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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07891-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07891-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07891-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07891-00
Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07891-00
Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Temas: Tutela contra actos administrativos – otro medio de
defensa judicial– improcedencia de la tutela como
mecanismo transitorio

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio, por el señor Ramiro
Eliseo Flórez Torres contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar conforme a lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de diciembre de 2025, el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«CON FUNDAMENTO EN LO EXPUESTO, COMEDIDAMENTE SOLICITO:

1º) QUE SE ME PERMITA ACCEDER AL LINK DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 322 de
2020, PARA VERIFICAR SI RESOLVIERON MI SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE
SENTENCIA Y VERIFICAR EL RESTO DE TRÁMITE DADO AL PROCESO.

2º) QUE SE ME NOTIFIQUE LA SENTENCIA Y SE FIJE EL EDICTO EN FORMA
CORRECTA.

3º) QUE SE OREDENE (sic) EL ENVÍO DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AQUO PARA QUE
DICTE EL AUTO DE OBEDEZCASE Y CÚMPLASE LO RESUELTO POR EL SUPERIOR.

4º) QUE NO VUELVAN A INCURRIR EN ESAS MISMAS ARBITRARIEDADES.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Del proceso 1300140003010200029900 (solicitud de matrimonio civil de parejas
del mismo sexo)

Dos ciudadanas presentaron solicitud para contraer matrimonio civil, con fundamento
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Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

en la jurisprudencia constitucional que avalaba la unión civil entre personas de la misma
identidad sexual.

Por reparto del 25 de agosto de 2020, correspondió el conocimiento de la solicitud al
Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena, donde funge como Juez, Ramiro Eliseo
Flórez Torres, bajo el radicado 1300140003010200029900.

El 31 de agosto de 2020, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena rechazó la
solicitud de matrimonio civil con el argumento de no poder «casar a dicha pareja del mismo
sexo, porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y
cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de DIOS, yo prefiero
la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser
humano.».

En contra de la anterior decisión se interpusieron recursos de reposición, los cuales
fueron resueltos por el mismo funcionario el 18 de septiembre de 2020, en la cual
confirmó el auto recurrido, para ello, adujo objeción de conciencia y ausencia de
precedente vinculante que indicara la procedencia del matrimonio de parejas del mismo
sexo.

Del proceso 13001-11-02-000-2020-00322-00/03 (proceso disciplinario)

El 2 de septiembre de 2020, la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de oficio, ordenó abrir investigación contra
Ramiro Eliseo Flórez Torres, en su condición de Juez Décimo Civil Municipal de
Cartagena. Investigación que se aperturó con proveído del 8 de julio de 2021, por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.

El 27 de marzo de 2023 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar,
profirió pliego de cargos al disciplinado por:

«Desatender el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996
en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política, que le imponía aplicar el
precedente de la Corte Constitucional consignado en la sentencia SU-214 de 2016 y el
ordenamiento contenido en el numeral 5° de la sentencia de la Corte Constitucional C-577
de 2011, conducta que se califica provisionalmente como FALTA GRAVE realizada a título
de DOLO.

Incurrir en la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996,
por inobservar el artículo 229 y 93 de la Constitución Política que le imponía la obligación
de atender el contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre derechos
humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conducta que se
califica provisionalmente como FALTA GRAVE realizada a título de DOLO.

Desatender el deber contemplado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996
al no aplicar los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, conducta que se califica
provisionalmente como FALTA GRAVÍSIMA, desplegada a título de DOLO.»

El 4 de agosto de 2025, los abogados del disciplinado remitieron escrito en el cual
indicaron que no autorizaban notificaciones electrónicas, por lo que pidieron que las
notificaciones se efectuaran bajo las formas previstas en el Código General
Disciplinario.

El 15 de agosto de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar profirió
sentencia de primera instancia, en la cual declaró disciplinariamente responsable a
Ramiro Eliseo Flórez Torres, en su condición de juez Décimo Civil Municipal de
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Cartagena, de las siguientes faltas:

(i) Numeral 1.° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 al no aplicar los
artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, falta gravísima,
cometida a título de dolo.
(ii) Desatención del deber consagrado en el numeral 1.° del artículo 153
de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 230 de la
Constitución Política que impone aplicar el precedente de la Corte
Constitucional consignado en la sentencia SU-214 de 2016 y el
ordenamiento contenido en el numeral quinto de la C-577 de 2011, falta
grave, cometida a título de dolo
(iii) Incurrir en la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de
la Ley 270 de 1996, por inobservar el artículo 229 y 93 de la
Constitución Política que le imponía la obligación de atender el
contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre
derechos humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, falta grave, cometida a título de dolo.

Por lo anterior, impuso como sanción la destitución del cargo de Juez Décimo Civil
Municipal de Cartagena y lo inhabilitó para ejercer la función pública en cualquier cargo
o función, por el término de 15 años.

Esa decisión fue notificada por correo electrónico al tutelante el 19 de agosto de 2025,
a las direcciones electrónicas rflorezt@cendoj.ramajudicial.gov.co y
eliramirofloto5325@hotmail.com y a las demás partes por edicto fijado el 29 de agosto
de 2025 y desfijado el 2 de septiembre de 2025.

El 3 de septiembre de 2025, el disciplinado interpuso recurso de apelación contra la
anterior providencia al considerar que:

(i) Existió una irregularidad en la notificación de la sentencia de primera
instancia, pues esta se realizó mediante correo electrónico sin contar
con la autorización previa, expresa y escrita del disciplinado o de sus
defensores, requisito exigido por el artículo 122 del Código General
Disciplinario (Ley 1952 de 2019).
(ii) Se desconoció que el 4 de agosto de 2025, los apoderados
manifestaron por escrito su negativa expresa a ser notificados
electrónicamente, solicitando que únicamente se usaran las
notificaciones previstas por la ley, a saber: personal, estado, edicto o
conducta concluyente.
(iii) el despacho tampoco cumplió con el trámite de citación previa a la
notificación personal, exigido por el artículo 127 del CGD, conforme con
el artículo 301 del Código General del Proceso. De ahí que la
notificación se entendió surtida por conducta concluyente el 3 de
septiembre de 2025. Asimismo, manifestó que no es procedente la
aplicación del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, dado que esta tiene
naturaleza complementaria y no deroga el régimen especial
disciplinario.
(iv) Por otra parte, consideró que la sentencia presenta fallas estructurales
en tres temas esenciales de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad,
ilicitud sustancial y culpabilidad, así: a) la tipicidad porque la autoridad
no verificó los requisitos jurisprudenciales para aplicar precedentes
obligatorios ni demostró que la situación fáctica encajara en las
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sentencias SU214 de 2016 y C577 de 2011; b) no existió ilicitud
sustancial, pues el acceso a la justicia nunca se vio afectado al existir
otras autoridades competentes; y c) tampoco se cumple el presupuesto
de culpabilidad, dado que el juez actuó bajo una convicción jurídica y
religiosa sinceramente arraigada, constitutiva de un error invencible, sin
dolo ni culpa grave.

El 26 de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó el
recurso de apelación interpuesto por el sancionado por extemporáneo y modificó la
sentencia del 15 de agosto de 2025, y en su lugar:

(i) Absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor Flórez Torres respecto a
las faltas previstas en el numeral 1.° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996,
al no aplicar los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, en
concordancia con lo expuesto en el artículo 56, numeral 5 de la Ley 1952
de 2019 y la desatención del deber consagrado en el numeral 1° del artículo
153 de la Ley 270 de 1996 y en coherencia con el artículo 230 de la
Constitución Política que impone aplicar el precedente de la Corte
Constitucional consignado en la sentencia SU-214 de 2016 y en el numeral
quinto de la sentencia C-577 de 2011.

Al efecto, verificó que el cargo de desconocimiento de precedentes
constitucionales (C-577/2011 y SU-214/2016) y la afectación del derecho
de acceso a administración de justicia de las solicitantes se basó en un
mismo supuesto fáctico, por lo que absolvió por el primero y sancionó por
el segundo cargo. Asimismo, en relación con el cargo, según el cual, aplicó
los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, determinó que
existió incoherencia jurídica, dado que no se le podía exigir que de manera
simultánea que se declarara impedido y objetar conciencia por las mismas
razones morales.

(ii) Confirmó la responsabilidad disciplinaria de Ramiro Eliseo Flórez Torres,
en su calidad de Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena por incurrir en
la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de
1996, por inobservar los artículos 229 y 93 de la Constitución Política que
le imponía la obligación de atender el contenido de los artículos 25 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, falta calificada como grave, a
título de dolo.

(iii) Redujo la sanción impuesta a la suspensión en el ejercicio del cargo e
inhabilidad especial por el término de 12 meses.

Por otro lado, consideró que la sentencia de primera instancia sí fue válidamente
notificada por medios electrónicos, pues el correo se envió el 19 de agosto de 2025 y
conforme con el artículo 8 de la Ley 2213, la notificación se tuvo por surtida el 21 de
agosto de 2025; indicó que dentro del proceso que se adelantó, no era posible renunciar
a la notificación electrónica, por lo que descartó la supuesta irregularidad.

En relación con la prescripción, sostuvo que con la notificación de la sentencia de
primera instancia el 21 de agosto de 2025, se interrumpió la prescripción según el
artículo 33 del CGD, de modo que no se configuró la prescripción.

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Esa decisión fue notificada al investigado el 26 de noviembre de 2025. Y por edicto,
fijado por 3 días hábiles contados a partir de las 8:00 A.M. del 1.° de diciembre de 2025,
con el objeto de notificar a Uriel Ángel Pérez Márquez y David Alonso Roa Salguero en
su calidad de apoderados de Ramiro Eliseo Flórez Torres -Juez Décimo Civil Municipal
De Cartagena y cobro ejecutoria el 3 de diciembre siguiente1.

Mediante Oficio SJ 46847 DJSQ del 4 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial comunicó la decisión al presidente del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena.

El 19 de diciembre de 2025, el actor solicitó aclaración de la sentencia en el sentido de
que le resolvieran los siguientes interrogantes:
1º) La parte resolutiva si bien cita el artículo 260 del CGD debe decir de manera expresa
a partir de cuando empieza la ejecución de la sanción.

2º) No se entiende si la apelación del suscrito fue rechazada ¿Por qué la Comisión Nacional
trae a colación varios pasajes de dicho documento y los transcribe? ¿Por qué lo hace? ¿A
cuenta de que?

3º) Otro aspecto, de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo que se relaciona con
la parte motiva, tiene que ver, con la palmaria incongruencia o anfibología, de la parte
motiva y resolutiva del pronunciamiento, pues dice que subsume la primera y segunda
causal, en una sola, y me dicen palabras más, palabras menos, que no violé la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y sin embargo me siguen diciendo que si vulneré
normas de derecho internacional como el artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, el artículo 229 (acceso a la administración de justicia), el 93 (bloque
de constitucionalidad), en cuyo caso, salta a la vista, la incongruencia, los serios motivos
de duda, la omisión en la parte resolutiva del fallo, pues en lógica elemental y jurídica, si no
violé la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se fundamenta también en el artículo
93 de la Constitución, así como en los artículos 229 Superior y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, por sustracción de materia, tampoco violé normas de
derecho internacional, por obvias razones inferibles, pues las tres causales del pliego de
cargos, que fueron acogidas en el fallo de destitución, se relacionan entre sí, son
interdependientes, porque dependen de un mismo hecho, tanto es así, que se me reprocha
en la confirmación del cargo 2º que impedí el acceso a la administración de justicia, artículo
229 de la Constitución, y resulta que ese artículo también les sirvió para los dos cargos
restantes, así como el del 25 de la CADH, luego, si se cae un cargo, se caen todos, por lo
tanto sírvase aclarar la situación motivo del asunto. Sírvanse aclarar por favor.

El 19 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, rechazó la
solicitud de aclaración al considerar no existió omisión sustancial ni error que ameritara
aclarar la sentencia del 26 de noviembre de 2025, pues la parte resolutiva indicó
correctamente la comunicación de la sanción conforme a los artículos 260 y 261 de la
Ley 1952 de 2019, sin que dichas normas exijan precisar la fecha exacta en que inicia
su ejecución;

Dijo que tampoco observó yerro en la referencia al recurso de apelación ni en la
estructura de la sentencia, ya que la alusión al escrito del disciplinado corresponde al
acápite del «del recurso de apelación»; y, finalmente, el argumento del solicitante sobre
al haberse absuelto de un cargo «se caen todos» los cargos constituye una mera
inconformidad con el sentido del fallo y no una omisión susceptible de aclaración, pues
la sentencia expuso con claridad las razones para confirmar su responsabilidad en uno
de los cargos y absolverlo de los otros, motivo por el cual, conforme al artículo 140 de
la Ley 1952 de 2019, la solicitud debía ser rechazada.

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Según constancia Secretarial expedida por el secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina judicial.
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3. Argumentos de la tutela

El actor sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en la vulneración de los
derechos invocados al actuar de forma arbitraria y al margen del ordenamiento jurídico.

Al respecto, adujo que el 26 de noviembre de 2025 recibió la comunicación de la
sentencia por correo electrónico y que el 19 de diciembre siguiente solicitó la aclaración
de la misma. Señaló que ese mismo día la Secretaría fijó edicto por el término de tres
días, el cual fue desfijado el 3 de diciembre.

Sin embargo, reprochó que el viernes 5 de diciembre de 2025 se enviara al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena la orden de ejecutar la sanción. A su juicio,
esta actuación desconoció el artículo 127 del Código General Disciplinario, norma que
establece que el edicto por tres días solo debe fijarse si el disciplinable no comparece
dentro de los cinco días siguientes a la entrega de la comunicación.

En ese sentido, argumentó que, conforme al artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, al
haberse enviado la sentencia el 26 de noviembre de 2025, debían transcurrir dos días
(27 y 28 de noviembre) antes de iniciar el cómputo legal. Por tanto, los cinco días para
su comparecencia corrían desde el 1.º hasta el 5 de diciembre de 2025, lo que implicaba
que el edicto solo podía fijarse a partir del 9 de diciembre, para ser desfijado el jueves
11 de diciembre.

Bajo esta línea argumentativa, concluyó que solo hasta el 12 de diciembre de 2025
resultaba procedente enviar la providencia a la Comisión Seccional de Cartagena para
que profiriera el auto de obedézcase y cúmplase; y únicamente tras su ejecutoria,
remitirla al Tribunal Superior de Cartagena para hacer efectiva la sanción.

En relación el procedimiento suscitado en segunda instancia, el acceso al expediente
disciplinario y el cumplimiento de la sanción sostuvo lo siguiente:

En efecto, como no se sabe si el expediente lo remitió la Nacional a la Seccional, para que
adoptara el trámite que le corresponda, es por lo que la Acción de Tutela se dirige contra
ambas corporaciones. En la notificación no se incluyó el enlace del expediente, me tocó
consultarlo en una notificación de septiembre de 2025, cuando la Seccional envió el
expediente a la Nacional, para que se surtiera la apelación, de allí no he sabido más nada,
porque hasta allí llegan las noticias del link del expediente.

Dentro del caso que nos ocupa, salvo prueba en contrario, salta a la vista la arbitrariedad
de la que he sido víctima, que no lo justifica la notificación por conducta concluyente, si es
que eso van a aducir las autoridades judiciales accionadas, del artículo 128 del CGD,
porque bien lo saben dichos magistrados, que la sentencia solo se puede enviar para
ejecución, una vez desfijado el edicto, ¿sino para que se fija edicto?

Luego es palmaria la arbitrariedad de las corporaciones judiciales accionadas. Eso ha
vulnerado mi debido proceso, porque la maldad está allí, en ejecutar una sentencia,
saltándose los términos como ya lo expliqué, eso me ha impedido el acceso a la
administración de justicia, porque me quieren quitar de mi cargo, para que no me gane las
primas de diciembre y las vacaciones, de manera abrupta y violenta, con sevicia y sin razón,
porque no la tienen, así arguyan lo que quieran y me compulsen copias, podrán
amordazarme, pero jamás me van a quitar mi libertad de expresión y de conciencia.

También se configura el defecto procedimental, a la luz de la T 162 de abril 30 de 1998 “4
presente un defecto procedimental, es decir cuando el Juez se desvía por completo del
procedimiento señalado para dar trámite a determinadas cuestiones”.

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En mi caso, se desviaron por completo del procedimiento señalado en el artículo 127 del
Código General Disciplinario, para dar trámite a determinadas cuestiones, como fijar un
edicto, violando el artículo 127 ibidem y el 29 de la Constitución Política de Colombia,
(Debido Proceso) y enviarlo antes de tiempo a ejecución, para dañarme mi prima de
navidad y de vacaciones, esa iniquidad de dichos magistrados, me vulnera mi mínimo vital,
porque estoy pagando la hipoteca en el apartamento que vivo con mi esposa y familia, en
la suma de casi un millón seiscientos mil pesos mensuales. Así que no me digan ahora,
“que a nosotros que nos importa eso, asuma sus decisiones”.

También tengo deudas de tarjetas y de créditos en Juriscoop y Banco de Occidente.»

Como medida provisional solicitó «la suspensión de la ejecución de la sentencia de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, fechada el 26 de noviembre de 2025, porque
se trata de una sentencia de segunda instancia, contra la cual ya no caben recursos, y
solo me queda Dios en el amparo constitucional, porque como dice el viejo adagio
popular, […]» para evitar un perjuicio irremediable.

4. Trámite previo

En providencia del 16 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y se ordenó notificar al demandante y a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar en calidad de
demandados y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena como tercero con
interés.

En cuanto a la suspensión provisional, se negó dado que partir de la argumentación
planteada, no se evidencia la necesidad y urgencia de decretarla, si se tiene en cuenta
que corresponde a la pretensión principal de la acción de tutela, razón por la que será
en el fallo la oportunidad para pronunciarse al respecto, en conjunto, con los
argumentos y pruebas en que basa la solicitud de amparo del radicado de la referencia.

5. Oposición

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que no existe vulneración del
derecho al debido proceso porque el disciplinado fue notificado personalmente
conforme a la Ley 2213 de 2022 y siempre ha tenido la posibilidad de solicitar el enlace
del expediente cuando lo considere necesario. Explicó que la petición de aclaración fue
radicada y resuelta el mismo 19 de diciembre de 2025, y que, según el artículo 140 de
la Ley 1952 de 2019, su rechazo no afecta la ejecutoria del fallo, razón por la cual no
advirtió afectación de derecho fundamental alguno.

Expuso que la notificación de la sentencia cumplió con las normas aplicables, pues el
disciplinado fue notificado personalmente vía correo conforme al artículo 8 de la Ley
2213 de 2022, quedando la decisión notificada el 28 de noviembre de 2025. Explica
que, al no existir constancia de recibido por parte de los abogados, la secretaria
procedió a fijar edicto por tres días según el artículo 127 de la Ley 1952 de 2019,
quedando ejecutoriada la providencia el 3 de diciembre de 2025 y remitiéndose el
expediente para ejecución sin necesidad de auto de obedézcase y cúmplase, por lo
cual no se vulneró derecho alguno.

Argumentó que la tutela es improcedente porque el accionante busca estudiar temas
ya resueltos en sede disciplinaria, lo cual desconoce que la Corte Constitucional ha
reiterado que la tutela no es una tercera instancia para debatir hechos, pruebas o
interpretaciones jurídicas ya decididas. Sostuvo que los planteamientos del actor son
apreciaciones personales contra argumentos ya revisados en segunda instancia, y que
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la Sala actuó dentro de su competencia al analizar los cargos y ajustar la sanción sin
poner en riesgo la vida del disciplinado, por lo que la acción de tutela no procede.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena informó que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial remitió el 4 de diciembre de 2025 la constancia de
ejecutoria y las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia contra Ramiro
Eliseo Flórez Torres, así como la solicitud de informar la fecha en que se hizo efectiva
la sanción.

De ahí que La Sala Plena de esa Corporación procedió el 12 de diciembre de 2025 a
ejecutar la sanción impuesta (suspensión e inhabilidad por doce meses) y
posteriormente, negó la solicitud de aclaración presentada por el disciplinado mediante
la Resolución 161 del 15 de diciembre de 2025, al considerar que no había lugar a
modificar o ampliar lo decidido.

Sostuvo que su actuación se ha limitado estrictamente a cumplir las órdenes impartidas
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin vulnerar derechos fundamentales
del accionante, incluidos los relativos al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y mínimo vital.

Añadió que la acción de tutela es improcedente, pues el actor pretende reabrir
decisiones disciplinarias ya resueltas en ambas instancias y que cuentan con otros
medios de defensa judicial idóneos. Por ello, solicita al Consejo de Estado negar la
tutela al no existir vulneración ni un perjuicio irremediable que justifique su procedencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
al mínimo vital invocados por el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres.

En concreto, la Sala debe establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en un defecto procedimental al notificar y ordenar la ejecución de la sentencia
de segunda instancia del 26 de noviembre de 2025, presuntamente por desconocer los
términos procesales previstos en el artículo 127 de la Ley 1952 de 2019 (Código
General Disciplinario) y el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. Asimismo, se evaluará si
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Demandante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

existió vulneración al derecho de defensa derivada de la presunta falta de acceso al
expediente digital.

La Sala anticipa que negará el amparo invocado, toda vez que no se advierte la
configuración de un defecto procedimental absoluto ni la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Para resolver el problema planteado, la Sala abordará la siguiente metodología: (i) los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii); del
debido proceso – notificaciones en el Código General Disciplinario; y, finalmente, (iii)
caso concreto.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al mínimo vital; sustenta con suficiencia las
razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta esos derechos y no se trata
de un asunto de mera legalidad o económico.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que el reparo del actor no se dirige a reabrir el debate resuelto en el proceso
disciplinario, sino a cuestionar específicamente un presunto defecto procedimental
originado en el trámite de notificación y ejecución de la providencia de segunda
instancia proferida el 26 de noviembre de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Dicha decisión puso fin a la actuación disciplinaria ordinaria y frente a las
irregularidades alegadas en su fase de comunicación y cumplimiento no existe otro
medio de defensa judicial ordinario idóneo y eficaz que el actor pueda agotar.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface, pues
el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
de segunda instancia fue proferida el 26 de noviembre de 2025, notificada al
demandante mediante correo electrónico en esa misma fecha (y a sus apoderados
mediante edicto desfijado el 3 de diciembre de 2025), y la interposición de la acción de
tutela se dio el 10 de diciembre de 2025, esto es, 10 después de proferida la decisión
y de las actuaciones de ejecución que el actor considera lesivas de sus garantías
procesales.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados; (v)
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se
cuestionan sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto alegado.

Del debido proceso (Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019, modificada
por la Ley 2094 de 2021)
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La manera de notificar los fallos de naturaleza disciplinaria está reglamentada por la
Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 de la siguiente manera:

Artículo 121. Notificación personal. Se notificarán personalmente los autos de apertura de
investigación disciplinaria, el de vinculación, el pliego de cargos y su variación, los fallos de
instancia.

Artículo 127. Notificación por edicto. […] los fallos que no puedan notificarse
personalmente, se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se
citará inmediatamente al disciplinable, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a
la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso
disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle
conocer los recursos que puede interponer.
Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
Si transcurrido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente a la entrega de la
comunicación en la última dirección registrada no comparece el disciplinable, en la
secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.
Cuando el investigado ha estado asistido por defensor, con él se surtirá la notificación.

Artículo 225 G. Notificación y apelación del fallo. La decisión será notificada personalmente
en los términos de esta ley. Si no fuera posible hacerlo en los plazos correspondientes, se
hará por edicto. […].

Artículo 236. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción
impuesta se hará efectiva por:
[…] 3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción,
y de carrera.
Parágrafo. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo
comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de tres días,
contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.

Artículo 244. […] Las notificaciones y las actuaciones que se tramiten en los procesos
disciplinarios se surtirán con base en las reglas dispuestas en el decreto legislativo 806 de
2020.

Artículo 260. Comunicaciones. Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se comunicará por
la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la
Procuraduría General de la Nación, o quien haga sus veces, y al nominador del funcionario
sancionado.

Conforme con las normas referidas en precedencia, se tiene que la notificación del fallo
disciplinario debe realizarse preferentemente de manera personal al investigado (art.
121 del CGD). Si ello no fuere posible, se le debe citar por un medio eficaz; vencidos
cinco días sin que comparezca, se procederá a la fijación de un edicto por tres días,
con la respectiva constancia secretarial. De igual manera, bajo estas mismas reglas se
debe notificar a su apoderado, si lo hubiere (art. 127 ibidem).

En concordancia con lo anterior, el artículo 244 del CGD dispone que las notificaciones
dentro del proceso jurisdiccional disciplinario se surtirán con base en el Decreto
Legislativo 806 de 2020, cuyas reglas sobre el uso de tecnologías de la información
fueron adoptadas como legislación permanente mediante la Ley 2213 de 2022.

Finalmente, una vez la decisión se encuentre debidamente notificada y ejecutoriada,
corresponde a la autoridad que profirió la sentencia de primera instancia comunicar la
sanción al nominador y a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General
de la Nación (arts. 236 y 260 del CGD). Por su parte, el nominador es el funcionario
encargado de hacer efectiva la sanción dentro de los tres días siguientes a la recepción
de dicha comunicación (art. 236, parágrafo).
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Del defecto procedimental en el caso concreto

El señor Ramiro Eliseo Flórez Torres alega que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrió en defecto procedimental, al apartarse del artículo 127 de la Ley 1952
de 2019 (Código General Disciplinario) y el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, durante
el trámite de notificación y ejecución de la sentencia de segunda instancia proferida el
26 de noviembre de 2025.

Específicamente, el actor argumenta que la autoridad accionada desconoció los
términos procesales al remitir la providencia para su ejecución el viernes 5 de diciembre
de 2025, sin agotar correctamente los plazos legales. A su juicio, dado que la sentencia
se envió por correo electrónico el 26 de noviembre, los 5 días para su comparecencia
debían contabilizarse desde el 1 hasta el 5 de diciembre, lo que implicaba que el edicto
solo podía fijarse a partir del 9 de diciembre. Por otro lado, afirmó que desconocía si su
solicitud de aclaración había sido resuelta, pues no tenía acceso a la consulta del
expediente.

De las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que el 26 de noviembre de 2025, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial modificó la sentencia del 15 de agosto de 2025
que había ordenado la destitución e inhabilitó al accionante por el término de 15 años,
para, en su lugar, absolverlo de responsabilidad disciplinaria por la no aplicación de los
artículos 140 y 141 del Código General del Proceso y no aplicar el precedente de la
Corte Constitucional consignado en la sentencia SU-214 de 2016 y el ordenamiento
contenido en el numeral quinto de la C-577 de 2011.

No obstante, sí lo declaró responsable por incurrir en la prohibición de que trata el
numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 y, redujo la sanción impuesta a la
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.

Respecto de la notificación de sentencia de segunda instancia, la Sala observa que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial notificó por medio electrónicos al demandante
y a sus apoderados el 26 de noviembre de 2025 a las siguientes direcciones
electrónicas: rflorezt@cendoj.ramajudicial.gov.co y eliramirofloto5325@hotmail.com
(demandante); drabogados@outlook.com y perezmarrugoconsultores@gmail.com
(apoderados), tal como se muestra a continuación:

Lo anterior, conforme con lo provisto en la Ley 2213 de 2022 (que dio vigencia
permanente al Decreto 806 de 2020) y al artículo 244 del CGD (modificado por la Ley
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2094 de 2021), que ordenó aplicar esas reglas en el régimen jurisdiccional disciplinario
de la Rama Judicial.

Asimismo, se encuentra el acuse de recibido de la notificación enviada al demandante,
tal como se muestra a continuación:

Como el correo lo enviaron a las partes el 26 de noviembre de 2025, y se encuentra
probado el acuse de recibo de la notificación por el sistema Microsoft Exchange, esta,
se entiende surtida al demandante el 1.° de diciembre de 20252; sin necesidad de que
se fijara un edicto, como lo pretende el actor.

En relación con sus apoderados, a pesar de que se les notificó en debida forma a los
correos electrónicos dispuestos para ello, el sistema no certificó el acuse de recibido
para uno de ellos, de la siguiente manera:

Por lo anterior, en aras de garantizar el debido proceso, como no se pudo corroborar
correctamente la notificación de los apoderados del demandante, la Secretaría Judicial
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, notificó por edicto conforme con el
artículo 127 del CGD, de la siguiente manera:

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Conforme con el artículo 8 de la Ley 2213.
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Así las cosas, la Sala encuentra que no era necesaria la notificación por edicto al
demandante, puesto que la normativa vigente en materia disciplinaria y sancionatoria
prevé como regla general la notificación personal por medios electrónicos de las
sentencias y demás providencias.

En efecto, tanto el régimen de notificaciones electrónicas introducido por la Ley 2213
de 2022 como las disposiciones aplicables del Código General Disciplinario consagran
la validez y suficiencia de la notificación personal realizada al correo electrónico
registrado por el disciplinado, siempre que exista evidencia del envío y de la entrega en
la dirección electrónica suministrada. Dicha modalidad, al ser personal y directa,
excluye la necesidad de acudir al edicto como mecanismo supletorio, el cual opera
únicamente cuando resulta imposible surtir la notificación por los canales ordinarios
establecidos por la ley.

En ese sentido, la notificación por edicto efectuada a los apoderados no se realizó
porque fuera jurídicamente exigible respecto del demandante, sino por la imposibilidad
de corroborar plenamente que la notificación electrónica se hubiera perfeccionado
conforme con los requisitos legales. Ante la falta de certeza sobre la efectiva recepción
o la imposibilidad de verificar la entrega en los términos legales, la autoridad optó por
acudir al edicto, no como mecanismo ordinario, sino como medio residual para asegurar
la publicidad y validez del acto.

Por tanto, dicho edicto no sustituye la notificación personal del demandante ni implica
que esta fuera necesaria; únicamente se utilizó para despejar la duda generada por la
falta de confirmación de la notificación electrónica dirigida a los apoderados del
tutelante.

A lo anterior se agrega que, conforme con el artículo 138 del Código General
Disciplinario3, las decisiones que resuelven recursos de apelación y aquellas contra las
cuales no procede recurso alguno quedan en firme el día en que sean notificadas. En
consecuencia, notificada válidamente la sentencia de segunda instancia al demandante
el 1.° de diciembre de 2025, la providencia cobró ejecutoria en esa misma fecha, sin
que la fijación posterior del edicto para los apoderados tuviera incidencia alguna sobre
dicha ejecutoria ni pudiera suspenderla o diferirla. Por tanto, la comunicación de la
sanción al nominador realizada el 4 de diciembre de 2025 se efectuó sobre una
sentencia plenamente ejecutoriada, lo que descarta el defecto procedimental alegado.

Ahora bien, en relación con la solicitud de que se envíe el proceso al a quem (Consejo
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar) para que comunique la sentencia de
segunda instancia al nominador -Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena-
la Sala considerar que la comunicación directa de la sentencia de segunda instancia
por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al nominador del juez
sancionado tiene como efecto práctico asegurar la inmediatez, eficacia y eficiencia en
la notificación de las decisiones disciplinarias. Este mecanismo evita demoras
innecesarias y garantiza que el destinatario conozca oportunamente el contenido del
fallo, conforme a las reglas de notificación electrónica adoptadas por la Ley 2213 de

3
ARTÍCULO 138. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedaran en firme
cinco (5) días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se
haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.

Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, la consulta y aquellas contra las cuales no procede recurso alguno
quedaran en firme el día que sean notificadas.
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2022 y por las disposiciones del Código General Disciplinario.

Al tratarse de una providencia de segunda instancia, cuyo envío se realiza a la dirección
electrónica registrada por el disciplinable o sus apoderados, la Comisión cumple con el
deber de garantizar una comunicación ágil y verificable, sin que sea indispensable la
intermediación de otras autoridades o despachos territoriales.

En este contexto, dicha comunicación directa no vulnera los derechos fundamentales
del actor, pues no afecta su derecho de defensa, contradicción ni acceso a la
administración de justicia. Además, la Comisión actúa dentro de sus competencias
funcionales al comunicar el fallo que ella misma profiere, lo que excluye cualquier
irregularidad o afectación material de garantías procesales. Por ello, la actuación
resulta ajustada a la normativa vigente y no genera perjuicio alguno para el
disciplinable.

Desvirtuado el defecto procedimental alegado frente a la notificación y ejecución del
fallo, la Sala aborda el reproche adicional del actor, consistente en la presunta
vulneración de su derecho de defensa por la falta de acceso al expediente digital del
proceso disciplinario. Según expuso en el escrito de tutela, la omisión de remitirle el
respectivo enlace le impedía conocer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
había dado respuesta a la solicitud de aclaración que formuló contra la sentencia de
segunda instancia.

Al respecto, la Sala advierte que el demandante no demostró que haya solicitado el link
de acceso al expediente digital del proceso disciplinario, aunado al hecho de que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí se pronunció sobre dicha solicitud mediante
providencia del 19 de diciembre de 2025, en la que rechazó la petición de aclaración
por no advertir omisión sustancial, ambigüedad ni error material que justificara modificar
la sentencia del 26 de noviembre de 2025.

Providencia que fue notificada al sancionado mediante el oficio SJ_48877_JDSQ del
19 de diciembre de 2025, a las direcciones electrónicas dispuestas por él para esos
efectos rflorezt@cendoj.ramajudicial.gov.co y eliramirofloto5325@hotmail.com, tal como se pasa a
ver:

Con todo, no se puede pasar por alto que, en los términos del inciso 2 del artículo 140
del Código General Disciplinario «El fallo corregido, aclarado o adicionado será
notificado conforme a lo previsto en este código. Cuando no haya lugar a corrección,
aclaración o adición, se rechazará la petición mediante auto que no afectara la
ejecutoria del fallo».

En suma, en el presente caso no se encuentra acreditada la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora y, en esa medida, se impone
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negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Ramiro Eliseo Flórez
Torres contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Ramiro Eliseo
Flórez Torres contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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