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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01979-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01979-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Ana Mercedes Esquivel Cavadia, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si esta providencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01979-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01979-00
Demandante: ANA MERCEDES ESQUIVEL CAVADIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA OCTAVA
DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ana Mercedes Esquivel Cavadia, a través de apoderada judicial1, instauró
acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, a efectos de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso efectivo a la administración de justicia, a
la tutela judicial efectiva, y la aplicación del principio de favorabilidad.

Dichas garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de la sentencia proferida el
12 de noviembre de 2025, que confirmó el fallo dictado el 31 de marzo de 2025 por
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-
33-33-023-2024-00236-00/01, en el que se negaron las pretensiones de la demanda
y en el que pretendía obtener el reconocimiento y pago de la diferencia salarial
existente entre los grados de escalafón docente 2A y 3AM.

1 Poder otorgado a la abogada Diana Carolina Álzate Quintero, para promover la presente acción, el

cual fue conferido mediante mensaje de datos - índice 02 de Samai.
2 La cual fue radicada el 10 de marzo de 2026 con secuencia: 2971 – índice 03 del aplicativo Samai.

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Demandante: Ana Mercedes Esquivel Cavadia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01797-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera
concreta la situación particular del (la) docente ANA MERCEDES ESQUIVEL
CAVADIA a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los
hechos debidamente probados en el debate jurídico.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Ana Mercedes Esquivel Cavadia ostenta la calidad de docente oficial en
la categoría 2A del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de
2002.

Señaló que mediante los Decretos Nacionales 1313 de 2005, 596 de 2006 (5%) y
634 de 2007 (4.5%) el Gobierno Nacional dispuso un incremento salarial igualitario
en monto para todos los docentes, sin importar la escala y/o nivel salarial.

Sostuvo que, para el año 2011 la categoría 3AM recibió un incremento acumulado
en su salario del 11,3%, mientras que la categoría 2A únicamente obtuvo un
incremento del 5,7%. Lo que refleja una diferencia negativa de 5.7 puntos
porcentuales.

En atención a lo anterior, la accionante elevó reclamación administrativa ante la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales e injustificados decretados para el año 2011, en los cuales se favoreció
a docentes de la categoría 3AM en detrimento de quienes, como ella, se
encontraban en el escalafón 2A.

Tanto la entidad territorial, como la cartera ministerial aludida resolvieron de manera
negativa la petición a través del Oficio 2024EE076507 del 8 de marzo de 2024, y
del acto ficto generado el 12 de mayo de 2024, respectivamente.

En consecuencia, la señora Esquivel Cavadia presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín en la que pidió: (i) la inaplicación por ilegalidad del Decreto
284 de 2024 que fijó la escala salarial del personal docente; (ii) el estudio de

3 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Demandante: Ana Mercedes Esquivel Cavadia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01797-00

legalidad de los actos administrativos aludidos y, (iii) el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales causadas desde el año 2011 hasta la ejecutoria de la
sentencia, junto con los intereses moratorios, la reliquidación e indexación de las
prestaciones sociales a que hubiera lugar.

La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2025,
negó las pretensiones.

Como fundamento, sostuvo que la vinculación de la demandante al servicio
educativo se dio en condición de provisionalidad y no mediante concurso de méritos,
razón por la cual no se encontraba inscrita en carrera docente ni gozaba de los
derechos propios de esta, como la inscripción en el escalafón, el ascenso o la
reubicación salarial, pues su vinculación obedecía a una necesidad temporal del
servicio educativo.

De otro lado, determinó que no existía diferencia salarial alguna entre los grados 2A
(con y sin especialización) y 3AM (con maestría) del Escalafón Docente, y luego de
analizar los Decretos 1367 y 2940 de 2010 y el Decreto 1027 de 2011, concluyó que
los incrementos salariales aplicados para el año 2011 fueron idénticos, con una
variación aproximada del 3.17%. Por ese motivo, precisó que el incremento
realizado a los escalafones 2A y 3AM para el año 2011 fue igualitaria, por lo que no
había lugar a reconocer ninguna suma de dinero. En este punto, puso de presente
que los porcentajes que fueron utilizados por la demandante se basaron en el
Decreto 1367 de 2010, norma, que fue derogada por el Decreto 2940 de esa misma
anualidad.

Dicha decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, mediante sentencia del 12 de
noviembre de 2025, en la que manifestó que, no existió un trato desigual ni un
incremento salarial desproporcionado entre los grados 2A y 3AM. Para llegar a esa
conclusión, tuvo en cuenta los porcentajes descritos en la demanda y concluyó que
el aumento real para ambos grados en 2011 fue uniforme del 3.17%,
correspondiente al IPC de 2010. De esta manera, contrario a lo sostenido por la
apelante, estimó que sí existía una justificación objetiva y razonable para las
diferencias en la asignación salarial, por cuanto las mismas obedecen al escalafón
del docente que se ve reflejado en el nivel de formación que tiene cada uno.

Conforme a las actuaciones registradas en el aplicativo Samai, la citada providencia
le fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 14 de noviembre de
20254, quedando ejecutoriada el 24 de noviembre de la misma anualidad5.

4 Índice 12 del expediente ordinario.
5 Índice 14 del expediente ordinario

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Demandante: Ana Mercedes Esquivel Cavadia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01797-00

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora indicó que, a través de la providencia acusada el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Octava de Decisión incurrió en los siguientes
defectos:

Sustantivo o material: al considerar que realizó una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley
4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002. En su criterio, la sentencia cuestionada
no ofrece una justificación clara y suficiente que explique por qué, pese a que la
demandante se encuentra en una categoría superior del escalafón docente, se le
reconoció un incremento salarial inferior al otorgado a un docente ubicado en un
nivel inferior.

Indicó que el tribunal se limitó a afirmar la legalidad del tratamiento salarial
diferenciado sin desarrollar una motivación suficiente que permita comprender de
qué manera dicha diferencia puede considerarse razonable y compatible con el
principio de igualdad material y con los criterios de equidad retributiva que rigen el
servicio público docente.

Añadió que la providencia tampoco expone de manera clara cómo la tesis sostenida
por la jurisprudencia vertical, según la cual los incrementos salariales pueden
atender a criterios de idoneidad, desempeño y competencias del personal docente,
justificaría los aumentos diferenciados aplicados en su caso. Ello, particularmente
cuando en el proceso se acreditó que la demandante pertenecía al grado 2A
superior al 3AM, categoría que recibió un incremento salarial mayor durante el año
2011.

Fáctico: por cuanto, según su juicio, existió una indebida valoración probatoria
frente al debate jurídico planteado, pues en criterio de la accionante no se allegó
prueba que soportara alguna razón válida para que la administración adoptara un
trato inequitativo entre los escalafones de docentes durante el año 2011.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 18 de marzo de 2026, la magistrada ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar en calidad de
accionados a los magistrados Angy Plata Álvarez, Luz Myriam Sánchez Arboleda y
Juan Gabriel Villamarín Martínez6, integrantes del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión7.

6 Índice 8 de Samai. Notificación realizada a los correos: aplataa@cendoj.ramajudicial.gov.co,
lsanchear@cendoj.ramajudicial.gov.co y jvillamam@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Índice 8 de Samai. Notificación realizada a los correos: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co

sgtadmin02qnd@notificacionesrj.gov.co
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Sala Octava de Decisión
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Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, al Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín8 «quien profirió la sentencia de
primera instancia dentro del proceso ordinario que se cuestiona», a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional9, y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín10 «quienes fungieron como extremo pasivo de la litis dentro
del trámite ordinario».

Por último, se reconoció personería a la abogada Diana Carolina Álzate Quintero,
para que representara los intereses de la parte actora dentro del presente asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín

El titular del referido despacho judicial solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Manifestó
que en el escrito de tutela no se evidencia una vulneración iusfundamental atribuible
a la sentencia cuestionada y que, en realidad, la parte actora pretende utilizar este
mecanismo excepcional como una instancia adicional del proceso ordinario, pues
los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en la tutela coinciden con los
planteados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

Expuso que la controversia bajo estudio es meramente económica, denotando la
falta de relevancia constitucional del asunto. En ese orden de ideas, sugirió que se
declare la improcedencia del amparo.

1.6.3. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Consideró que, en el asunto debatido no se configura ninguno de los defectos que
ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que proceda la
acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo que se torna improcedente.

Además consideró que, por parte de los falladores de primera y segunda instancia
no se incurrió en ninguna irregularidad, ni defecto que hubiere dado lugar a
vulneración a los derechos fundamentales invocados por la tutelante, máxime

8 Índice 8 de Samai. Notificación realizada a los correos : adm23med@cendoj.ramajudicial.gov.co,
jadmin23mdl@notificacionesrj.gov.co
9 Índice 8 de Samai. Notificación realizada al correo: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
10 notimedellin.oralidad@medellin.gov.co

Así mismo, se hace la salvedad que en el presente asunto se ordenó efectuar la notificación
correspondiente a las referidas autoridades, por cuanto fungieron como demandadas al interior del
proceso con radicado 63001-3333-001-2024-00159 y correspondió al medio de control instaurado
por la hoy accionante.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Octava de Decisión
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cuando los reparos realizados no cumplen con el requisito de relevancia
constitucional, no siendo dable utilizar el presente mecanismo como una tercera
instancia.

Finalmente, solicitó la desvinculación del trámite constitucional en la medida que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno a la demandante.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión

La magistrada ponente de la decisión enjuiciada allegó escrito en el que manifestó
que el fallo proferido y ahora cuestionado por vía de tutela, se soportó en la norma
aplicable al sector docente, especialmente el régimen salarial y prestacional,
haciendo énfasis en el estatuto de profesionalización docente y los decretos que
regulan el incremento salarial de este sector.

Igualmente, indicó que en la mencionada providencia se realizó una valoración de
las pruebas aportadas al proceso relacionadas con la inscripción, ascenso,
reubicación y mejoramiento salarial de la demandante.

Expuso que dicha circunstancia, permitió llegar a la conclusión que las autoridades
demandadas no vulneraron los derechos de la parte actora, porque al realizar el
análisis aritmético para el año 2011 se comprobó que el aumento real para ambos
grados, esto es, para el 2A y para el 3AM, en 2011 fue uniforme toda vez que osciló
sobre el 3,17%. Lo anterior, le permitió establecer que la categoría a la pertenecía
la docente no redujo el poder adquisitivo, y, por tanto, era constitucionalmente
válido.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Octava de Decisión.

2.2. Cuestión previa

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que carece de
legitimación para soportar las pretensiones invocadas por la parte actora al no tener
injerencia alguna en la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección
se invoca.

Sin embargo, la Sala no accederá a tal petición, comoquiera que su vinculación al
proceso obedeció a que dicha autoridad conformó el extremo pasivo de la litis al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado
6
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por la ahora accionante, por lo que le asiste interés en las resultas de este
mecanismo.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

 ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

 ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, vulneró
las garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la sentencia
proferida el 12 de noviembre de 2025, que confirmó el fallo dictado el 31 de
marzo de 2025 por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-023-2024-00236-
00/01, en atención a la diferencia en la asignación salarial en los escalafones
de docentes?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12 y declaró su
procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202214 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal15 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional17.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21.
(Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

La señora Ana Mercedes Esquivel Cavadia cuestionó la providencia del 12 de
noviembre de 2025 en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava
de Decisión, confirmó el fallo dictado el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado
Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, y a través de la cual,

15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.

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se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-023-2024-00236-00/01.

El medio de control perseguía la inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024
que fijó la escala salarial del personal docente y la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos expedidos por las autoridades demandadas con el
consecuente reconocimiento y pago de las diferencias causadas en razón al
incremento salarial aplicado en el año 2011 que, en su sentir, resultó injustificado.

La señora Esquivel Cavadia consideró que el ad quem incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico al no analizar o valorar si el Gobierno Nacional cumplió con el
deber legal de sustentar con razones objetivas y jurídicas el trato discriminatorio en
materia salarial, pues, a su juicio, se consumó un trato diferenciado entre el
incremento del salario de los docentes de los escalafones 2A y 3AM.

Sobre los yerros, argumentó que, el tribunal no brindó una justificación clara y
suficiente que explicara por qué, a pesar de que la demandante se encuentra en
una categoría superior del escalafón - grado 2, nivel A -, se le reconoció un aumento
inferior al otorgado a un docente ubicado en un nivel más bajo, como el grado 3,
nivel AM, concluyendo, además, de manera infundada que dicho tratamiento salarial
se ajustaba a derecho, sin proporcionar una motivación suficiente y razonable que
permita comprender cómo esa diferencia podría considerarse razonable y conforme
con el principio de igualdad material y la equidad retributiva que rige el servicio
público docente.

En este punto, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito
de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora, en su escrito de
tutela demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados por la
autoridad judicial accionada sin que medie una argumentación encaminada a
evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique
la intromisión del juez de tutela.

Resulta oportuno destacar que distinto a lo manifestado por la tutelante en los
fundamentos de la vulneración, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava
de Decisión, al momento de proferir la sentencia acusada analizó, entre otros
aspectos, la aplicación porcentual desigual del Decreto 1027 de 2011, indicando lo
siguiente:

«…Superado lo anterior, procede la Sala a examinar la censura principal, relativa
a la supuesta aplicación desigual del incremento salarial dispuesto mediante el
Decreto 1027 de 2011 entre los grados del escalafón 2A y 3AM.

Del acervo probatorio se encuentra demostrado que la demandante se encuentra
vinculada como docente en provisionalidad en el grado 2A del escalafón docente6,
conforme con los desprendibles de nómina obrantes en el expediente,
circunstancia que determina que le son aplicables las disposiciones salariales
expedidas por el Gobierno Nacional en virtud del Decreto 1278 de 2002,
particularmente las contenidas en el citado Decreto 1027 de 2011.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Ana Mercedes Esquivel Cavadia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01797-00

Sostiene la parte actora que el incremento dispuesto por dicha norma fue del 5.7
% para el escalafón 2A, mientras que para el 3AM ascendió al 11.3 %, lo cual
considera injustificado y violatorio de los principios de igualdad y proporcionalidad.

Sin embargo, revisadas las normas aplicables y la evolución salarial de los años
precedentes, se tiene que el Decreto 2940 de 2010 modificó la escala fijada
inicialmente por el Decreto 1367 del mismo año, estableciendo como asignación
básica mensual para el grado 2A la suma de $1.224.009, y para el grado 3AM
$2.048.592 (…)

Por su parte, el Decreto 1027 de 2011, expedido teniendo en cuenta una inflación
causada del 3.17 %, fijó los salarios para ambos grados en proporción idéntica,
por lo que no se advierte un trato desigual entre las categorías comparadas.

De lo expuesto se infiere que el incremento salarial dispuesto para el grado 3AM
en el año 2011 correspondió, en realidad, al 3.17%, porcentaje equivalente al
índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior, y no al 11.3% como se
planteó en la demanda. Ello se evidencia del siguiente ejercicio aritmético (…)

Así las cosas, el supuesto incremento inequitativo alegado por la demandante
obedece a un error en la referencia utilizada para el comparativo salarial, pues
tomó como base el valor fijado en el Decreto 1367 de 2010, sin considerar que
fue modificado posteriormente por el Decreto 2940 del mismo año.

De acuerdo con lo anterior, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción
de legalidad que reviste los actos administrativos ni demostró vulneración alguna
de los principios de igualdad, equidad o proporcionalidad, razón por la cual la Sala
confirmará la conclusión del a quo en cuanto a la legalidad de los actos
demandados, aunque por fundamentos parcialmente distintos...»

En consecuencia, esta colegiatura evidencia que los reproches planteados por la
tutelante reflejan una mera inconformidad con lo decidido por la corporación
accionada en la providencia acusada, y en la que concluyó que en el asunto
sometido a su estudio no existió vulneración al derecho a la igualdad; situación de
la cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que justifique la
intromisión del juez de tutela.

Por el contrario, la accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato
discriminatorio, con el fin de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo
cuestionado, sin haberse propuesto una discusión que dé cuenta de la posible
vulneración de las garantías constitucionales.

Asimismo, esta Sala de Decisión advierte que el contenido del defecto fáctico
invocado se planteó igualmente en el recurso de apelación contra la sentencia del
12 de noviembre de 2025, argumentos que fueron desvirtuados por el tribunal
demandado. En ese orden, se observa que la parte actora pretende convertir esta
acción en una tercera instancia, dado que insistió nuevamente en los reproches
planteados al interior del proceso ordinario, con el objetivo de que se estudie el
presunto trato discriminatorio como lo propone.

Finalmente, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
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Demandante: Ana Mercedes Esquivel Cavadia
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01797-00

circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la parte actora busca mutar la acción constitucional en una
instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme
las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, conforme a las razones
expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Ana Mercedes Esquivel Cavadia, por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si esta providencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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