Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01797-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01797-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01797-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Trece (13) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01797-001
Accionante : Olga Mery Marín Calderón
Accionados : Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro2
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento de pensión de
sobrevivientes en beneficio de madre de soldado regular
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por la señora Olga Mery Marín Calderón en contra del Tribunal Administrativo del Meta y
el Juzgado Primero (1°) Administrativo de San José del Guaviare, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad, mínimo vital, seguridad social, y los principios de seguridad jurídica,
buena fe, confianza legítima y pro homine.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. La señora Olga Mery Marín Calderón, por medio de apoderado judicial, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo
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Expediente digital disponible en SAMAI.
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Juzgado Primero (1°) Administrativo de San José del Guaviare.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
vital y seguridad social, y de los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza
legítima y pro homine, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta
y el Juzgado Primero (1°) Administrativo de San José del Guaviare.
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] 2- […] se ordene a la tutelada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
presente fallo de tutela, dispongan lo pertinente como es ordenar al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, que mediante sentencia de fecha 31
mayo de 2024, dentro del radicado 50001333300320220001200 el cual fue confirmado por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, mediante sentencia de fecha 11 de diciembre de
2025, se revoque, anule o dejen sin efectos jurídicos, las sentencia[s] antes relacionadas,
ordenando anular la resolución No 7123 de 20 septiembre de 2021, [d]onde la coordinadora
de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa negó el reconocimiento de pensión a la
accionante OLGA MERY MARIN CALDERON por ser contrarias a derecho y la jurisprudencia,
ordenando revocar el fallo y fin se emita otro fallo, respetando los presupuestos de la ley 100
de 1993, la jurisprudencia SENTENCIAS C-111 DE 2006 T 165/2024, T 328 /2017 como
persona de especial protección Constitucional, por ser la accionante v[í]ctima de
desplazamiento y desaparición forzada.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la parte
accionante, se puede evidenciar que, el 1º de agosto de 2019, el señor Ángel Ferney
Marín Calderón fue vinculado al Ejército Nacional como soldado regular. Era hijo de la
señora Olga Mery Marín Calderón.
6. El 15 de octubre de 2020, el soldado falleció. Para el momento, se encontraba
desempeñando sus funciones en el Batallón de Infantería Joaquín París No. 19 de San
José del Guaviare. El suceso fue investigado y se catalogó como de «simple actividad»,
en los términos del artículo 8° del Decreto 2728 de 1968. La accionante señaló que su
hijo completó entonces un tiempo de servicio de 1 año, 2 meses y 14 días, cifra que
superaba ampliamente el requisito mínimo de cincuenta semanas de cotización exigido
por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente.
7. A través de la Resolución No. 291693 del 3 de marzo de 2021, le fue reconocido a la
señora Olga Mery Marín Calderón, un pago por parte del Ejército Nacional, por concepto
de «compensación por muerte».
8. El 23 de noviembre de 2020, la madre solicitó, ante el Grupo de Prestaciones Sociales
del Ministerio de Defensa Nacional, el trámite del reconocimiento de la pensión de
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
sobrevivientes en su favor, como madre del fallecido soldado que era soltero y no tenía
hijos. Sin embargo, tal petición fue negada por el Ministerio, mediante Resolución No.
7123 del 20 de septiembre de 2021.
9. La señora Olga Mery Marín Calderón interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la que solicitó que se
declarara la nulidad de la Resolución No. 7123 de 2021 y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenara a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional reconocer, liquidar y pagar la pensión de sobrevivientes, de conformidad con
la Ley 100 de 1993.
10. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Primero
(1°) Administrativo de San José del Guaviare (proceso con radicado No. 50001-33-33-
003-2022-00012-00), que, mediante sentencia del 31 de mayo de 2024, negó las
pretensiones de la demanda. La autoridad judicial concluyó que resultaba aplicable lo
previsto en el régimen general de pensiones del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, tras
la modificación introducida por la Ley 797 de 2003 que reconoció la pensión de
sobreviviente a favor de los beneficiarios del artículo 47 de la Ley 100. Sin embargo, al
entrar a verificar si la demandante cumplía con los requisitos para el reconocimiento de
la pensión, encontró que, no se probó la dependencia económica respecto del causante.
11. El Juzgado concluyó que:
[…] se recibió el testimonio de los señores Eduin Andrés Mona y Helber Alirio Méndez, con
el propósito de demostrar entre otros aspectos, la dependencia económica de la
demandante con respecto al fallecido Soldado Regular Ángel Ferney Marín Calderón. Sin
embargo, tras un análisis detallado de estos testimonios, no se ha logrado comprobar dicho
requisito, el cual es fundamental para acceder a la pensión de sobrevivientes.
Este hecho se debe a que las declaraciones recibidas no ofrecen certeza sobre si el fallecido
Ángel Ferney Marín Calderón, era una fuente de ingresos para su familia, en razón a que
únicamente se logró apreciar en el testimonio del señor Eduin Andres Mona, que el extinto
ángel Ferney ayudaba a su progenitora. Aunado a que no se proporcionaron detalles sobre
los montos suministrados, ni se puede deducir que esta ayuda fuera vital para la
supervivencia de la señora Olga Mery Marín Calderón.
Por lo tanto, la evidencia presentada no es suficiente para establecer la dependencia
económica de la demandante, máxime cuando no es posible determinar si el fallecido Ángel
Ferney Marín Calderón en su condición de hijo menor de la demandante, contribuía
económicamente de manera regular para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Así las cosas, al no evidenciarse dentro del presente asunto la dependencia económica de
la señora Olga Mery Marín Calderón respecto al SL Ángel Ferney Marín Calderón (QEPD)
en el momento de su fallecimiento, tampoco se pueden inferir tales dependencias,
especialmente cuando la demandante no demostró alguna condición física o mental
especial que justifique una protección especial por parte de este juzgador.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
12. En desacuerdo con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación,
mediante el que manifestó que el fallo era contrario a la sentencia C-111 de 2006, en la
que la Corte Constitucional descartó la posibilidad de exigir a los padres del causante la
demostración de una dependencia económica total y absoluta hacia él, prevista en el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Así mismo, adujo que se desconoció la sentencia SU-
471 de 2023, que señaló que las pruebas de dependencia económica deben valorarse
de manera conjunta.
13. En sentencia de segunda instancia del 11 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, confirmó la decisión del a quo. Para
ello, se apoyó en la sentencia de unificación del Consejo de Estado 4 que fijó las reglas
sobre el beneficio de la pensión de sobrevivientes en el régimen de la Ley 100 de 1993,
en atención al principio de favorabilidad para el caso de personas vinculadas a las
Fuerzas Militares que fallezcan en actividad con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993.
14. Reiteró que la señora Marín Calderón ostenta la calidad de beneficiaria, por cumplir
con el lleno de los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Agregó que, el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
estableció que, en caso de que los beneficiarios sean los padres, se requiere probar la
dependencia económica para acceder a la pensión de sobreviviente. En aplicación de
este marco normativo, el Tribunal concluyó que:
[…] las pruebas practicadas no fueron concluyentes para demostrar la dependencia
económica de la accionante al momento de la muerte de su hijo pues, si bien uno de los
testigos manifestó que el causante entregaba ocasionalmente alguna ayuda económica a
su madre, dicha ayuda económica podría considerarse como aquellas que realizan los hijos
respecto de sus padres, sin que pueda entenderse como un factor para definir la
dependencia económica, ya que no se encuentra prueba de que las mismas fueran para
garantizar sus condiciones mínimas existenciales verificable a la fecha de fallecimiento del
militar. […]
De igual forma, de las declaraciones practicadas, no se pudo observar la situación
económica precaria de la demandante ni el nexo entre el fallecimiento del causante y la
imposibilidad de que esta pudiera cubrir sus necesidades básicas, como tampoco se advirtió
o se indicó con claridad algún elemento probatorio que permita concluir que la señora Olga
Mery Marín Calderón no cuenta con recursos propios para garantizar autónomamente su
sostenimiento. […]
Ahora, si bien la Corte Constitucional y el Consejo de Estado indicaron que la dependencia
económica de los padres respecto de su hijo fallecido no debía ser absoluta, sí debe
acreditarse la exclusividad y subordinación económica, esto es, que la accionante
necesitara de la protección del causante para su adecuada subsistencia y mantener su
mínimo existencial en condiciones dignas.
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CE-SUJ-SII-010-2018.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
15. La accionante manifestó en su escrito de tutela que las providencias atacadas
incurrieron en defecto sustantivo, defecto procedimental y desconocimiento del
precedente. Primero, el defecto sustantivo radicaría en que los jueces naturales fallaron
con base en normas inexistentes o inconstitucionales, tales como el requisito de
demostrar la dependencia económica total y absoluta (artículo 13 de la Ley 797 de 2003
declarado inexequible por la sentencia C-111 de 2006), pese a que, el fallecido ayudaba
a su madre con el pago del arriendo y esta es desplazada por la violencia y víctima de
desaparición forzada, situación que acredita su dependencia.
16. Las providencias adolecen, en su concepto, de defecto procedimental porque «no se
respetó los presupuestos de la ley 100 de 1993, la jurisprudencia SENTENCIAS C -111 de 2006
T165/2024, T 328/2017 como persona de especial protección Constitucional» y así le impusieron
una carga probatoria excesiva y formalista . En cuanto al desconocimiento del
precedente judicial, este se refiere al sentado por la Corte Constitucional en sentencia
C-111 de 2006 que declaró inexequible la expresión «de forma total y absoluta», y la
sentencia T-165 de 2024.
17. Para reforzar la necesidad de cumplir con ese precedente, la actora recalcó que es
sujeto de especial protección constitucional, al ser desplazada por la violencia, víctima
de desaparición forzada, registrada en el Sisbén en la categoría B1, con problemas de
salud y analfabeta. Debido a su situación de vulnerabilidad, desde el fallecimiento de
su hijo, no cuenta con recursos suficientes para su subsistencia en condiciones dignas.
II. TRÁMITE PROCESAL
18. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 11 de
marzo de 20265, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar
al Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Primero (1°) Administrativo de San José
del Guaviare, en tanto entidades accionadas; y (ii) dispuso vincular a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591
de 1991.
2.1. Contestación de la acción
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Expediente digital en SAMAI, índice 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
19. 2.1.1. El Juzgado Primero (1°) Administrativo de San José del Guaviare allegó6
copia electrónica del expediente ordinario, y manifestó7 que la intención de la parte actora
es acceder a una tercera instancia, pese a que las actuaciones de los jueces naturales
se rigieron por los mandatos legales y jurisprudenciales. Reiteró que en, el proceso
ordinario, no se aportaron pruebas que demostraran la colaboración prestada por el hijo
a su madre, indispensable para su subsistencia, o una condición de vulnerabilidad
económica o física que justificara la necesidad de una protección especial.
20. 2.1.2. La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de
Defensa8 adujo que, mediante la Resolución 7123 de 2021, resolvió la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes elevada por la señora Marín
Calderón, en el sentido de declarar que no había lugar a ello, de conformidad con el
artículo 34 del Decreto 4433 de 2004 (solo es posible en caso de muerte del soldado en
combate).
21. 2.1.3. El Tribunal Administrativo del Meta guardó silencio, pese a que fue debidamente
notificado del proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2. La acción
23. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
6
Expediente digital en SAMAI, índice 10.
7
Expediente digital en SAMAI, índice 11, archivo 13.
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Expediente digital en SAMAI, índices 12 y 13.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema jurídico
24. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que puedan comportar las sentencias del
31 de mayo de 2024 y el 11 de diciembre de 2025, proferidos por el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, Sala
Cuarta de Decisión, por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la señora Olga Mery Marín Calderón (expediente 50001-33-33-003-
2022-00012-00/01); y, en caso afirmativo, si se vulneraron las garantías superiores al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y seguridad
social.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
25. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional9 y de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado10, es posible acudir a la acción de
tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
26. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
9
Sentencia C-590 de 2005.
10
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
27. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
3.5. Cuestión previa.
28. Si bien la accionante se refiere a la configuración de los defectos tanto en la sentencia
del 31 de mayo de 2024 como en la del 11 de diciembre de 2025, esta Sala solo se
referirá a la del ad quem, por ser contentiva tanto de los argumentos del Tribunal
Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión como del Juzgado Primero (1°)
Administrativo de San José del Guaviare que sirvieron de fundamento para concluir que
la demandante no cumplió con acreditar su dependencia económica frente al señor Ángel
Ferney Marín Calderón, para efectos de reconocerle la pensión de sobrevivientes.
3.6. Caso concreto
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
mínimo vital y seguridad social, y los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza
legítima y pro homine, ya que, la autoridad accionada habría incurrido en defecto
sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente judicial en el análisis del
requisito de la dependencia económica para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues
se trata de una sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la sentencia
atacada quedó ejecutoriada el 14 de enero de 202611 y la solicitud de amparo se radicó
el 4 de marzo de 2026, es decir, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado
no obedece a uno de tutela.
30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará los defectos
alegados bajo la causal de defecto sustantivo, ya que, se advierte que el desacuerdo de
la actora radica en que el Tribunal habría fundado su decisión en el requisito contenido
en una norma declarada inexequible, esto es, la dependencia económica frente a su hijo,
prevista en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, declarado inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-111 de 2006.
3.6.1. Defecto sustantivo
31. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
32. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
11
Visible en el expediente electrónico del proceso 50001-33-33-003-2022-00012-01 en SAMAI, índice 12, según el cual se notificó
electrónicamente el 16 de diciembre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada después de los dos (2) días siguientes,
esto es, el 18 de diciembre de 2025, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una
providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia
de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión
de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 13.
33. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia14, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se
aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo15 en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe16.
34. En el asunto sub examine, la actora estima que el Tribunal Administrativo del Meta
incurrió en defecto sustantivo cuando decidió que no tenía derecho al reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes en aplicación del requisito de dependencia económica total
y absoluta, pese a que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en el que estaba regulado,
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006. En
concepto de la actora, ese error se tradujo en una carga probatoria desproporcionada.
35. Al respecto, es necesario remitirse al análisis que hizo el Tribunal Administrativo del
Meta frente al requisito de dependencia económica:
[…] Sobre el asunto, se reitera que el análisis del caso se hará en consideración a la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del Consejo de Estado, que adoptó las reglas
jurisprudenciales sobre el beneficio de la pensión de sobrevivientes en el régimen de la Ley
100 de 1993, en atención al principio de favorabilidad para el caso de los beneficiarios de
las personas vinculadas a las Fuerzas Militares en cumplimiento de la obligación
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi
de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
15
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-
1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo
Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de
2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
16
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y
C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01797-00
Accionante: Olga Mery Marín Calderón
Accionados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Cuarta de Decisión, y otro
constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
Señalado lo anterior, la sala analizará si la demandante tiene o no derecho a la pensión
reclamada, conforme al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio
de favorabilidad. […]
Ahora, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, dispuso que, en el caso de que los beneficiarios sean los padres, se requiere probar
la dependencia económica para acceder a la pensión de sobreviviente.
Respecto a este requisito, la Corte Constitucional consideró que, para acreditar la
dependencia económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos
-propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o
indigencia- sino que, basta con demostrar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial
que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de
manera digna.
En ese sentido, la corte expuso que la dependencia económica se entiende como la falta de
condiciones materiales que les permitan a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes,
suministrarse para sí mismos su propia subsistencia. Por ende, la dependencia económica
supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de
parte del causante, de manera que este sea imprescindible para asegurar la subsistencia
de los padres. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta, sino que
admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario.
Por su parte, el Consejo de Estado estableció que la dependencia económica, para efectos
de la pensión de sobrevivientes, no puede asumirse como la carencia de recursos
económicos, sino que debe ser examinada con los postulados constitucionales y legales
que orientan la seguridad social, como la protección especial a las personas que se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta, la protección integral de la familia, de
las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia
y solidaridad entre otros. Bajo ese sentido, el Consejo de Estado sostuvo que la
dependencia económica se refiere a una situación de subordinación en la que se halla una
persona respecto de otra en relación con su modo de vivir.
Dicho lo anterior, la sala observa que, en la audiencia de pruebas del 21 de noviembre de
2023, el juzgado practicó el testimonio del señor Eduin Andrés Mona, quien, en síntesis,
declaró lo siguiente: […]
Con lo anterior, la sala observa que los testimonios practicados coinciden en afirmar que la
demandante tuvo 6 hijos, siendo el señor Ángel Ferney Marín Calderón el quinto y que este
vivía con ella al momento de ingresar al Ejército a prestar su servicio militar; además,
afirmaron que la señora Olga Mery trabajaba en un restaurante y que el señor Ángel Ferney
Marín Calderón contribuía con el mantenimiento del hogar.
No obstante, las declaraciones no son claras respecto a los aportes económicos que el
señor Marín Calderón contribuía para el mantenimiento del hogar o la clase de ayuda que
le brindaba a su mamá.
En ese sentido, la sala considera que las pruebas practicadas no fueron concluyentes para
demostrar la dependencia económica de la accionante al momento de la muerte de su hijo
pues, si bien uno de los testigos manifestó que el causante entregaba ocasionalmente
alguna ayuda económica a su madre, dicha ayuda económica podría considerarse como
aquellas que realizan los hijos respecto de sus padres, sin que pueda entenderse como un
factor para definir la dependencia económica, ya que no se encuentra prueba de que las
mismas fueran para garantizar sus condiciones mínimas existenciales verificable a la fecha
de fallecimiento del militar.
Por ende, para la sala, la manifestación de uno de los testigos sobre la ayuda económica
del causante a la demandante no da suficiente claridad a la situación de dependencia, pues
en la declaración no hubo una explicación clara y concreta, por ejemplo, del monto del aporte
económico mensual o periódico que recibía de su hijo, la forma en que lo recibía (efectivo o
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por consignación), o cómo era dispuesto aquel apoyo para cubrir sus necesidades en su
diario vivir.
De igual forma, de las declaraciones practicadas, no se pudo observar la situación
económica precaria de la demandante ni el nexo entre el fallecimiento del causante y la
imposibilidad de que esta pudiera cubrir sus necesidades básicas, como tampoco se advirtió
o se indicó con claridad algún elemento probatorio que permita concluir que la señora Olga
Mery Marín Calderón no cuenta con recursos propios para garantizar autónomamente su
sostenimiento. Contrario, los testigos manifestaron que la demandante laboraba en algunas
ocasiones en un restaurante y otras veces prestando servicios de limpieza en hogares, lo
cual demuestra su capacidad para laborar y que podía subsistir por sí misma, como también
se demostró que cuenta con dos hijos mayores que, al momento del fallecimiento del
causante, laboraban como vigilantes en la ciudad de Villavicencio, los cuales, pudieron
apoyarla económicamente.
Ahora, si bien la Corte Constitucional y el Consejo de Estado indicaron que la dependencia
económica de los padres respecto de su hijo fallecido no debía ser absoluta, sí debe
acreditarse la exclusividad y subordinación económica, esto es, que la accionante
necesitara de la protección del causante para su adecuada subsistencia y mantener su
mínimo existencial en condiciones dignas.
36. Para determinar si le asiste razón a la accionante, es necesario referirse a los
requisitos aplicados por el Tribunal. Ángel Ferney Marín Calderón falleció el 15 de
octubre de 2020, cuando se encontraba «en simple actividad», en los términos del artículo
8° del Decreto 2728 de 1968. Bajo ese régimen especial, desarrollado por el artículo 34
del Decreto 4433 de 2004, únicamente procedía el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes cuando el miembro de la Fuerza Pública fallecía en combate.
37. Por esa razón, en virtud del principio de favorabilidad, tanto el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de San José del Guaviare como el Tribunal Administrativo del Meta
aplicaron el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, conforme a
las reglas fijadas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018. Ese precedente
estableció que, tratándose de personas vinculadas a las Fuerzas Militares en
cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan
simplemente en actividad con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, resulta
procedente la aplicación del régimen general de pensiones cuando sea más favorable
que el régimen especial.
38. Dentro de ese marco, el Tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos previstos
en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de
la Ley 797 de 2003, y encontró que no se había acreditado el requisito referente a la
dependencia económica respecto del causante. En efecto, el Tribunal, tras valorar el
acervo probatorio recaudado, en particular los testimonios de los señores Eduin Andrés
Mona y Helber Alirio Méndez, concluyó que las pruebas del expediente no permitían
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acreditar la dependencia económica al momento del fallecimiento del causante porque,
si bien uno de los testigos manifestó que el soldado le entregaba ocasionalmente alguna
ayuda económica a su madre, dicha contribución podía considerarse como una
colaboración propia de la relación filial, sin que de ella pudiera inferirse la dependencia
económica. Además, la actora no demostró que tales aportes fueran indispensables para
garantizar su subsistencia en condiciones dignas.
39. Ahora bien, frente al requisito de la dependencia económica, la Corte Constitucional,
en sentencia C-111 de 2006, estudió la demanda de inexequibilidad presentada contra
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
que exigía a los padres del causante la dependencia «de forma total y absoluta». En esa
ocasión, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión en comento, al considerar
que vulneraba el deber de solidaridad frente a los padres y la protección de su mínimo
vital. Señaló que la exigencia de dependencia absoluta no tiene en cuenta que los
recursos que reciben los padres pueden ser insuficientes para asegurar su vida en
condiciones dignas.
40. La Corte indicó que la expresión también vulneraba el principio de protección integral
de la familia «al someter a los padres a una situación de abandono, miseria e indigencia para poder
reclamar en condición de beneficiarios la pensión de sobrevivientes de sus hijos, pues se ignora que por
razón de su avanzada edad y muchas veces por la imposibilidad de conseguir un trabajo, la única fuente
que asegura su mínimo existencial es la citada pensión».
41. Por consiguiente, dispuso que los jueces deben, en cada caso concreto, determinar
si los padres son o no autosuficientes económicamente, a partir de la valoración «del
conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en
particular». Para ello, la sentencia en comento fijó las siguientes reglas que establecen la
dependencia económica:
[…] 1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder
a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario
esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes.
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6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.
42. Así, no se eliminó el requisito de la dependencia económica, sino que se suprimió el
carácter de «total y absoluta» que la norma le atribuía. En otros términos, la dependencia
económica sigue siendo un presupuesto exigible para que los padres del afiliado o
pensionado fallecido puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, pero dicha
dependencia no puede exigirse en grado absoluto ni total.
43. Por su parte, esta Subsección, en sentencia del 25 de septiembre de 202517, reiteró
que la dependencia económica no puede entenderse desde la óptica de la carencia de
recursos económicos, sino de la falta de condiciones materiales mínimas para la
subsistencia, con especial atención en «quienes son sujetos de protección especial por su
condición económica, física o mental, y por las circunstancias de debilidad manifiesta».
44. Teniendo en cuenta lo anterior, debe concluirse que la sentencia del 11 de diciembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, no adolece de un defecto
sustantivo, por cuanto adoptó una interpretación constitucionalmente válida del
requisito de dependencia económica. No es cierto, como lo manifiesta la actora, que la
accionada haya exigido acreditar un estado de carencia absoluta, sino que, por el
contrario, halló elementos -como la capacidad de la demandante para tener un empleo,
o la existencia de hijos mayores que, para el momento del fallecimiento del causante,
laboraban como vigilantes y pudieron apoyarla económicamente- que le permitieron
inferir que no existía una relación de subordinación y exclusividad económica. Por el
contrario, solo quedaron demostrados actos ocasionales de solidaridad, propios de una
relación filial.
45. Tampoco había lugar a que el Tribunal estudiara la supuesta condición de víctima
de desaparición forzada o de desplazada por la violencia, pues tales circunstancias no
fueron alegadas sino hasta el escrito de tutela. La Sala no encuentra que la actora
hubiera puesto de presente tal situación en el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión de primera instancia. De manera que se advierte que la verdadera intención de
la actora es abrir una nueva instancia para aportar nuevos elementos que le permitan
acreditar el cumplimiento del requisito de dependencia económica que los jueces de
instancia dieron por no probado, en un debate que ya fue zanjado.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de septiembre de
2025, Rad. 76001-23-33-000-2016-00914-01, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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46. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
III. DECISIÓN
47. Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción de
tutela de la referencia, la actora no demostró que las providencias del 31 de mayo de
2024 y el 11 de diciembre de 2025, proferidas por el Juzgado Primero (1°) Administrativo
de San José del Guaviare y el Tribunal Administrativo del Meta, adolezcan de los defectos
sustantivo, procedimental o por desconocimiento del precedente judicial, es menester
negar el amparo solicitado.
48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y seguridad social, invocados por la
señora Olga Mery Marín Calderón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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