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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01796-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01796-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR a Publicaciones Semana S.A. del presente asunto y conforme lo expuesto en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01796-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01796-00
Demandante: RAMIRO ELISEO FLÓREZ TORRES
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor Ramiro Eliseo Flórez Torres, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, en criterio del
actor, fue vulnerado por la autoridad judicial con ocasión de la providencia dictada
el 26 de noviembre de 2025 dictada al interior del proceso disciplinario que curso en
su contra e identificado con radicado 13001-11-02-000-2020-00322-00/03.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa del señor
RAMIRO ELISEO FLÓREZ TORRES, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política.

1 El escrito se radicó por correo electrónico el 5 de marzo de 2026.

1
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Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01796-00

2. Dejar sin efectos la providencia proferida el 26 de noviembre de 2025, por la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dentro del radicado 13001-11-02-
000-2020-00322-03.

3. Ordenar a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL que, en su lugar,
profiera una nueva decisión en la que declare la prescripción parcial de la acción
disciplinaria y la absolución del cargo relacionado con la “prohibición de que trata el
numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, por inobservar el artículo 229 y 93
de la Constitución Política que le imponía la obligación de atender el contenido de los
artículos 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos y 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y, consecuencialmente decrete la
revocatoria de la sanción y ordene la terminación del proceso disciplinario.

4. Como medida provisional se suspenda la ejecución de la sanción impuesta
mediante sentencia de 26 de noviembre de 2025, mientras se resuelve la presente
acción de tutela, conforme a los motivos sustentado en el acápite correspondiente.

5. Se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva del
derecho fundamental y prevenir futuras vulneraciones por parte de la entidad
accionada 2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Ramiro Eliseo Flórez Torres, en su condición de titular del Juzgado Décimo
Civil Municipal de Cartagena, conoció del proceso de solicitud de matrimonio civil
presentado por dos mujeres3, en el que, por auto del 31 de agosto de 2020, dispuso
el rechazo de plano del trámite aduciendo razones religiosas y la inexistencia de
una ley que así lo permitiera.

Como consecuencia de dicha decisión, la revista Semana realizó una publicación
en la que puso en conocimiento de la comunidad el citado hecho4. Con base en este
artículo periodístico, de manera oficiosa, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, hoy Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar, decidió dar inicio a una investigación disciplinaria.

Posteriormente, se presentó el informe rendido por la Defensoría del Pueblo,
Regional Bolívar, en la que se solicitó se adelantaran las actuaciones
correspondientes contra el citado funcionario judicial, pues se estaba
desconociendo el derrotero establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
SU 214 de 2016.

2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 Radicado 13001-40-03-010-2020-00299-00
4 https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-es-ramiro-eliseo-florez-el-juez-que-se-nego-a-
casar-a-dos-mujeres/699297/#googlevignette
2
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En el citado asunto disciplinario, por auto del 27 de marzo de 2023 se formuló pliego
de cargos al funcionario judicial5 y, posteriormente, mediante providencia del 15 de
agosto de 2025 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar sancionó al
señor Flórez Torres con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años.

Apelada la anterior decisión, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2025, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial dispuso, por un lado, rechazar por
extemporáneo el recurso de apelación que interpuso en su momento el disciplinado,
y, por otro lado, modificó la decisión de primera instancia, bajo el entendido que
redujo la sanción a la suspensión en el ejercicio del cargo por 12 meses. Al respecto,
se indicó lo siguiente:

Para la Corporación el dolo en el actuar del disciplinado está claramente probado y
aunque en el ordenamiento en virtud de la autonomía e independencia judicial es
posible apartarse de un precedente, bajo los principios de transparencia y una
argumentación seria, lo cierto es que respecto a esa motivación el disciplinado la
centró en su rebeldía y no intención de cumplir con esos precedentes, pues estaba
en contravía de sus convicciones religiosas, el derecho natural y su cosmovisión, sin
que se ofrecieran argumentos frente al caso concreto del por qué no era posible
respetar las reglas definidas por esa alta corte, alejadas de su sola consideración
personal.

No puede validar esta Corporación que un Juez de la República, bajo ese vínculo
especial de sujeción, se enfrente y se constituya en rebeldía respecto de las
decisiones de los órganos superiores, más de la Corte Constitucional, guardiana e
interprete autorizada de la Constitución Política, bajo consideraciones netamente
personales estructuradas por su religión y convicciones íntimas.

Por lo expuesto, lejos de advertirse la incursión en algún error, para la Corporación la
realización de la falta se ejecutó a título de dolo, por ese conocimiento y voluntad
advertidos anteriormente, razón por la cual, al resolverse negativamente los
argumentos de las alzadas sobre ese ilícito, se confirmará la responsabilidad del
funcionario frente ese particular.

[…]

Además, lo cierto es que en la causa se sancionó al disciplinado por el
desconocimiento de los artículos 25 CADH y 2 del PIDCP, normas que hacen parte
del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y que, en conjunto con las
normas nacionales, integran el derecho al acceso a la administración de justicia, en

5 Los cargos endilgados al señor Flórez Torres fueron los siguientes:

«1. Desatender el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en
concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política, que le imponía aplicar el precedente de
la Corte Constitucional consignado en la sentencia SU-214 de 2016 y el ordenamiento contenido en
el numeral 5° de la sentencia de la Corte Constitucional C-577 de 2011, conducta que se califica
provisionalmente como FALTA GRAVE realizada a título de DOLO.
2. Incurrir en la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, por
inobservar el artículo 229 y 93 de la Constitución Política que le imponía la obligación de atender el
contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos y 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conducta que se califica provisionalmente como FALTA
GRAVE realizada a título de DOLO.
3. Desatender el deber contemplado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 al no
aplicar los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, conducta que se califica
provisionalmente como FALTA GRAVÍSIMA, desplegada a título de DOLO».
3
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este caso de un grupo que, por lo menos, hasta la expedición de la sentencia C-577
de 2011, se les había negado la posibilidad de obtener matrimonio, discriminados por
su orientación sexual, siendo ello una conquista jurídica por la Corte Constitucional.
No obstante, tozuda e infundadamente el encartado decidió desconocer esas
prerrogativas a favor de las parejas del mismo sexo, lo cual hace que atendiendo a la
gravedad de los hechos y lo anotado anteriormente, resulte aplicable el máximo
quantum legal para la suspensión e inhabilidad especial a imponer. Ello sin
desconocerse que la reducción que se efectúa resulta ostensiblemente favorable al
encartado pues de destitución e inhabilidad general por el término de quince (15)
años, sólo se le impone el correctivo referido.

En torno al recurso de apelación que en su momento formuló el actor, el cual fue
rechazado por haber sido formulado de forma extemporánea, precisó lo siguiente:

Por otro lado, la Corporación debe hacer la consideración que, atendiendo que la
decisión de primera instancia fue notificada el 21 de agosto de 2025, los 10 días de
que trata el artículo 225G de la Ley 1952 de 2019, para la presentación del recurso
de apelación, finalizaron el 4 de septiembre del presente año, periodo en el cual la
defensa sí radicó oportunamente el recurso, mientras que el disciplinado, a pesar de
haber sido notificado a la par con sus abogados, presentó la alzada el 16 de
septiembre de 2025, razón por la cual se rechazará esa apelación por extemporánea.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Como punto de partida, explicó los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, y cómo cada uno de estos se encuentra
plenamente acreditado en el presente asunto.

Acto seguido, acusó la sentencia de haber incurrido en defecto sustantivo, por haber
desconocido el artículo 138 de la Ley 1952 de 20196, pues, en su sentir, se le
cercenó el término procesal para formular el recurso de apelación, dando prelación
a la notificación surtida por medios electrónicos.

Refirió que no se aplicó el fenómeno extintivo de la prescripción, pese a estar
plenamente acreditado en el plenario, pues, entre la conducta que dio origen al
asunto y la notificación de la decisión de primera instancia, mediante la cual fue
sancionado, habían transcurrido más de cinco años.

Asimismo, refirió que no se aplicó en debida forma el artículo 154 numeral 3. ° de la
Ley 270 de 19967, pues no explicó cómo se dio la falta disciplinaria en el asunto
sometido al conocimiento de la autoridad judicial. Lo anterior, por cuanto no se

6 Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedaran en firme cinco (5) días

después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la
sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, la consulta y aquellas contra las
cuales no procede recurso alguno quedaran en firme el día que sean notificadas.
7 A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido:

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que
estén obligados.
4
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precisó la acción u omisión que complementa la disposición legal que es de carácter
abierto y exige una integración normativa. En ese sentido, indicó lo siguiente:

Entonces, me sancionaron no por incumplir una norma procesal o sustancial
específica, sino por una supuesta infracción a principios generales que no definen la
conducta prohibida de manera taxativa, incurriendo en una incoherencia en la
estructura de la imputación, pues resulta jurídicamente imposible sostener que existe
una denegación de justicia si previamente se ha determinado que no vulneré los
procedimientos ni la ley sustancial al proferir los autos.

Por otro lado, acusó el desconocimiento de precedente horizontal, por cuanto la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se equivocó al rechazar su recurso contra
la decisión de primera instancia, desconociendo la coexistencia de dos actos
procesales de notificación, como lo fue el envío del correo electrónico y la fijación
del edicto.

En ese sentido, trajo a colación una decisión de la autoridad judicial accionada, en
la que se estableció que en los eventos que concurren dos notificaciones, se induce
en error al disciplinado y, en consecuencia, se debe dar prelación a la interpretación
que resulte favorable al derecho de defensa. Para sustentar su tesis, trajo a colación
las siguientes citas:

Así las cosas, de acuerdo con el recuento cronológico hecho en párrafos anteriores,
si se atendiera a la fecha de notificación personal efectuada al correo electrónico del
investigado, el recurso de apelación sería extemporáneo. Sin embargo, la primera
instancia con la notificación posterior, a través de la publicación de edicto, habilitó el
término para que el disciplinado interpusiera el recurso que reposa en el expediente,
por lo tanto, en atención al precedente fijado, procederá la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a estudiarlo8.

En suma, reprocha que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se abstuvo de
estudiar de fondo sus argumentos expuestos en el recurso de apelación, alegando
una supuesta extemporaneidad del mismo, sin aplicar su propio precedente que
establece la interpretación más favorable al disciplinado y en procura del respeto de
los derechos de defensa y contradicción.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La Magistrada Ponente de esta decisión, por auto del 16 de marzo de 20269 admitió
la acción de tutela; negó la medida provisional presentada por la parte accionante;
ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en su calidad de
accionada; y vinculó como terceros con interés a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar, a la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar y a la
Revista Semana.

8 50001-25-02-000-2021-00509-01
9 Ver índice 5

5
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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones por conducto de la Secretaría General de la
Corporación, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar

Explicó las actuaciones del proceso disciplinario adelantado contra el accionante, el
estado en el que se encuentra actualmente, y remitió el link de acceso a este. Sobre
los hechos y pretensiones de la acción constitucional no realizó pronunciamiento
alguno.

1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Anticipó en su intervención que la acción de tutela no puede convertirse en una
tercera instancia en la que se debatan o reabran aspectos connaturales del proceso
ordinario, el cual, para el presente asunto, corresponden al disciplinario que se
adelantó en contra del señor Ramiro Eliseo Flórez Torres.

Por otro lado, refirió que no se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, pues la notificación de la sentencia judicial se hizo
conforme los derroteros legales que rigen la materia. Incluso, sobre este punto, trajo
a colación la decisión de tutela adoptada en el radicado 11001-03-15-000-2025-
07891-00 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la que se explicó lo siguiente:

Así las cosas, la Sala encuentra que no era necesaria la notificación por edicto
al demandante, puesto que la normativa vigente en materia disciplinaria y
sancionatoria prevé como regla general la notificación personal por medios
electrónicos de las sentencias y demás providencias.

En efecto, tanto el régimen de notificaciones electrónicas introducido por la Ley 2213
de 2022 como las disposiciones aplicables del Código General Disciplinario
consagran la validez y suficiencia de la notificación personal realizada al correo
electrónico registrado por el disciplinado, siempre que exista evidencia del envío y de
la entrega en la dirección electrónica suministrada. Dicha modalidad, al ser
personal y directa, excluye la necesidad de acudir al edicto como mecanismo
supletorio, el cual opera únicamente cuando resulta imposible surtir la
notificación por los canales ordinarios establecidos por la ley.

En ese sentido, la notificación por edicto efectuada a los apoderados no se
realizó porque fuera jurídicamente exigible respecto del demandante (…).

Por tanto, dicho edicto no sustituye la notificación personal del demandante ni
implica que esta fuera necesaria (…) (Negrillas fuera de texto)

Aunado lo dicho, explicó que si bien es cierto que se rechazó el recurso de apelación
interpuesto por el disciplinado, dicha situación no se hizo extensiva a la alzada que
en su momento promovió su defensor, la cual se dio de manera oportuna y fue
objeto de estudio en la sentencia de segunda instancia.

6
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Por otro lado, frente al presunto desconocimiento de precedente horizontal, la parte
accionada precisó que se trataron de procesos disciplinarios adelantados contra
abogados, los cuales se rigen por la Ley 1123 de 2007, mientras que el caso del
accionante, por ser un funcionario judicial, se rige por la Ley 1952 de 2019 y, en
consecuencia, no son equiparables tales decisiones.

Como prueba de lo anterior, citó casos en los cuales la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en tratándose de los funcionarios judiciales, ha rechazado por
extemporáneos recursos de apelación promovidos extemporáneamente, cuando se
ha dado la notificación por medios electrónicos y posteriormente mediante la fijación
de un edicto.

Finalmente, respecto a la falta cometida y la sanción impuesta, reiteró que es un
punto que fue ampliamente abordado en la providencia judicial reprochada, por
cuanto negó de manera injustificada la prestación del servicio de administración de
justicia, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional plasmada en las
sentencias C-577 de 2011 y SU 214 de 2016.

1.6.3. Publicaciones Semana S.A. y Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar

Alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la acción
constitucional se enfoca en cuestionar la decisión adoptada por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

2.2. Cuestión previa

Publicaciones Semana S.A., y la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar solicitaron
su desvinculación del trámite del asunto. Lo anterior, por cuanto el amparo
constitucional se refiere a la sentencia de segunda instancia que dictó la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

En tratándose de la primera, la Sala prontamente advierte que le asiste la razón a
la persona jurídica. Dado que, conforme quedó expuesto en los hechos, su
actuación se contrajo a la publicación de un artículo en el que relató lo acontecido,
el cual sirvió de fundamento al inicio oficioso de la investigación disciplinaria. Es
7
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decir, en otros términos, no ostentó la condición de quejoso en el trámite
disciplinario.

Por otra parte, en el caso de la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, se
encuentra el oficio de 2 de septiembre de 2020 dirigido al Consejo Seccional de la
Judicatura, Seccional Bolívar, por medio del cual formulan la queja contra el señor
Ramiro Eliseo Flórez Torres, con ocasión de la decisión mediante la cual rechazó el
trámite de matrimonio civil de una pareja del mismo sexo.

Con base en lo anterior, no se accederá a su pedimento de desvinculación, pues le
asiste un interés en las resultas del asunto constitucional.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de la sentencia proferida en el
proceso disciplinario 13001-11-02-000-2020-00322-03?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia.12

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202213 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de

13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

9
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Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01796-00

interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal14 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional16.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal17”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales18”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar que en efecto

14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.

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se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal20.
(Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta
por el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres, por cuanto el debate que se plantea en
sede constitucional no goza de relevancia constitucional conforme se expondrá a
continuación.

En este asunto, la acción de tutela tiene como objeto que se deje sin valor ni efecto
la sentencia de segunda instancia dictada al interior del proceso disciplinario 13001-
11-02-000-2020-00322-03, la cual modificó la decisión de primera instancia
proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, en la que fue
sancionado a 12 meses en el ejercicio del cargo de juez e inhabilitado por un mismo
periodo.

Como primer punto, se advierte que la solicitud de amparo tiene como fin reprochar
una decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual,
conforme la lectura de la Constitución Política se erige en la autoridad judicial de
cierre en materia disciplinaria frente a los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, así como también de examinar y sancionar la conducta de los abogados
en el ejercicio de su profesión.

Siendo ello así, no basta simplemente con plantear un reparo a la decisión judicial,
pretendiendo que el juez constitucional haga las veces de una tercera instancia,
sino que es imperativo que la solicitud de amparo cuente con la carga argumentativa
necesaria y suficiente que ponga en evidencia la vulneración de mandatos
constitucionales.

Al respecto, el argumento que radica en torno a la notificación de la sentencia de
primera instancia, la modalidad a través de mensaje de datos, y la oportunidad para
la interposición del recurso de apelación, fueron aspectos que se expusieron en la
decisión atacada y en los siguientes términos:

En tal sentido, la Sala encuentra que al notificar la sentencia por correo electrónico
no se incurrió en ninguna irregularidad procesal que hubiera afectado los derechos
del disciplinable, en la medida que las disposiciones consignadas en la Ley 1952 de
2019, atinentes al régimen de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en
lo relativo a las notificaciones remiten a las previsiones contenidas en el Decreto 806
de 2020 -hoy en día incorporado como legislación permanente a través de la Ley 2213
de 2022-, a partir de lo cual es dable notificar providencias por medios electrónicos,

20 Ibid.

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sin que para tal efecto, según se indicó, se requiera del envío previo de citaciones o
de autorizaciones para notificar por este medio y menos se permita su renuncia.

Asimismo, se hizo un estudio en torno al fenómeno de la prescripción de la acción
disciplinaria, el órgano de cierre explicó lo siguiente:

Ahora bien, descartada la indebida notificación de la sentencia de primera instancia,
debe resaltarse que como se indicó está se llevó a cabo por correo electrónico bajo
las previsiones de la Ley 2213 de 2022, entendiéndose notificada el 21 de agosto de
2025, por lo que se interrumpió la prescripción bajo los términos del artículo 33 de la
Ley 1952 de 2019, razón por la cual no se advierte la configuración de la prescripción
de la acción sobre las dos conductas objeto de reproche, esto es, la expedición de los
autos del 31 de agosto y 18 de septiembre de 2020.

Además, que, a la fecha, una vez interrumpida la prescripción, no han trascurrido más
de 2 años desde la notificación de la sentencia para la expedición de la presente
decisión. Asimismo, realizando la corroboración de si hay lugar a la aplicación del
principio de favorabilidad según el precedente de la Corporación,60 atendiendo el
tránsito normativo entre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019, se tiene que el
auto de apertura de la investigación fue expedido el 8 de julio de 2021, de ahí que
tampoco se encuentre superado el término de 5 años de que trata el artículo 30 de la
Ley 734 para la expedición de la decisión de segunda instancia que finalizaría en
gracia de discusión el 8 de julio de 2026.

Por otro lado, el escrutinio expuesto en torno al supuesto defecto sustancial no es
más que la discrepancia que tiene el accionante frente a las consideraciones que
fueron expuestas en la sentencia acusada, pues la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial explicó desde el punto de vista fáctico y jurídico como se cometió la falta
endilgada al actor.

Finalmente, cabe la pena mencionar que la administración de justicia garantiza que
los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la parte actora busca mutar la acción constitucional en una
instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez natural, conforme las
etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

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III. FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR a Publicaciones Semana S.A. del presente asunto y
conforme lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Ramiro Eliseo Flórez Torres contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
no cumplirse el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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