Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07085-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-07085-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-07085-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Primero [1. °] de octubre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07085-00
Demandante: ALEJANDRO ACOSTA GUTIÉRREZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedibilidad
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Alejandro Acosta Gutiérrez
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Alejandro Acosta Gutiérrez, en nombre propio, el 2 de septiembre de 2026
instauró el mecanismo constitucional contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al juez natural, a la defensa, a la contradicción, a la presunción de inocencia, a la tutela
judicial efectiva, al trabajo, al mínimo vital y el principio de legalidad.
La vulneración de las referidas garantías constitucionales fue atribuida a: (i) la
sentencia de 8 de julio de 2026 mediante la cual la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial confirmó el fallo de 5 de noviembre de 2025 dictado por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá que declaró responsable disciplinariamente al señor
Acosta Gutiérrez y lo sancionó con la suspensión del ejercicio de la profesión de
abogado por el término de 3 meses; y (ii) el auto de 20 de agosto de 2026 que negó
las solicitudes de terminación parcial del asunto disciplinario por prescripción, pérdida
de competencia temporal, aclaración, adición, nulidad y abstención provisional del
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Demandante: Alejandro Acosta Gutiérrez
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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registro y ejecución de la sanción. El referido proceso se identificó con el radicado
11001-25-02-000-2023-00316-00/01.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, juez natural, legalidad,
defensa, contradicción, presunción de inocencia, acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva, y proteger de manera consecuencial los derechos al trabajo y al
mínimo vital.
2. DECRETAR la medida provisional en los términos del capítulo 1: suspender los
efectos de la anotación comunicada mediante Oficio de Envío No. 4048, diferir el inicio
fijado para el 7 de septiembre de 2026 y mantener activa la tarjeta profesional hasta el
fallo de tutela; subsidiariamente, mantenerla habilitada al menos hasta el 11 de
septiembre de 2026.
3. ORDENAR a la unidad de Registro Nacional de Abogados ejecutar la medida en el
sistema dentro de las dos horas siguientes a su comunicación e informar inmediatamente
al Consejo de Estado y al accionante.
4. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 20 de agosto de 2026 por defecto orgánico,
procedimental y ausencia de motivación.
5. ORDENAR a la Sala Plena de la Comisión Nacional, con el Quórum y mayoría
reglamentarios y dentro del término que fije el juez constitucional, resolver de fondo
mediante providencia expresa, congruente y suficientemente motivada la solicitud
presentada el 28 de julio de 2026, en especial la prescripción y las nulidades, efectuando
el cómputo separado de cada conducta y sin remitir a consideraciones inexistentes.
6. ORDENAR que los efectos de la anotación permanezcan suspendidos hasta que la
Sala Plena profiera y notifique esa decisión, sin perjuicio de la determinación definitiva
que corresponda adoptar a la autoridad disciplinaria.
7 ORDENAR a la Comisión remitir el expediente digital completo, incluidas las actas de
Sala, constancias de quórum y votación, proyecto derrotado de mayo de 2026 y
comunicaciones dirigidas a la Unidad de Registro2.
De otro lado, realizó la siguiente petición:
Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito ordenar
inmediatamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia suspender los efectos de la anotación
comunicada mediante Oficio de Envío No. 4048 del 31 de agosto de 2026, diferir el inicio
de la suspensión fijado para el 7 de septiembre y mantener activa mi tarjeta profesional
hasta que se profiera y notifique la decisión de fondo de esta acción de tutela.
2
Cita del texto original con posibles errores.
2
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Demandante: Alejandro Acosta Gutiérrez
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
De las pruebas aportadas al expediente, se advierte que la queja fue presentada por
Aireflex de Colombia SAS, al indicar que contrató al abogado Alejandro Acosta
Gutiérrez en el año 2019 para adelantar diversos procesos judiciales de cobro y
representación judicial, para lo cual recibió poderes, documentos originales y títulos
para promover las acciones correspondientes y, pese a ello, el profesional no cumplió
adecuadamente con los encargos encomendados, puntualmente, en los procesos
identificados con los radicados «2019-00260», «2019-00129», «2019-00577», «2020-
00379» y «2019-20415-01». En ese sentido, se informó que el jurista no fue diligente
ya que no adelantó las gestiones profesionales correspondientes ni rindió los informes
requeridos3.
El asunto le correspondió en primera instancia a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, autoridad que en sentencia de 5 de noviembre de 2025 determinó
la responsabilidad disciplinaria del señor Alejandro Acosta Gutiérrez por la comisión
de las faltas previstas en los numerales 1. ° del artículo 374 de la Ley 1123 de 2007,
en consonancia con el numeral 8. ° y 10. ° del artículo 285 ibídem6 a título de culpa, y
3
También se indicó que el abogado recibió documentación original para iniciar procesos ejecutivos,
pero con el paso del tiempo la empresa no evidenció avances efectivos en dichas gestiones. Por esta
razón, mediante comunicación de 13 de julio de 2021 solicitó la devolución de los documentos para
adelantar internamente las acciones correspondientes, sin obtener una respuesta positiva por el jurista.
Se comentó que no entregó de manera física o digital la totalidad de los expedientes que tenía a su
cargo, no rindió informes periódicos sobre las actuaciones adelantadas y permitió que algunos títulos
valores perdieran vigencia. También adujo que mostró resistencia a entregar los paz y salvos necesarios
para que la empresa pudiera reasignar los asuntos a otro profesional.
4
«Artículo 37. Constituyen Faltas a la Debida Diligencia Profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente
las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas».
5
«Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
[…]
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros
aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente
al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos,
la contraprestación y forma de pago.
[…]
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los
abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados
que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el
cumplimiento del mismo».
6
«Artículo 28. Deberes Profesionales del Abogado. Son Deberes del Abogado:
[…]
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los
abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados
3
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Demandante: Alejandro Acosta Gutiérrez
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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el numeral 4. ° del artículo 357 ejusdem, razón por la cual le impuso una sanción de
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses.
La decisión obedeció a que: [i] frente a la falta prevista en el numeral 1. ° del artículo
37 de la Ley 1123 de 2007, encontró acreditado que el disciplinable demoró la
prosecución de las gestiones encomendadas, puesto que en el proceso «2019-
00577», en el cual tenía por objeto adelantar una demanda ejecutiva, se evidenció que
el 13 de septiembre de 2019 se libró mandamiento de pago y se reconoció personería
al jurista para actuar conforme a las facultades del poder, no obstante, no se
conocieron actuaciones adicionales; [ii] en el proceso de radicado «2020-00379», una
vez el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogotá dispuso la devolución de la
demanda mediante auto de 13 de agosto de 2020, el abogado omitió subsanar las
falencias y no realizó actuaciones posteriores dirigidas a continuar la gestión
encomendada, por lo que determinó que vulneró el deber del numeral 10. ° del artículo
28 de la misma normatividad, al no atender con diligencia los encargos y, pese a la
justificación del jurista relativa a que firmó un acuerdo de transacción y paz y salvo en
diciembre de 2022, se evidenció que transcurrieron varios años sin que adelantara
gestión alguna tendiente a impulsar los procesos encomendados; [iii] en cuanto a la
falta prevista en el numeral 4. ° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, se confirmó
que, pese a que la sociedad requirió formalmente su devolución mediante
comunicación de 13 de julio de 2021, el profesional no los entregó oportunamente,
situación que solo fue materializada con ocasión del acuerdo de transacción celebrado
entre las partes el 14 de diciembre de 2022.
El recurso de apelación giró en torno a los siguientes argumentos: [i] en relación con
la falta prevista en el numeral 4. ° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, arguyó que
la conducta era atípica, pues los documentos relacionados con el proceso radicado
«2020-00379» no permanecieron en su custodia sino a disposición del Juzgado
Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, despacho que rechazó la demanda el 13
de agosto de 2020 y ordenó su devolución, quedando el expediente registrado como
«demanda para retirar». También sostuvo que no actuó con culpa respecto de la falta
prevista en el numeral 1. ° del artículo 37 ibídem, y afirmó que la inactividad procesal
obedeció al incumplimiento contractual de la empresa en el pago de honorarios y no a
una conducta negligente de su parte; [ii] solicitó la revocatoria de la sentencia
sancionatoria al considerar que la primera instancia incurrió en errores de valoración
probatoria y en una indebida aplicación de la norma disciplinaria, y agregó que no
existía antijuridicidad de las conductas reprochadas por cuanto la controversia surgida
que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el
cumplimiento del mismo. […]».
7
«Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
[…]
4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos
recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo. […]»
4
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con Aireflex Colombia SAS había sido resuelta mediante el acuerdo de transacción
suscrito el 14 de diciembre de 2022, en el cual ambas partes se declararon a paz y
salvo circunstancia que, a su juicio, demostraba la inexistencia de perjuicio y la
satisfacción del cliente; y [iii] de manera subsidiaria, solicitó la reducción de la sanción
impuesta por considerarla desproporcionada, destacando que no se acreditó perjuicio
para el cliente, que las conductas fueron calificadas como culposas, que existió
reparación mediante la transacción y que la suspensión afectaba gravemente su
actividad profesional y el sustento de su núcleo familiar.
La alzada la resolvió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en providencia de 8
de julio de 2026, en el sentido de confirmar la decisión de primer grado a partir del
mismo análisis.
El 28 de julio de 2026, el señor Acosta Gutiérrez solicitó a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial «terminación parcial, prescripción, aclaración, adición y nulidad», en
los siguientes términos:
(i) «[…] solicito declarar la TERMINACIÓN PARCIAL por prescripción de la acción
disciplinaria y la consiguiente PÉRDIDA DE COMPETENCIA TEMPORAL para juzgar
y sancionar la conducta relacionada con el proceso 2020-00379».
(ii) «[…] solicito la ACLARACIÓN y ADICIÓN de la sentencia proferida el 8 de julio de
2026 […]».
«[…] La aclaración solicitada se limita a determinar cuál fue el objeto material
concreto de la condena: qué documentos comprendió, a qué encargo aceptado
correspondían y cuál prueba permitió afirmar que permanecían en poder del
disciplinado después de la transacción. No se pide una nueva apreciación de la
prueba, sino precisar el alcance de la expresión genérica “múltiples documentos”,
indispensable para conocer el fundamento fáctico que fue confirmado».
«Fundamento esta solicitud en los artículos 15, 16, 23 numeral 2, 24, 82, 98, 99,
101 numeral 5 y 103 de la Ley 1123 de 2007; 29 y 31 de la Constitución Política; y
285, 287 y 302 del Código General del Proceso. La petición no pretende reabrir la
apelación ni obtener una nueva valoración general de la prueba. Busca adicionar
la decisión frente a la prescripción, asunto de examen oficioso […]».
«La prescripción no se propone como una simple excepción defensiva. El numeral
2 del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007 la reconoce como causal de extinción de
la acción disciplinaria y el artículo 24 fija un límite de cinco años. Vencido ese
término, desaparece la potestad temporal para continuar el juzgamiento, declarar
responsabilidad, registrar o ejecutar una sanción respecto de la conducta prescrita.
La consecuencia principal es la terminación parcial inmediata; la nulidad por falta
de competencia se formula subsidiariamente».
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En auto de 20 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió
la solicitud de 28 de julio, así:
(i) En cuanto a la prescripción, indicó que el caso disciplinario fue resuelto
mediante providencia de «08 de mayo8 de 2026», decisión que fue aprobada
según el acta 22 de la misma fecha, y precisó que «el caso concreto fue
debidamente analizado y estudiado teniendo en cuenta todos los factores de
competencia y procedibilidad de la actuación antes de ser llevado a sala plena
de decisión la cual decidió aprobar dicho proveído».
(ii) Frente a la solicitud de adición y aclaración, puso de presente el artículo 1409
de la Ley 1952 de 2019 y expuso que estas figuras solo proceden cuando «[…]
se presenten errores aritméticos o errores sobre el nombre o identidad del
investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba, o lo relativo a la
denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, así como en los
eventos de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, caso que no ha
ocurrido en el presente caso objeto de estudio»
(iii) Finalmente, manifestó que todas las situaciones referentes al proceso
disciplinario «que pudiesen estar viciadas fueron debidamente analizadas antes
de ser llevado a Sala Plena de decisión en donde se decidió la aprobación del
mismo, y citó el contenido del artículo 9810 de la Ley 1123 de 2007 para referir
que lo alegado por el sancionado no se encuadraba en las causales previstas
en dicha norma».
1.4. Fundamentos de la solicitud11
La parte actora indicó que las providencias censuradas vulneraron sus garantías
fundamentales por las siguientes razones:
1.4.1. En cuanto al auto de 20 de agosto de 2026, alegó que el artículo 140 de la Ley
1952 de 2019, en consonancia con el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, exige que la
8
La sentencia es del 8 de julio de 2026.
9
«ARTÍCULO 140. CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS FALLOS. En los casos de error
aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba,
o en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte
resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición
de parte, por el mismo funcionario que lo profirió.
El fallo corregido, aclarado o adicionado será notificado conforme a lo previsto en este código. Cuando
no haya lugar a corrección, aclaración o adición, se rechazará la petición mediante auto que no afectará
la ejecutoria del fallo».
10
«[…] Son causales de nulidad:
1. La falta de competencia.
2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso».
11
Citas del texto original con posibles errores.
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solicitud de aclaración o adición sea resuelta por el mismo funcionario que profirió el
fallo.
Agregó que el artículo 54 de la Ley 270 de 1996 sujeta las decisiones de las
corporaciones judiciales al cuórum y mayoría, en armonía con el artículo 3. ° del
Acuerdo 003 de 2021 de la «Comisión Nacional» en el que se exige como mínimo la
integración de cuatro magistrados y cuatro votos.
En ese orden, precisó que el auto de 20 de agosto de 2026 presenta los defectos
orgánico y procedimental, máxime, porque resolvió «prescripción, nulidad y
terminación, asuntos con incidencia directa en la subsistencia y ejecución de la
sentencia colegiada, sin dejar constancia de decisión de Sala».
1.4.2. Respecto de la sentencia de 8 de julio de 2026, alegó la falta de motivación
sobre la prescripción de la acción disciplinaria al considerar que en el fallo la autoridad
se limitó a afirmar que el asunto fue estudiado.
A su juicio, frente al planteamiento de la prescripción, «la respuesta debía, al menos:
identificar la conducta; clasificar su ejecución; fijar la fecha de consumación o último
acto; establecer el inicio y vencimiento; y explicar cualquier causa de suspensión,
interrupción o conservación de competencia. La omisión hace imposible controvertir la
razón decisoria y convierte el acceso a la justicia en un trámite aparente»12.
Precisó que, en esta oportunidad, la sentencia de 8 de julio «nada había resuelto y el
auto del 20 de agosto no identificó la naturaleza de la conducta, la fecha inicial del
término, su vencimiento ni una razón que impidiera la prescripción. La remisión
implícita a un estudio inexistente reproduce el efecto constitucional identificado por la
Sección Cuarta y configura, cuando menos, motivación aparente».
Como argumentos subsidiarios relacionados con el fallo de 8 de julio de 2026,
manifestó que, «[e]n el artículo 37.1, el control propuesto consiste únicamente en
verificar si la condena conservó el verbo rector y el núcleo fáctico delimitados en los
cargos. El salvamento del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla advirtió una
posible sustitución entre “dejar de hacer oportunamente” y “abandonar”. No se pide al
juez constitucional escoger la calificación correcta, sino constatar si el accionante fue
juzgado por la conducta que tuvo oportunidad de defender».
1.4.3. En cuanto a la solicitud elevada por el actor el 28 de julio de 2026, en el
escrito de tutela solo se cuenta con la pretensión cuarta que se planteó en los
siguientes términos:
12
Para el efecto, citó la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado dentro del expediente 11001-03-15-000 2026-01688-01, caso en el cual, según su dicho, se
ampararon los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por cuanto en la
providencia demandada no hubo pronunciamiento respecto de la prescripción.
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ORDENAR a la Sala Plena de la Comisión Nacional, con el Quórum y mayoría
reglamentarios y dentro del término que fije el juez constitucional, resolver de fondo
mediante providencia expresa, congruente y suficientemente motivada la solicitud
presentada el 28 de julio de 2026, en especial la prescripción y las nulidades, efectuando
el cómputo separado de cada conducta y sin remitir a consideraciones inexistentes.
1.4.4. De otro lado, argumentó que la vulneración de sus derechos fundamentales son
consecuencias directas de la ejecución de la sanción antes del control del juez de
tutela, por cuanto le impide ejercer la profesión por el término de 3 meses como
abogado litigante que afecta la continuidad de los mandatos que tiene vigentes, la
atención a los términos procesales, la relación con los clientes y la fuente ordinaria de
sus ingresos.
Agregó que, además, existe «una incompatibilidad jurídica objetiva. El artículo 28.10
de la Ley 1123 me obliga a atender con celosa diligencia los encargos profesionales;
el artículo 43 define la suspensión como prohibición de ejercer; y el artículo 28.19
ordena renunciar o sustituir los poderes cuando una sanción resulte incompatible. […]
La intervención de un apoderado suspendido comprometería la validez de la
representación y expondría la diligencia a nulidad; por ello, no constituye una opción
admisible».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 4 de septiembre de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridad accionada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En
calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se
vinculó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y a la sociedad Aireflex de
Colombia SAS.
Finalmente, se negó la medida provisional y se ordenó a la oficina de sistemas del
Consejo de Estado para que realizara la publicación de la información relativa al
proceso de la referencia en la página web de la corporación.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Luego de hacer un recuento de las actuaciones relevantes del proceso disciplinario,
indicó que en el asunto de la referencia no se evidencia vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por el tutelante, en atención a que no se acreditó
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la existencia de los defectos endilgados a las providencias censuradas, ni el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.
Agregó que las decisiones judiciales reprochadas son aquellas proferidas por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ese sentido, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a la Seccional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Alegó que el caso que ocupa la atención de la Sala debe declararse improcedente o
negarse al no estar en presencia de ninguno de los defectos que ameritarían la
intervención del juez de tutela cuando se demandan providencias judiciales, y por la
inexistencia de la vulneración de derechos fundamentales alegada.
En cuanto al fondo, arguyó que, frente al argumento relacionado con la presunta
irregularidad consistente en que el auto del 20 de agosto de 2026 fue suscrito por el
magistrado ponente y no por la Sala, precisó que las solicitudes posteriores a la
sentencia formuladas por el accionante relacionadas con la aclaración, la adición y
demás aspectos planteados, «fueron tramitadas mediante auto de ponente, de
conformidad con el trámite propio y reglas de esta Corporación. Por consiguiente, el
hecho de que dicha providencia no contenga las firmas de todos los magistrados que
participaron en la decisión de fondo no permite concluir, por sí mismo, la existencia de
un defecto orgánico o procedimental que afecte la validez de la actuación».
En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, indicó que, el reproche
concerniente a la falta prevista en el numeral 1. ° del artículo 37 de la Ley 1123 de
2007, «se estructuró a partir de la demora en la prosecución de las gestiones
encomendadas en los procesos 2019-00577 y 2020-00379. En el primero, se
estableció que, luego del auto del 13 de septiembre de 2019, mediante el cual se libró
mandamiento de pago y se reconoció personería al abogado, no se acreditaron
actuaciones posteriores impulsadas por este; y, en el segundo, después del auto del
13 de agosto de 2020, mediante el cual se dispuso la devolución de la demanda, el
profesional no subsanó las falencias advertidas ni adelantó actuaciones posteriores
encaminadas a continuar la gestión encomendada, no obstante se aclara que el
profesional continuó con el poder vigente por varios años».
En ese orden, indicó que el planteamiento del accionante partió de considerar de
manera aislada las fechas de las últimas actuaciones surtidas dentro de los procesos
judiciales. «Sin embargo, el reproche disciplinario no se limitó a la ocurrencia de dichas
actuaciones, sino que estuvo relacionado con la demora en la prosecución de las
gestiones encomendadas y con la subsistencia de las obligaciones profesionales
asumidas mientras permanecía vigente la relación de representación».
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Precisó que la falta prevista en el numeral 4. ° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007
se relacionó con la no entrega oportuna de los documentos recibidos con ocasión de
la gestión profesional desde el año 2019 y que, «pese al requerimiento efectuado por
la sociedad el 13 de julio de 2021, no procedió a devolverla a la mayor brevedad
posible, situación que se extendió al 14 de diciembre de 2022, fecha en que se
suscribió el acuerdo de transacción mediante el cual se regularizaron los aspectos
pendientes de la relación profesional».
Acotó que tampoco se advierte la configuración de la incongruencia entre los cargos
endilgados y la decisión sancionatoria, en atención a que la responsabilidad declarada
se circunscribió «a las faltas previstas en los numerales 1. ° del artículo 37 y 4. ° del
artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con los deberes establecidos en
los numerales 10. ° y 8. ° del artículo 28 ibidem, respectivamente. Así, el reproche por
la primera conducta estuvo determinado por la demora en la prosecución de las
gestiones encomendadas, mientras que el segundo se refirió a la falta de entrega
oportuna de los documentos recibidos en virtud de la gestión profesional como se
explicó en la providencia de esta Corporación».
Por lo anterior, señaló que la tutela de la referencia no acreditó la vulneración concreta
de los derechos superiores del señor Acosta Gutiérrez, comoquiera que se evidencia
que lo pretendido se dirige a controvertir la interpretación jurídica, la valoración
probatoria y las conclusiones a las que arribó el juez natural, mediante el uso de una
especie de tercera instancia de la causa disciplinaria en la que se procura la reapertura
de un debate que ya fue objeto de decisión, en tanto los argumentos de este
mecanismo constitucional corresponden con aquellos que sustentaron el recurso de
apelación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
1.6.3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
luego de comentar que su función consiste llanamente en realizar las anotaciones en
el registro en virtud de lo ordenado por la autoridad disciplinaria, indicó que la acción
de tutela se dirige contra el auto de 20 de agosto y la sentencia de 8 de julio de 2026
dictados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, razón por la cual, no le es
posible revisar la legalidad de las decisiones adoptadas, abstenerse de efectuar el
registro o suspender sus efectos, salvo que medie orden judicial en tal sentido.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Alejandro Acosta Gutiérrez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
10
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07085-00
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 201913 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
En este punto, se advierte necesario anunciar que la solicitud de desvinculación de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial será denegada por cuanto su integración a
este trámite tutelar obedece al interés que le asiste en la decisión que se llegare a
adoptar, comoquiera que fungió como juez disciplinario de primer grado y lo que se
determine en esta sede podría afectarle.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales del señor Alejandro Acosta Gutiérrez con ocasión de
las providencias de 8 de julio y 20 de agosto de 2026 dictadas por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial dentro de la causa identificada con el radicado 11001-25-02-000-
2021-02996-02.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
13
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
14 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 17, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.1. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1.1. Para la Sala resulta necesario anunciar que, el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el
cual la solicitud de amparo elevada por el señor Alejandro Acosta Gutiérrez no cumple
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
215 de 16 de junio de 2022.
2.4.1.2. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
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En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal18.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico19; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo
eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»20.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general” 21.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
18
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-573 de 2019.
21
Ibídem.
13
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c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»22.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso23,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.
2.4.1.3. Ahora, al descender al análisis del asunto, esta colegiatura no avizora que las
inconformidades del accionante trasciendan a un debate constitucional. Es decir, al
tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que el interesado
identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la decisión, exponga cómo sus
garantías superiores son vulneradas con ocasión de las irregularidades contenidas en
las decisiones demandadas, y explique con suficiencia las razones del por qué el
asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Esto es así, debido a que el señor Alejandro Acosta Gutiérrez se limitó a indicar que,
por un lado, la sentencia de 8 de julio de 2026 incurrió en una falta de motivación por
el hecho de no contener un pronunciamiento respecto de la prescripción de la acción
disciplinaria; y por el otro, que el auto de 20 de agosto de 2026 adolece de un defecto
orgánico y procedimental en atención a que no fue expedido por la Sala Plena de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aunado a que también carece de una
solución de fondo porque en este proveído se le indicó que debía estarse a lo resuelto
en el fallo, en cuanto a lo que concierne a la prescripción.
Al respecto, se precisa que lo pretendido por el señor Acosta Gutiérrez, no demuestra
per se, que la discusión trascienda al espectro constitucional en atención a que con la
expedición del auto de 20 de agosto de 2026, a partir del cual se resolvieron las
solicitudes elevadas en el memorial de 28 de julio del mismo año, relativas a la
aclaración, adición, prescripción y nulidad, entre otras, se evidencia que se trata de la
reapertura de una discusión que ya fue objeto de pronunciamiento por el juez natural.
En otras palabras, advierte este cuerpo colegiado que, en la referida providencia de
20 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió:
22
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
14
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(i) Denegar la solicitud de aclaración y adición [esta última figura relacionada con la
prescripción] porque lo pedido no se encuadraba en los supuestos previstos en la ley,
esto es, en el artículo 14024 de la Ley 1952 de 2019, de lo cual es claro inferir que en
el caso de la complementación no había vocación de prosperidad porque no existía un
argumento o extremo de la litis que no se hubiese resuelto.
(ii) Negar la declaración de la prescripción y de algún vicio de procedimiento, al indicar
que el caso disciplinario fue resuelto mediante la providencia de 8 de julio de 2026, la
cual fue proyectada luego de analizar lo relativo a la prescripción, competencia,
cualquier tipo de irregularidad y, al encontrar superados esos estudios, el proyecto de
fallo fue presentado por el ponente a la Sala Plena, cuerpo colegiado que, en el mismo
sentido, no advirtió que ningún reparo al respecto, de tal manera que aprobó la
sentencia.
En ese orden, es importante precisar que los vicios de procedimiento o los fenómenos
jurídicos como el de la prescripción, son aspectos que el juez natural estudia al revisar
el caso y, solo en el evento en que encuentre acreditada la existencia de alguno en el
asunto de su atención, está en la obligación de declararlo en la oportunidad y decisión
correspondiente, de tal manera que, no le asiste razón al actor al plantear el cargo por
falta de motivación de la sentencia disciplinaria, en el marco de esta inconformidad.
Así las cosas, no se advierte, a primera vista, que las providencias de 8 de julio y 20
de agosto de 2026 contengan decisiones arbitrarias, caprichosas o contrarias a
derecho. Si bien el actor afirmó que la autoridad disciplinaria censurada transgredió
sus derechos superiores, ello no es suficiente, puesto que, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis
de fondo frente a la decisión cuestionada, máxime si es dictada por el órgano de cierre
en la materia.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo se empleó como una especie de
instancia adicional al proceso disciplinario en la cual se pretende que se realice un
nuevo análisis de interpretación legal propios del proceso ordinario, por lo tanto, a juicio
de esta Sala, carece de la carga argumentativa a través de la cual se justifique la
relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual implica
un ejercicio explicativo jurídico y lógico que permita advertir una prominente
24
«ARTÍCULO 140. CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS FALLOS. En los casos de error
aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba,
o en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte
resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición
de parte, por el mismo funcionario que lo profirió.
El fallo corregido, aclarado o adicionado será notificado conforme a lo previsto en este código. Cuando
no haya lugar a corrección, aclaración o adición, se rechazará la petición mediante auto que no afectará
la ejecutoria del fallo».
15
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vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la providencia dictada por
la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en
las sentencias de unificación 215 y 103 de 2022.
En resumen, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de las
garantías constitucionales invocadas, que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el escrito de tutela no cuenta con un fundamento elevado a un
rango constitucional, máxime, al tratarse de una decisión expedida por una alta corte;
y (ii) no se denota una vulneración palmaria derivada de los proveídos demandados
que implique la intervención del juez de tutela.
2.5. Conclusión
La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo promovida por el señor
Alejandro Acosta Gutiérrez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Alejandro Acosta Gutiérrez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
16
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
17
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