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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01731-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01731-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de abril de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” que declaró la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diego Fernando Núñez González Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01 TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01731-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01
Demandante: DIEGO FERNANDO NÚÑEZ GONZÁLEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia por
no cumplir con la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación radicada por el señor Diego Fernando
Núñez González contra la sentencia de 17 de abril de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Diego Fernando Núñez González, por conducto de apoderado judicial,
radicó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Las referidas garantías las consideró transgredidas con ocasión de la providencia
de 10 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación que el actor radicó contra la
decisión de 16 de setiembre de 2026, en la que el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito de Buenaventura se abstuvo de librar mandamiento de pago
en el proceso ejecutivo con radicado 76109-33-33-001-2025-00153-00/01, que
promovió contra el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E.
1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

PRIMERO. – AMPARAR los derechos fundamentales al DERECHO FUNDAMENTAL
AL DEBIDO PROCESO POR CONFIGURARSE DEFECTO SUSTANTIVO,
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE y DERECHO A LA IGUALDAD del señor
Diego Fernando Nuñez, vulnerados en Auto interlocutorio N° 394 del 09 de diciembre
de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual Confirmó
el Auto No. 1211 del 16 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado Primero
Página 24 de 25 Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, que a su vez
decidía NO REPONER el Auto N° 1211 del 16 de septiembre de 2025 de ese mismo
despacho.

SEGUNDO. – REVOCAR y DEJAR SIN EFECTOS el Auto interlocutorio N° 394 del
09 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Demandante: Diego Fernando Núñez González
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01

el cual Confirmó el Auto No. 1211 del 16 de septiembre de 2025 proferido por el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, que a su vez
decidía NO REPONER el Auto N° 1211 del 16 de septiembre de 2025 de ese mismo
despacho.

TERCERO. – ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que en el
término improrrogable de 48 horas profiera un nuevo Auto en el cual se REVOQUE
el Auto No. 1211 del 16 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, el cual decidió NO REPONER el
Auto N° 1211 del 16 de septiembre de 2025 de ese mismo despacho.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. El señor Diego Fernando Núñez González presentó demanda ejecutiva en la
que pidió librar mandamiento de pago contra el Hospital Luis Ablanque de La Plata
E.S.E. con fundamento en la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre
de 2024.

En la referida providencia el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura
declaró la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el oficio S/N de 17 de
octubre de 2023 y, en consecuencia, condenó al Hospital Luis Ablanque de La Plata
E.S.E. a reconocer y pagar a favor del actor las prestaciones sociales que se
reconocen a los empleados de la entidad que desempeñan similar valor, es decir,
la de médico.

1.3.2. En consecuencia, el señor Núñez González solicitó que se librara
mandamiento de pago por la suma de $12.357.517 por concepto de prestaciones
sociales y $77.363.020 por sanción moratoria, así como el reconocimiento de los
intereses correspondientes.

1.3.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Administrativo Mixto del
Circuito de Buenaventura bajo el radicado 76109-33-33-001-2025-00153-00/01,
autoridad que, mediante auto del 16 de septiembre de 2025 se abstuvo de librar
mandamiento de pago. Para sustentar su decisión, indicó que la entidad ejecutada
se encontraba sometida a intervención forzosa administrativa por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, por el término de un año, esto es, hasta el 14
de diciembre de 2025.

1.3.4. Inconforme con la referida decisión, el ejecutante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación.

1.3.5. A través de providencia de 26 de septiembre de 2025, el juzgado decidió no
reponer la providencia recurrida, dado que, consideró que no era procedente admitir
nuevos procesos ejecutivos mientras la entidad se encontrara bajo intervención
forzosa administrativa. En consecuencia, concedió el recurso de apelación.

1
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Diego Fernando Núñez González
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01

1.3.6. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de
10 de diciembre de 2025, estudió la apelación y confirmó la decisión de primera
instancia, al compartir los argumentos expuestos por el juzgado.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Diego Fernando Núñez González aseguró que la providencia de 16 de
diciembre de 2026 incurrió en los siguientes yerros:

Defecto fáctico: puesto que consideró que el tribunal accionado valoró
indebidamente la temporalidad del título ejecutivo, ello, con fundamento en que a
su juicio se desconoció la fecha real de causación de la obligación.

De manera que, si se hubiese hecho la valoración correcta, se habría llegado a la
conclusión de que se trataba de una obligación posterior a la intervención
intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud.

Desconocimiento del precedente: consideró que la parte demandada no aplicó la
sentencia «STC-10199-2021 de la Corte Suprema de Justicia, pese a la similitud
fáctica, y aplicaron de manera incompleta o descontextualizada la sentencia T-176
de 1999».

Defecto sustantivo: aseguró que las normas que se tuvieron en cuenta para estudiar
el caso al interior del proceso ejecutivo no eran las que correspondían a ese asunto,
de modo que, confundieron los efectos de la intervención con fines de
administración con los propios de la liquidación.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 4 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C” admitió la presente acción de tutela, y ordenó notificar al actor, así
como al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura.

Como tercero con interés, vinculó al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., para
que si lo consideraba del caso interviniera en el presente asunto.

Además, requirió al apoderado del actor para que allegara los anexos, acreditara la
representación judicial y cumpliera lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, además, solicitó a las autoridades judiciales accionadas el envío del
expediente.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

3
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Demandante: Diego Fernando Núñez González
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Por medio de correo electrónico aportó copia del expediente digital del proceso
ejecutivo con radicado 76109-33-33-001-2025-00153-00/01, sin embargo, la
judicatura accionada no hizo referencia a los hechos y pretensiones de esta acción
de tutela.

1.6.2. Juzgado Primero Administrativo Mixto del Valle del Cauca

En memorial de 10 de marzo de 2026, la juez adujo que las providencias que profirió
en el marco del proceso ejecutivo estuvieron respaldadas con la ley, con la
Constitución y con las normas aplicables al caso concreto, en ejercicio de su
autonomía y competencias.

De modo que, las decisiones se emitieron en derecho por lo que es claro que los
derechos fundamentales del señor Núñez González no se transgredieron.

1.6.3. Apoderado del señor Diego Fernando Núñez González

Por medio de memorial, aseguró que los anexos ya habían sido aportados con la
solicitud inicial junto al escrito de tutela, sin embargo, atendió el requerimiento
relacionado con el juramento, allegó los documentos solicitados y aportó el poder
debidamente conferido por el señor Núñez González.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 17 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C”, declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito
de la relevancia constitucional.

Como fundamento de su decisión manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en la decisión de 16 de diciembre de 2025, expuso con suficiencia las
razones a través de las cuales, en los eventos de intervención forzosa administrativa
de una entidad, que en el caso concreto era el Hospital Luis Ablanque de La Plata
E.S.E., las obligaciones, tanto anteriores como posteriores a la toma de posesión,
no pueden hacerse efectivas a través de procesos ejecutivos, sino que deben
reclamarse en el marco del respectivo proceso concursal, salvo las excepciones
previstas en la ley.

En el asunto del actor se concluyó que la acreencia reclamada tenía origen en una
sentencia laboral derivada de una relación jurídica anterior a la intervención, razón
por la cual no podía catalogarse como gasto de administración.

Por consiguiente, de la lectura de las providencias emitidas en el marco del proceso
ejecutivo el a quo constitucional concluyó que los elementos fueron debidamente
analizados por la autoridad judicial competente, de igual manera adujo que no se
evidenciaba que la decisión cuestionada careciera de sustento jurídico o fáctico, ni
que se hubiese proferido de manera arbitraria.

De modo que, no se evidenciaba la transgresión de las garantías fundamentales del
señor Diego Fernando Núñez González.

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Adicionalmente, puso de presente que el accionante pasó por alto estructurar los
reproches a partir a la configuración de alguno de los defectos que habilitan la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la
confrontación directa con las consideraciones de la decisión cuestionada por el
señor Núñez González.

Respecto al desconocimiento del precedente adujo que si bien, la parte actora
identificó una providencia que si bien a su juicio fu desconocida, lo cierto es que no
precisó la regla jurisprudencial aplicable al caso concreto, ni explicó su pertinencia.

De manera que, ello refuerza la conclusión según la cual la parte actora pretende
utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional para reabrir un
debate ya resuelto en sede ordinaria, lo cual resulta incompatible con la naturaleza
subsidiaria y excepcional de la tutela.

Manifestó que, bajo esas condiciones, estimaba «que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio
de autonomía judicial».

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico, el apoderado del señor Diego
Fernando Núñez González, impugnó la sentencia de 17 de abril de 2026, por medio
de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, declaró la
improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.

La parte actora hizo un resumen de la sentencia proferida por el a quo constitucional
e indicó que el análisis no resultaba acertado, puesto que, desconoció la relevancia
constitucional que la decisión enjuiciada tiene, de manera que, el fallo impugnado
redujo indebidamente la controversia a un debato de mera legalidad, pese a que el
caso compromete directamente los derechos fundamentales del señor Núñez
González.

Expuso que el fallo de tutela impugnado incurrió en un análisis restrictivo e
incompleto al sostener que la acción carecía de relevancia constitucional, «la
controversia no se limita a una discrepancia interpretativa sobre el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero ni a una inconformidad económica con una
decisión judicial, por el contrario, se trata de la imposibilidad absoluta de hacer
efectiva una sentencia judicial en firme que reconoce acreencias laborales y sanción
moratoria, bajo el argumento de que el actor debe acudir a un trámite concursal o
liquidatario que jurídicamente no existe, pues el Hospital Luis Ablanque de la Plata
E.S.E. se encuentra sometido a intervención forzosa administrativa para
administrar, no para liquidar».

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En ese orden de ideas, adujo que el a quo constitucional avaló una confusión
dogmática esencial al equiparar una intervención forzosa administrativa para
administrar con una intervención para liquidar.

Manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” incurrió en
el mismo defecto sustantivo en el que cayó el tribunal accionado, puesto que,
«convalidó la aplicación extensiva del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y del Decreto 2555 de 2010 a obligaciones que no encajan en el
supuesto restrictivo de inejecutabilidad, dichas normas impiden adelantar procesos
ejecutivos respecto de obligaciones anteriores a la toma de posesión, pero no
autorizan extender esa prohibición a obligaciones posteriores, causadas durante la
intervención y bajo la administración del agente interventor».

Reiteró el yerro relacionado con los medios de convicción, el cual relacionó con
el defecto sustantivo, por ende, adujo que hubo una confusión normativa
configura dicho yerro, pues extiende indebidamente los efectos propios de un
proceso liquidatario a una entidad que continúa operando y siendo administrada
para su recuperación institucional, en consecuencia, se priva al accionante de
una vía judicial efectiva para hacer cumplir una sentencia ejecutoriada que
reconoce derechos laborales y que, según adujo, es posterior a la toma de
posesión del Agente Especial Interventor del Hospital Luis Ablanque de la Plata
E.S.E.

1.9. Trámite en segunda instancia

El 22 de julio de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó estar
impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 5.°
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, indicó:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991,
me permito manifestar que considero encontrarme incursa en la causal de
impedimento establecida en el numeral 5° de la mencionada norma, la cual
estipula:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…) 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

Lo anterior obedece a que sostengo una relación de amistad íntima y entrañable
con la magistrada Zoranny Castillo Otálora, quien hizo parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y suscribió la providencia de segundo grado del
10 de diciembre de 2025 dictada dentro del proceso ejecutivo seguido bajo
radicado 76109-33-33-001-2025-00153-00/01, cuestionada en el presente
mecanismo.

De manera que, por medio de providencia de 23 de julio de 2026, suscrita por el
magistrado ponente de esta decisión, se declaró infundada la referida
manifestación de impedimento, ello, con fundamento en que la funcionaria
Zoranny Castillo Otálora, no es sujeto procesal en el presente proceso y, si bien
fue magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, judicatura que
profirió la providencia objeto de reclamo, lo cierto es que, en su momento, actuó
en calidad de magistrada y no en nombre propio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Diego Fernando Núñez González contra la sentencia de 17 de abril de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 17 de abril de 2026, por medio de la cual, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, declaró la improcedencia de la tutela que
presentó la señora Ramírez Trejos.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la solicitud de amparo contra providencias
judiciales4.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

2
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

2.4.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine no se cumple el presupuesto
de la referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no

5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

8
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para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional
no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre7.

2.4.1.2. En este caso, a juicio del señor Diego Fernando Núñez González, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, dado que, resolvió el recurso de
apelación que el actor radicó contra la decisión de 16 de setiembre de 2026, en la
que el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura se
abstuvo de librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 76109-
33-33-001-2025-00153-00/01, que promovió contra el Hospital Luis Ablanque de la
Plata E.S.E.
Pues bien, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” en fallo de 17 de
abril de 2026 declaró la improcedencia de la tutela radicada por el señor Diego
Fernando Núñez González, dado que, consideró que carecía de relevancia
constitucional.
En este punto, la Sala considera que está de acuerdo con la decisión del a quo
constitucional, dado que, la parte actora en su escrito de impugnación reiteró la
inconformidad con los criterios adoptados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la decisión de 16 de septiembre de 2025.
De modo que, resulta oportuno destacar que el referido tribunal consideró que el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura hizo bien en
abstenerse de librar mandamiento de pago, puesto que el Hospital Luis Ablanque de
la Plata E.S.E. se encontraba sometido a intervención forzosa administrativa por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, por el término de un año, esto es,
hasta el 14 de diciembre de 2025.
Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por el señor
Diego Fernando Núñez González tanto en el escrito inicial de la tutela como en la
impugnación reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por concluir que en el referido asunto no se debía
librar mandamiento de pago a su favor, de lo cual no se deriva una verdadera
cuestión iusfundamental que justifique la intromisión del juez de tutela. Por el

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Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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Demandante: Diego Fernando Núñez González
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01

contrario, el accionante se limitó a insistir en que se confundieron los efectos de la
intervención con fines de administración con los propios de la liquidación, sin
proponer una discusión que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía
constitucional.

De igual forma, esta Sala de Decisión advierte que el defecto fáctico invocado por
el señor Diego Fernando Núñez González, se puso de presente en la impugnación,
y los referidos medios convicción también se mencionaron en la apelación del
proceso ordinario. En ese orden, se observa que la parte actora con esta tutela
busca convertir esta acción en una tercera instancia, dado que insistió nuevamente
en los reproches planteados al interior del proceso ordinario, con el objetivo de que
se estudie el asunto que generó el trámite ejecutivo. De ahí que el asunto de la
referencia no se trate de una verdadera cuestión de relevancia constitucional que
justifique la intervención del juez de tutela.

Por su parte, y frente al desconocimiento del precedente, esta Sala de Decisión
manifiesta que ese yerro tampoco no tiene vocación de prosperidad, puesto que, el
señor Núñez González no expuso una regla que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca hubiere desconocido en la providencia censurada.

En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales, no
conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto bajo
estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de una garantía iusfundamental.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión confirmará el fallo de 17 de
abril de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
que declaró la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de abril de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” que declaró la improcedencia
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

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Demandante: Diego Fernando Núñez González
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-01

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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