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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01797-01

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01797-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la tutela solicitada. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Olga Mery Marín Calderón, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y, en consecuencia, ORDENAR a esa autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que: i) valore de manera integral los testimonios, documentos y demás elementos probatorios relacionados con la dependencia económica de la señora Olga Mery Marín Calderón respecto de su hijo Ángel Ferney Marín Calderón; ii) examine dicha valoración a partir de las condiciones materiales de vulnerabilidad de la accionante y con enfoque de género; iii) aplique las reglas del precedente constitucional establecido en las Sentencias T- 165 de 2024, T-167 de 2022, T-064 de 2022 y T-328 de 2017; y iv) de ser necesario, ejerza sus facultades probatorias oficiosas, en los términos del artículo 213 del CPACA, para esclarecer los puntos oscuros o difusos del debate sobre la dependencia o independencia económica de la accionante. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01797-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: OLGA MERY MARÍN CALDERÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL: se cumplen los
requisitos de procedibilidad. DEFECTO FÁCTICO: valoración probatoria incompleta
y omisión del decreto oficioso de pruebas relevantes para acreditar la dependencia
económica. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL:
aplicación aparente de la regla según la cual la dependencia económica en pensión
de sobrevivientes no debe ser total, absoluta ni exclusiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Olga Mery
Marín Calderón1, por conducto de apoderado, contra la sentencia del 13 de abril de
2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de marzo de 2026, la señora Olga Mery Marín Calderón, por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela contra el Juzgado Primero (1.°) Administrativo
de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a la
seguridad jurídica, a los principios de buena fe, confianza legítima y
“desconocimiento de la ley”2.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente. El 1° de agosto de 2019, el señor Ángel Ferney

1 La Sala advierte que la Secretaría General del Consejo de Estado relacionó también como
demandante a Ángel Ferney Marín Calderón. Sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el escrito
de tutela, la señora Olga Mery Marín Calderón presenta la demanda en calidad de “(…) madre del
soldado regular ANGEL FERNEY MARIN CALDERON (…)” (ver archivo “004ED_Demanda”, pág.
1), quien falleció el 15 de octubre de 2020.
2 Ver archivo “004ED_Demanda”, pág. 1.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Marín Calderón, hijo de la señora Olga Mery Marín Calderón, fue vinculado al
Ejército Nacional como soldado regular.

3. El 15 de octubre de 2020, el señor Ángel Ferney Marín Calderón falleció. En esta
fecha, se encontraba en servicio en el Batallón de Infantería Joaquín París No. 19
de San José del Guaviare. Mediante acto del 15 de octubre de 2020, el Ejército
Nacional catalogó este evento como de “simple actividad”, en los términos del
artículo 8° del Decreto 2728 de 1968. Para esta fecha, el señor tenía un tiempo de
servicio de 1 año, 2 meses y 14 días.

4. El 23 de noviembre de 2020, la señora Olga Mery Marín Calderón solicitó al
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el trámite y
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, en calidad de madre del
soldado fallecido Ángel Ferney Marín Calderón.

5. El 3 de marzo de 2021, mediante Resolución 291693, la Dirección de
Prestaciones Sociales del Ejército Nacional reconoció a la señora Olga Mery Marín
Calderón la suma de 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes como
compensación por la muerte de su hijo.

6. Mediante la Resolución 7123 del 20 de septiembre de 2021, el Ministerio de
Defensa Nacional negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a
la señora Olga Mery Marín Calderón.

7. La señora Olga Mery Marín Calderón interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En esta, solicitó que se
declarara la nulidad de la Resolución 7123 de 2021 y, a título de restablecimiento
del derecho, que se ordenara a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional reconocer, liquidar y pagar la pensión de sobrevivientes, de acuerdo con
la Ley 100 de 1993.

8. El proceso correspondió al Juzgado Primero (1.°) Administrativo de San José del
Guaviare que, por medio de sentencia del 31 de mayo de 2024, negó las
pretensiones de la demanda.

9. Sobre el particular, el a quo sostuvo que, en el caso de la señora, se aplicaba el
régimen general de pensiones del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo,
concluyó que la señora no acreditaba los requisitos del artículo 47 de dicha norma
para el caso de pensión de sobrevivientes del hijo fallecido. En concreto, sostuvo
que no se probó la dependencia económica respecto del causante. A juicio de esta
autoridad judicial, a partir de las pruebas disponibles, no existía certeza de que los
aportes del hijo fallecido fueran una fuente exclusiva de ingresos para la señora, ni
los montos suministrados o de que se tratara de una ayuda vital para su
supervivencia.

10. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión antes referida.
En el escrito correspondiente cuestionó que la decisión de primera instancia era
contraria a lo establecido en la Sentencia C-111 de 2006 de la Corte Constitucional.
En su opinión, de acuerdo con dicha providencia, no debía considerarse que la

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

dependencia económica fuera total y absoluta. Adicionalmente, consideró que los
testimonios de los señores Helbert Alirio Méndez y Eduin Andrés Mona, así como la
Resolución 291693 de 2021, eran sustento suficiente para acreditar la dependencia
económica.

11. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de providencia del 11 de diciembre
de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.

12. A juicio del Tribunal, en el caso de la señora, debía aplicarse el régimen de
pensión de sobrevivientes de la Ley 100 de 1993, en atención del principio de
favorabilidad. Adicionalmente, advirtió que se cumplía el requisito del tiempo de
cotización de las 50 semanas en el sistema. Sin embargo, concluyó que no obraban
pruebas en el expediente que dieran cuenta de que existía una dependencia
económica por parte de la señora hacia el causante. En consideración de esta
autoridad judicial, se desprende de los testimonios practicados que el hijo entregaba
“(…) ocasionalmente alguna ayuda económica a su madre, [pero] dicha ayuda
económica podría considerarse como aquellas que realizan los hijos respecto de
sus padres, sin que pueda entenderse como un factor para definir la dependencia
económica (…)”3. También consideró que la señora podía contar con otro tipo de
ingresos y que no se acreditó que necesitara del causante para mantener su
adecuada subsistencia. Afirmó que, si bien la dependencia económica no debe ser
absoluta, sí debe haber subordinación y exclusividad.

Pretensiones

13. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1-Solicito, al Honorable Consejero de Estado, Tutelar los Derechos
fundamentales al Debido proceso Art. 29 de la Constitución Política y Art. 14
y 164 del C.G.P., acceso a la Justicia, igualdad, mínimo vital, seguridad
social, según lo normado en los artículos 48, 29 y 229, art 83 de la
Constitución Política de Colombia, así como los Principios Constitucionales
de Confianza Legítima, pro homine, en razón a que fueron vulnerados por
los despachos accionados. A favor de la señora OLGA MERY MARIN
CALDERON.

2-Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales, se
ordene a la tutelada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del presente fallo de tutela, dispongan lo pertinente como es ordenar al
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE,
que mediante sentencia de fecha 31 mayo de 2024, dentro del radicado
50001333300320220001200 el cual fue confirmado por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, mediante sentencia de fecha 11 de
diciembre de 2025, se revoque, anule o dejen sin efectos juridicos, las
sentencia antes relacionadas, ordenando anular la resolución No 7123 de
20 septiembre de 2021, Donde fa coordinadora de prestaciones sociales del
Ministerio de Defensa negó el reconocimiento de pensión a la accionante
OLGA MERY MARIN CALDERON por ser contrarias a derecho y la
jurisprudencia, ordenando revocar el fallo y fin se emita otro fallo, respetando
los presupuestos de la ley 100 de 1993, la jurisprudencia SENTENCIAS C-
111 DE 2006 T 165/2024 , T 328 /2017 como persona de especial protección

3 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-01797-00, archivo “07. SENTENCIA SEGUNDA
INSTANCIA”, pág. 13.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Constitucional, por ser la accionante victima de desplazamiento y
desaparición forzada”4

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La demandante manifestó que las providencias demandadas incurrieron en
defectos sustantivo, procedimental y en desconocimiento del precedente. Respecto
al primero, afirma que las autoridades judiciales fallaron con base en normas
inexistentes o inconstitucionales, tales como el requisito de demostrar dependencia
económica total y absoluta, el cual fue declarado inexequible por la Sentencia C-
111 de 2006. Respecto al defecto procedimental, sostuvo que no se respetaron los
presupuestos de la Ley 100 de 1993 ni la Sentencia C-111 de 2006, por lo que le
impusieron una carga probatoria excesiva y formalista. También sostuvo que las
decisiones incurrieron en desconocimiento del precedente con relación a la
Sentencia C-111 de 2006.

15. Adicionalmente, la tutela afirma que los despachos judiciales incurrieron en un
exceso ritual manifiesto al exigir una prueba excesivamente rigurosa de la
dependencia económica, sin valorar integralmente la realidad material de la
accionante. El reproche se centra en que las sentencias descartaron o minimizaron
testimonios y documentos que indicaban que Ángel Ferney Marín Calderón
ayudaba a su madre con arriendo, servicios, alimentación y otros gastos, y que Olga
Mery Marín Calderón se encontraba en situación de pobreza, enfermedad, baja
escolaridad, desplazamiento y especial vulnerabilidad. Por ello, la demanda plantea
que hubo una valoración probatoria formalista y desproporcionada, que sacrificó el
derecho sustancial y el acceso efectivo a la seguridad social.

16. Finalmente, la accionante alega que las sentencias desconocieron precedentes
como la C-111 de 2006, T-165 de 2024, T-328 de 2017 y T-064 de 2022, así como
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre favorabilidad en pensión de
sobrevivientes de miembros de la Fuerza Pública. Según la demanda, esos
precedentes ordenan aplicar una lectura flexible y favorable de la dependencia
económica, especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional, víctimas de desplazamiento, personas pobres o con afectaciones de
salud. En consecuencia, los jueces habrían debido valorar la situación concreta de
la madre del soldado fallecido bajo un enfoque constitucional y no limitarse a exigir
una prueba estricta de dependencia absoluta o autosuficiencia inexistente.

Trámite procesal en primera instancia

17. Por medio de auto del 11 de marzo de 2026, el despacho del consejero Jorge
Edison Portocarrero Banguera de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional como tercero con
interés en las resultas del proceso. De igual modo, ordenó la vinculación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4 Folio 9 del escrito de tutela.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Intervenciones en primera instancia

18. El Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Guaviare allegó copia electrónica
del expediente ordinario. Adicionalmente, argumentó que la intención de la parte
actora es reabrir un debate concluido en el proceso ordinario. Reiteró que en el
proceso no se aportaron pruebas que demostraran la dependencia económica del
señor Ángel Ferney Marín Calderón.

19. La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de
Defensa informó que, mediante la Resolución 7123 de 2021, resolvió la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes elevada por la señora. En
dicho acto, se negó la pensión de sobrevivientes en aplicación del artículo 34 del
Decreto 4433 de 2004.

20. Pese a ser notificadas en debida forma5, las demás partes guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 13 de abril de 2026, negó el amparo de los derechos fundamentales
de la señora Olga Mery Marín Calderón.

22. El a quo consideró que la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta no
adoleció de defecto sustantivo. Al respecto, argumentó que el Tribunal adoptó una
interpretación válida del requisito de dependencia económica. De acuerdo con dicha
lectura, no es necesario acreditar una dependencia total o un estado de carencia
absoluta, pero sí se debe dar cuenta de una situación de subordinación con respecto
al causante. Sobre este punto, la Subsección citó fragmentos de la sentencia
demandada, en los cuales se indica que esta subordinación se entiende de tal forma
que la persona que solicita la pensión necesitaba del causante para proveerse su
adecuada subsistencia.

23. En ese sentido, de acuerdo con la Subsección, el Tribunal Administrativo del
Meta no impuso la carga de acreditar un estado de carencia absoluta. Al contrario,
sostuvo que, la autoridad cuestionada halló elementos a partir de los cuales infirió
que no existía la subordinación ni la exclusividad económica. Entre estos elementos,
se encuentran, de acuerdo con la Subsección, la capacidad para tener un empleo y
el hecho de que la señora tuviera más hijos que le pudieron ayudar
económicamente.

24. Por otro lado, el a quo sostuvo que el Tribunal no estaba obligado aestudiar la
supuesta condición de víctima de desaparición forzada o desplazamiento, toda vez
que estas circunstancias no se alegaron en el proceso ordinario.

5 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-01797-00, índice 22 de Samai.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

La impugnación

25. Contra la decisión precitada, el 15 de mayo de 2026, la parte accionante
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

27. La actora sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente, porque negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en una
interpretación restrictiva del requisito de dependencia económica. A su juicio, los
jueces exigieron una dependencia absoluta, total o exclusiva respecto de su hijo
fallecido, impusieron una carga probatoria excesiva y omitieron valorar sus
condiciones de vulnerabilidad, así como los testimonios y demás elementos que, en
su criterio, acreditaban que el causante contribuía al pago de sus gastos básicos.

28. Bajo este contexto, la Sala revisará si la acción de tutela supera los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela. En caso, de superar este análisis, esta
Corporación precisa que, si bien la accionante identificó este reproche como un
defecto procedimental, en aplicación del principio iura novit curia6, se estudiará
como un posible defecto fáctico. Lo anterior, porque el juez de tutela puede adecuar
la calificación jurídica de los defectos alegados cuando conserva el núcleo
argumentativo de la demanda. En este caso, la censura no recae propiamente sobre
una irregularidad en el trámite, sino sobre la valoración presuntamente formalista,
incompleta y desproporcionada de los testimonios y documentos que, según la
actora, demostraban la ayuda económica que recibía de su hijo y su situación de
pobreza, enfermedad, baja escolaridad, desplazamiento y especial vulnerabilidad.
deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo del Meta7 en defecto fáctico, al valorar de
manera presuntamente parcial, formalista o insuficiente los testimonios,
documentos y demás elementos de juicio que, según la accionante, acreditaban

6 Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 2023 y T-462 de 2021.
7 La Sala centrará su análisis en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por
ser la decisión judicial actualmente vigente y la que cerró el debate ordinario dentro del proceso
contencioso administrativo. En efecto, aunque la demanda de tutela también alude a actuaciones y
valoraciones surtidas en primera instancia, fue el Tribunal, como juez de segunda instancia, quien
adoptó la decisión definitiva sobre la controversia pensional y fijó la interpretación y valoración
probatoria que produjo efectos jurídicos finales frente a la accionante. Por tanto, el examen
constitucional se dirigirá a establecer si esa providencia, en tanto decisión de cierre de la instancia
ordinaria, incurrió en los defectos alegados y vulneró los derechos fundamentales invocados.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que Ángel Ferney Marín Calderón contribuía al sostenimiento de su madre
mediante aportes destinados al pago de arriendo, servicios públicos,
alimentación y otros gastos básicos, así como las circunstancias personales de
pobreza, enfermedad, baja escolaridad, desplazamiento y vulnerabilidad que
podían incidir en el análisis de su dependencia económica?
(ii) ¿desconoció dicha autoridad judicial demanda el precedente constitucional
sobre pensión de sobrevivientes y dependencia económica, al supuestamente
apartarse de la regla conforme a la cual la dependencia exigida a los padres
respecto de sus hijos fallecidos no debe ser total, absoluta ni exclusiva, sino real,
regular y relevante para la garantía de una subsistencia digna, de acuerdo con
las condiciones materiales del beneficiario?
(iii) ¿incurrió el Tribunal Administrativo del Meta en defecto sustantivo, al aplicar
el requisito de dependencia económica con un alcance presuntamente
incompatible con la Constitución, en la medida en que habría exigido a la
accionante demostrar una subordinación económica absoluta frente al causante,
en lugar de valorar si la ayuda suministrada por su hijo constituía un aporte
significativo para cubrir sus necesidades básicas y garantizar su mínimo vital?

29. Para resolver los problemas jurídicos anunciados y como quiera que en el
presente asunto se examina una acción de tutela contra providencias judiciales, la
presente sentencia se estructura de la siguiente manera. Primero, se examinará el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia en contra de providencias
judiciales. Segundo, se expondrán las consideraciones sobre la pensión de
sobrevivientes y la aplicación del enfoque de género en este tipo de prestaciones.
Finalmente, se realizará el estudio de los defectos en el caso concreto.

Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra providencia
judicial

30. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia y al menos una específica.

31. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional11 o el Consejo de Estado12,

8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
12 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 13; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable14 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

32. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a
la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de las decisiones establecidas
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma
suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

13 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.

Requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente previstos en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993

33. Los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, tal como fueron modificados por la
Ley 797 de 2003, regulan la pensión de sobrevivientes. El artículo 46 de esta norma
establece que tienen derecho a esta prestación los miembros del grupo familiar del
causante siempre que este hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos
años anteriores al deceso. Por su parte, el artículo 47 enlista los beneficiarios de la
pensión de sobreviviente: (i) cónyuge o compañero permanente, (ii) hijos menores
de 18 o mayores que no pueden trabajar debido a que están estudiando (hasta los
25 años) (iii) a falta de cónyuge, compañero permanente o hijos, los padres que
dependieran económicamente del causante (iv) los hermanos en situación de
discapacidad si dependían económicamente de la persona; y (v) los hermanos
menores de edad, sin una capacidad funcional diversa15.

34. En relación con la dependencia económica de los padres sobrevivientes, en la
Sentencia C-111 de 2006, la Corte Constitucional determinó que las entidades
encargadas del reconocimiento de esta prestación no debían exigir a las personas
acreditar una dependencia total y absoluta. En ese sentido, declaró la
inexequibilidad de la expresión “de forma total y absoluta” del literal (d) del artículo
47 de la Ley 100 de 1993.

35. Así pues, dicha Corporación especificó varios criterios para determinar si alguien
tiene independencia económica:

“1) Para tener independencia económica los recursos deben ser
suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la
subsistencia y la vida digna.
2) El salario mínimo no es determinante de la independencia
económica.
3) No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por
ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en
tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce
expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.
4) La independencia económica no se configura por el simple hecho
de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un
ingreso adicional.
5) Los ingresos ocasionales no generan independencia económica.
Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.
6) Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar
independencia económica” 16

15 Corte Constitucional, C-034 de 2020.
16 Sentencia C-111-2006. Reiterado en sentencias T-618-2013, T-546-2015, T-757 de 2015 y T-456-
2016.

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Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

36. De acuerdo con lo anterior, la independencia es entendida como la posibilidad
de “sufragar los costos de la propia vida”17. Por lo tanto, tener ingresos propios no
significa que la persona tenga independencia económica, siempre que estos no
sean suficientes para garantizar un mínimo vital. Así, la dependencia económica no
se entiende como carencia total y absoluta de recursos –lo que involucraría una
condición de indigencia–, sino el hecho de que la persona no tenga autosuficiencia
y que exista una relación de subordinación económica. Es decir, la persona
sobreviviente debe ver afectado su mínimo vital y la posibilidad de valerse por sí
misma, aunque pueda percibir otros ingresos diferentes.

37. Por otra parte, la Corte Constitucional18 también sostiene que, tratándose de
pensión de sobrevivientes, es necesario evaluar si quienes la solicitan son personas
de especial protección, por ejemplo, en el caso de los padres como únicos
beneficiarios y con avanzada edad.

Enfoque de género en la valoración probatoria en asuntos pensionales

38. La jurisprudencia interamericana19 y constitucional han señalado que, en virtud
de la Convención Belém do Pará y de las normas superiores sobre igualdad formal
y material entre hombres y mujeres, las autoridades judiciales son titulares de varias
obligaciones relacionadas con la solución de procesos en los que se discute el
reconocimiento de derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres.

39. Sumado a lo anterior, jurisprudencia constitucional20 ha señalado que los jueces
ordinarios tienen la obligación de partir de la premisa que la sociedad está
atravesada por asimetrías de poder entre hombres y mujeres, y por esa razón, en
ocasiones, con el fin de garantizar la igualdad jurídica entre las partes, la autoridad
judicial debe buscar revertir las estructuras machistas y patriarcales que impiden el
ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

17 Sentencia T-165 de 2024.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-165 de 2024.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algonodero Vr. México: “En particular, las
capacitaciones deben generar que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que
generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y
contenido de los derechos humanos.// En consecuencia, sin perjuicio de la existencia de programas y
capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia en Ciudad Juárez,
así como de cursos en materia de derechos humanos y género, el Tribunal ordena que el Estado continúe
implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos
y género; ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas
y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de
género, y iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres.” (negrillas fuera del texto).
En el mismo sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos caso de la masacre de las dos erres
vs. Guatemala sentencia de 24 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y
costas). Corte Interamericana de Derechos Humanos caso González y otras (“campo algodonero”) vs.
México sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas).
20 Cfr. T-878 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) o T-344 de 2020 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
En esta última se indicó: ““la perspectiva de género es, en esencia, una herramienta analítica y
comprensiva de una protección multinivel que deben emplear todos los operadores de justicia en aquellos
casos en los que se tenga sospecha de situaciones asimétricas de poder entre las partes o de actos
constitutivos de violencia de género. Cumplir con esta obligación no significa que el juez tenga que
favorecer los intereses de una mujer por el hecho de serlo, sino que ha de abordar la cuestión de derecho
que se le ha planteado con un enfoque diferencial que involucre el aspecto sociológico o de
contexto que subyace al problema en torno a la violencia y a la discriminación contra la mujer, a
fin de brindar soluciones equitativas ante situaciones de desequilibrio estructural”.

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

40. En su jurisprudencia21, esta Subsección ha señalado que, en virtud de las
obligaciones internacionales suscritas por el Estado Colombiano, puntualmente, la
contenida en la Convención Belem do Pará, las autoridades judiciales deben asumir
la solución de estos procesos desde el estándar de debida diligencia, contenida en
el artículo 7 literal b de dicho instrumento22.

41. En asuntos relacionados con la seguridad social, la Corte Constitucional ha
acudido al enfoque de género para resolver discusiones constitucionales23. Así, en
la Sentencia SU-471 de 2023, esta Corporación estableció varias subreglas para la
valoración probatoria cuando se trata de derechos a la seguridad social de mujeres.
En ese orden, los operadores judiciales están llamados a:

“(i) Desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los
derechos en disputa y la dignidad de las mujeres.
(ii) Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese
ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un
grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato
diferencial.
(iii) No tomar decisiones con base en estereotipos de género.
(iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus
funciones; Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres.
(v) Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o
discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas,
cuando estas últimas resulten insuficientes.
(vi) Considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones
judiciales.
(vii) Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien
presuntamente comete la violencia.
(viii) Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites
judiciales.
(ix) Analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y
autonomía de las mujeres”24

42. Así pues, estas consideraciones toman especial importancia tratándose de la
valoración de pruebas para acreditar el requisito de la dependencia económica en
pensiones de sobrevivientes. Sobre este punto, la Corte25 ha reconocido que la
valoración de las pruebas realizada tanto por las entidades administradoras de
pensiones como por los jueces exige analizar los testimonios y los demás elementos
probatorios recaudados para determinar si dicha dependencia efectivamente se
configura. Así, sostiene que persiste un amplio margen de discrecionalidad al

21 Recientemente se explicó dentro de la acción de tutela 2024-00771-00 de 28 de junio de 2024.
22 En el mismo sentido, el artículo 5 de la Convención CEDW señala que, “los Estados Partes tomarán
todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; (negrilla y subrayado fuera del texto).
23 Véase Sentencias T-628 de 2012, T-351 de 2018, T-401 de 2021
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-471 de 2023.
25 Ibid.

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

momento de interpretar el alcance del concepto de dependencia económica, definir
qué debe entenderse por una dependencia total o absoluta y establecer cuándo el
aporte del causante constituye un apoyo o una ayuda verdaderamente significativa.

43. Con base en las anteriores consideraciones se resolverán los problemas
jurídicos planteados.

Caso concreto

Requisitos generales de procedibilidad

44. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) el accionante no cuenta
con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, ya ordinarios y
extraordinarios de revisión26 o de unificación27, (ii) la acción se presentó dentro de
los seis meses siguientes a la notificación de la última de las providencias
enjuiciadas, (iii) no se está invocando una irregularidad procesal, (iv) se identificaron
claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos
y (v) no se trata de una sentencia de tutela.

45. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo
en cuenta que la parte accionante explicó las razones por las cuales considera que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la seguridad jurídica, a los principios de buena fe, confianza
legítima y “desconocimiento de la ley”28.

26 En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo judicial
idóneo que la accionante estuviera obligada a agotar antes de acudir a la acción de tutela. Conforme
al artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, dicho recurso procede únicamente por causales taxativas,
entre ellas, la aparición de documentos decisivos no aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la
falsedad de documentos, la existencia de dictamen pericial penalmente cuestionado, violencia o
cohecho en la sentencia, nulidad originada en la providencia, aparición de una persona con mejor
derecho, pérdida de aptitud legal para recibir una prestación periódica o contradicción con una
sentencia anterior que constituya cosa juzgada. En este caso, el reproche constitucional no se funda
en ninguno de esos supuestos, sino en la presunta valoración probatoria incompleta, formalista y
desproporcionada de los elementos relacionados con la dependencia económica de la accionante,
así como en la aplicación aparente del precedente constitucional sobre pensión de sobrevivientes.
Por tanto, la revisión no era un medio eficaz ni adecuado para controvertir los defectos alegados,
pues no está diseñada para reabrir el debate probatorio ordinario ni para corregir la falta de aplicación
material de reglas constitucionales sobre dependencia económica.
27 Tampoco resultaba exigible el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. De acuerdo
con los artículos 256, 257 y 258 de la Ley 1437 de 2011, este recurso tiene por finalidad asegurar la
unidad en la interpretación del derecho y procede contra sentencias de única o segunda instancia
dictadas por los tribunales administrativos, siempre que la providencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. En el caso analizado, la censura de
la accionante no se dirige a demostrar la oposición de la sentencia del Tribunal Administrativo del
Meta frente a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, sino a cuestionar el presunto
desconocimiento del precedente constitucional de la Corte Constitucional y la indebida valoración
del material probatorio sobre la dependencia económica. En consecuencia, el recurso de unificación
carecía de idoneidad para la protección invocada, pues su objeto legal no comprende la corrección
de defectos fácticos ni la aplicación aparente de la jurisprudencia constitucional que sirve de
fundamento a la solicitud de amparo
28 Ver archivo “004ED_Demanda”, pág. 1.

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46. Adicionalmente, la accionante alega los defectos sustantivo y procedimental y
el desconocimiento del precedente. Si bien la parte accionante no alegó un defecto
fáctico, en atención al principio iura novit curia29, la Sala estima necesario
considerarlo. En efecto, de acuerdo con la Corte Constitucional, “(…) cuando el
accionante ha presentado el fundamento fáctico de sus pretensiones, corresponde
al juez de tutela la interpretación y adecuación de los hechos a las institución[es]
jurídicas que sean aplicables a las situaciones planteadas por el actor (…)”30.

47. Sobre este punto, la Sala advierte que la parte demandante alegó en el escrito
de tutela que, a partir de las pruebas obrantes en el proceso, se encontraba probada
la dependencia económica. En efecto, consideró que, a partir del testimonio de
Eduin Andrés Mona, se probó que el causante le ayudaba con los servicios públicos
y el arriendo. Por su parte, del testimonio del señor Helber Alirio Méndez, sostuvo
que quedó probado que ella vivía en arriendo y realizaba actividades económicas
esporádicas, pero recibía ayuda mutua de su hijo

48. La Sala considera el análisis del defecto fáctico por parte de la autoridad judicial
puesto que se trata de asuntos de naturaleza constitucional, en la medida en que
están en juego los derechos fundamentales a la seguridad social de una mujer. Por
lo anterior, se estima necesario aplicar un enfoque de género en el presente caso.

49. No es pues, un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa, sino
de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, como ha resuelto en casos similares esta Subsección 31, se
está frente a una duda sobre la potencial afectación de derechos constitucionales
que desbordaría el juicio de los jueces naturales.

50. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho o un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o
económicos, se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y se justifica en la medida de una posible “afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Análisis de los defectos

51. El fallo demandado: En la sentencia del 31 de mayo de 2024, el Juzgado
Primero (1.°) Administrativo de San José del Guaviare negó las pretensiones de la
demanda, pues consideró que no obraban pruebas suficientes para acreditar la
dependencia económica. Esta autoridad judicial estimó que no existía certeza de la
fuente de ingresos de la señora, los montos que le suministraba su hijo o de que
esas ayudas fueran vitales para su supervivencia.

29 El juez conoce el derecho.
30 Corte Constitucional, Sentencia Su-471 de 2023.
31 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03 15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.

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52. En sentido similar falló el Tribunal Administrativo del Meta. De acuerdo con este,
las pruebas obrantes no daban cuenta de la dependencia económica. Afirmó que,
si bien se acreditaba que el señor Ángel Ferney Marín Calderón ayudaba a su madre
con algunos gastos, nada probaba que esta ayuda no fuera la solidaridad propia de
los hijos con respecto a los padres. De igual modo, sostuvo que estaba probado que
la señora tenía más hijos que tenían trabajos formales, los cuales podían ayudarla
con sus gastos. Por lo anterior, concluyó que no quedaba probado que la señora
dependiera de su hijo para proveerse su subsistencia.

53. La Sala encuentra que los siguientes elementos obran en el expediente
ordinario. En primer lugar, se encuentra el testimonio de Eduin Andrés Mona
recaudado en audiencia del 21 de noviembre de 2023. En este, se realizaron, entre
otras, las siguientes preguntas:

“Sabe usted como el señor Ángel Ferney Marín Calderón le ayudaba
a la señora Olga Mery Marín Calderón. Contestó: Por lo que sé él le
ayudaba con lo de los servicios y el arriendo de la casa”32

“El despacho nuevamente interroga al testigo, sabe usted a qué se
dedicaba la señora Olga Mery Marín Calderón y como consigue ella
el sustento de su hogar. Contestó: Hasta donde sé ella hacia aseos,
lavaba ropa”33

54. También obra el testimonio del señor Helber Alirio Méndez. En este caso, al
señor se le realizó, entre otras, la siguiente pregunta:

“Apoderado del Ejército Nacional: ¿Sabe usted si al momento del
fallecimiento del señor Ángel Ferney Marín Calderón la señora vivía
en casa propia, o en arriendo? Contestó: Ella vivía en arriendo y ella
trabajaba en restaurantes”34

55. Defecto fáctico: La Sala considera que la autoridad judicial accionada incurrió
en el yerro probatorio mencionado35, en su dimensión negativa, porque el Tribunal
Administrativo del Meta realizó una valoración probatoria incompleta y formalista del
material obrante en el expediente, sin analizar integralmente la situación de
vulnerabilidad de la accionante.

56. En este asunto, los testimonios recaudados constituían indicios relevantes
sobre la posible dependencia económica de la señora Olga Mery Marín Calderón
respecto de su hijo Ángel Ferney Marín Calderón. En efecto, de esas declaraciones

32 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-01797-00, archivo “20. SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA”, pág. 21.
33 Ibid.
34 Ibid. pág. 22.
35 Sobre el defecto alegado debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha admitido
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando el fallo cuestionado
demuestra una indebida y contraevidente valoración probatoria, una falta de análisis de pruebas que
obran en el expediente, un estudio de pruebas nulas de pleno derecho, una omisión en el deber
probatorio oficioso por parte de la autoridad judicial o el desconocimiento de reglas probatorias. Ver,
por ejemplo, las sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017, SU-129 de 2021 y T-107 de 2023.

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

se desprendía que la accionante no contaba con un empleo formal, realizaba
actividades económicas esporádicas —como trabajos en restaurantes, aseo o
lavado de ropa—, vivía en arriendo y recibía apoyo de su hijo para sufragar gastos
básicos. Tales elementos no permitían descartar, sin un análisis más riguroso y
contextual, que la ayuda suministrada por el causante fuera significativa para
garantizar su subsistencia. Por el contrario, exigían una valoración integral de su
realidad material, especialmente porque se trataba de una mujer de escasos
recursos, con baja escolaridad, problemas de salud y en situación de especial
vulnerabilidad.

57. No obstante, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones, al concluir que la accionante percibía
otros ingresos y que tenía otros hijos con trabajo formal que probablemente también
podían ayudarla económicamente. Para la Sala, esa inferencia resultó insuficiente
y desproporcionada, pues el hecho de que la actora realizara oficios ocasionales o
recibiera eventualmente apoyo de otros familiares no excluía, por sí mismo, la
dependencia económica respecto del causante. La dependencia exigida para
acceder a la pensión de sobrevivientes no es absoluta, total ni exclusiva, de modo
que el juez debía establecer si los aportes de Ángel Ferney Marín Calderón eran
regulares, relevantes y necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas
de su madre.

58. La valoración del Tribunal tampoco incorporó un enfoque de género. Como se
indicó previamente, dicho método de análisis impone analizar las pruebas a partir
de una comprensión sistemática de la realidad social y económica de las mujeres,
especialmente cuando se encuentran en condiciones de pobreza, informalidad
laboral, baja escolaridad, enfermedad o desplazamiento. Desde esa perspectiva,
una mujer que paga arriendo, no cuenta con empleo formal y obtiene ingresos
únicamente mediante oficios esporádicos puede depender materialmente de redes
familiares de apoyo para asegurar su mínimo vital. Por ello, la actividad probatoria
no podía limitarse a constatar que la accionante realizaba algunas labores
informales o que tenía otros hijos, sino que debía examinar si, en concreto, los
aportes del causante tenían incidencia real en su subsistencia digna.

59. En ese contexto, el Tribunal debió flexibilizar el análisis probatorio y desplegar
sus facultades oficiosas para esclarecer la verdadera situación económica de la
accionante, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional36 al momento de
estudiar asuntos con similar contexto fáctico. Si bien el artículo 103 del CPACA
establece que corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de sus
pretensiones, el proceso contencioso administrativo se rige por un sistema mixto en
materia probatoria, en el cual el juez no cumple un papel meramente pasivo. En
efecto, el artículo 213 del CPACA autoriza el decreto de pruebas de oficio, incluso
mediante auto de mejor proveer cuando el proceso se encuentra para sentencia,
con el propósito de aclarar puntos oscuros o difusos del debate y contar con los
elementos necesarios para adoptar una decisión fundada en la verdad material 37.
En ese sentido, las pruebas de oficio proceden:

36 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
37 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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● En el curso de la audiencia inicial de la primera instancia cuando son pedidas
por las partes. “Es decir que, si no han solicitado pruebas, el juez no está
facultado para decretarlas de oficio”38.
● En el trámite de la segunda instancia cuando sean procedentes las pruebas
pedidas por las partes, por las causales previstas en la ley.
● A través de auto de mejor proveer, en el evento en el que ya las etapas
procesales probatorias para la postulación de pruebas hayan sido superadas.
Esto, con la finalidad de aclarar aspectos confusos del debate.

60. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional39 también ha señalado
que si bien el C.P.A.C.A adoptó un sistema que impone la carga de la prueba a las
partes, dicho principio no es de carácter absoluto porque el operador judicial tiene
la facultad de imprimir dinamismo al debate probatorio y decretar pruebas de oficio
con el fin de obtener la verdad y “contar con los elementos de convicción necesarios
para resolver de fondo la controversia”.

61. Específicamente, en la Sentencia T-167 de 2022, la Corte Constitucional
consideró un caso similar al de la referencia, en el cual el Tribunal Administrativo
del Meta dispuso revocar la decisión del a quo que había reconocido la pensión de
sobrevivientes a la hermana del causante en condición de discapacidad. Frente a
esta decisión, se presentó tutela contra providencia judicial. En dicho caso, esa
Corporación encontró configurado el defecto fáctico con fundamento, entre otras
razones, en que la autoridad judicial “(…) no decretó pruebas de oficio que podían
garantizar que, ante la duda, prevaleciera la justicia material”40

62. En consecuencia, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Meta
incurrió en defecto fáctico al valorar de manera insuficiente los testimonios y
documentos relacionados con la dependencia económica de la señora Olga Mery
Marín Calderón, y al omitir el decreto de pruebas de oficio dirigidas a esclarecer su
situación real de subsistencia. En particular, el expediente permitía identificar otras
personas cercanas a la accionante que podían aportar información relevante sobre
su dependencia o independencia económica. Así, por ejemplo, los testigos
coincidieron en señalar que la actora tenía otros hijos, pero estos no fueron
requeridos para rendir declaración ni se indagó de manera suficiente sobre la
regularidad, suficiencia y destinación de los apoyos económicos recibidos. Esa
omisión impidió establecer con certeza si los aportes del causante eran necesarios
para cubrir gastos como arriendo, servicios públicos, alimentación y demás
necesidades básicas.

63. Por tanto, el defecto fáctico se configura no solo por la indebida valoración del
material probatorio existente, sino también por la falta de actividad probatoria
oficiosa en un caso que exigía un examen reforzado de la realidad material de la
accionante. El Tribunal adoptó una conclusión adversa a sus intereses sin valorar
integralmente su contexto de pobreza, informalidad laboral, enfermedad, baja

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Corte Constitucional, Sentencia T-167 de 2022.

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escolaridad, desplazamiento y especial vulnerabilidad, y sin agotar las herramientas
procesales disponibles para esclarecer los puntos oscuros del debate. Con ello,
sacrificó la prevalencia del derecho sustancial y afectó el acceso efectivo a la
seguridad social.

64. Defecto de desconocimiento del precedente: La Sala advierte que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional41. Sin embargo, este defecto no se configura porque el
Tribunal Administrativo del Meta hubiera omitido toda referencia a la jurisprudencia
constitucional aplicable, sino porque la aplicó de manera apenas aparente. En
efecto, aunque la autoridad judicial citó decisiones de la Corte Constitucional sobre
el requisito de dependencia económica en materia de pensión de sobrevivientes, su
análisis del caso concreto no incorporó materialmente la regla según la cual dicha
dependencia no debe ser total, absoluta ni exclusiva.

65. La regla jurisprudencial relevante, derivada de las sentencias T-165 de 2024, T-
167 de 2022, T-328 de 2017 y T-064 de 2022, exigía al Tribunal verificar si el aporte
económico de Ángel Ferney Marín Calderón era real, regular o relevante para la
subsistencia digna de su madre, y no si constituía su única fuente de sostenimiento.
Bajo ese estándar, la existencia de trabajos ocasionales, ingresos precarios o
posibles apoyos de otros familiares no descartaba automáticamente la dependencia
económica, sino que imponía analizar si tales recursos eran suficientes, estables y
efectivos para garantizar el mínimo vital de la accionante.

66. Ese modo de razonar evidencia una aplicación apenas aparente del precedente.
Las reglas derivadas de las sentencias T-165 de 2024 y T-167 de 2022 exigían
verificar si la ayuda brindada por Ángel Ferney Marín Calderón era necesaria o
relevante para la subsistencia digna de su madre, no si constituía su única fuente
de sostenimiento. Sin embargo, el Tribunal desplazó el eje del análisis hacia la
existencia de cualquier ingreso alternativo o apoyo familiar potencial, como si ello
bastara para excluir la dependencia económica. Con ello, convirtió factores que
debían ser evaluados de manera contextual —trabajos informales, apoyos
ocasionales de terceros o ausencia de comprobantes exactos— en razones
concluyentes para negar el derecho, sin indagar si esos recursos eran suficientes,
estables y efectivos para garantizar el mínimo vital de la accionante.

67. La falta de aplicación material del precedente también se evidencia en que el
Tribunal no diferenció entre autosuficiencia económica y simple realización de
actividades informales de subsistencia. Conforme a la regla reiterada por la Corte
Constitucional, una persona puede generar ingresos precarios o recibir ayudas
complementarias y, aun así, depender económicamente del causante cuando la
pérdida de ese aporte afecta la satisfacción de sus necesidades básicas. Pese a
ello, la sentencia cuestionada trató los oficios esporádicos de la accionante como

41 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024 y SU-304 de 2024. Este yerro se configura
cuando el juez natural se aparta de manera injustificada de una providencia judicial que cumple las
condiciones para calificarse como precedente. Una sentencia previa constituye un precedente
vinculante y aplicable al caso concreto cuando: (i) la razón de su decisión contiene una regla
aplicable a la situación por resolver; (ii) el problema jurídico que allí se resolvió sea semejante al que
ahora corresponde decidir; y (iii) los hechos de ambos casos sean equiparables.

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una señal de independencia económica, sin valorar que dichos trabajos podían ser
irregulares, insuficientes y propios de una estrategia mínima de supervivencia. De
esa manera, el Tribunal aplicó un estándar incompatible con la ratio constitucional,
pues sustituyó el examen de suficiencia material por una constatación formal de
existencia de otros ingresos.

68. Igualmente, el Tribunal omitió proyectar el precedente sobre las condiciones
concretas de vulnerabilidad de la actora. La Sentencia T-328 de 2017 permite
precisar que la vulnerabilidad del solicitante no reemplaza automáticamente la
prueba de la dependencia económica, pero sí exige que el juez la conecte con los
elementos probatorios que dan cuenta de la ayuda suministrada por el causante.
En este asunto, las circunstancias de pobreza, enfermedad, baja escolaridad,
desplazamiento, informalidad laboral y pago de arriendo debían ser examinadas
junto con los testimonios que señalaban que el hijo contribuía a cubrir gastos como
servicios públicos, alimentación y vivienda. Al no realizar esa conexión, la
providencia desconoció el sentido práctico de la regla jurisprudencial: determinar si,
en las condiciones reales de la beneficiaria, el aporte perdido era necesario para
sostener una vida digna.

69. Finalmente, la Sentencia T-064 de 2022 resultaba relevante porque abordó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la madre de un soldado conscripto
fallecido en actividad y destacó la aplicación del régimen general por favorabilidad
cuando este resulte más protector. En el caso analizado, aunque el Tribunal aceptó
la aplicación de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad y reconoció que el causante
cumplía el requisito de semanas cotizadas, negó la prestación con una lectura
restrictiva del requisito de dependencia económica. Así, pese a la existencia de una
línea jurisprudencial clara, la decisión cuestionada vació de contenido sus reglas al
aplicar un estándar de dependencia absoluta, prueba estricta y autosuficiencia
formal, contrario al mandato constitucional de valorar la dependencia económica de
manera flexible, contextual y orientada a la garantía efectiva del mínimo vital y de la
seguridad social.

70. Así las cosas, esta Sala amparará los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y debido proceso de la señora Olga Mery Marín Calderon,
dejará sin efectos la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, y ordenará a esa autoridad que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de este proveído, profiera una nueva decisión en la
que tenga en cuenta las razones contenidas en esta sentencia de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01797-01
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la tutela
solicitada. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de la señora Olga Mery Marín Calderón,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de diciembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y, en consecuencia, ORDENAR a
esa autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que: i) valore de manera
integral los testimonios, documentos y demás elementos probatorios relacionados
con la dependencia económica de la señora Olga Mery Marín Calderón respecto de
su hijo Ángel Ferney Marín Calderón; ii) examine dicha valoración a partir de las
condiciones materiales de vulnerabilidad de la accionante y con enfoque de género;
iii) aplique las reglas del precedente constitucional establecido en las Sentencias T-
165 de 2024, T-167 de 2022, T-064 de 2022 y T-328 de 2017; y iv) de ser necesario,
ejerza sus facultades probatorias oficiosas, en los términos del artículo 213 del
CPACA, para esclarecer los puntos oscuros o difusos del debate sobre la
dependencia o independencia económica de la accionante.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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