Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01688-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01688-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01688-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-01
Demandantes: Juan Sebastian Bustos Ortega
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-01
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Tutela contra providencia judicial – requisitos generales de
procedencia
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia de 13 de abril de 2026, dictada por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, que resolvió:
«Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Sebastián Bustos
Ortega, en la solicitud de tutela presentada contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día
siguiente de su ejecutoria.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de marzo de 2026, el señor Juan Sebastián Bustos Ortega, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR, los derechos fundamentales al Debido Proceso, establecido en el
artículo 13 y 29 de la Constitución Política Nacional de 1991 y, entre otros, el artículo 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
SEGUNDO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de febrero
de 2026, la constancia secretaria de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y el
auto fechado el 23 de febrero de 2026, VIOLARON el artículo 13 de la Constitución Política
Nacional de 1991.
TERCERO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de febrero
de 2026, la constancia secretaria de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y el
auto fechado el 23 de febrero de 2026, VIOLARON, el artículo 29 de Constitución Política
Nacional de 1991.
CUARTO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de febrero de
2026, la constancia secretaria de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y el auto
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Demandantes: Juan Sebastian Bustos Ortega
fechado el 23 de febrero de 2026, VIOLARON, entre otros, el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
QUINTO: NULITAR O DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia fechada
el 11 de febrero de 2026, la Constancia Secretaria de Ejecutoria de la Sentencia de
Segunda Instancia y el Auto fechado el 23 de febrero de 2026, a fin de que se garantice el
debido proceso, administración de justicia, el derecho a la igualdad constitucionales y, entre
otros, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
SEXTO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la prescripción dentro del proceso
bajo Radicado 18-001-25-02-000-2025-00213-00.
SÉPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, oficiar al Registro Nacional de Abogados a
fin de que se suspendan la anotación de suspensión del ejercicio de la profesión efectuada
al suscrito.»
Como medida provisional solicitó:
« Se ORDENE a la Unidad Del Registro Nacional De Abogados Y Auxiliares De La Justicia,
la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta y por ende se proceda a dejar sin
efectos o suspendida la anotación efectuada de sanción al suscrito, mientras se decide la
acción tutelar de fondo o hasta que el (sic) Comisión Nacional de Disciplina Judicial emita
nueva sentencia..»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria
El 27 de enero de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia compulsó
copias al interior del proceso 18001-33-31-001-2005-00017-00, contra el señor Bustos
Ortega por su presunta conducta irregular en su ejercicio como abogado, porque no
envió al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia la certificación expedida del 4
de febrero de 2021, suscrita por el Secretario General y de Gobierno Municipal,
mediante la que informaba que el Comité de Conciliación no ratificó el acuerdo
conciliatorio firmado en el 2018 al interior de ese proceso, ello, derivó en que el 16 de
febrero de 2021 feneciera el plazo concedido.
Hechos relacionados con el proceso disciplinario con radicado 2025-00213-
00/01
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá́, que, en sentencia del 18 de diciembre
de 2025, declaró responsable al abogado de la falta imputada al infringir el deber
señalado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, e incurrir a título de
culpa en la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1° de la referida ley, en
consecuencia, lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término
de seis (6) meses.
El señor Bustos Ortega en calidad de disciplinado presentó solicitud de corrección,
aclaración y adición, la cual fue rechazada por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Caquetá, mediante auto del 19 de enero de 2026 en el que se indicó que
no advirtió error aritmético, error en el nombre o identidad del investigado o de la
entidad donde labora, tampoco en la denominación del cargo, y mucho menos existió
omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, ya que por el contrario fue
congruente lo resuelto con lo motivado.
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Contra decisión de primera instancia fueron presentados dos recursos de apelación.
El primero, por el apoderado del actor basado en que, a su juicio, la decisión
sancionatoria se construyó sobre errores de tipicidad, defectos en la valoración de la
prueba y modificación indebida de los hechos imputados, porque la responsabilidad
disciplinaria se construyó sobre una valoración equivocada de la prueba testimonial,
en la cual ignoró elementos que demostraban que el disciplinado actuó diligentemente
y que no estaba probado que hubiera conocido oportunamente el documento cuya
remisión se le reprochaba; su defendido nunca fue requerido por el juzgado
administrativo para que allegara la certificación del Comité de Conciliación, aunado a
que los funcionarios de la Alcaldía Municipal de El Doncello y su subalterno, no le
informaron oportunamente de la presencia del documento en su oficina. Además,
refirió un testimonio en el que se hizo alusión a que prestó asesoría previa a la reunión
del Comité de Conciliación, e indicó que se contagió de COVID-19 razón por la que
no tenía la posibilidad física y volitiva de realizar seguimiento a la gestión.
El segundo recurso fue radicado por el actor en nombre propio, el cual se basó en la
inexistencia de la conducta disciplinaria por atipicidad, sostuvo que nunca tuvo
conocimiento efectivo de la existencia del certificado porque fue entregado a un
tercero en un sobre cerrado y sin comunicación directa, estuvo frente a un caso de
fuerza mayor por Covid-19 dado que se enfermó, existió valoración sesgada de los
testimonios y de la prueba médica.
El fallador de primera instancia, en auto del 23 de enero de 2026, concedió recurso
de apelación interpuesto por el abogado del actor, sin embargo, rechazó por
extemporáneo el presentado por el señor Bustos Ortega. Contra el rechazo del recurso
el actor interpuso recurso de queja.
El actor afirmó que el recurso de queja fue remitido el 23 de enero de 2026 a la
Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, mismo día en
el que además radicó solicitud de resolución de la queja, solicitud que fue reiterada en
escrito del 10 de febrero de 2026, misma oportunidad en la que radicó incidente de
nulidad, la cual ingresó al despacho el 11 de febrero del mismo año.
Además de lo anterior el señor Bustos Ortega señaló que el 11 de febrero de 2026 a
las 7:54 am radicó solicitud de prescripción dentro del proceso disciplinario, en tanto
a su juicio, la acción prescribió desde el 4 de febrero de 2026, al efecto anexó como
prueba el correo remitido en este sentido.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 11 de febrero de
2026, como cuestión previa, dispuso no emitir pronunciamiento sobre el recurso de
queja, porque el artículo 79 de la Ley 1123 de 2007 no consagra dicho medio de
impugnación dentro del trámite disciplinario aplicable a los abogados y, conforme con
el principio de taxatividad y especialidad, únicamente proceden los previstos por el
legislador.
En cuanto al fondo del asunto, confirmó en todas sus partes el fallo de primera
instancia, porque, si bien el requerimiento no fue realizado directamente al actor en
calidad de abogado sino al municipio de El Doncello, por considerar que de ninguna
manera eximía el cumplimiento del deber de diligencia y concretamente atender lo
solicitado por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.
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Asimismo frente a la vulneración del principio de congruencia indicó que la primera
instancia nunca quebrantó dicho principio, en la medida que el marco fáctico que
edificó la formulación del cargo, se circunscribió exclusivamente al comportamiento de
dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional,
porque el togado en representación del municipio de El Doncello al interior del proceso
18001333100120050001700, pues no envió al Juzgado Tercero Administrativo de
Florencia, la certificación expedida el 4 de febrero de 2021 por el Secretario General
y de Gobierno Municipal, donde informó que el Comité de Conciliación no ratificó el
acuerdo conciliatorio firmado en el 2018, y así fue ratificado sin variaciones o
modificaciones sorpresivas en la sentencia impugnada.
Respecto de las incapacidades médicas del actor expuso que si bien pretende relucir
a manera de causal de exclusión de responsabilidad su afección de salud lo cierto es
que la incapacidad médica sólo se extendió hasta el 6 de febrero de 2021, y el término
de ocho (8) días concedido por el juzgado fenecía el 16 siguiente. Además, pese a las
recomendaciones de aislamiento, resaltó que no era posible concluir que se tratara de
una situación de fuerza mayor en estricto sentido, es decir, una situación imprevisible
o irresistible que le impidiera de forma inexcusable la observancia cabal de sus
deberes profesionales, pues si consideraba que la enfermedad le privaba de ejecutar
cualquier actividad, bien pudo comunicar al municipio que era imposible estar al tanto
del avance y sobre todo materializar cualquier carga relacionada con la gestión para
que se adoptaran las medidas correspondientes.
Al efecto, aportó oficio de notificación de la providencia, de fecha 12 de febrero de
2026, enviado por correo electrónico el 12 de junio de 2026 a las 5:11 pm y con soporte
de entrega del mismo día a las 5:12 pm., con fundamento en lo cual, sostuvo que
quedó notificado el 17 o 18 de febrero de 2026, en los términos del artículo 8 de la Ley
2213 de 2022.
El 18 de febrero de 2026 el actor presentó solicitud de aclaración de la sentencia de
segunda instancia con fundamento en que no se dio trámite al recurso de queja
interpuesto contra el auto que rechazó por extemporánea la apelación de la sentencia
de primera instancia.
El señor Bustos Ortega agregó que en escrito de 19 de febrero de 2026 solicitó
nuevamente que se declarara la prescripción dado que a su juicio, la fecha de
prescripción de la acción disciplinaria tuvo lugar el 16 de febrero de 2026, con
fundamento en que la misma sentencia de segunda instancia indicó esa fecha como
el momento en que se consolidó la falta. Oportunidad, en la que se refirió al artículo
56 de la Ley 270 de 1996, para señalar que la fecha de ejecutoria comienza a contar
desde el momento de la notificación de la providencia.
La autoridad judicial demandada, en auto del 23 de febrero de 2026, anticipó que
resolvería sobre la solicitud de adición de la sentencia y la solicitud de prescripción. Al
efecto, puso de presente que conforme al artículo 16 de Ley 1123 de 2007, que
autoriza la integración normativa en aspectos no regulados expresamente en el
régimen disciplinario del abogado, resulta aplicable lo previsto en el artículo 140 de la
Ley 1952 de 2019, disposición que limita la corrección, aclaración o adición del fallo a
errores aritméticos, imprecisiones formales u omisiones sustanciales de la parte
resolutiva.
Basado en lo anterior, negó la solicitud de adición, por considerar que el actor no
pretendió corregir un aspecto formal del fallo, conforme a lo previsto en el artículo 149
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de la Ley 1952 de 2019, sino cuestionar el criterio jurídico adoptado y, respecto de la
solicitud de prescripción, afirmó que debía estarse a lo resuelto en la providencia de
segunda instancia, en la medida en que en ella se definió la situación jurídica puesta
a consideración.
El 17 de febrero de 2026, el secretario de esa Corporación remitió el oficio al director
del Registro Nacional de Abogados, a fin de informar de la sanción interpuesta, por lo
que el 25 de febrero de 2026, esa dependencia informó que la sanción impuesta inició
a correr desde el 2 de marzo de 2026.
3. Argumentos de la acción de tutela
El accionante expuso que la autoridad judicial demandada incurrió en defectos
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución, por desconocer el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción
disciplinaria, pese a que esta fue alegada de manera expresa y oportuna.
Al efecto, basó la inconformidad, fundamentalmente, en cuatro aspectos. Así: (i) la
expedición de la sentencia de segunda instancia sin previo pronunciamiento frente a
las solicitudes del 11 de febrero de 2026 (sobre prescripción de la acción disciplinaria,
configurada ese mismo día) y de nulidad procesal presentada también de manera
previa; (ii) el acaecimiento de la prescripción de la acción disciplinaria; (iii) la omisión
en tramitar de fondo al recurso de queja; y, (iv) por la aplicación indebida de los
artículos 3 y 17 de la Ley 1123 de 2007, en lo concerniente al reproche de tipicidad
enrostrado.
Como desarrollo de lo anterior, empezó por explicar:
(i) De la falta de pronunciamiento sobre solicitud del 11 y 19 de febrero de
2026 y la nulidad procesal alegada
El actor puso de presente que la solicitud de prescripción no podía haberse presentado
antes, pues no se había cumplido el requisito temporal para su acaecimiento.
Seguidamente, señaló que, al verificar el contenido completo de la sentencia de
segunda instancia no se advierte pronunciamiento acerca de la solicitud de
prescripción, pese, a que presentó solicitud expresa al respecto.
Afirmó que no resulta constitucionalmente admisible que el fallador omitiera
pronunciarse sobre una solicitud formulada de manera expresa, oportuna y con
anterioridad a la adopción del fallo, máxime cuando se trata de un asunto de
naturaleza sustancial y no de una cuestión meramente formal o procedimental. La
prescripción de la acción disciplinaria compromete directamente la vigencia de la
potestad sancionadora del Estado y, por tanto, exige un análisis judicial expreso y
motivado.
Insistió en que la prescripción, en materia disciplinaria, no es una figura accesoria ni
un beneficio gracioso a favor del investigado. Se trata de un límite estructural al ius
puniendi, directamente vinculado con los principios de seguridad jurídica, legalidad,
debido proceso y proporcionalidad. En esa medida, cuando se plantea de manera
expresa y oportuna, el juez disciplinario adquiere el deber constitucional de analizarla
y decidirla de forma clara, motivada y congruente.
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(ii) Frente a la prescripción de la acción disciplinaria
Que, aunque la sentencia de segunda instancia fue expedida el 11 de febrero de 2026,
su notificación se surtió únicamente los días 17 o 18 de febrero de 2026, momento
para el cual ya había operado el término de prescripción de 5 años contado desde la
fecha de consumación de la falta (16 de febrero de 2021), conforme con el artículo 24
de la Ley 1123 de 2007. Sumado a los 3 días de ejecutoria de que trata el artículo 302
del CGP, aplicable por remisión normativa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, la
cual tuvo ocurrencia el 20 de febrero de 2026; o el 23 de febrero de 2026.
Indicó que, a pesar de lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó
la solicitud de prescripción presentada el 19 de febrero de 2026 y expidió constancia
en la que computó la ejecutoria desde la fecha de expedición del fallo y no desde su
notificación, lo que afirma, desconoció el artículo 56 de la Ley 270 de 1996 y el derecho
al debido proceso, pues ejerció la potestad sancionadora cuando esta ya se
encontraba legalmente extinguida.
Asimismo, se refirió al Acuerdo 003 de 2021, expedido por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en cuyo artículo 19, establece que la ejecutoria de la sentencia
comenzará a contar a partir de la fecha de notificación.
Sostuvo que es claro que la acción disciplinaria ya estaba prescrita cuando se notificó
la sentencia de segunda instancia.
Sostuvo, además, que el secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
expidió constancia en la que indicó que, surtidas las notificaciones de rigor, la
providencia cobró ejecutoria el 16 de febrero de 2026.
Al respecto, alegó que para poder dar apariencia de que la facultad sancionadora de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se efectuó sin que hubiese surgido la
prescripción alegada, el secretario tomó infundadamente el día 11 de febrero de 2026
–fecha de expedición de la sentencia- como fecha de notificación y a partir de esa
fecha contó los 2 días que trata el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, con lo que hizo
parecer que el 16 de febrero de 2026 se tendría como notificada la sentencia.
En coherencia con lo anterior, señaló que, en el auto del 23 de febrero de 2026,
respecto de la prescripción la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que se
debía estar a lo resuelto en la sentencia de segunda instancia sobre ese aspecto. Sin
embargo, califica esta actuación como incongruente, porque la sentencia no resolvió
solicitud alguna de prescripción. con sustento en lo cual afirmó que se configuró un
defecto procedimental.
(iii) En relación con el recurso de queja
Explicó que la autoridad judicial demandada con la omisión en dar trámite de fondo al
recurso de queja realizó una interpretación estricta del artículo 79 de la Ley 1123 de
2007, y desconoció el principio de integración normativa previsto en el artículo 16 de
la referida norma, así como la aplicación supletoria de los artículos 136 y 137 de la
Ley 1952 de 2019.
Con ello, además se apartó sin justificación del precedente reiterado y vinculante de
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que han establecido la
procedencia y obligatoriedad del recurso de queja en procesos disciplinarios contra
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abogados, con lo cual vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la impugnación. Al efecto citó como desconocidas: i) la sentencia del 22
de abril de 2024 proferida en el radicado 11001-03-15-000-2023-0705701 por el
Consejo de Estado Sección Tercera - Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata, y ii)
el fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia Sala Casación Civil y
Agraria M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez, proferida en el expediente con radicado
18001-22-14-000-2023-00025-01, en los que se determinó que se configura un
defecto sustantivo al no darle trámite o rechazar de plano el recurso de queja en
trámite disciplinario con fundamento en que el mismo no es taxativo en la Ley 1123
de 2007.
En ese orden, en las referidas providencias se explicó que pese a que la Ley 1123 de
2007 indicó que, contra las decisiones dictadas en el marco del proceso disciplinario,
proceden los recursos de reposición y apelación (desarrollados en los artículos 80 y
81 de la misma Ley), debe tenerse de presente que:
(i) No hay una prohibición expresa o norma que indique la improcedencia de
otros recursos ordinarios.
(ii) La Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, norma procesal y
posterior sobre la materia, sí contempló el recurso de queja.
(iii) Existía una decisión de tutela previa dictada por la Corte Suprema de Justicia
(Sentencia STC65142023 de 5 de julio de 2023), respecto del mismo
proceso, en la que ya se había avalado la procedencia del recurso en virtud
de las reglas de integración normativas que prevé el mismo Código
Disciplinario del Abogado.
(iv) Señalaron que una interpretación más ajustada a la Constitución, en aras de
privilegiar la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo,
la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías del investigado, sería admitir la procedencia del recurso, sin que
ello signifique que el recurso de apelación sea procedente y/o la queja deba
decidirse en uno u otro sentido.
A partir de lo anterior, el señor Bustos Ortega adujo que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto sustantivo al realizar una interpretación aislada y restrictiva de la
norma procedimental disciplinaria aplicable, que la condujo a rechazar por
improcedente el recurso de queja interpuesto, bajo el argumento según el cual dicho
medio de impugnación no fue previsto expresamente por el legislador en la Ley 1123
de 2007, acudiendo para tal efecto a una aplicación indebida de los principios de
legalidad y taxatividad.
Sobre este punto, puso de presente el salvamento de voto con que contó la decisión
cuestionada, de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, en el sentido de
señalar que, aunque el recurso de queja no se encuentra contemplado en el Estatuto
Disciplinario del Abogado, sí se encuentra consagrado en el artículo 117 de la Ley 734
de 2002 y resulta plenamente aplicable a la luz del principio de integración normativa
del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.
(iv) Sobre la indebida aplicación de los artículos 3 y 17 de la Ley 1123 de 2007,
en lo concerniente al reproche de tipicidad enrostrado
Sobre el particular, hizo mención a otro salvamento de voto con que contó la decisión
del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo y sostuvo que los artículos 3
(legalidad) y 17 (falta disciplinaria) de la Ley 1123 de 2007 no fueron aplicados bajo
un criterio objetivo, sino con un tinte de subjetividad, para lo cual adujo que basta con
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revisar los requerimientos que presuntamente originan la «falta de diligencia», los
cuales fueron dirigidos al municipio de El Doncello, Caquetá, no al apoderado del ente
territorial.
A partir de lo anterior, insistió en que el deber de diligencia estuvo en cabeza del
municipio, quien debía darle trámite al requerimiento. A su juicio, no podía entenderse
que el municipio delegó por medio de un contrato de prestación de servicios el
cumplimiento de deberes judiciales. Es decir, reitera que no existió orden judicial
dirigida al abogado para que remitiera dicha certificación, sino que se remitió al
municipio.
4. Trámite previo
El 5 de marzo de 2026, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, negó la solicitud de medida cautelar, ordenó notificar a las
partes y vinculó como terceros con interés a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial, y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados.
5. Oposiciones
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia, o en su defecto, se nieguen las pretensiones de
la demanda por inexistencia de la vulneración alegada.
Explicó que la tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional y que el
escrito del demandante no supera el requisito de relevancia constitucional, pues sus
reproches se dirigen a inconformidades interpretativas sobre la prescripción
disciplinaria, la notificación electrónica y la improcedencia del recurso de queja.
Afirmó que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 11 de febrero de 2026,
remitida por correo electrónico el 12 de febrero de 2026 y declarada ejecutoriada el
16 de febrero de 2026, todo dentro del término legal de prescripción que el propio
actor identificó, de conformidad con el régimen especial de la Ley 1123 de 2007, en
particular sus artículos 16 y 72, que establecen que la notificación electrónica se
entiende surtida en la fecha de envío del correo. Añadió que el disciplinado reconoció
haber recibido el fallo oportunamente, descartándose cualquier afectación al debido
proceso.
Finalmente, afirmó que el recurso de queja es improcedente en el procedimiento
disciplinario del abogado por expresa disposición del artículo 79 de la Ley 1123 de
2007, que únicamente consagra como procedentes, de manera taxativa, los recursos
de reposición y apelación.
6. Intervención de los terceros con interés
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá solicitó negar la acción
de tutela al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados
por el demandante, explicó que la actuación disciplinaria se adelantó con pleno
respeto del debido proceso y dentro de los términos legales.
Indicó que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita, porque la conducta
imputada —de carácter omisivo y permanente— se consumó el 16 de febrero de 2021
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y la sentencia de segunda instancia fue proferida el 11 de febrero de 2026 y notificada
el 12 de febrero de 2026, es decir, el trámite se surtió antes de la fecha en que expiraba
el término prescriptivo (16 de febrero de 2026).
Asimismo, afirmó que el recurso de queja en materia disciplinaria es improcedente de
conformidad con la Ley 1123 de 2007, por aplicación de los principios de legalidad y
taxatividad del artículo 79 ibidem, criterio reiterado por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
Finalmente adujo que la nulidad procesal planteada por el señor Bustos Ortega fue
extemporánea y dilatoria, al no ser formulada oportunamente en primera instancia ni
incluida en el recurso de apelación.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados – URNA manifestó que en
cumplimiento de sus funciones legales anotó en el Registro Nacional de Abogados la
sanción de suspensión por 6 meses impuesta al abogado Juan Sebastián Bustos
Ortega, con fundamento en el fallo proferido el 11 de febrero de 2026 por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y en la constancia de ejecutoria remitida, que indicó
como fecha de ejecutoria el 16 de febrero de 2026.
Resaltó que la sanción fue registrada para surtir efectos a partir del 2 de marzo de
2026, con vigencia hasta el 1º de septiembre de 2026, y que dicha anotación fue
comunicada oportunamente al correo electrónico registrado por el accionante en el
sistema SIRNA, por lo que insistió en que su actuación se circunscribió
exclusivamente a la ejecución material de la anotación ordenada por la autoridad
disciplinaria competente.
7. Sentencia de primera instancia
El 13 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
profirió sentencia de primera instancia en la que negó la solicitud de amparo al
considerar que las actuaciones surtidas en el trámite del proceso disciplinario
adelantado en contra del demandante daban cuenta de que todas sus solicitudes
fueron resueltas y atendidas, por lo cual no era posible concluir que se pretermitieran
oportunidades procesales o se desconocieran las garantías de contradicción y
defensa o sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Además, señaló que una vez revisada la motivación de las providencias cuestionadas
era posible concluir que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los
argumentos expuestos por la demandante, y precisó que más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría defecto alguno, lo que se evidencia es el
desacuerdo del actor con las consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con
lo cual pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede
de tutela.
Explicó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez natural y
por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito
de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
8. Impugnación
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Demandantes: Juan Sebastian Bustos Ortega
La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia e insistió en los
argumentos del escrito inicial.
Indicó que el juez de primera instancia expuso una motivación formal o aparente, al
resolver los cargos de manera agrupada y genérica sin desarrollar el análisis
individualizado que exige la doctrina constitucional para cada defecto específico
alegado en el escrito de tutela.
Afirmó que antes de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profiriera la
sentencia de segunda instancia, en escrito del 11 de febrero de 2026 solicitó nulidad
y prescripción del proceso disciplinario pero dichas solicitudes nunca fueron resueltas.
Señaló que incurrió en defecto sustantivo porque omitió de manera absoluta la
solicitud de prescripción, lo que a su juicio desconoció el principio de congruencia y el
derecho fundamental al debido proceso.
Explicó que en el estudio del caso no se aplicó el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022
respecto de la notificación efectiva de la providencia, ni se analizó el artículo 56 de la
Ley 270 de 1996 en relación con la ejecutoria de la providencia.
A su juicio, no se abordó la tesis central de la acción de tutela sobre el momento de la
notificación efectiva de la sentencia disciplinaria para evidenciar que la misma sí fue
proferida fuera del término, cuando ya se había perdido competencia.
Al efecto, reiteró en los argumentos del escrito inicial en los que insistió que el término
de prescripción de la acción disciplinaria vencía el 16 de febrero de 2026 y la sentencia
disciplinaria fue proferida el 11 de febrero de 2026, destacó que la notificación no
debía contarse desde el envío del correo electrónico, sino de conformidad con el
artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, señaló que si se hubiese dado aplicación a la norma,
la notificación efectiva habría ocurrido el 17 o 18 de febrero de 2026, es decir, después
de vencida la prescripción.
Además de lo anterior, expuso que la demandada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial respecto a la procedencia del recurso de
queja en materia disciplinaria, al invocar el efecto inter partes de las sentencias de
tutela sin examinar su ratio decidendi ni justificar el apartamiento de la regla jurídica
allí establecida.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental
porque no analizó la solicitud de nulidad que se alegó basada en tres irregularidades
i) falta de respuesta a la solicitud de aclaración y adición relacionada con una
recusación, ii) rechazo de la solicitud de corrección, aclaración y adición de la
sentencia de primera instancia; iii) omitió el traslado del recurso de apelación
presentado por el disciplinado.
Solicitó revocar la providencia impugnada y, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda.
En general, insistió cada uno de los alegatos propuestos en el escrito de tutela y reiteró
los fundamentos en que los sustentó.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Demandantes: Juan Sebastian Bustos Ortega
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela, por falta de cumplimiento de los requisitos
generales.
En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de
procedencia, y, solo en caso afirmativo, continuará con el estudio de fondo y de
manera conjunta de los defectos invocados, los cuales, por razones metodológicas,
serán abordados en el siguiente orden:
(i) los cargos relacionados con las solicitudes radicadas de manera previa a la
expedición de la sentencia cuestionada, en caso de no prosperar; (ii) deben analizarse
los argumentos frente a la procedencia del recurso de queja y la omisión en su
concesión; (iii) seguidamente, se descenderá en el estudio de los cargos sobre la
notificación de la sentencia, con posterioridad a la ocurrencia de la prescripción de la
acción disciplinaria y, en caso de que dichos cargos tampoco prosperen; (iv) se pasará
al estudio del cargo sustancial, en punto a la indebida aplicación de los artículos 3 y
17 de la Ley 1123 de 2007, en el análisis de tipicidad desplegado por los jueces
disciplinarios de instancia.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada y, en su lugar, amparará los
derechos fundamentales invocados por el actor, por las razones que se pasan a
desarrollar.
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Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; se
sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada
afecta dichos derechos; no se trata de un asunto de mera legalidad o económico, y
los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional al
proceso disciplinario, pues si bien la decisión cuestionada confirmó la sanción
impuesta lo cierto es que el demandante alega que la autoridad no se pronunció sobre
aspectos determinantes en su caso.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se verían comprometidos los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada
habría realizado una aplicación indebida de la norma y del precedente.
Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en algún medio de defensa idóneo para la defensa de los
derechos que invoca vulnerados.
En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface, pues el
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia
objeto de debate se profirió el 11 de febrero de 2026, y el ejercicio de la acción de
tutela tuvo lugar el 3 de marzo de 2026.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que el accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración; y (vi) se
cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso disciplinario ejercido en su contra.
Debido a lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
Caso concreto
(i) Los cargos relacionados con las solicitudes radicadas de manera previa
a la expedición de la sentencia cuestionada
En síntesis, la parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos sustantivo, procedimental y por desconocimiento del precedente
judicial al haber confirmado la decisión que lo sancionó con suspensión de 6 meses
en el ejercicio de la profesión, al infringir el deber señalado en el artículo 28 numeral
10 de la Ley 1123 de 2007 por haber omitido resolver las solicitudes de prescripción
y nulidad elevadas en el marco del proceso disciplinario.
En lo que interesa para la solución del presente cargo, se tiene que el actor afirma que
el 10 de febrero de 2026 radicó incidente de nulidad ante la Secretaría de la Comisión
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Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, la cual ingresó al despacho el 11 de
febrero y también radicó solicitud de resolución del recurso de queja.
Además, el 11 de febrero de 2026, a las 7:54 am radicó solicitud de prescripción dentro
del proceso disciplinario.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 11 de febrero de 2026,
como cuestión previa, dispuso no emitir pronunciamiento sobre el recurso de queja,
porque el artículo 79 de la Ley 1123 de 2007 no consagra dicho medio de impugnación
dentro del trámite disciplinario aplicable a los abogados.
En cuanto al fondo del asunto, confirmó en todas sus partes el fallo de primera
instancia, porque, si bien el requerimiento no fue realizado directamente al actor en
calidad de abogado sino al municipio de El Doncello, ello de ninguna manera eximía
el cumplimiento del deber de diligencia y, concretamente, atender lo solicitado por el
Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, además, no encontró vulnerado el
principio de congruencia y frente a las incapacidades médicas indicó que si bien el
actor presentó las excusas médicas por la afección de salud que padeció lo cierto es
que el término de la incapacidad médica culminó antes del plazo otorgado para cumplir
con la diligencia encomendada.
El 18 de febrero de 2026 el actor presentó solicitud de aclaración de la sentencia de
segunda instancia con fundamento en que no se dio trámite al recurso de queja
interpuesto contra el auto que rechazó por extemporánea la apelación de la sentencia
de primera instancia.
El 19 de febrero de 2026 solicitó nuevamente que se declarara la prescripción, porque,
a su juicio, la fecha de prescripción de la acción disciplinaria tuvo lugar el 16 de febrero
de 2026, con fundamento en que la misma sentencia de segunda instancia indicó esa
fecha como el momento en que se consolidó la falta. Oportunidad, en la que se refirió
al artículo 56 de la Ley 270 de 1996, para señalar que la fecha de ejecutoria comienza
a contar desde el momento de la notificación de la providencia.
La autoridad judicial demandada, en auto del 23 de febrero de 2026, anticipó que
resolvería sobre la solicitud de adición de la sentencia y la solicitud de prescripción. Al
efecto, puso de presente que conforme al artículo 16 de Ley 1123 de 2007, que
autoriza la integración normativa en aspectos no regulados expresamente en el
régimen disciplinario del abogado, resulta aplicable lo previsto en el artículo 140 de la
Ley 1952 de 2019, disposición que limita la corrección, aclaración o adición del fallo a
errores aritméticos, imprecisiones formales u omisiones sustanciales de la parte
resolutiva.
Basado en lo anterior, negó la solicitud de adición, por considerar que el actor no
pretendió corregir un aspecto formal del fallo, conforme lo previsto en el artículo 149
de la Ley 1952 de 2019, sino cuestionar el criterio jurídico adoptado y, respecto de la
solicitud de prescripción, afirmó que debía estarse a lo resuelto en la providencia de
segunda instancia, en la medida en que en ella se definió la situación jurídica puesta
a consideración.
La parte demandante basó la inconformidad, en que la autoridad judicial demandada
procedió con la expedición de la sentencia de segunda instancia sin previo
pronunciamiento frente a las solicitudes del 11 de febrero de 2026 (sobre prescripción
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de la acción disciplinaria, configurada ese mismo día) y de nulidad procesal
presentada también de manera previa.
El señor Bustos Ortega explicó que la solicitud de prescripción no podía haberse
presentado antes, pues no se había cumplido el requisito temporal para su
acaecimiento.
Seguidamente, señaló que, al verificar el contenido completo de la sentencia de
segunda instancia no se advierte pronunciamiento acerca de la solicitud de
prescripción, pese a que presentó solicitud expresa al respecto en dos oportunidades,
la primera, el 11 de febrero de 2026 a las 7:55 am, tal y como consta en la siguiente
captura de pantalla:
La segunda, el 19 de febrero de 2026, para insistir en que correspondía declarar la
prescripción de la acción disciplinaria, en el entendido que el mismo fallo tomó como
fecha de acaecimiento de la conducta el 16 de febrero de 2021.
La Sala destaca que aunque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en auto del
23 de febrero de 2026, anticipó que se pronunciaría frente a la solicitud de prescripción
de la acción disciplinaria elevada por el actor, al abordar ese aspecto se remitió a la
sentencia disciplinaria de segunda instancia, así:
«De otro lado, en cuanto a la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria, infórmesele
al peticionario que debe estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 11 de febrero de
2026, la cual definió de manera integral la situación jurídica objeto de examen.»
Sin embargo, al verificar integralmente el contenido de la sentencia objeto de reproche
la Sala observa que no existe pronunciamiento frente a la solicitud de prescripción de
la acción disciplinaria, que adujo la Comisión haber emitido en el fallo disciplinario de
segunda instancia.
Lo anterior, permite concluir que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor
Juan Sebastián Bustos Ortega, en la medida en que dejó sin resolver un aspecto que
se propuso con anterioridad a la expedición de sentencia, e incluso con posterioridad,
pronunciamiento que resultaba determinante en el caso objeto de debate.
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Así las cosas, ante la prosperidad del primer cargo propuesto en el problema jurídico
planteado, la Sala se relevará de pronunciarse frente a los demás cargos.
En suma, en el presente caso se encuentran configurados los defectos invocados
exclusivamente por la falta de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción
disciplinaria y, en ese sentido, se impone revocar el fallo de primera instancia, en su
lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del actor. En consecuencia, dejar sin efecto el
auto del 23 de febrero de 2026 y la sentencia del 11 de febrero de 2026 y, ordenar a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión que resuelva fondo la
solicitud de prescripción de la acción disciplinaria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, en su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Juan Sebastián Bustos Ortega, en consecuencia,
3. Dejar sin efecto el auto del 23 de febrero de 2026 y la sentencia del 11 de febrero
de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso con
radicado 18001-25-02-000-2025-00213-01 y,
4. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión
en la que se tenga en cuenta la parte motiva de la presente providencia.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salva el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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