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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04443-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04443-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación de los ministerios de Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá por las razones expuestas en esta providencia. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José William Sánchez Páez frente a la aducida mora judicial injustificada, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. 3. Declarar improcedente la acción de tutela para ordenar que se tenga por acreditado que, en la carrera 10 entre calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se superaron los límites máximos de ruido ambiental permitidos, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04443-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

30 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Mora judicial en acción popular.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José William Sánchez Páez
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 10 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, el señor José William Sánchez
Páez pidió la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la salud.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la mora judicial
injustificada en que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, al no ordenar dar cumplimiento al numeral 4 de la sentencia de
segunda instancia proferida dentro de la acción popular No. 250002341-000-2023-00977-
00/02 referente a que la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá <<elabore un estudio
técnico que permita determinar sí, en la carrera 10ª entre las calles 64 y 69 de la localidad de
Chapinero, se exceden los límites máximos de ruido ambiental permitido, conforme en lo
dispuesto por los artículos 9 y 17 de la Resolución 627 de 2006.>>

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. De acuerdo a las pruebas y todo lo narrado anteriormente. Solicito se dé por PROBADO que, si se
exceden los límites máximos de Ruido Ambiental permitidos, sobre la carrera 10 entre calles 64 y 69 de
la localidad de Chapinero, conforme al numeral CUARTO de la Sentencia de Acción Popular No.
25000234100020230097700/02, a fin de implementar el Plan de Acción que menciona el numeral
QUINTO de dicha Sentencia.

2. O que se Ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que decida en un tiempo
prudencial, sobre el Numeral CUARTO de la Acción Popular No. 25000234100020230097700/02.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor José William Sánchez Páez promovió acción popular en contra del Congreso de
la República y la Secretaría Distrital de Movilidad con el objeto de solicitar la protección
de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y al equilibrio
ecológico por la contaminación auditiva y del aire en el sector de la carrera 10 entre calles
64 y 69 de la ciudad de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 18 Administrativo de Bogotá bajo el
radicado 110013335-018-2022-00292-00, que mediante auto de 16 de agosto de 2022
dispuso la admisión de la demanda, la vinculación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de la Secretaría Distrital de Ambiente, además de correr traslado de la
medida cautelar solicitada; por auto de 24 de agosto de 2022 corrió traslado de la adición
de la medida cautelar y por auto de 28 de noviembre del mismo año, la negó. Decisión
frente a la cual el accionante presentó recurso de apelación.

Por auto de 31 de mayo de 2023, el juzgado de conocimiento rechazó el recurso de
apelación interpuesto, lo adecuó como recurso de reposición y resolvió la decisión y,
mediante proveído de 21 de julio de 2023, dispuso la remisión del proceso por
competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de advertir que el medio
de control se había presentado contra autoridades del orden distrital y nacional, pues una
de las entidades demandadas era el Congreso de la República.

Luego, el proceso fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, bajo el radicado 2500023410002023-00977-00, que por auto de
4 de agosto de 2023 avocó el conocimiento de la demanda y luego de surtir el trámite
correspondiente, dictó sentencia de primera instancia el 7 de octubre de 2024, en la que
resolvió:

“PRIMERO. – DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el SENADO DE LA REPÚBLICA. En consecuencia, se NIEGAN las
pretensiones 1 a 5 de la demanda formuladas contra el Congreso de la República, por las
razones anotadas en la presente providencia.

SEGUNDO. - DECLÁRASE PROBADA la afectación a los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el indebido manejo de la
contaminación auditiva que se presenta en la carrera 10 entre las calles 64 y 69, localidad de
Chapinero en la ciudad de Bogotá́ D.C.

TERCERO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formuladas contra el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Trabajo y la DIAN, por las razones
señaladas en la presente providencia.

CUARTO.- ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá́ , que dentro del
término de un mes realice el análisis del tráfico vehicular que se presenta en la carrera 10
entre las calles 64 y 69 localidad de Chapinero en la cuidad de Bogotá D.C., y determinar si
los niveles de contaminación ambiental tienen relación con el volumen de tránsito circundante
por la zona, por lo que deberá realizar las gestiones de control y señalización de tráfico que
impida la proliferación de ruido y contaminación auditiva.

QUINTO.- ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que, en concurrencia
con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, en el término de un mes contado a partir de
la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones necesarias y requeridas en
la carrera 10 entre las calles 64 y 69 localidad de Chapinero en la cuidad de Bogotá D.C., que
generen conciencia de la contaminación auditiva generada por automotores y demás actores
viales, así́ como el impacto ambiental de dicha contaminación en la salud humana y animal.

SEXTO. - CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual es integrado por la parte
demandante, un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y un delegado de
la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el cual será presidido por el Magistrado Ponente.
Las partes deberán remitir un informe al despacho para su valoración en el Comité de
Verificación de la sentencia, para lo cual el magistrado lo convocará en la oportunidad que
considere necesario. (...)”

Mediante auto de 19 de noviembre de 2024, el magistrado de conocimiento resolvió la
solicitud de aclaración de la sentencia que presentó el apoderado del Ministerio de
Transporte.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

Las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente de Bogotá presentaron recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Recursos que fueron resueltos
por el Consejo de Estado, Sección Primera, con sentencia de 23 de octubre de 2025
modificó los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida, en los siguientes términos:

<<PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte
resolutiva de la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia, en los siguientes términos:

«SEGUNDO: DECLARAR probada la amenaza a los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el riesgo de contaminación auditiva
presente en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero en la ciudad
de Bogotá D.C.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas contra la DIAN, por las
razones señaladas en la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá que, dentro de los tres
(3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, elabore un estudio técnico que
permita determinar si, en la carrera 10.a entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero,
se exceden los límites máximos de ruido ambiental permitidos, conforme a lo dispuesto en
los artículos 9 y 17 de la Resolución 627 de 2006.

Los resultados de dicho estudio deberán incorporarse al mapa de ruido del Distrito Capital,
como insumo para la formulación de políticas de control acústico.

QUINTO: En caso de constatarse la superación de los niveles máximos permitidos, la
Secretaría Distrital de Movilidad, con la asesoría de la Secretaría Distrital de Ambiente de
Bogotá y demás autoridades competentes del Distrito Capital, en aplicación de lo previsto en
el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025, deberá formular, en el término de dos (2) años, el plan
de acción enunciado en la citada norma.

El plan de acción incluirá medidas técnicas, operativas y de gestión que garanticen la
mitigación efectiva de la contaminación acústica en el sector».

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.>>

A través de memorial radicado en Samai el 11 de febrero de 2026, el accionante solicitó
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, la
convocatoria urgente del Comité de verificación, por considerar que no se estaba dando
cumplimiento a las sentencias proferidas dentro de la acción popular.

Por auto de 18 de febrero de 2026, la autoridad judicial dispuso obedecer y cumplir lo
dispuesto por el superior funcional, por lo que requirió a la Secretaría Distrital de Ambiente
de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, para que allegaran al
expediente un informe en el que indicaran de manera detallada las acciones realizadas
para dar cumplimiento a las sentencias proferidas en primera y segunda instancia; para
tal efecto, el juez de conocimiento otorgó un término de treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoria de dicho proveído.

El 20 de febrero de 2026, el accionante radicó memorial dentro del proceso de la acción
popular a través del cual interpuso acción de tutela contra la Secretaría Distrital de
Ambiente con el objeto de que se acatara el numeral cuarto de la sentencia de segunda
instancia proferida dentro de la acción popular No. 2500023410002023-00977-00/02.

Por auto de 24 de febrero de 2026, el magistrado de conocimiento dispuso la remisión
inmediata y urgente a la Secretaría General del Consejo de Estado para que dentro de
sus competencias procediera a realizar la radicación y reparto de la acción de tutela, ello
por considerar que, pese a que la solicitud de amparo era en contra de una autoridad del

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

orden distrital, también estaban involucradas las autoridades judiciales que habían
proferido las sentencias dentro del proceso ordinario.

Una vez recibida dicha tutela, fue asignada por reparto al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-01760-00, que mediante
sentencia de 20 de abril de 2026 declaró la improcedencia de la acción por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, decisión que el accionante no impugnó.

El 25 de febrero de 2026 y 27 de abril de 2026, las Secretarías Distritales de Ambiente y
Movilidad, respectivamente, presentaron el informe requerido por el Tribunal.

El 30 de abril de 2026, el expediente ingresó al despacho con los informes de
cumplimiento allegados por las referidas secretarías.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante afirmó que, pese a que solicitó al tribunal de conocimiento que se
convocara con carácter urgente al Comité de verificación por considerar que no se estaba
dando cumplimiento al numeral 4 de la sentencia de segunda instancia proferida dentro
de la acción popular, la última actuación que se registró en dicho proceso es del 30 de
abril de 2026, por lo que había transcurrido más de un mes sin que se hubiera decidido
frente al cumplimiento de dicho numeral, lo que conlleva que se prolongara la afectación
de sus derechos fundamentales a la intimidad, tranquilidad y salud, así como los de su
madre, quien es una adulta mayor de 83 años.

Sostuvo que la acción de tutela es el único mecanismo para evitar un perjuicio
irremediable dado que actualmente padece de tinitus permanente en el oído izquierdo
según consta en la historia clínica que aportó con la tutela, que su apartamento está en
un primer piso esquinero entre dos mallas viales de una calle y una carrera y dado el alto
ruido automotor debe dormir con tapa oídos y no puede abrir las ventanas, por lo que la
demora en determinar el exceso de ruido conforme se ordenó en el numeral 4 de la
sentencia proferida en segunda instancia va a ocasionar tardanza para trabajar en las
soluciones previstas en el numeral 5 de la misma sentencia lo que conlleva a aumentar
el daño causado tanto a su salud física y mental como a la de su madre, una adulta mayor
de 83 años.

De otro lado, citó apartes de la sentencia T-672 de 2014 respecto del principio de
precaución ambiental y su aplicación para proteger la salud de las personas, para señalar
que en este caso el tránsito automotor debía estar sujeto a dicho principio por el alto ruido
que genera y la contaminación de aire que produce.

Señaló que el informe que presentó la Secretaría de Ambiente ante el tribunal de
Cundinamarca no se pronunció ni determinó el ruido ambiental sobre la carrera 10 entre
las calles 64 y 69, lo que conlleva un desacato del numeral 4 de sentencia de segunda
instancia proferida dentro de la acción popular.

Con el escrito de tutela anexó copia de su historia clínica con fecha de 9 de noviembre
de 2025, donde se señaló que ingresó por cuadro clínico de larga data de << tinitus no
pulsátil izquierdo>>.

5. Trámite procesal

Por auto del 16 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a la ministra de Transporte, a la ministra
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y a
la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

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Demandante: José William Sánchez Páez

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de junio de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, titular del despacho donde cursa la acción popular, hizo un recuento de
las actuaciones surtidas dentro de dicho proceso para solicitar que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela al no existir omisión judicial ni administrativa,
comoquiera que ya había dispuesto de las medidas necesarias para verificar el
cumplimiento del fallo y había requirido a las entidades involucradas para que informaran
las actuaciones que habían adelantado.

En ese sentido, afirmó que la inconformidad del accionante debía ventilarse dentro del
mismo proceso de la acción popular, al ser el escenario procesal en el que el juez tiene
competencia para evaluar el cumplimiento de las órdenes impartidas y adoptar las
decisiones que considere pertinentes.

Sostuvo que es la séptima acción de tutela que el accionante presenta bajo el argumento
de una presunta vulneración inexistente, por cuanto el trámite dado al mecanismo de
protección de los derechos e intereses colectivos bajo el radicado 2500023410002023-
00977-00 ha sido diligente y eficaz, sin que exista mora judicial alguna.

El Ministerio de Transporte solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, su
falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, ordenar su
desvinculación de la misma, por cuanto las pretensiones de la acción no guardan una
relación directa o indirecta con el ministerio o sus funciones y, además, no ha participado
ni contribuido a las actuaciones descritas por el accionante, dado que las transgresiones
deprecadas se atribuyen al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.

La Secretaría Distrital de Ambiente afirmó que la acción de tutela es improcedente,
porque el accionante pretende que el juez constitucional intervenga en el trámite de
verificación del cumplimiento de una sentencia de acción popular, asunto que le
corresponde decidir al juez natural de ese proceso.

Indicó que los derechos fundamentales invocados por el accionante no han sido
vulnerados por la Secretaría, dado que la controversia planteada corresponde a una
discrepancia sobre la valoración técnica y judicial del cumplimiento de la sentencia de la
acción popular y no de una actuación directa de la entidad.

Señaló que elaboró y remitió al tribunal el informe técnico ordenado sin que se pudiera
indicar que incurrió en desacato y destacó que la acción de tutela no es el mecanismo
para declarar acreditada la superación de los niveles máximos de ruido ni ordenar la
ejecución de la sentencia de la acción popular, dado que dichas actuaciones
corresponden al trámite de verificación de la sentencia.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su desvinculación de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es la
autoridad judicial que determinó la ratio decidendi de las providencias cuestionadas y, de
forma subsidiaria, pidió negar las pretensiones del amparo por cuanto no ha vulnerado
ningún derecho fundamental del accionante.

El Distrito Capital - Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tiene la capacidad jurídica ni funcional
para satisfacer las pretensiones del accionante, así como la improcedencia de la acción
de tutela, dado que la solicitud de amparo no puede ser utilizada como una instancia
adicional para controvertir decisiones judiciales o solicitar una nueva valoración de los

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elementos probatorios obrantes en el expediente o sustituir las competencias atribuibles
al juez popular.

La Secretaría Distrital de Movilidad solicitó que se declarara su falta de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto los hechos que sustentan la acción constitucional y las
pretensiones formuladas se encuentran referidos a actuaciones cuyo conocimiento y
decisión corresponden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa - sobre la falta de legitimación

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando esta resulte demostrada.

Asimismo, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

En el presente asunto, la parte actora aduce la vulneración de sus derechos
fundamentales con ocasión de la mora judicial injustificada en que incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al no ordenar dar cumplimiento al numeral 4 de la
sentencia de segunda instancia proferida dentro de la acción popular No. 250002341-
000-2023-00977-00/02, cuyos accionados fueron el Ministerio de Transporte, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

En la contestación de la tutela, los ministerios de transporte y de ambiente y desarrollo
sostenible, así como la Secretaría de movilidad, solicitaron su desvinculación por no ser
los responsables del acatamiento del eventual fallo de tutela.

Sobre el particular se advierte que sus vinculaciones se hicieron como terceros con
interés y no como demandados que deban cumplir una eventual orden de amparo, de
suerte que no se consideran procedentes sus solicitudes, las cuales serán negadas.

Ahora bien, por su parte, el Distrito Capital, Alcaldía Mayor de Bogotá, también solicitó su
desvinculación; sin embargo, se observa que la misma no fue vinculada a la acción y en
esa medida también se negará su solicitud.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
José William Sánchez Páez para la protección de sus derechos fundamentales a la
intimidad y a la salud, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial demandada al
incurrir en mora judicial al no ordenar dar cumplimiento al numeral 4 de la sentencia de
segunda instancia proferida dentro de la acción popular No. 250002341-000-2023-00977-
00/02.

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La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, porque la autoridad judicial
demandada no ha incurrido en mora judicial injustificada.

En cuanto a la pretensión de que se tenga acreditado que, en la carrera 10 entre calles
64 y 69 de la localidad de Chapinero, se superaron los límites máximos de ruido ambiental
permitidos, en los términos del numeral cuarto de la sentencia de segunda instancia
proferida dentro de la acción popular con radicado No. 25000-23-41-000-2023-00977-
00/02, la Sala advierte que tal solicitud debe plantearse dentro de la referida acción
popular, por ser ese el escenario idóneo para que el juez del proceso valore las pruebas
y adopte las determinaciones correspondientes respecto del cumplimiento de las
sentencias. En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente para obtener un
pronunciamiento en ese sentido, al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial y (iii) el caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

4. Sobre la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los

1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018

y T-441 de 2020.

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Demandante: José William Sánchez Páez

medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:

o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite2.

5. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que
sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada al
incurrir en mora judicial al no ordenar dar cumplimiento al numeral 4 de la sentencia de
segunda instancia proferida dentro de la acción popular No. 250002341-000-2023-00977-
00/02.

Previo a resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes adelantadas
en la acción popular con radicado No. 250002341-000-2023-00977-00/02.

-. El señor José William Sánchez Páez promovió acción popular en contra del Congreso
de la República y la Secretaría Distrital de Movilidad con el objeto de solicitar la protección
de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y al equilibrio
ecológico por la contaminación auditiva y del aire en el sector de la carrera 10 entre calles
64 y 69 de la ciudad de Bogotá.

-.El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 18 Administrativo de Bogotá bajo
el radicado 110013335-018-2022-00292-00, que mediante auto de 16 de agosto de 2022
dispuso la admisión de la demanda, la vinculación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de la Secretaría Distrital de Ambiente, además de correr traslado de la
medida cautelar solicitada; por auto de 24 de agosto de 2022 corrió traslado de la adición
de la medida cautelar y, por auto de 28 de noviembre del mismo año, la negó. Decisión
frente a la cual el accionante presentó recurso de apelación.

-. Por auto de 31 de mayo de 2023, el juzgado de conocimiento rechazó el recurso de
apelación interpuesto, lo adecuó como recurso de reposición y resolvió la decisión y
mediante proveído de 21 de julio de 2023, dispuso la remisión del proceso por
competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de advertir que el medio
de control se había presentado contra autoridades del orden distrital y nacional, pues una
de las entidades demandadas era el Congreso de la República.

2 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

-. El proceso fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, bajo el radicado 2500023410002023-00977-00, que por auto de 4 de
agosto de 2023 avocó el conocimiento de la demanda y luego de surtir el trámite
correspondiente, el 7 de octubre de 2024 dictó sentencia de primera instancia en la que,
entre otros aspectos, declaró probada la afectación a los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el indebido manejo de la
contaminación auditiva que se presenta en la carrera 10 entre las calles 64 y 69, localidad
de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.

Además, ordenó a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá́ , que dentro del término
de un mes realizara el análisis del tráfico vehicular que se presenta en dicha zona con el
fin de que determinara si los niveles de contaminación ambiental tenían relación con el
volumen de tránsito circundante por la zona, por lo que debía realizar las gestiones de
control y señalización de tráfico que impida la proliferación de ruido y contaminación
auditiva y en concurrencia con la secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá adelantaran
gestiones requeridas para generar conciencia de la contaminación auditiva generada así
como del impacto ambiental ocasionado, además, ordenó la conformación de un comité
de verificación conformado por dichas secretarías.

-. Mediante auto de 19 de noviembre de 2024, el magistrado de conocimiento resolvió la
solicitud de aclaración de la sentencia que presentó el apoderado del Ministerio de
Transporte.

-. Las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente de Bogotá presentaron recursos
de apelación que fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante
la sentencia dictada el 23 de octubre de 2025 que modificó los ordinales segundo,
tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el sentido de
entre otros aspectos, declarar probada la amenaza a los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, por el riesgo de contaminación
auditiva presente en la carrera 10 entre las calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero
en la ciudad de Bogotá D.C., ordenar a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá
que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, elaborara
un estudio técnico que permitiera determinar si, en dicha zona se excedían los límites
máximos de ruido ambiental permitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 17
de la Resolución 627 de 2006 y en caso de constatarse la superación de tales niveles, la
Secretaría Distrital de Movilidad, con la asesoría de la Secretaría Distrital de Ambiente
de Bogotá y las demás autoridades competentes del Distrito Capital, en aplicación de lo
previsto en el artículo 11 de la Ley 2450 de 2025, deberían formular, en el término de dos
(2) años, el plan de acción enunciado en la citada norma, que deberían incluir medidas
técnicas, operativas y de gestión que garanticen la mitigación efectiva de la
contaminación acústica en el sector.

-. A través de memorial radicado en Samai el 11 de febrero de 2026, el accionante solicitó
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la convocatoria urgente del Comité de
verificación, por considerar que no se estaba dando cumplimiento a las sentencias
proferidas dentro de la acción popular.

-. Por auto de 18 de febrero de 2026, el Tribunal de conocimiento dispuso obedecer y
cumplir lo dispuesto por el superior funcional, por lo que requirió a la Secretaría Distrital
de Ambiente de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, para que
allegaran al expediente un informe en el que indicaran de manera detallada las acciones
realizadas para dar cumplimiento a las sentencias proferidas en primera y segunda
instancia; para tal efecto, el juez de conocimiento otorgó un término de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído.

-. El 25 de febrero de 2026 y el 27 de abril de 2026, las Secretarías Distritales de Ambiente
y Movilidad, respectivamente, presentaron el informe requerido por el Tribunal.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

-. El 30 de abril de 2026, el expediente ingresó al despacho con los informes de
cumplimiento allegados por las referidas secretarías.

-. Una vez cumplido dicho término, por auto de 19 de junio de 2026 se fijó como fecha
para la celebración de la audiencia de verificación de cumplimiento el día 25 de agosto
de 2026 a las 10:30 a.m.

Luego de revisar el trámite surtido dentro de la acción popular, frente al cumplimiento de
la sentencia de segunda instancia, la Sala observa que el tribunal accionado ha
adelantado el trámite respectivo dentro de un término razonable.

Lo anterior, si se tiene en cuenta la naturaleza de las órdenes impartidas en la sentencia
de segunda instancia. En efecto, en el numeral cuarto se ordenó a la Secretaría Distrital
de Ambiente de Bogotá elaborar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria
de la providencia, un informe técnico dirigido a establecer si los niveles de ruido ambiental
superaban los máximos permitidos. A su vez, en el numeral quinto se dispuso que, en
caso de verificarse dicha superación, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría
Distrital de Movilidad debían adelantar de manera conjunta las actuaciones necesarias
para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. En ese contexto, se advierte que, una
vez vencido el término previsto para la presentación del informe, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 25 de febrero de 2026, requirió a las
autoridades obligadas para que informaran sobre el cumplimiento de la sentencia y,
posteriormente, mediante proveído del 19 de junio de 2026, fijó fecha para la audiencia
de verificación de cumplimiento, lo que evidencia que el trámite de seguimiento a la
ejecución de las sentencias se ha adelantado dentro de un término razonable.

Ahora bien, frente a la pretensión de que se tenga acreditado que, en la carrera 10 entre
calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se superaron los límites máximos de ruido
ambiental permitidos, en los términos del numeral cuarto de la sentencia de segunda
instancia proferida dentro de la acción popular con radicado No. 25000-23-41-000-2023-
00977-00/02, la Sala advierte que tal solicitud debe plantearse dentro de la referida acción
popular, por ser ese el escenario idóneo para que el juez del proceso valore las pruebas
y adopte las determinaciones correspondientes respecto del cumplimiento de la
sentencia. En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente para obtener un
pronunciamiento en ese sentido, al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

De otra parte, en cuanto a la afirmación de que hace el accionante sobre la causación de
un perjuicio irremediable que estima ocasionado por la tardanza en dar cumplimiento a
las sentencias proferidas dentro de la acción popular, pues el hecho de vivir en un
apartamento esquinero entre dos mallas viales de una calle y una carrera con alto nivel
de ruido automotor ha afectado tanto su salud mental y física como la de su madre de 83
años, la Sala estima que tales circunstancias por sí solas, no configuran un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, ello, por
cuanto actualmente se encuentra en curso el trámite de verificación del cumplimiento de
las sentencias de la acción popular, escenario procesal en el que corresponde
determinar, con fundamento en la valoración de los elementos técnicos y probatorios
pertinentes, si en el sector se superan los límites máximos de ruido ambiental y, de ser
el caso, adoptar las medidas previstas en la providencia respectiva.

Y dada la existencia de la acción popular que se encuentra en curso, el escenario donde
debe determinarse si se superan los límites máximos de ruido ambiental en la zona,
determinación que constituye precisamente el objeto del trámite de la verificación de
cumplimiento de las sentencias.

Así las cosas, la Sala no advierte alguna dilación injustificada en el trámite surtido dentro
de la acción popular. Por lo que se denegarán las pretensiones frente a este aspecto y
se declarará la improcedencia de la acción de tutela para ordenar que se tenga por

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

acreditado que, en la carrera 10 entre calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se
superaron los límites máximos de ruido ambiental permitidos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación de los ministerios de Transporte, Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá
por las razones expuestas en esta providencia.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José William
Sánchez Páez frente a la aducida mora judicial injustificada, conforme a lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.

3. Declarar improcedente la acción de tutela para ordenar que se tenga por acreditado
que, en la carrera 10 entre calles 64 y 69 de la localidad de Chapinero, se superaron los
límites máximos de ruido ambiental permitidos, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador3

3 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04443-00
Demandante: José William Sánchez Páez

funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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