de junio de 2023, el Tribunal Superior de Florencia concedió el amparo5,
tras considerar que habían sido vulnerados los derechos fundamentales de
la parte actora comoquiera que, en virtud del principio de favorabilidad, la
Comisión Seccional debió haber dado trámite a los recursos presentados en
el proceso disciplinario6. Decisión que fue confirmada por la Corte Suprema
de Justicia, en Sentencia STC6514-2023 de 5 de julio de 20237.
9. 6) El 9 de junio de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Caquetá dio cumplimiento al fallo de tutela y permitió la sustentación del
recurso de apelación8, el cual, al ser nuevamente rechazado por el
magistrado ponente, le dio procedencia al recurso de queja9. En
consecuencia, dicha autoridad ordenó su remisión a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.
10. 7) Mediante Auto de 2 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial rechazó por improcedente el recurso de queja, bajo los
principios de legalidad y taxatividad, por no estar contemplado en la Ley
1123 de 2007. Dicha decisión, fue notificada electrónicamente el 7 de
noviembre de 2023 al disciplinado.
4 Rad. 18001-22-14-000-2023-00025-00/01
5” PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la doble
instancia deprecados por el señor Christian Camilo Lozada Montaña, en consonancia con lo puntualizado en la
parte motiva de esta sentencia. // SEGUNDO: ORDENAR A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
FLORENCIA –MAGISTRADO INSTRUCTOR MANUEL ENRIQUE FLOREZ- que dentro las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, luego de dejar sin ningún valor la decisión proferida en la audiencia
de juzgamiento celebrada el 17 de mayo de 2023 dentro de la causa disciplinaria radicado bajo el número 2021-
00193-00 mediante la cual negó los recursos interpuestos por el accionante ante la negativa de una prueba
sobreviniente, disponga dar el trámite que consagra la ley 1952 de 2019 al recurso de queja, permitiendo la debida
sustentación de la apelación respectiva.”
6 “(…) por consiguiente, resulta incontestable que en el caso de marras, se cercenaron los derechos fundamentales
deprecados por Christian Camilo Lozada Montaña, básicamente, por no haberse dado trámite al recurso de
queja, dejando de aplicar a su vez el artículo 136 de la ley 1952 de 2019 desde la óptica del principio de
favorabilidad, incurriéndose de esta manera en los defectos: orgánico y procedimental, por lo que, para
conjurarlos, lo más factible es que se ordene al H. Magistrado Instructor de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de esta ciudad.”
7 “En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia constitucional de
fecha, contenido y procedencia prenotada.”
8 Acta de 9 de junio de 2023: “Sustentación del recurso de apelación por el defensor: Hace referencia a lo
establecido en los artículos 85 y 15 de la Ley 1123/07 sobre el deber de búsqueda de la verdad material y ante la
negativa de decretar el testimonio del Dr. FERNANDO CANOSA TORRADO que considera es prueba sobreviniente,
en tanto el artículo 88 se refiere a la solicitud y aporte de pruebas en que no se condiciona el rechazo lo que se
enfrenta a los momentos que fija el artículo 105, debiendo primar lo sustancial sobre lo procesal, siendo que la
prueba fue mencionada por un testigo y es esencial para rebatir el cargo de aceptar encargos para los que no
estaba capacitado, atentando contra el principio de igualdad que el despacho decrete pruebas de oficio desde
un comienzo luego de un testimonio, pero no se le acepte la prueba sobreviniente al defensor, y hace mención a
dos decisiones de las doctoras LUZ YANIBER NIÑO BEDOYA y GLORIA IZA GÓMEZ Magistradas de esta Comisión
Seccional, donde decretaron pruebas sobrevinientes y le concedieron el recurso de apelación ante la negativa
de pruebas, más tilda a la magistratura de no ser garantista al no conceder el recurso; también hace mención la
sentencia T-006 de 1995 de la Corte Constitucional respecto a la omisión de pruebas”.
9 Acta de 9 de junio de 2023: “Sustentación del Recurso de Queja: El defensor SIERRA NUÑEZ menciona los tres
presupuestos para que sea procedente el recurso ordinario de queja, indicando que en esta caso se cumplen,
más hace análisis del artículo 81 de la ley 1123/07 aduciendo que taxativamente indica contra que decisiones
procede la apelación, al cual da lectura, argumentando ser taxativo y no restrictivo; finalmente hace alusión a
que el precedente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial citado por el magistrado es atentatorio contra
los principios y garantías de la ley 1123/07, pues con esa decisión no prevalece el derecho a la justicia y limita la
verdad material, más solicita a la Comisión Nacional se conceda el recurso de apelación sustentado”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07057-01
Demandante: Christian Camilo Lozada Montaña
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
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11. El fundamento de la vulneración, según la parte actora, radicó en que
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto sustantivo
al realizar una lectura aislada de la norma procedimental disciplinaria. Adujo
que el rechazo del recurso de queja, amparado en los principios de
legalidad y taxatividad, (se trascribe) “(…) va en contra del ordenamiento
jurídico al aplicar indebidamente la norma sustancial y con ello
ocasionando que la motivación sea manifiestamente contraria a la decisión
(…)”.
12. Agregó que la autoridad accionada acudió de manera incorrecta a
los aludidos principios, al argumentar que la Ley 1123 de 2007 no prevé dicho
recurso, pues ello llevó a una interpretación contradictoria a lo decidido en
la Sentencia STP8000-2022 de la Corte Suprema de Justicia, respecto del
principio de integridad normativa que permite dar aplicación y trámite al
recurso de queja, siempre que no contradiga expresamente una norma
especial. En ese sentido, recalcó que tanto la Ley 734 de 2002 como la Ley
1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, establecen la
procedencia del recurso de queja dentro del proceso disciplinario.
13. Adujo igualmente que dicha postura fue precisamente la que acogió
la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de tutela STC6514-2023, en la
que estudió su caso cuando la Comisión Seccional rechazó el recurso.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
14. En Sentencia de 25 de enero de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no haber cumplido
el requisito de subsidiariedad, tras considerar que el proceso disciplinario
sigue en curso. Para ello, señaló que la Corte Constitucional ha establecido
que no se cumple con el aludido requisito (se trascribe) “(i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial, ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”10. En ese sentido, agregó que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela
no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas
jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario.
15. Aunado a lo anterior, adujo, sobre la procedencia de la acción de
tutela contra autos interlocutorios, que la jurisprudencia de la Corte ha
establecido que (se trascribe) “(…) el análisis (…) es estricto, puesto que: i)
no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su disposición
distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el marco del proceso
10 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la
decisión final”11. De tal manera, en el presente caso, al estar en curso el
proceso disciplinario y haberse enjuiciado un auto interlocutorio proferido en
él, la solicitud de amparo resultó improcedente.
16. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora presentó escrito
de impugnación, en el que señaló que el juez de primer grado no realizó un
análisis riguroso del problema jurídico planteado12. Sostuvo que el
razonamiento hecho por la Sección Primera del Consejo de Estado fue
erróneo y ausente del cualquier estudio específico sobre el derecho
procesal, pues tomó una ligera decisión al declarar la improcedencia de la
acción de tutela. Agregó que (se trascribe) “(…) el asunto, no se tramita en
la decisión final del procedimiento en curso, al contrario, no existe ningún
recurso al interior del proceso que permita garantizar el derecho de
impugnación frente al auto interlocutorio que niega la prueba solicitada”
por lo que, contrario a lo señalado por el juez de primera instancia, el recurso
de queja era procedente, en virtud del principio de integridad normativa.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos y afectación a derechos fundamentales.
2.4. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
17. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, si la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial incurrió en un defecto sustantivo por rechazar el recurso
de queja en el marco de un proceso disciplinario adelantado contra un
abogado (Ley 1123 de 2007), cuando dicho recurso sí está previsto tanto en
el CDU (Ley 734 de 2002) como en el CGD (Ley 1952 de 2019 – Ley 2094 de
2021). En consecuencia, se procederá a confirmar, modificar o revocar la
decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial13
18. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque: (1)
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
enjuiciada (9/11/2023)14 y la de interposición de la presente acción de tutela
11 Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020.
12 En el escrito de tutela, el accionante propuso el siguiente problema jurídico: “¿procede el recurso de queja en
el proceso disciplinario de la Ley 1123 de 2007?”
13 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
14Al consultar la página de la Rama Judicial, se constató que el mensaje de datos de notificación de la providencia
de segunda instancia se efectuó el 7 de noviembre de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07057-01
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(21/11/2023). (2) No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relaciona con una providencia (auto interlocutorio) dictada en un proceso
disciplinario. (3) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (4) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora en el marco de
un proceso disciplinario respecto del cual se alegó un defecto sustantivo,
ante el rechazo de un recurso de queja contra el auto que declaró
improcedente el recurso de apelación contra la decisión de negar una
prueba, considerada por el investigado y su defensa como sobreviniente.
Aunado a ello, a pesar de que pueda tratarse de una reiteración de
argumentos, no puede perderse de vista que ya existió una decisión de
tutela que ordenó dar trámite al recurso de queja por parte de la Comisión
Seccional y, es ahora, que se enjuicia la decisión por parte de la Comisión
Nacional.
19. (5) En lo que respecta a la subsidiariedad, contrario a lo que sostuvo
el juez de tutela de primera instancia, la Sala estima que sí se cumplió el
requisito, pues, más allá de que el proceso ordinario se encuentre en trámite,
la parte actora agotó los mecanismos judiciales a su alcance para
cuestionar el rechazo del decreto y práctica de una prueba sobreviviente,
posteriormente, la declaratoria de improcedencia de los recursos de
apelación y queja. En otras palabras, el trasfondo de las reclamaciones
procesales de la parte actora están relacionadas con una decisión sobre
pruebas, la cual, dentro del trámite del proceso disciplinario, no se cuenta
con oportunidad y/o mecanismo judicial distinto para ser enjuiciada. Esto es,
una decisión interlocutoria que ya se tomó durante el trámite del proceso y
sobre la cual, dada la estructura misma de este último, no tiene una etapa
sobre en la cual se pueda volver sobre aquella. En ese orden, la Sala
revocará la decisión de primer grado y estudiará si hubo, o no, afectación
alguna al derecho al debido proceso por la configuración del defecto
sustantivo.
2.3. Verificación de defectos y afectación a derechos fundamentales
20. La Sala accederá al amparo solicitado por Christian Camilo Lozada
Montaña, por las siguientes razones:
21. La parte actora señaló que la providencia atacada incurrió en un
defecto sustantivo al rechazar por improcedente el recurso de queja con
una lectura aislada de la Ley 1123 de 2007, norma que, según indicó, bajo
el principio de integración normativa, y contrario a lo establecido por la
autoridad accionada, permite la procedencia, trámite y aplicación de las
reglas del recurso de queja.
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22. Al respecto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en Auto de 2
de agosto de 2023, dispuso que (se trascribe):
“(…) En ese sentido, se advierte que le corresponde al legislativo la creación de
los procedimientos, la estructuración de sus etapas y los términos para su
desarrollo, las formas para impugnar las decisiones, los tipos y alcances de las
sanciones, entre otros aspectos, debiendo los operadores judiciales,
administrativos o policivos, aplicar los parámetros de ley, pues ello se constituye
en una garantía plena de los derechos al debido proceso y defensa y del
principio de seguridad jurídica.
Así, en virtud del principio de legalidad y del de taxatividad, íntimamente
ligados, se advierte que la actuación disciplinaria debe desarrollarse bajo los
parámetros establecidos por el legislador; por ello, en tratándose de la
procedencia de los recursos deberá tenerse en cuenta los términos del artículo
79 de la Ley 1123 de 2007 que refiere: “contra las decisiones disciplinarias
proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en
esta codificación”, esto para señalar, que el legislador no reguló la
procedencia del recurso de queja en los procesos disciplinarios adelantados
contra abogados.
Así las cosas, contrario a lo señalado por el abogado de confianza del
disciplinado (…), se precisa que no es procedente el recurso de queja
formulado, motivo por cual se rechazará el mismo por improcedente”.
23. Estudiados los anteriores argumentos, de cara al reparo planteado por
la parte actora, la Sala resalta que no puede dejarse de lado lo
contemplado en la legislación actual15 respecto de la aplicación y
procedencia del recurso de queja en el marco de los procesos disciplinarios.
Sobre el particular, la Ley 1952 de 2019 de manera expresa consagra en su
artículo 136 que (se trascribe) “[e]l recurso de queja procede contra la
decisión que rechaza el recurso de apelación”; es decir, establece el
procedimiento y la viabilidad del recurso de queja en el Código General
Disciplinario. Por ende, a pesar de la ausencia de tal preceptiva en el
Código Disciplinario del Abogado, lo cierto es que, a partir del principio de
integración normativa, es posible darle aplicación del recurso de queja
dentro del proceso disciplinario.
24. No puede pasarse por alto que pese a que el artículo 79 de la Ley 1123
de 2007, tal como lo indicó la autoridad adicionada en su Auto de 2 de
agosto de 2023, dispone que (se trascribe) “[c]ontra las decisiones
disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo
con lo previsto en esta codificación”, el mismo cuerpo normativo dispone
expresamente (se trascribe):
“Artículo 7. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la
sanción.
15 Ley 1952 de 2019 reformada por la ley 2094 de 2021.
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La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la
sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que
entre a regir, salvo lo que la ley determine.
(…)
Artículo 15. Interpretación. En la interpretación y aplicación del presente
código el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del
proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo,
la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen.
Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación
del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la
Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán
los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los
abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la
naturaleza del derecho disciplinario.”
25. En ese orden, a pesar de que la Ley 1123 de 2007 indicó que, contra
las decisiones dictadas en el marco del proceso disciplinario, proceden los
recursos de reposición y apelación (desarrollados en los artículos 80 y 81 de
la misma ley), debe tenerse de presente que: (1) no hay una prohibición
expresa o norma que indique la improcedencia de otros recursos ordinarios,
(2) la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, norma procesal y
posterior sobre la materia, sí contempló el recurso de queja; y (3) existía una
decisión de tutela previa dictada por la Corte Suprema de Justicia
(Sentencia STC6514-2023 de 5 de julio de 2023)16, respecto del mismo
proceso, en la que ya se había avalado la procedencia del recurso en virtud
las reglas de integración normativas que prevé el mismo Código Disciplinario
del Abogado17. Por lo tanto, la Sala estima que una interpretación más
ajustada a la Constitución, en aras de privilegiar la prevalencia de la justicia,
la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y
el cumplimiento de los derechos y garantías del investigado, sería admitir la
procedencia del recurso.
26. De manera que, en el presente asunto, es necesario que se permita
tramitar el recurso de queja por parte de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial sin que ello signifique que, (1) la prueba sobreviniente referida debe
practicarse, (2) el recurso de apelación sea procedente y/o (3) la queja
deba decidirse en uno u otro sentido.
16 Proferida por la Corte Suprema de Justicia en la que confirma el fallo de primer grado del Tribunal Superior de
Florencia y ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dar el trámite correspondiente al recurso de
apelación y de queja.
17 Es preciso aclarar que si bien la orden de la mencionada sentencia de tutela fue dada a la Comisión Seccional,
la misma constituye una suerte de confianza legítima a favor de investigado sobre la procedencia y trámite del
recurso de queja y la decisión de dar trámite al recurso por parte de la Comisión Seccional (en cumplimiento de
la orden de tutela) y el posterior rechazo de la Comisión Nacional, harían nugatorio el amparo a los derechos de
la parte actora que previamente había sido concedido.
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27. Así las cosas, para la Sala bastan las anteriores consideraciones para
tener como probada la existencia del defecto sustantivo en la providencia
judicial cuestionada y determinar que existió la vulneración alegada, pues
la autoridad judicial accionada rechazó de plano el recurso de queja sin
haberle dado el trámite correspondiente y haberlo resuelto de fondo. En
consecuencia, se accederá a la solicitud de amparo.
2.4. Conclusión
28. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de
tutela de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de
amparo y, en su lugar, amparará el derecho al debido proceso de Christian
Camilo Lozada Montaña. En consecuencia, se dejará sin efectos el Auto de
2 de agosto de 2023 proferido por la autoridad accionada, y ordenará a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que disponga dar el trámite al
recurso de queja.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 25 de enero de 2024, por medio de la
cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la
presente acción de tutela y, en su lugar, AMPARAR el derecho al debido
proceso de Christian Camilo Lozada Montaña, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto de 2 de agosto de 2023, Rad. 18001-
25-02-000-2021-00193-01, y ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera la decisión de remplazo, de conformidad con las
razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07057-01
Demandante: Christian Camilo Lozada Montaña
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - ampara
______________________________________________________________________________________________________________
CUARTO: Por secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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