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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01762-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01762-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Enrique Muñoz. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01762-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de abril de 2026

Demandante: Jorge Enrique Muñoz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01762-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., nueve [9] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01762-00
Demandante: JORGE ENRIQUE MUÑOZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial - improcedencia por falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 3 de marzo de 2026 el señor Jorge Enrique Muñoz presentó acción de tutela con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, al mínimo vital, a la seguridad social, así como al
principio de primacía de la realidad sobre las formas.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
las sentencias de 31 de julio de 2023 y 18 de septiembre de 2025, del Juzgado
Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negaron, en
las respectivas instancias, las pretensiones del medio de reparación directa
identificado con el radicado 11001-33-43-061-2021-00026-00/02.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1. Declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, a la igualdad de armas y al mínimo vial
de Jorge Enrique Muñoz.
2. DECLARAR el error jurisdiccional al no valorar la realidad del vínculo laboral
desde 1995.
3. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (y la de primera instancia de lo contencioso administrativo).

1
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Demandante: Jorge Enrique Muñoz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A y otro
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4 Ordenar al Tribunal Administrativo dictar una nueva sentencia donde se
declare el error jurisdiccional […].
5. SOLICITAR que, en caso de que la justicia interna Colombiana vuelva a fallar
de manera formalista, se compulsen copias de todo el expediente con destino
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, […].
6. Se profiera SENTENCIA DE UNIFICACIÓN de criterios en lo contencioso
administrativo acerca de la importancia y trascendencia que tiene el no
escudarse los operadores judiciales en el principio de independencia y
autonomía judicial para hacer nugatorias las pretensiones de los usuarios de la
justicia cuando se detectan graves fallas en la administración de justicia como
las aquí alegadas, y que están debidamente probadas1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. Proceso originario del presunto error jurisdiccional

• El señor Jorge Enrique Muñoz radicó demanda laboral contra el señor Edmundo
Armando Enríquez Palacios, con el fin de que se declarara la existencia de un
contrato laboral entre ellos y, en consecuencia, se condenara a este último al pago
de los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social dejados de percibir.

• El 5 de octubre de 2017 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Judicial de Bogotá
declaró la existencia del contrato laboral entre las partes desde el 16 de mayo de
2008 hasta el 27 de marzo de 2015, y ordenó el pago de los emolumentos a los que
el trabajador tenía derecho.

• El 4 de septiembre de 2018 Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá modificó el ingreso base para la liquidación de las acreencias
de carácter laboral, y confirmó en lo demás de la decisión.

1.3.2. Proceso contencioso

• Por lo anterior, el señor Jorge Enrique Muñoz formuló el medio de control de
reparación directa con el fin de que se declarara extracontractualmente responsable
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial], por
el presunto error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la justicia
contenido en las providencias de 5 de octubre de 2017 y 4 de septiembre de 20182.

• El 31 de julio de 2023 el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las
providencias censuradas no eran contrarias a derecho.

1 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
2 «al valor indebidamente el interrogatorio de parte y la prueba testimonial practicada en el proceso

que demostraban la existencia de la relación laboral entre las partes del proceso ordinario con
anterioridad al año 2008 […] Indicó que los operadores judiciales, pese a las pruebas que
demostraban la existencia de un contrato laboral entre las partes, señalaron que no se probó la
exclusividad en el servicio, elemento que no se exige frente a labores no especializadas».

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• En primer lugar precisó que si bien se habían alegado dos títulos de imputación,
el asunto solo se analizaría bajo la óptica del error jurisdiccional, sin embargo, no
se encontró acreditado su configuración, porque la sentencia de segunda instancia
analizó el interrogatorio de parte del allí demandado, así como los demás medios
de prueba obrantes en el expediente, que le permitieron concluir que, en ese caso,
no se probó la existencia de una relación contractual entre las partes antes del año
2008, ya que de lo expuesto en la declaración del señor Edmundo se desprende
que conocía al señor Jorge desde el año 1996, pero de su dicho no se concluía la
existencia de una relación laboral.

• Dicha providencia fue apelada por la parte desfavorecida, oportunidad en la que
insistió en que, con las pruebas aportadas al expediente ordinario, se había
acreditada la relación laboral desde el año 1993.

• El 18 de septiembre de 20253, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A confirmó lo decidido por el a quo al exponer que «el
análisis probatorio efectuado por los jueces laborales que profirieron las sentencias
cuestionadas se enmarcó en los límites de la autonomía e independencia judicial,
sin que evidencie que el mismo haya sido abiertamente arbitrario o irrazonable.
Además, la parte recurrente no cumplió con la carga argumentativa y probatoria de
demostrar los yerros que imputa a las providencias enjuiciadas».

• El ad quem destacó que las autoridades judiciales del proceso laboral valoraron
en debida forma el interrogatorio de parte y los testimonios recaudados, sin que de
éstos se pudiera colegir la relación laboral previa que alude el recurrente.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 19 de septiembre de 2025 y
la acción de tutela de la referencia radicada el 3 de marzo de 2026.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine, en primer lugar, el accionante advierte que es un adulto mayor
de 68 años, discapacitado físicamente, con múltiples enfermedades como diabetes;
gastritis; problemas circulatorios; cardiacos, además de que mantiene a su esposa
de 66 años que también padece diversos problemas de salud. Agregó que, en la
actualidad, cursa una investigación penal en su contra por homicidio culposo, en
atención a que atropelló a una persona, la cual lamentablemente falleció, y ello le
ha conllevado una afectación psicológica.

Luego expuso que se le vulneraron sus derechos fundamentales al configurarse los
defectos: fáctico, sustantivo, y por desconocimiento del precedente.

En cuanto al yerro de índole probatorio resaltó que en la decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada se desconoció que la relación laboral se encontraba

3 El tribunal precisó que «no analizará el argumento de apelación, según el cual, las sentencias

proferidas por el Juzgado Cuarto (4) Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Tercera de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá contienen un error jurisdiccional, derivado de no aplicar la
presunción de existencia de contrato laboral contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del
Trabajo, porque se trata de un aspecto nuevo que no fue planteado en la demanda ni estudiado por
el juez de primera instancia».

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acreditada con las siguientes pruebas; (i) los registros oficiales de seguridad social,
(ii) la confesión ficta del demandado del proceso laboral, (iii) la cosa juzgada
fraudulenta, porque los contratos fueron firmados aprovechándose de su condición
de «analfabetismo» y, (iv) los testimonios recaudados.

Alegó un desconocimiento del precedente4 porque la «Corte Constitucional ha
establecido que cuando existe asimetría extrema (empleador educado vs.
Trabajador iletrado), el juez tiene la carga de ser más activo en la búsqueda de la
verdad real (deber de protección al débil). El Tribunal Administrativo ignoró este
precedente de protección al trabajador».

Precisó que se incurrió en un defecto sustantivo porque «el juez laboral violó el
régimen probatorio […] al realizar preguntas sugestivas […] [y] el Tribunal
Administrativo al validar esa actuación incurre en un error de derecho, validando
una actuación ilegal del juez laboral»

Advirtió que también se configuró una «violación del derecho a la igualdad y
protección especial» porque al ser «iletrado» debió recibir un trato diferencial, pero
el tribunal falló de manera formalista, sin tener en cuenta la asimetría de poder entre
empleador y empleado.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 9 de marzo de 2026 el magistrado sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar como demandados al Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y como tercero con interés en las
resultas del proceso, a la Rama Judicial.

Así mismo, negó la solicitud de medida provisional y las pruebas requeridas por el
accionante. Lo primero porque lo solicitado no revestía la urgencia y necesidad
exigida por el ordenamiento para que resulte imperioso concederla en esa
oportunidad procesal, y lo segundo, porque eran impertinentes e inconducentes.

Además, ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la publicación
de la información relativa al proceso de la referencia en la página del Consejo de
Estado.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A por intermedio de la magistrada sustanciadora, pidió declarar
improcedente el mecanismo porque lo pretendido por el accionante es controvertir
las motivaciones razonadas de la sentencia ordinaria adversa a sus intereses.

4 Sin identificar la providencia.

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Además, porque el accionante tiene a su alcance el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal contenida en el numeral segundo del artículo 250 de CPACA.

Agregó que no incurrió en ningún defecto, porque «la tarea del juez de la
responsabilidad en los eventos en los que se busca establecer la responsabilidad
del Estado bajo los lineamientos del error jurisdiccional no es efectuar valoraciones
propias del juez natural, sino verificar la existencia de errores de hecho o de derecho
que rompan la presunción de legalidad y legitimidad de la decisión judicial. En ese
orden, no correspondía a esta Subsección analizar nuevamente las pruebas del
proceso laboral para determinar la existencia de un contrato laboral entre las partes,
como si se tratara de una instancia adicional».

1.6.2. La Rama Judicial requirió negar la solicitud de amparo, comoquiera que el
demandante pretende usar la tutela como una tercera instancia, sumado a que los
argumentos alegados en el escrito de tutelar demuestran una mera inconformidad
con la decisión adoptada por el tribunal, sin acreditar las irregularidades de orden
constitucional en las que presuntamente incurrieron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Jorge Enrique Muñoz, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso, por lo que corresponde a esta colegiatura
determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos
fundamentales advertidos por el accionante, de parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia 18 de septiembre de 2025.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.

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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.9

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en

6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Énfasis de la sala.

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la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201410, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia11.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

Además, si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una
decisión de la sección que la Constitución Política12 y la Ley13 determinaron como
suprema autoridad en la materia, lesión que se podría sintetizar en una actuación
«arbitraria o violatoria de derechos fundamentales»14.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
11 Énfasis de la sala.
12 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
13 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo

9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
14 Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional

orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se

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En consecuencia, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que el cargo
de la solicitud de amparo se podría resumir en la oposición que tiene el tutelante
frente a la forma como se valoraron las pruebas en el proceso laboral, cuyo análisis
fue convalidado por el juez de lo contencioso administrativo.

En este orden de ideas, esta colegiatura no puede pasar por alto que en la solicitud
de amparo no se controvirtieron las razones por las cuales la autoridad judicial
accionada confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda,
particularmente el argumento que se refiere a que las sentencias proferidas en el
proceso laboral se emitieron dentro de los límites de la autonomía e independencia
judicial, sin que evidencie que en éstas sean abiertamente arbitrarias o irrazonables.

En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A incurrió en una «vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales», en realidad lo que se evidencia es una mera inconformidad con lo
dispuesto por el ad quem, e intenta reabrir el debate probatorio.

Al respecto, prima facie, no se considera irrazonada la determinación del tribunal al
limitar el estudio del caso a establecer si la decisión censurada fue abiertamente
arbitraria contraria a derecho, ya que no le corresponde al juez contencioso analizar
el asunto como si fuera una instancia adicional del proceso laboral, con el fin de
reabrir el debate legal del asunto del cual se predica el error jurisdiccional.

En otras palabras, constituye un deber para el accionante exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales, sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, sin embargo lo que se
advierte en este asunto es que se retoman los argumentos elevados en el recurso
de apelación del proceso contencioso, con el fin de que el juez constitucional
desplace la competencia del funcionario natural de la causa.

Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la
presunta transgresión de algunos derechos fundamentales, en reabrir el debate
probatorio y pretender modificar el criterio del ad quem que, a primera vista, no
resulta irrazonable o arbitrario.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»15.

fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573

de 2017 y C-590 de 2005.

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Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela es la existencia de un perjuicio irremediable, el cual se configura a voces
de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen
[…]16».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 17. Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ya que si bien se alegaron varios aspectos que podrían situarlos
como sujeto de especial protección constitucional, este no probó dichas
alegaciones, donde cabe destacar que la edad, por sí sola, no implica un trato
diferencial, sobre todo cuando estamos en presencia de tutelas contra providencia
judicial.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de que se ordene emitir sentencia de unificación,
se destaca que la acción de tutela no fue creada para este fin, máxime cuando
estamos en presencia de un asunto que carece de relevancia constitucional.

16
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
17
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos
para el equilibrio social».

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Demandante: Jorge Enrique Muñoz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01762-00

2.5. Conclusión

Así las cosas, es claro para esta sala que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se superó el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Jorge Enrique Muñoz.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

[Ausente con permiso]
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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