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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01796-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01796-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 16 de abril de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01796-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01796-01
Accionante: RAMIRO ELISEO FLÓREZ TORRES
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario en el que se
sancionó a funcionario judicial. Defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial. Incumplimiento del requisito de
la relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada
por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 16 de abril de
2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de marzo de 2026, el demandante pidió al juez constitucional la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa del señor RAMIRO ELISEO
FLÓREZ TORRES, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

2. Dejar sin efectos la providencia proferida el 26 de noviembre de 2025, por la COMISIÓN NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL dentro del radicado 13001-11-02-000-2020-00322-03.

3. Ordenar a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL que, en su lugar, profiera una nueva
decisión en la que declare la prescripción parcial de la acción disciplinaria y la absolución del cargo
relacionado con la “prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, por
inobservar el artículo 229 y 93 de la Constitución Política que le imponía la obligación de atender el
contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos y 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y, consecuencialmente decrete la revocatoria de la sanción
y ordene la terminación del proceso disciplinario.

4. Como medida provisional se suspenda la ejecución de la sanción impuesta mediante sentencia de 26
de noviembre de 2025, mientras se resuelve la presente acción de tutela, conforme a los motivos
sustentado en el acápite correspondiente.

5. Se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva del derecho fundamental y
prevenir futuras vulneraciones por parte de la entidad accionada”.

2. Hechos

El accionante relató que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar,
mediante proveído de 27 de marzo de 2023, profirió pliego de cargos en su contra por

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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

desatender los deberes consagrados en los numerales 1 y 3 del artículo 1531 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996 en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política
que le imponía aplicar el precedente de la Corte Constitucional en la sentencia SU-214
de 2016 y C-577 de 2011, así como por inobservar los artículos 93 y 229 de la Carta,
que le imponía la obligación de atender el contenido de los artículos 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, aunado al hecho de que inaplicó los artículos 140 y 141
del Código General del Proceso, pues en su calidad de titular del Juzgado Décimo Civil
Municipal de Cartagena en providencias de 31 de agosto de 2020 y 18 de septiembre
de 2020, rechazó una solicitud de matrimonio igualitario2.

Afirmó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar en sentencia de 22
de marzo de 2024, lo declaró disciplinariamente responsable de las faltas que se le
endilgaron en el pliego de cargos, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido de forma inequívoca el derecho fundamental al matrimonio igualitario,
obligando a los jueces y funcionarios a garantizarlo sin excepción y, en consecuencia,
lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 15 años
para ejercer la función pública en cualquier cargo, en tanto las faltas eran consideradas
gravísimas y fueron cometidas a título de dolo.

Sostuvo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación y que, en
proveído de 2 de octubre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial declaró
la nulidad de lo actuado, en razón a que se configuró una irregularidad sustancial, por
lo que, en cumplimiento de la mencionada decisión, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar adelantó nuevamente la etapa probatoria.

Indicó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar en sentencia de 15
de agosto de 2025, volvió a declararlo disciplinariamente responsable por los mismos
cargos y se le impuso idéntica sanción. Esa decisión se notificó al disciplinado y su
apoderado por medios electrónicos el 19 de agosto de 2025, y la Secretaría fijo un
edicto el 29 de agosto de 2025, el cual se desfijó el 2 de septiembre de 2025.

Señaló que el 3 de septiembre de 2025, el apoderado del accionante interpuso recurso
de apelación contra la anterior decisión. Asimismo, el 16 de septiembre de 2025, el
señor Ramiro Eliseo Flórez Torres también radicó el mencionado recurso.

Resaltó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en fallo de 26 de noviembre de
20253, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el
disciplinado y modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de absolverlo de
responsabilidad disciplinaria respecto a las faltas previstas en el numeral 1 del artículo
153 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 al no aplicar los artículos 140 y 141 del Código
General del Proceso, en concordancia con lo expuesto en el artículo 56 numeral 5 de
la Ley 1952 de 2019 y la desatención del deber consagrado en el numeral 1 del artículo
153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución
Política que impone aplicar el precedente de la Corte Constitucional consignado en la
sentencia SU-214 de 2016 y el ordenamiento contenido en el numeral quinto de la C-
577 de 2011.

Por otra parte, confirmó lo relacionado con la declaratoria de responsabilidad
disciplinaria por incurrir en la prohibición del numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270
de 1996, por inobservar los artículos 229 y 93 de la Constitución Política que le imponía
1
ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar,
cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. 2. Desempeñar con
autonomía, independencia, transparencia, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. 3.
Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento acorde con la dignidad humana a sus compañeros y a sus subordinados
y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. (…).
2
Lo anterior con sustento en que “casar a dicha pareja del mismo sexo, porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de
mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de DIOS, yo prefiero la ley
de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”.
3
La decisión contó con dos salvamentos.
2

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la obligación de atender el contenido de los artículos 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
falta calificada como grave a título de dolo y, en consecuencia, redujo la sanción
impuesta a suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de
12 meses.

Finalmente, aunque no fue mencionado en el escrito de tutela, el 1 de diciembre de
2025, el accionante solicitó la aclaración del fallo de 26 de noviembre de 2025, pues i)
no se indicó desde que fecha quedaba en firme la decisión, ii) se rechazó por
extemporáneo su recurso, sin embargo, este se menciona en el cuerpo de la
providencia y, por último, iii) consideró que al declararlo absuelto de los dos primeros
cargos, debieron también absolver del cargo por el cual fue sancionado, más aún
cuando no se ha desatendido el derecho internacional. La Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en proveído de 19 de diciembre de 2025 rechazó esa solicitud.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia, pues i) el asunto ostenta relevancia constitucional, en tanto la autoridad
judicial accionada desconoció los efectos de la prescripción y por el rechazo del recurso
de apelación, ii) agotó todos los recursos dentro del proceso disciplinario y iii) la
solicitud de amparo se presentó dentro de un término razonable.

De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
sustantivo, pues desconoció el artículo 138 de la Ley 1952 de 2019, toda vez que la
Secretaría Judicial de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar fijó y
desfijó un edicto el 2 de septiembre de 2025, por lo que el recurso de apelación contra
la decisión en primera instancia fue en término.

Agregó que se omitió que “el análisis conjunto de las disposiciones que regulan la
notificación y la prescripción de la acción disciplinaria, puesto que, al validar la
notificación temprana en fecha 21 de agosto de 2025 y rechazar la notificación por
edicto, la Sala eludió declarar la prescripción parcial de la acción disciplinaria respecto
a la conducta del 31 de agosto de 2020. Para el suscrito el último acto de notificación
que se produjo el 2 de septiembre de 2025 con la desfijación del edicto es el que define
la interrupción de la prescripción, y al haber ocurrido después de cumplirse los 5 años
desde los hechos, la sanción sobre el primer cargo era improcedente”.

Indicó que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad al confirmar y reducir la
sanción con sustento en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, pues “esta
norma es un tipo disciplinario en blanco que en la providencia cuestionada no fue
debidamente complementado, como consecuencia de una remisión a preceptos
constitucionales (arts. 93 y 229 C.P.) y tratados internacionales (Convención
Americana sobre Derechos Humanos), de cuyo análisis se pudo establecer que esas
normas establecen garantías generales pero no fijan deberes funcionales específicos
cuya inobservancia configure una falta disciplinaria concreta en cabeza del juez, de
suerte que la Comisión absolvió al juez de dos cargos (incumplimiento de precedentes
y normas procesales) para concentrar la responsabilidad en la negación de justicia”.

Aseguró que en su caso operó la prescripción de la acción disciplinaria, pues el proceso
sancionatorio se adelantó en virtud de la decisión de 31 de agosto de 2020, razón por
la cual para el 31 de agosto de 2025 se configuró la mencionada figura. Por
consiguiente, resaltó que la decisión de primera instancia de 15 de agosto de 2025, en
un primer momento, se notificó por medios electrónicos el 21 de agosto de 2025, sin
embargo, posteriormente, la Secretaría Judicial de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar fijo un edicto el 29 de agosto de 2025, el que fue desfijado el 2 de
septiembre de la misma anualidad de conformidad con el artículo 127 de la Ley 1952
de 2019.
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Señaló que el último acto de notificación se surtió por fuera del término previsto por el
legislador en el artículo 33 del Código General Disciplinario, por lo que se configuró la
prescripción de la acción disciplinaria.

Resaltó que “para evitar la declaratoria de prescripción parcial respecto de la conducta
del 30 de agosto de 2020, la Comisión Nacional optó por interpretar que la notificación
válida era exclusivamente la electrónica, relegando el edicto a un plano de irrelevancia
jurídica. Tal razonamiento supone una interpretación desfavorable para el disciplinado
de las reglas procesales, pues, ante la coexistencia de dos actos formales de
notificación, se privilegió aquel que restringía derechos del disciplinado y ampliaba la
potestad sancionatoria del Estado”.

Sostuvo que la interpretación que se hizo de la notificación le resultó lesiva, en tanto
se le privó de posibilidad alguna de que su recurso de apelación se hubiese analizado
de fondo, lo cual es una garantía de la que se gozan en los procesos disciplinarios.

Indicó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustentó la decisión objetada en
el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, sin embargo, acogiendo los
argumentos expuestos en uno de los salvamentos de voto, este precepto constituye un
tipo disciplinario en blanco o de estructura abierta, cuya aplicación exige una labor de
cierre mediante el reenvío a una norma de deber funcional específica, clara y previa.
Por consiguiente, consideró que fue sancionado por una supuesta infracción a
principios generales que no definen la conducta prohibida de manera taxativa,
incurriendo en una incoherencia en la estructura de la imputación, pues resulta
jurídicamente imposible sostener que existe una denegación de justicia si previamente
se ha determinado que no vulneré los procedimientos ni la ley sustancial.

De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, porque en decisión 14 de agosto de 2024
(radicado núm. 50001-25-02-000-2021-00509-01) la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial señaló que cuando coexisten múltiples actos de notificación o cuando la
administración de justicia induce en error al disciplinado sobre los términos procesales,
debe prevalecer la interpretación más favorable.

Agregó que la anterior decisión fue “reafirmada” en la providencia de 28 de febrero de
2024 (radicado núm. 63001-25-02-000-2023-00104-01), en la que se conoció una
ampliación de apelación extemporánea debido a que la Secretaría del juzgado indujo
a error a la abogada sobre la fecha de vencimiento del término.

Por último, manifestó que en la decisión objetada no se ofrecieron razones suficientes
que expliquen el cambio de criterio, lo que constituye un desconocimiento del
precedente judicial.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La magistrada ponente de la decisión objetada pidió que se negaran las pretensiones
de la acción de tutela, por considerar que no se demostró la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
Afirmó que lo pretendido por el demandante es generar una tercera instancia, pues los
argumentos que planteó en la solicitud de amparo fueron objeto de análisis en las dos
instancias.

Precisó que en el trámite disciplinario adelantado contra el accionante procede la
notificación personal bajo las previsiones de la Ley 2213 de 2022, y la subsidiaria en el
evento de no poderse realizar esa notificación personal se podía acudir a la fijación de
un edicto. Por consiguiente, como la decisión de primera instancia se notificó por correo
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electrónico el 21 de agosto de 2025 bajo los términos de la mencionada ley, resulta
errado por parte del demandante que pretenda que se cuente desde la desfijación de
edicto la notificación personal y que desde allí se declare la prescripción de la acción
disciplinaria.

Resaltó que el accionante contó con su defensor de confianza, quien también fue
notificado de la decisión de primera instancia por medios electrónicos e interpuso el
recurso de apelación en término, lo que demuestra que se le garantizó su derecho de
defensa y contradicción.

Sostuvo que la decisión de primera instancia se notificó antes de que se configurara el
fenómeno de la prescripción.

De otro lado, precisó que las decisiones que invoca como precedente judicial fueron de
dos abogados, a quienes les aplican un régimen disciplinario diametralmente opuesto
al régimen disciplinario que rige a los funcionarios y empleados judiciales.
Adicionalmente, enlistó varias providencias en las cuales se han rechazado recursos
por extemporáneos en los que se hace la notificación personalmente a pesar de que el
funcionario judicial renunció a esta y también en los casos cuando en primera instancia
las seccionales ampliaron términos para interponer recursos, ya sea por la repetición
del acto de notificación o por otorgamiento de más tiempo, por aplicación de la Ley
1123 de 2007.

Finalmente, manifestó que el cargo y la sanción que se le impuso fue clara desde la
formulación del pliego, toda vez que el disciplinado como juez de la República tenía a
cargo la función de administrar justicia, por lo que se le endilgó la inaplicación de las
sentencias de la Corte Constitucional C-577 de 2011 y SU 214 de 2016 que en conjunto
referían que las parejas del mismo sexo podían acudir a los jueces para contraer
matrimonio, no obstante, negó esa prestación del servicio protegido convencional y
constitucionalmente, anteponiendo su sistema de creencias, lo que conllevó la
configuración de la falta reprochada.
4.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
El magistrado ponente de la decisión disciplinaria de primera instancia informó que el
proceso en la actualidad se encuentra en archivo, y remitió el link de acceso al
expediente disciplinario.
4.3. Respuesta de la Defensoría del Pueblo
La defensora de la regional Bolívar pidió que se desvinculara a la entidad del trámite
de tutela, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la competente
para atender las pretensiones planteadas por el demandante.
4.4. Respuesta de Publicaciones Semana S.A.
La apoderada general solicitó que se desvinculara a la sociedad porque la solicitud de
amparo se dirige contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, razón por la cual
carece de legitimación en la causa por pasiva.
5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 16 de abril de 2026 declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.

Sostuvo que la solicitud de amparo tiene como fin reprochar una decisión adoptada por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual conforme a la lectura de la
Constitución Política se erige en la autoridad judicial de cierre en materia disciplinaria
frente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como también de
examinar y sancionar la conducta de los abogados en el ejercicio de su profesión.
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Indicó que los argumentos alegados no son más que la discrepancia que tiene el
accionante frente a las consideraciones que fueron expuestas en la sentencia acusada,
pues la Comisión Nacional de Disciplina Judicial explicó desde el punto de vista fáctico
y jurídico como se cometió la falta endilgada al actor.
6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora
impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo cual
expuso lo siguiente:

Afirmó que la sentencia impugnada desconoce las garantías mínimas del debido
proceso, al considerar que el debate sobre la prescripción de la acción disciplinaria y
el error inducido por la administración de justicia es un asunto meramente legal.

Sostuvo que la premisa de la acción de tutela como tercera instancia, en el caso en
particular, no tiene sustento, por cuanto no se está pretendiendo un debate de una
simple interpretación de plazos, sino la extinción de la competencia sancionatoria del
Estado y la vulneración del derecho a la defensa por un acto contradictorio de la propia
administración de justicia, lo que encuentra respaldo en el mismo precedente de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial como la sentencia de 31 de enero de 2024
(radicado núm. 50001-11-02-000-2018-00341-01).
Resaltó que “el Estado no puede escoger a su arbitrio cuál notificación le conviene para
salvar sus términos y cuál para cercenar los del investigado. Si la notificación se
perfeccionó con el edicto (septiembre de 2025), la acción disciplinaria ya estaba
irremediablemente PRESCRITA, pues habían transcurrido los cinco (5) años desde la
consumación de los hechos (31 de agosto de 2020)”.
Señaló que la administración de justicia lo indujo a error al fijar un edicto y que este
hecho conllevó que se declarara la extemporaneidad del recurso de apelación, lo que
constituye un defecto sustantivo que la sentencia de tutela de primera instancia omitió
analizar. Adicionalmente, mencionó el fallo de 10 de agosto de 2023 de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el que señaló que cuando la administración judicial
ha alterado la percepción del sujeto procesal sobre los términos procesales por un error
en el conteo de los mismos o en las notificaciones, esto no puede afectar
negativamente a las partes.

Indicó que la sentencia impugnada avala la tesis de la autoridad judicial accionada
según la cual la notificación electrónica es suficiente, sin embargo, omite que la
confianza legítima protege al ciudadano frente a las ambigüedades provocadas por el
aparato judicial, razón por la cual cuando coexisten dos actos de notificación, debe
prevalecer la que otorgue mayor garantía al derecho de defensa y a la presunción de
inocencia.
Para terminar, manifestó que la sentencia impugnada resulta carente de motivación,
toda vez que no explica por qué la figura de la prescripción no es considerada como un
asunto con relevancia constitucional, más aún cuando la autoridad judicial lo sanciona
cuando ya había perdido competencia para ello.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

6

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se
debe revocar la sentencia de 16 de abril de 2026 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que cumpla con los
demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad judicial accionada incurrió
en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte actora y en
los defectos alegados.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que
de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a
los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de
20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional
para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por
medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece
de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos
fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia
excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que
corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o
no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de
selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo
de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión
objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que
pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.

4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7

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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita
a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el
que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus
objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces,
que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos
que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Ramiro Eliseo Flórez Torres presentó acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en defensa de su derecho fundamental al debido
proceso, al incurrir en defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial
con la decisión de negar la configuración de la prescripción dentro del proceso
disciplinario que se le adelantó y al declararlo responsable disciplinariamente por
incurrir en la prohibición del numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, por
inobservar los artículos 229 y 93 de la Constitución Política que le imponía la obligación
de atender el contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 16 de abril de 2026 declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por falta del requisito de la relevancia
constitucional, por considerar que los argumentos que presentó en la solicitud de
amparo fueron objeto de análisis por el juez natural del asunto en dos instancias.

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual afirmó que el asunto tiene
relevancia constitucional e insistió en los reproches relacionados con el defecto
sustantivo, principalmente con la configuración de prescripción de la acción disciplinaria
y la notificación por edicto de la decisión de primera instancia.
Descendiendo al caso concreto, la Sala evidencia que la solicitud de amparo no cumple
con el requisito de la relevancia constitucional, pues lo que propone el demandante es
desarrollar un debate a la manera de una instancia adicional. Con el fin de respaldar
esa determinación, se realizará un breve recuento de algunas actuaciones que se
surtieron en el curso del proceso disciplinario, así:

En cumplimiento de lo dispuesto en el auto de 2 de septiembre de 2020 del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolivar, mediante el cual se remitió el artículo publicado
por la revista Semana titulado “Apelado a su moral cristiana juez niega matrimonio civil
entre dos mujeres”, en el que se señaló al señor Ramiro Eliseo Flórez Torres como el
mencionado funcionario judicial.

La Comisión Seccional de Disciplina de Disciplina Judicial en proveído de 27 de marzo
de 2023, formuló cargos contra el señor Flórez Torres en su condición de titular del
Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena, así:

• Por desatender el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley
270 de 1996 en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política que
le imponía aplicar el precedente judicial de la Corte Constitucional consignado
en la sentencia SU-214 de 2016 y el ordenamiento contenido en el numeral
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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

quinto de la C-577 de 2011, conducta que se califica provisionalmente como
falta grave realizada a título de dolo.
• Por incurrir en la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de la Ley
270 de 1996, por inobservar el artículo 229 y 93 de la Constitución Política que
le imponía la obligación de atender el contenido de los artículos 25 de la
Convención Americana sobre derechos humanos y 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos conducta que se califica provisionalmente como
falta grave realizada a título de dolo.
• Por desatender el deber contemplado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley
270 de 1996, al no aplicar los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso
conducta que se califica provisionalmente como falta gravísima desplegada a
título de dolo.

Lo anterior, en razón a los autos de 31 de agosto de 2020 y de 18 de septiembre de
2020, mediante los cuales el mencionado juez rechazó la solicitud de matrimonio
igualitario bajo la premisa de que “no puedo casar a dicha pareja del mismo sexo,
porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y
cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de DIOS, yo
prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso,
antes que al ser humano”.

El accionante presentó alegatos de conclusión y frente a los cargos formulados señaló
que existía contradicción en el primero, pues se indicó que debió declararse impedido
conforme al numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso en razón de
sus creencias religiosas, pero se le advierte que el juez no puede invocar tal objeción
de conciencia porque se lo prohíbe la Corte Constitucional en sentencia T-388 de 2009.

En relación con el segundo cargo, aseguró que el derecho internacional no consagra
el matrimonio igualitario como un derecho fundamental y no retardó o negó
injustificadamente en el despacho asuntos a su cargo por haber rechazado la solicitud
de matrimonio como tampoco impidió el acceso a la administración de justicia de las
futuras contrayentes, pues no cumplían con los requisitos en lo relativo a documentos
para celebrar tal vínculo.

Con respecto al tercer cargo, manifestó que no es de obligatoria observancia para un
juez las sentencias C-577 de 2011 y SU-214 de 2016 de la Corte Constitucional, toda
vez que estas usurpan las funciones del Congreso de la República y del constituyente
primario. Por consiguiente, no ha irrespetado la Constitución o la ley al no casar a dos
mujeres, pues al contrario hizo respetar la Constitución Política de Colombia, cuando
en su artículo 42 dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Asimismo,
resaltó que la Constitución es norma de normas, en la cual es clara la incompatibilidad
entre esas sentencias y la Carta Política por lo que aquellas deben ceder ante ésta y
al juez le corresponde apartarse de tal jurisprudencia cuando ofrezca una mejor
argumentación y porque las decisiones de la Corte Constitucional eran fallos ilegítimos
y espurios.

Luego, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar en fallo de 15 de agosto
de 2025, declaró disciplinariamente responsable al señor Ramiro Eliseo Flórez Torres
por incurrir en las faltas que se le formularon en el pliego de cargos, por lo que fue
sancionado con destitución e inhabilidad general de 15 años.

Lo anterior, en razón a que desconoció la obligatoriedad de acatar los precedentes de
la Corte Constitucional, además que no existía causal legal ni jurisprudencial que le
permitiera a un juez negar sus funciones por convicciones religiosas.

El 19 de agosto de 2025, la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bolívar dejó constancia que intentó notificar a la dirección del apoderado del
demandante y del mismo accionante, sin embargo, la oficina del primero estaba
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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

cerrada y que mediante llamada el abogado de confianza manifestó que se encontraba
en otra ciudad, mientras que el señor Flórez Torres se le intentó notificar en el despacho
judicial a las 9:30 am, pero este no se encontraba presente. Por consiguiente, el mismo
día se le remitió mediante correo electrónico del disciplinado y su apoderado, la
notificación de la decisión de 15 de agosto de 2025.

Posteriormente, la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
fijó un edicto el 29 de agosto de 2025, el cual se desfijó el 2 de septiembre de 2025,
esto atendiendo lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022 y siguiendo lo preceptuado por el
artículo 127 de la Ley 1952 de 2019 modificado por la Ley 2094 de 2021.

El 3 de septiembre de 2025, el apoderado del demandante interpuso recurso de
apelación, en el que reprochó el trámite de la notificación de la sentencia, por lo que se
dio por notificado por conducta concluyente, conforme a lo previsto en el artículo 128
de la Ley 1952 de 2019, pues el 4 de agosto de 2025 presentó memorial en el que
expresó la voluntad suya y de su representado de no autorizar la utilización del correo
electrónico como medio de notificación de las actuaciones futuras, por lo que, afirmó,
la remisión el mensaje de datos al buzón electrónico el 19 de agosto de 2025 carecía
de validez.

De otro lado, reprochó la falta de tipicidad por indebida subsunción entre la conducta y
las normas que se invocaron como infringidas. En efecto, resaltó que no se verificaron
los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la aplicación obligatoria de
las sentencias SU-214 de 2016 y C-577 de 2011 en el caso concreto.

Señaló que puede considerarse que el juez haya incumplido sus funciones por no
avanzar en un trámite que, desde el punto de vista normativo, se encontraba viciado
de origen por la ausencia de documentos esenciales para su procedencia, como lo eran
un pasaporte vigente y un registro civil válido.

Por otra parte, reprochó el hecho de que se le atribuyera responsabilidad disciplinaria
por desconocer el artículo 25 de la CADH, pues se presenta como una prohibición
directa al juez lo que en realidad es un deber del Estado colombiano como parte de la
Convención. Agregó que se desconoce que el derecho disciplinario está regido por el
principio de tipicidad, lo que implica que la subsunción de la conducta debe hacerse
respecto a la norma de manera clara, precisa y determinada, sin extender
analógicamente los alcances de disposiciones de derecho internacional que imponen
obligaciones al Estado. Por consiguiente, sostuvo que en la decisión de primera
instancia se subsumió la conducta del disciplinado en una norma convencional de
carácter general, lo que resultaba incompatible con el principio de legalidad
disciplinaria.

Por último, señaló que se había configurado la prescripción de la acción disciplinaria,
para lo cual elaboró un relato sobre el régimen de la mencionada figura a partir de la
Ley 1952 de 2019.

Afirmó que como quiera que al disciplinable se le adelantó el proceso a partir de la
decisión de 31 de agosto de 2020, en el asunto se configuró el mencionado fenómeno,
toda vez que el término prescriptivo simple de 5 años previsto en el artículo 33 de la
Ley 1952 de 2019, corre a partir de su consumación y solo puede interrumpirse
mediante la notificación válida de la decisión sancionatoria de primera instancia. Sin
embargo, no se produjo una notificación formal en debida forma de la sentencia, pues
la que se realizó por medios electrónicos el 19 de agosto de 2025 careció de validez y,
en consecuencia, no tuvo la suerte de interrumpir el término de prescripción, pues este
continuó corriendo de manera ininterrumpida hasta el 31 de agosto de 2025, fecha en
la cual se cumplió el término legal previsto para la extinción de la acción.

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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

Luego, el 16 de septiembre de 2025, el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres interpuso
recurso de apelación, en el que, entre otros argumentos, explicó que presentaba en
término el mencionado recurso, en tanto “el fallo sancionatorio del 15 de agosto de
2025, notificado por edicto el 29 de agosto de 2025 y desfijado el 2 de septiembre de
ese mismo año”. Igualmente, planteó el hecho de que las contrayentes no cumplían
con los requisitos mínimos para casarse, que la Corte Constitucional y el Consejo
Superior de la Judicatura promovieran la “ideología de género” y, finalmente, también
planteó la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar en proveído de 17 de
septiembre de 2025, concedió con efectos suspensivos los recursos de apelación que
presentó el apoderado del disciplinable y el propio investigado.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia de 26 de noviembre de 2025,
i) rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado, ii)
modificó la decisión apelada en el sentido de que absolver al señor Ramiro Eliseo
Flórez Torres respecto de las faltas previstas en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley
270 de 1996 al no aplicar los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, en
concordancia con lo expuesto en el artículo 56, numeral 5 de la Ley 1952 de 2019 y la
desatención del deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de
1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política que impone aplicar
el precedente judicial de la Corte Constitucional consignado en la sentencia SU-214 de
2016 y el ordenamiento contenido en el numeral quinto de la C-577 de 2011, faltas
gravísima y grave, respectivamente, a título de dolo, iii) confirmó la falta por incurrir en
la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, por
inobservar los artículos 229 y 93 de la Constitución Política que le imponía la obligación
de atender el contenido de los artículos 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, falta
calificada como grave, a título de dolo, y iv) redujo la sanción impuesta a suspensión
en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.

Al respecto, frente a los argumentos que interesan al presente trámite constitucional,
se observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial afirmó que, en la decisión
de primera instancia, específicamente en la parte resolutiva, se ordenó su notificación
“a los intervinientes de conformidad con lo previsto en la Ley 2213 de 2022”. Por
consiguiente, se procedió a realizar dicha actuación por medios electrónicos y que el
fallo del a quo se entendió notificado el 21 de agosto de 2025 en virtud del correo
remitido el 19 del mismo mes y año.

Igualmente, precisó que de conformidad establecido en el artículo 244 la Ley 1952 de
2019, modificado por el artículo 63 de la Ley 2094 de 2021, en el régimen de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial “las notificaciones y las actuaciones que
se tramiten en los procesos disciplinarios se surtirán con base en las reglas dispuestas
en el decreto legislativo 806 de 2020”. Asimismo, resaltó que al momento en el que se
dictó la sentencia de 15 de agosto de 2025 ya estaba vigente la Ley 2213 de 2022, que
estableció la incorporación permanente del Decreto 806 de 2020, y que estableció la
notificación a las direcciones de correos electrónicos, “sin que para tal efecto se
requiera de citaciones o trámites previos, como por ejemplo de autorizaciones para
notificar”.

Por lo anterior, consideró que la notificación por medios electrónicos del fallo de primera
instancia no constituye una irregularidad procesal que afectara los derechos del
disciplinable, aunado al hecho de que la calidad de funcionario judicial conlleva que
prevalezcan las normas establecidas en el título XI de la Ley 1952 de 2019.

Adicionalmente, reprochó el hecho de que “permitir comportamientos como los que se
avizoró en este proceso disciplinario, en el cual el funcionario como sus defensores de
confianza actuaron mediante medios electrónicos y solo una vez presentados los
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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

alegatos y restando la expedición de la sentencia, junto con la cercanía de la
configuración de la prescripción y no obstante, los abogados solicitan la renuncia a la
notificación electrónica, podría representar patrocinar conductas, al parecer, desleales
y dilatorias, con la administración de justicia, por esto, en el acápite pertinente se
compulsaran copias a los abogados del investigado a efectos de verificar si incurrieron
o no en conductas de relevancia disciplinaria”.

Con respecto a la prescripción alegada, afirmó que “a la fecha, una vez interrumpida la
prescripción, no han trascurrido más de 2 años desde la notificación de la sentencia
para la expedición de la presente decisión. Asimismo, realizando la corroboración de si
hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad según el precedente de la
Corporación, atendiendo el tránsito normativo entre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952
de 2019, se tiene que el auto de apertura de la investigación fue expedido el 8 de julio
de 2021, de ahí que tampoco se encuentre superado el término de 5 años de que trata
el artículo 30 de la Ley 734 para la expedición de la decisión de segunda instancia que
finalizaría en gracia de discusión el 8 de julio de 2026”.

De otro lado, en lo referente a la oportunidad para interponer el recurso de apelación
precisó que la decisión de primera instancia fue notificada el 21 de agosto de 2025, por
lo que los 10 días de que trata el artículo 225G de la Ley 1952 de 2019, para la
presentación del mencionado recurso finalizaron el 4 de septiembre de 2025, periodo
en el cual el abogado del disciplinable lo radicó oportunamente, mientras que el hoy
accionante, a pesar de haber sido notificado al mismo tiempo que su apoderado,
presentó la alzada el 16 de septiembre de 2025, razón por la cual se rechazó esa
apelación por extemporánea.

Por otra parte, al estudiar los cargos del recurso de apelación del apoderado del
disciplinable, advirtió que por el mismo supuesto se le sancionó en doble oportunidad
al señor Flórez Torres, particularmente en los cargos primero y segundo.

Ahora bien, respecto al tercer cargo explicó que, en el ámbito del derecho disciplinario,
existe como categoría dogmática la figura de la relación especial de sujeción, la cual
puede observarse en las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, pues
cuando dicho vínculo nace surgen unas obligaciones y cargas adicionales que no se
observan entre particulares.

Agregó que en virtud de esa relación especial de sujeción a la que se encuentran
atadas las autoridades judiciales, la Corte Constitucional en sentencia T-388 de 2009,
señaló que los funcionarios no pueden escudarse en la objeción de conciencia para
negarse a decidir un asunto que se ponga bajo su consideración, pues ello implicaría
una denegación al acceso a la administración de justicia.

Por consiguiente, afirmó que al momento en que ocurrieron los hechos ya existía
precedente judicial de la Corte Constitucional que señalaba el derecho de las parejas
del mismo sexo de acudir ante los jueces para formalizar su vínculo matrimonial, como
en instrumentos internacionales aplicables al ordenamiento en virtud del bloque de
constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución Política, en este caso el
artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reprochados.

Aseguró que según los precedentes constitucionales establecidos en las sentencias
SU-214 de 2016 y C-577 de 2011, las parejas de la misma orientación sexual podrían
acudir ante los jueces para contraer matrimonio y a su vez la providencia T-388 de
2009 que señaló que las autoridades judiciales no podían escudarse en la objeción de
conciencia para no tramitar un asunto asignado.

En ese orden de ideas, la Comisión concluyó que “el disciplinado ejecutó la falta
reprochada, con ocasión a que incurrió en la prohibición establecida en el numeral 3
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del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, toda vez que negó injustificadamente la
prestación del servicio al que estaba obligado, ya que a pesar que en las sentencias
anotadas se estableció la posibilidad de las parejas del mismo sexo de acudir ante los
jueces para obtener matrimonio y de la imposibilidad de objetar de conciencia para
decidir un caso, el disciplinado en las decisiones del 31 de agosto y 18 de septiembre
de 2020 decidió rechazar el trámite por sus convicciones religiosas; desconociendo con
ello, el derecho al acceso a la administración de justicia establecido en los artículos 229
de la Constitución Política, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estas dos últimas normas
aplicables en Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad señalado en el
artículo 93 ibidem, falta que se calificó como grave cometida a título de dolo”.

De otro lado, precisó que si las solicitantes no cumplían con los requisitos para acceder
al matrimonio, refuerza la incursión del disciplinable en la falta objeto de estudio, pues
si aquel consideró que no estaban los elementos para poder continuar el trámite, contó
con la posibilidad de actuar bajo el ordenamiento jurídico e inadmitir la solicitud.

Adicionalmente, evidenció que el disciplinado antepuso su sistema de valores por
encima del ordenamiento jurídico y procedió al rechazo instantáneo de la solicitud, aun
cuando contaba con la posibilidad jurídica de no acceder a ese matrimonio por la
ausencia de requisitos.

Por otra parte, con respecto al argumento referente a que no le era posible asignarle
responsabilidad por el desconocimiento de las normas de derecho internacional, la
Comisión afirmó que no se vulneraron los principios de tipicidad objetiva, pues
ciertamente se reprochó de manera global la negativa a la prestación del servicio al
acceso a la administración de justicia, derecho establecido tanto en el artículo 229 de
la Constitución y en los artículos 25 CADH y 2 del PIDCP integrantes en el
ordenamiento jurídico en virtud del bloque de constitucionalidad establecido en el
artículo 93 de la Carta, en tanto que a pesar del reconocimiento que las parejas del
mismo sexo pueden contraer matrimonio ante un juez, el disciplinado bajo esa calidad
decidió rechazar la petición por sus convicciones religiosas. Agregó que si bien es cierto
las normas internacionales consagran obligaciones estatales, ello no significa que no
sea posible asignar responsabilidad por su incumplimiento al disciplinado, pues estas
se estudian en conjunto con los artículos 93 y 229 de la Constitución Política.

Finalmente, señaló que conforme con los elementos probatorios y la demostración
objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente al investigado,
resultaba suficiente, de manera razonada y proporcional, imponer la sanción de
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.

El 1 de diciembre de 2025, el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres solicitó la aclaración
de la anterior decisión, en tanto, a su juicio, el fallo no establecía desde cuando inicia
la ejecución de la sanción. Adicionalmente, reprochó el hecho de que se mencionara
su apelación en el cuerpo de la sentencia a pesar de que fue rechazada y, finalmente,
alegó que “omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo que se relaciona con la
parte motiva, tiene que ver, con la palmaria incongruencia o anfibología, de la parte
motiva y resolutiva del pronunciamiento, pues dice que subsume la primera y segunda
causal, en una sola, y me dicen palabras más, palabras menos, que no violé la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y sin embargo me siguen diciendo que si
vulneré normas de derecho internacional como el artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, el artículo 229 (acceso a la administración de
justicia), el 93 (bloque de constitucionalidad), en cuyo caso, salta a la vista, la
incongruencia, los serios motivos de duda, la omisión en la parte resolutiva del fallo,
pues en lógica elemental y jurídica, si no violé la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que se fundamenta también en el artículo 93 de la Constitución, así
como en los artículos 229 Superior y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, por sustracción de materia, tampoco violé normas de derecho internacional,
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por obvias razones inferibles, pues las tres causales del pliego de cargos, que fueron
acogidas en el fallo de destitución, se relacionan entre sí, son interdependientes,
porque dependen de un mismo hecho, tanto es así, que se me reprocha en la
confirmación del cargo 2º que impedí el acceso a la administración de justicia, artículo
229 de la Constitución, y resulta que ese artículo también les sirvió para los dos cargos
restantes, así como el del 25 de la CADH, luego, si se cae un cargo, se caen todos, por
lo tanto sírvase aclarar la situación motivo del asunto”.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en auto de 19 de diciembre de 2025
rechazó la solicitud de aclaración, al considerar que los artículos 260 y 261 de la Ley
1952 de 2019 no establece que se deba indicar el momento exacto de la ejecución de
la sanción. Además, que en el fallo se mencionó el recurso de apelación presentado
por el mismo disciplinado, en razón al acápite denominado “recurso de apelación” como
parte estructural de la sentencia y, finalmente, los reproches frente al cargo que se le
endilgó no se podían abordar en la solicitud de aclaración.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala pone de presente que el señor Ramiro
Eliseo Flórez Torres había adelantado otra acción de tutela contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar (radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-07891-00), por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al mínimo
vital, por la falta de acceso al expediente disciplinario, la indebida notificación por medio
de edicto y la demora en el envío del expediente al juez de primera instancia para que
dicte el auto de obedézcase y cúmplase. Es decir, que la anterior solicitud de amparo
no guarda identidad de objeto ni causa con la que es objeto de estudio en esta
providencia, razón por la cual no se configura la cosa juzgada constitucional. Por
consiguiente, se procederá a la verificación de los requisitos generales de procedencia.

Precisado lo anterior, Sala advierte que, a partir de los argumentos desarrollados en
los escritos de tutela e impugnación, la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, en tanto la parte actora utiliza la acción de tutela para
insistir en el mismo debate relacionado con la configuración de la prescripción y la
notificación de la decisión de primera instancia.

Al estudiar los argumentos planteados por la parte actora en los escritos de tutela e
impugnación, se observa que se alega que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo, por la supuesta indebida notificación del fallo de primera instancia,
la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria porque no era válida la
notificación por medios electrónicos, razón por la cual al momento en que se tuvo
conocimiento de la decisión del a quo, ya se había superado el término de los 5 años,
y por haber radicado en debida forma el recurso de apelación.

De lo anterior, se observa que estos reproches fueron objeto de estudio por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, pues a partir del material probatorio y en atención al
marco normativo y jurisprudencial vigente al momento en que se adelantó el trámite
disciplinario, concluyó que la notificación por medios electrónicos resultaba válida, toda
vez que en las normas aplicables no se establecía la posibilidad a renunciar a recibir
las notificaciones por ese medio, razón por la cual al momento en que se entendió
notificado el fallo de primera instancia no se había superado el término de los 5 años
para que se configurara la prescripción de la acción disciplinaria y, adicionalmente, en
razón a que se entendió debidamente notificada se concluyó que era extemporáneo el
recurso de apelación presentado por el actor en calidad de disciplinado.

Aunado a lo anterior, se observa que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en el recurso de apelación que presentó su apoderado en el curso del
proceso disciplinario en el que incluso plantea reparos frente a la notificación como lo
hizo el actor en el recurso que interpuso extemporáneamente, con los argumentos que

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Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

se proponen en el escrito de tutela y en la impugnación bajo la supuesta configuración
del defecto sustantivo por parte del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20198, estableció que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y
la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad;
(ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”9 (Negrilla y resalta de la Sala)
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En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no
debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos
fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de tutela
con el fin de solicitar el amparo constitucional de su derecho fundamental fundamental
al debido proceso, en este caso, a la manera de una instancia adicional, toda vez que
insiste en el mismo debate relacionado con la notificación del fallo de primera instancia
y la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria.

Igualmente, en lo referente con el cargo de que la sanción que se le impuso con
sustento en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 fue incorrecta, pues
dicha norma es un tipo disciplinario en blanco y que la autoridad judicial accionada no
complementó en debida forma el análisis.

Al respecto, se advierte que el demandante conoció de este cargo desde la formulación
del pliego, sin embargo, en los alegatos que presentó en primera instancia ni en el
recurso de apelación que interpuso su apoderado no se evidenció argumento en esos
términos, razón por la cual el señor Ramiro Eliseo Flórez Torres contó con las etapas
pertinentes para plantear ese debate, pero no lo hizo, por lo que no puede pretender
desarrollar este alegato bajo la supuesta configuración de algún defecto. Por
consiguiente, el mencionado argumento también resulta improcedente.

Por último, en lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial se advierte
que tampoco resulta procedente, en tanto en la decisión de 14 de agosto de 2024 se
conoció el recurso de apelación del abogado disciplinado por presentarse en término,
y en la providencia de 28 de febrero de 2024 se abordó otro recurso de apelación
interpuesto por una profesional del derecho pese a que la Secretaría señaló un término
diferente para la interposición del mencionado recurso, sin embargo, estas decisiones
no ostentan la calidad de precedente en el presente asunto, pues fueron procesos
disciplinarios que se adelantaron contra abogados mas no respecto de jueces.
Adicionalmente, lo que hizo el actor fue transcribir apartes que le resultaban favorables
a su argumento sin explicar su contexto ni la regla jurisprudencial que supuestamente
se desconoce, lo que por sí solo no habilita la intervención del juez de tutela frente el
cargo en mención.

8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
15

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01796-01
Accionante: Ramiro Eliseo Flórez Torres

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 16 de abril de 2026 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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