Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01760-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01760-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01760-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRAS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedencia porque no se cumple con el requisito de
subsidiariedad / COSA JUZGADA Y TEMERIDAD – No se configura, dada la inexistencia
de identidad de partes; también se atribuyó la supuesta vulneración de derechos
fundamentales al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por los señores José William
Sánchez Páez y María Javiela Páez de Sánchez contra las Secretarías Distritales
de Ambiente y de Movilidad de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de
conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29
del Decreto 2591 de 19911.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 20 de febrero de 2026, el señor José William Sánchez Páez, en nombre propio
y en calidad de agente oficioso de la señora María Javiela Páez de Sánchez,
presentó acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la intimidad y a la salud, porque no se ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por
la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 25000-23-41-
000-2023-00977-00.
Pretensiones
2. La parte demandante solicita lo siguiente (transcripción literal):
1. Se ACATE el numeral cuarto en sentencia de segunda instancia de la
acción popular No. 25000234100020230097700/02.
2. Conforme a los hechos narrados, las pruebas del MER y el informe de
la SDA, se de por PROBADO que sobre la carrera 10 entre las calles 64 y 69
de la localidad de Chapinero, se exceden los límites máximos de ruido
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Que ingresó al despacho el 24 de marzo de 2026.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
ambiental permitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la
Resolución 627 de 2006, a fin de que la SDA no saque excusas a futuro y no
se pueda avanzar con el numeral quinto en sentencia de segunda instancia en
acción popular No. 25000234100020230097700/02.
3. Se resuelva y se determine conforme al numeral cuarto en sentencia
de segunda instancia de la acción popular 25000234100020230097700/02 si,
en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se
exceden los límites máximos de ruido ambiental permitidos, conforme a lo
dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Resolución 627 de 2006.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. El 7 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que declaró probada la
afectación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del
equilibrio ecológico, por el indebido manejo de la contaminación auditiva que se
presenta en la carrera 10 entre las calles 64 y 69, de la localidad de Chapinero.
Profirió las siguientes órdenes:
CUARTO. ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, que
dentro del término de un mes realice el análisis del tráfico vehicular que se
presenta en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 localidad de Chapinero en la
ciudad de Bogotá D.C., y determinar si los niveles de contaminación ambiental
tienen relación con el volumen de tránsito circundante por la zona, por lo que
deberá realizar las gestiones de control y señalización de tráfico que impida la
proliferación de ruido y contaminación auditiva.
QUINTO. ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que, en
concurrencia con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, en el término
de un mes contado a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones necesarias y requeridas en la carrera 10 entre las
calles 64 y 69 localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C., que generen
conciencia de la contaminación auditiva generada por automotores y demás
actores viales, así como el impacto ambiental de dicha contaminación en la
salud humana y animal.
SEXTO. - CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual es integrado por la
parte demandante, un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá y un delegado de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el cual
será presidido por el Magistrado Ponente. Las partes deberán remitir un informe
al despacho para su valoración en el Comité de Verificación de la sentencia,
para lo cual el magistrado lo convocará en la oportunidad que considere
necesario.
4. El 23 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia en el proceso con radicado 25000-23-41-000-2023-
00977-00, mediante la cual dispuso lo siguiente:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la
parte resolutiva de la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva de esta providencia, en los siguientes términos:
«SEGUNDO: DECLARAR probada la amenaza a los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio
ecológico, por el riesgo de contaminación auditiva presente en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero en la
ciudad de Bogotá D.C-.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas
contra la DIAN, por las razones señaladas en la presente providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá
que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, elabore un estudio técnico que permita determinar si, en
la carrera 10ª entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se
exceden los límites máximos de ruido ambiental permitidos, conforme
a lo dispuesto en los artículos 9 y 17 de la Resolución 627 de 2006.
Los resultados de dicho estudio deberán incorporarse al mapa de ruido
del Distrito Capital, como insumo para la formulación de políticas de
control acústico.
QUINTO: En caso de constatarse la superación de los niveles
máximos permitidos, la Secretaría Distrital de Movilidad, con la
asesoría de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y demás
autoridades competentes del Distrito Capital, en aplicación de lo
previsto en el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025, deberá formular, en
el término de dos (2) años, el plan de acción enunciado en la citada
norma.
El plan de acción incluirá medidas técnicas, operativas y de gestión
que garanticen la mitigación efectiva de la contaminación acústica en
el sector.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: INSTAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al
Ministerio de Transporte para que ejerzan sus funciones, con el propósito de
definir las bases técnicas y reglamentarias necesarias para la medición y el
control del ruido generado por los vehículos y otros medios de transporte
terrestre.
5. El 10 de noviembre, el accionante le solicitó a la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá el agendamiento de una reunión para abordar asuntos
relacionados con el cumplimiento de la decisión proferida en la acción popular.
6. El 11 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la reunión con 4 delegados de la
Secretaría Distrital de Ambiente y un representante de la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá. En esa misma fecha, «extraje el MER, por posibles
manipulaciones que se pudieran presentar y que envié a la SDA como recurso de
reposición», en la cual según expuso, se puede corroborar a simple vista que se
superan los niveles de ruido ambiental sobre la carrera 10 entre las calles 64 y 69.
7. El 17 de diciembre siguiente, radicó ante la Procuraduría General de la Nación
una solicitud con el fin de que se investigara el desacato por la falta de conformación
del Comité de Verificación.
8. El 30 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá le
informó que no resultaba procedente tener como prueba concluyente de la
superación de los niveles máximos permisibles de ruido, el informe del MER. Pues
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
la valoración sobre la eventual vulneración de los derechos colectivos era de la órbita
exclusiva del despacho judicial.
9. El 9 de febrero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá le
informó cuáles personas iban a conformar el Comité de Verificación; sin embargo,
no ocurrió lo mismo con la Secretaría Distrital de Ambiente. Por lo anterior, radicó un
memorial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de que
se convocara con urgencia dicho comité «ya que no se está acatando los numerales
cuarto, quinto y sexto de dicha sentencia».
10. Manifestó que padece afecciones en sus oídos como consecuencia del ruido
proveniente del lugar donde reside, lo cual le genera alto niveles de estrés y podría
ocasionarle daños de índole psicológico, fisiológico y «hasta de mi sistema
nervioso». Señaló, además, que dicha situación le impide concentrarse en el
desarrollo de sus actividades cotidianas, afectando su memoria y su capacidad de
atención, y que también ha alterado de manera significativa su descanso y calidad
del sueño. Adicionalmente, indicó que su madre, de 83 años, se encuentra cada vez
más fatigada y es especialmente sensible a factores adversos como el ruido, el cual
-según afirmó- estaría impactando negativamente su tranquilidad y bienestar, con
posibles consecuencias graves para su estado salud.
Trámite en primera instancia
11. Mediante auto del 9 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, las
Secretarías Distritales de Ambiente y de Movilidad de Bogotá y la Procuraduría
General de la Nación, como parte demandada. Se ordenó la vinculación del
Congreso de la República de Colombia, a la Dirección de Impuesto y Aduanas
Nacionales, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Asimismo, se requirió al señor José William Sánchez Páez para que
indicara si actuaba en calidad de agente oficioso de su madre.
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A sostuvo que luego de proferirse la sentencia de segunda instancia,
mediante auto del 18 de febrero de 2026 dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por
el superior funcional y «activar el control judicial del cumplimiento de las órdenes
impartidas dentro del proceso de acción popular». Asimismo, requirió a las entidades
distritales involucradas para que informaran las acciones adelantadas para dar
cumplimiento al fallo, para lo cual les concedió el término de 30 días.
13. Expuso que lo pretendido por el accionante desborda el ámbito propio de la
acción de tutela, porque corresponde a un análisis técnico y jurídico que debe
realizarse al interior del proceso judicial de acción popular, cuyo cumplimiento se
discute.
14. Indicó que actualmente el juez popular se encuentra ejerciendo el control
judicial de cumplimiento de la sentencia, a través de las herramientas procesales
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
previstas en la Ley 472 de 1998 «particularmente mediante el seguimiento al
cumplimiento de las órdenes impartidas y la actuación del Comité de Verificación».
15. Manifestó que es la sexta acción de tutela que presenta el demandante
argumentando una presunta vulneración inexistente «pues como se puede observar
el proceso ha sido ágil y oportuno».
16. Por lo anterior, adujo que existe un escenario judicial idóneo y activo para
analizar cualquier inconformidad relacionada con el cumplimiento de la sentencia, de
ahí que, en su criterio, no puede convertirse en un mecanismo paralelo para debatir
asuntos que deben ser analizados en la acción popular.
17. El Ministerio de Transporte pidió que se declarara la falta de legitimación en
la causa por pasiva y, además, señaló el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad porque el accionante persigue el cumplimiento de una sentencia
proferida dentro del medio de control de protección a los derechos e intereses
colectivos.
18. En memorial del 12 de marzo de 2026, el señor José William Sánchez
Páez manifestó que actuaba en el presente trámite en nombre propio y en calidad
de agente oficioso de su madre María Javiela Páez de Sánchez. Lo anterior, toda
vez que esta tiene 83 años y «no está en capacidad de representarse a sí misma por
su avanzada edad y mal estado de salud». Además, porque el pasado 5 de marzo
ingresó por urgencias con ocasión de una descompensación respiratoria. Para tal
cuestión, aportó el poder que le otorgó su madre para que actuara en calidad de
agente oficioso.
19. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá afirmó que la decisión
desconoce que la verificación del cumplimiento de la sentencia colectiva se
encuentra sometida al conocimiento del juez natural quien ya inició el trámite
correspondiente para evaluar las actuaciones adelantadas.
20. Asimismo, precisó que el accionante ya había promovido otra acción de tutela
con identidad de hechos y pretensiones, la cual fue tramitada bajo el radicado 11001-
43-03-009-2026-00063-00 ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá. Por lo anterior, alegó que se configuró la cosa juzgada
constitucional, pues la decisión adoptada en ese proceso no fue objeto de
impugnación,
21. Indicó, además, que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
pues el actor cuenta con mecanismos judiciales específicos para el seguimiento y
verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual, precisó, se encuentra en
funcionamiento.
22. Sostuvo que no existe incumplimiento de la sentencia proferida en la acción
popular, pues ha adelantada actuaciones administrativas y técnicas con el fin de
cumplir con lo ordenado, dado que ha atendido las solicitudes formuladas por el
actor, realizó una mesa de trabajo interinstitucional, se le explicó al accionante el
marco normativo aplicable en materia de ruido ambiental y se encuentra en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
elaboración y remisión del informe técnico correspondiente al despacho judicial
competente.
23. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá adujo que la tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la parte actora no agotó todos los
medios de defensa judicial que tiene a su disposición, pues el juez popular conserva
la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia
y podrá conformar un comité para la verificación de su cumplimiento.
24. Manifestó que al realizar el análisis del estudio preliminar informado por la
Secretaría Distrital de Ambiente evidenció que no se excedían los niveles de ruido
permitidos. En consecuencia, consideró que para elaborar el plan de acción cuenta
con 2 años, término que no se ha cumplido.
25. Precisó que ha adelantado las actuaciones respectivas con el fin de dar
cumplimiento al fallo.
26. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que la parte
actora presentó una acción de tutela idéntica ante el Juzgado 9 Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bogotá bajo el radicado 11001-43-009-2026-00063-00
la cual fue fallada de manera desfavorable mediante sentencia del 6 de marzo de
2026.
27. En memorial del 13 de marzo de 2026, el señor José William Sánchez
Páez informó que solo envió una tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y esta «hizo 2 traslados, una a los juzgados y otra al Consejo de Estado». Asimismo,
informó que impugnó la sentencia proferida por el Juzgado 9 Ejecución de
Sentencias de Bogotá.
28. El Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación
pidieron que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
CONSIDERACIONES
Competencia
29. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
30. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal, en especial, el de subsidiariedad. En este punto deberá
examinar si la parte actora contaba con algún mecanismo ordinario para obtener el
amparo solicitado ante la supuesta vulneración de derechos por parte de las
autoridades demandadas y si existe un conflicto de carácter ius fundamental que
amerite la intervención del juez constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
31. En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
analizará si las autoridades y entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, como se afirmó en la demanda.
Análisis de la Sala
Cuestión previa: de la cosa juzgada constitucional y de la temeridad
32. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales».
33. En la sentencia de unificación 168 de 2017, la Corte Constitucional precisó que
la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad
partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) ausencia de
justificación en la presentación de la nueva acción de tutela, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista. Sobre este último elemento, el alto tribunal
manifestó lo siguiente:
(…) [S]e presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa,
deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia.
34. La Corte Constitucional2 también ha sostenido que bien puede configurarse la
cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo».
35. En línea con lo anterior, la misma Corte3 ha indicado que, desprovisto de la mala
fe de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren
los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso existe identidad jurídica de
partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las
mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa
que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de
tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional.
36. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que la presentación
de varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos
hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien
ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o
2
Sentencia T-560 de 2009. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de 2017.
3
Sentencia T-219 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces,
de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces
para propiciar una decisión acorde a sus intereses.
37. Finalmente, la Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se
adviertan los requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se
configure o sea declarada por el juez, como se expone a continuación:
Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes
elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de
demandante y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción. Esta situación supone un desgaste
al sistema judicial por capricho del accionante y por desconocimiento del
principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe ser plenamente acreditada
y no puede ser inferida tras una simple revisión formal de las acciones de tutela
que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.
Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano
o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación (i)
envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para cada acción los
argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii) denote un interés
desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una interpretación
judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar abiertamente de
mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan
estructura a la figura de la temeridad, deben verificarse las circunstancias
particulares del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de
las siguientes circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado
de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en
igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.
38. En atención a que varios de los sujetos procesales sostuvieron que la parte
actora ha promovido acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales, la Sala
estima pertinente efectuar el análisis correspondiente.
39. Se tiene que el aquí accionante el pasado 20 de febrero presentó un
memorial en el proceso con radicado 25000-23-41-000-2023-00977-00/024, que en
el asunto señaló lo siguiente: «Tutela por favor asignar al Magistrado Felipe Alirio
Solarte Maya ya que es sobre Sentencia en Acción Popular del Ponente
Magistrado».
4
Índice 106 de Samai del expediente del Tribunal de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
40. Mediante auto del 24 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador de la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
ordenó la remisión del referido memorial a la Secretaría General del Consejo de
Estado para que se repartiera la acción de tutela presentada por el señor Sánchez
Páez.
41. En oficio del 3 de marzo de 2026, la Secretaría de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió a esta Corporación la acción de
tutela y le correspondió por reparto a esta Subsección con el radicado 11001-03-15-
000-2026-01760-00.
42. De otra parte, se observa que a través de la cuenta de correo electrónico
«MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@cendoj.ramajudicial.
gov.co» el 20 de febrero de 2026, dirigido a la cuenta
«tutelassec02sub04tac@cendoj.ramajudicial.gov.co», se reenvió el mensaje de
datos que tenía como asunto: «tutela por favor asignar al Magistrado Felipe Alirio
Solarte Maya ya que es sobre Sentencia en Acción Popular del Ponente
Magistrado». Como consecuencia de lo anterior, se expidió el acta de reparto con
radicado 25000-23-15-000-2026-00108-00 y el conocimiento del proceso le
correspondió al magistrado Cerveleón Padilla Linares, integrante del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D5.
43. En providencia del 23 de febrero de 2026, se ordenó la remisión del proceso
a los jueces municipales de Bogotá6.
44. Radicado el proceso ante los juzgados municipales de Bogotá, este le
correspondió por reparto al Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias y se identificó con el radicado 11001-43-03-009-2026-00063-00. En
providencia del 24 de febrero de 2026, esa autoridad judicial admitió la acción de
tutela presentada por el señor José William Sánchez de Páez contra la Secretaría
Distrital de Ambiente de Bogotá y vinculó a la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General
de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
45. En sentencia del 6 de marzo de 2026, el Juzgado Noveno Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bogotá negó el amparo solicitado por el accionante. El
12 de marzo siguiente, se concedió la impugnación y, a la fecha, se encuentra en
trámite de que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Bogotá profiera la decisión de segunda instancia.
46. Visto lo anterior, la Sala concluye que en el presente proceso no se configuró
la alegada cosa juzgada constitucional ni, mucho menos, la temeridad en la
presentación de las acciones de tutela. En efecto, según lo manifestado por el aquí
5
Índice 2 de Samai del proceso con radicado 25000-23-15-000-2026-00108-00.
6
Índice 4 de Samai del proceso con radicado 25000-23-15-000-2026-00108-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
accionante, este presentó un único memorial solicitando el amparo constitucional;
no obstante, como consecuencia del doble reparto efectuado, el conocimiento del
asunto le correspondió tanto al Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
47. Además, se advierte que, si bien se trata del mismo escrito de tutela, no se
cumple con el requisito de identidad de partes, tal como se puede observar en el
siguiente cuadro:
Proceso 11001-43-03-0009-2026-00063-00 Proceso 11001-03-15-000-2026-01760-00
Parte demandante:
Parte demandante:
• José William Sánchez Páez
• José William Sánchez Páez
• María Javiela Páez de Sánchez
Parte demandada:
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Parte demandada: Sección Primera, Subsección A
• Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá
• Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá - Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
• Procuraduría General de la Nación
Terceros con interés:
Terceros con interés:
• Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
• Congreso de la República de Colombia
• Defensoría del Pueblo
• Dirección de Impuestos y Aduanas
• Personería de Bogotá
Nacionales
• Procuraduría General de la Nación
• Ministerio de Transporte
• Alcaldía Mayor de Bogotá
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Sostenible.
48. Como se vio, en el presente asunto también figura como accionante la señora
María Javiela Páez de Sánchez, en atención a que el señor Sánchez Páez
manifestó actuar en calidad de agente oficioso de sus derechos fundamentales. De
igual forma, aquí se tuvo como parte demandada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, así como a la Secretaría Distrital
de Movilidad de Bogotá. Ello, por cuanto el magistrado sustanciador del presente
proceso advirtió que la parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso por parte de dicha autoridad judicial, al señalar «una supuesta
tardanza en convocar el Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia
con la que culminó el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos».
49. En contraste, en el proceso tramitado ante el Juzgado Noveno Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias de Bogotá no fueron vinculados el Ministerio de
Transporte, el Congreso de la República ni la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. De igual manera, en dicho trámite no se efectuó un examen relativo a
una eventual demora en la convocatoria del Comité de Verificación del cumplimiento
de la sentencia, en la medida en que tal aspecto no fue advertido ni puesto de
presente en ese escenario procesal.
50. Por lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró ni la temeridad ni la
cosa juzgada constitucional; en consecuencia, procederá a examinar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad y, de acreditarse estos,
a efectuar el estudio de fondo correspondiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
51. Legitimación en la causa. El señor José William Sánchez Páez se
encuentra legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular
de los derechos fundamentales cuya protección reclama, dada su condición de
demandante en el medio de control de protección a los derechos e intereses
colectivos, en el marco del cual se adoptó la decisión que considera incumplida. De
otra parte, como también se alegó la vulneración de los derechos fundamentales de
la señora María Javiela Páez de Sánchez.
52. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que es posible la agencia
de derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa. De ahí que, ese mecanismo, según la Corte permite que «un tercer
(agente) interponga, motu proprio y sin necesidad de poder, acción de tutela en
favor del titular de los derechos fundamentales (agenciado). La Corte ha establecido
dos requisitos, a saber: (i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en
tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus
derechos»7.
53. La Sala considera que se cumplen con los dos requisitos exigidos para la
procedencia de la agencia oficiosa. En efecto, luego de efectuarse el requerimiento
en el auto admisorio de la tutela, el señor Sánchez Páez manifestó de manera
expresa que actuaba también en calidad de agente oficioso de su señora madre y
expuso la imposibilidad de esta para defender los derechos que directamente estima
vulnerados, atendiendo a su avanzada edad (83 años) y a su delicado estado de
salud, evidenciado, entre otros aspectos, por su ingreso reciente por urgencias a
una entidad hospitalaria. Asimismo, tales circunstancias permiten ubicar a la
agenciada en una situación de debilidad manifiesta que justifica la intervención de
un tercero para defensa efectiva de sus derechos fundamentales.
54. Subsidiariedad. La acción de tutela procede cuando el interesado no
dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de
protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si
existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
55. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
56. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
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Sentencia T-068 de 2025. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
contrario, la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en
presencia de un perjuicio irremediable, es decir, que se trate de un riesgo cierto y
real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica,
esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.
57. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.
58. En los mismos términos, la Corte Constitucional en la sentencia SU 691 de
2017 consideró lo siguiente:
Así, por regla general, (i) cuando el ciudadano cuenta con otros mecanismos
de defensa judicial idóneos para resolver las cuestiones planteadas y no se
configura un perjuicio irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii)
cuando el accionante no cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos y
eficaces, las órdenes del juez de tutela son definitivas; y (iii) excepcionalmente,
cuando el afectado dispone de otros mecanismos de defensa judicial idóneos
y eficaces pero la actuación del juez sea necesaria para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que
brinden protección al derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la
autoridad competente se pronuncie sobre las pretensiones. Lo anterior, sin
perjuicio de que, en el análisis de casos concretos, el juez constitucional
establezca las subreglas pertinentes acorde con la jurisprudencia
constitucional.
59. De hecho, en la sentencia de unificación 003 de 2018 sostuvo que «de ahí
que la Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los
demás medios de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos
preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de sus
derechos, tal como disponen el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política,
el numeral 1 del artículo 6 y el inciso 1° del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991».
60. En el caso concreto, la Sala advierte que lo pretendido por la parte actora es
que se ordene el cumplimiento de la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado en la acción popular promovida por
el aquí accionante.
61. En particular, solicitaron el efectivo cumplimiento del ordinal cuarto de la
referida sentencia y, como consecuencia, se tenga por probado que «sobre la
carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero se exceden los
límites máximos de ruido ambiental permitidos»; lo anterior, con el fin de que la
Secretaría Distrital de Ambiente no pueda avanzar con el cumplimiento del ordinal
quinto de la misma providencia.
62. Asimismo, pretende que se determine si en esa ubicación se exceden los
límites máximos de ruido ambiental, tal como lo prevén los artículos 9 y 17 de la
Resolución 627 de 2006.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
63. Esta Subsección considera que la parte actora cuenta con otro mecanismo
para obtener el cumplimiento de las órdenes dictadas en el marco de la acción
popular, este es, el incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de
1998, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 41. DESACATO. La persona que incumpliere una orden judicial
proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por
acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial,
mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien
decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La
consulta se hará en el efecto devolutivo.
64. En todo caso, también se advierte que el juez de la acción popular cuenta con
el instrumento previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que establece lo
siguiente:
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance
de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez
conservará competencia para tomar las medidas necesarias para la
ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en
el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la
verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el
derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que,
en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento
del fallo.
65. De hecho, según las actuaciones que obran en ese proceso, el pasado 18 de
febrero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A dispuso lo siguiente:
2. DE LA VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
3.Este Despacho, con el fin de dar cumplimiento a las órdenes proferidas en
las sentencias de primera y segunda instancia,
DISPONE
PRIMERO. - OBEDÉZCASE y CÚMPLASE lo resuelto por el Honorable
Consejo de Estado en la sentencia del 23 de octubre de 2025 que en su parte
resolutiva modificó parcialmente la sentencia de 7 de octubre de 2024 proferida
por esta Corporación.
SEGUNDO. - REQUIÉRASE a la SECRETARÍA DE AMBIENTE DE BOGOTÁ,
y a la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, para que
alleguen al expediente un informe en el que indiquen, de manera detallada, las
acciones realizadas, para dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
primera y segunda instancia proferidas por esta Corporación y por el Honorable
Consejo de Estado.
66. Es más, el 19 de marzo de la presente anualidad, la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá presentó el informe que daba cuenta de las actuaciones
surtidas para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.
67. Queda claro, entonces, que la autoridad judicial demandada se encuentra
verificando el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas, para lo cual requirió
a las partes interesadas con el fin de que informaran cuáles actuaciones habían
realizado con el fin de acatar lo ordenado.
68. En criterio de la Sala, dicho mecanismo resulta idóneo y eficaz para que los
accionantes obtengan la protección de los derechos fundamentales que consideran
vulnerados. Ello se explica porque la acción de tutela, pese a su relevancia
constitucional, no constituye el instrumento principal ni adecuado para exigir el
cumplimiento de las órdenes impartidas al interior de un proceso en el cual se
dispuso la protección de los derechos colectivos. Para tal efecto, como se expuso,
el ordenamiento jurídico prevé procedimientos específicos dentro del propio trámite,
encaminados a que el juez popular adopte las medidas necesarias para garantizar
la ejecución efectiva del fallo. En consecuencia, solo de manera excepcional
procede la solicitud de amparo cuando se acredite la existencia de una amenaza o
vulneración actual de derechos fundamentales que no pueda ser conjurada por las
vías ordinarias.
69. En el caso concreto, la Sala advierte que la parte actora no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia de la tutela como
mecanismo transitorio. No se observan en el expediente elementos de juicio que
permitan constatar la configuración de una amenaza cierta, inminente y grave a los
derechos fundamentales invocados, ni que dicha afectación resulte de tal magnitud
que no pueda ser conjurada a través de los mecanismos ordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico.
70. Las afirmaciones formuladas en la solicitud de amparo se mantienen en un
plano general, pues la sola alegación de padecimientos auditivos por parte del
accionante y la circunstancia de que su madre tenga 83 años no permiten acreditar
la necesidad de una intervención urgente e inmediata del juez constitucional. Tales
manifestaciones, si bien revelan una inconformidad frente a la situación fáctica
expuesta, no demuestran la configuración de un perjuicio irremediable que habilite
la procedencia excepcional de la tutela, ni justifican que el juez de amparo se
inmiscuya en asuntos que son propios del conocimiento y de la competencia del
juez de la acción popular, quien es el llamado a valorar dichas circunstancias y a
adoptar las medidas correspondientes dentro de dicho trámite.
71. En consideración a todo lo razonado, se concluye que la acción de tutela es
improcedente, porque no cumple con el requisito de subsidiariedad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01760-00
Accionante: José William Sánchez Páez y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y otras
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
señor José William Sánchez Páez y la señora María Javiela Páez de Sánchez, de
conformidad con lo anotado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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