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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01846-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01846-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR improcedente la acción para discutir el Decreto 0667 de 2025 proferido por la Gobernación de Vichada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y petición del señor Luis Eduardo Rojas Herrera. 3 T-447/24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 18 4 6- 0 0 Tercero. ORDENAR al Gobernador de Vichada que, si aún no lo ha hecho, dentro del término de 48 horas, brinde respuesta a la solicitud de revocación directa presentada por el accionante y le notifique la decisión adoptada. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01846-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01846-00
Accionantes: Luis Eduardo Rojas Herrera
Accionados: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio y otro

Tema: Tutela contra providencias judiciales proferidas en incidente de desacato por
incumplimiento de orden dictada en una acción de cumplimiento y contra
decreto de retiro de alcalde. Falta de respuesta a solicitud de revocación
directa. AMPARA PARCIALMENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Eduardo Rojas
Herrera en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio y
de la Gobernación de Vichada, con ocasión del auto del 26 de enero de 2026
proferido en la acción de cumplimiento, al que le fue asignado el número de radicado
50001-33-33-001-2025-00151-01, y del Decreto 0667 del 2025, respectivamente.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El 17 de junio de 2025, el ciudadano Alirio Huertas instauró acción de cumplimiento
en contra de la Gobernación del Vichada y del hoy solicitante del amparo, para que
cumplieran el precepto establecido en los artículos 6 de la Ley 190 de 1995, 41 de
la Ley 1952 de 2019, 2.2.5.1.1.4 del Decreto 1083 de 2018 y 2.2.5.1.1.4 del Decreto
648 de 2018 y, en esa medida, se le ordenara al gobernador que retirara a este
último del cargo de alcalde del municipio de La Primavera, por haber perdido su
investidura como concejal, conforme a la decisión del Consejo de Estado, en el

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proceso 50001-23-33-000-2023-00109-00, lo que conllevó una inhabilidad
sobreviniente.

El 29 de agosto de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Villavicencio accedió a las pretensiones y, en consecuencia, le ordenó al ahora
accionante que cumpliera lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 6 de la Ley 190 de
1995, manifestando al gobernador del departamento del Vichada que estaba
incurso en una inhabilidad para el ejercicio del cargo de alcalde del municipio de La
Primavera y, que cumplido ello ambos tomaran las medidas necesarias para acatar
esa norma sobre el retiro del servicio por inhabilidad sobreviniente.

El señor Luis Eduardo Rojas Herrera recurrió la anterior decisión y el 17 de
septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala 1, la modificó, en el
sentido de fijar el término de 5 días para que adoptaran las medidas relativas a su
retiro del servicio.

Que el gobernador del Vichada expidió el Decreto 0667 de 2025, mediante el cual
lo retiró del servicio, fundamentando el acto administrativo en la sentencia del 17 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala 1, a pesar
de que allí no se dio esa orden.

El accionante afirma que el Tribunal fundamentó la decisión de la acción de
cumplimiento en la pérdida de su investidura declarada mediante sentencia del 12
de diciembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
proceso identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-00109-00-01, pero esta
fue dejada sin efectos en sede de tutela, mediante sentencia del 30 de octubre de
2025 (rad. 11001-03-15-000-2025-03950-01) y, en su reemplazo, el 30 de octubre
de 2025 dicha autoridad judicial dictó una nueva decisión, en la que negó las
pretensiones; significando que no perdió la investidura y por lo tanto, no se generó
la inhabilidad sobreviniente, que le impusiera el retiro del cargo.

Que debido a ello, solicitó a dicho Tribunal que declarara la nulidad de la sentencia
del 17 de septiembre de 2025 y, la autoridad judicial profirió auto del 18 de diciembre
de 2025, en el que dispuso la remisión del expediente al Consejo de Estado para
que la petición se tramitara como recurso de revisión.

Que también pidió al gobernador de Vichada que revocara el Decreto 0667 de 2025,
pero a la fecha de instauración de la tutela no le había brindado respuesta ni «dado
cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado».

Que interpuso incidente de desacato ante el Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio por el incumplimiento de la sentencia del 17 de septiembre de 2025,
pero el 26 de enero de 2026, esa autoridad judicial negó la apertura del trámite, bajo
el argumento de que ya se había acatado la orden con la expedición del Decreto
0667 de 2025, por lo cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de

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apelación, frente a lo cual, el 3 de febrero de 2026, el juzgado decidió no reponer la
decisión y negar la concesión de la apelación.

Considera el señor Luis Eduardo Rojas Herrera que la Gobernación del Vichada, al
expedir el Decreto 0667 de 2025, desconoció que en las sentencias del 17 de
septiembre y del 29 de agosto de 2025 proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta,
respectivamente, no se ordenó al gobernador su destitución, sino que «ante el
incumplimiento de la sentencia de acción de cumplimiento, el gobernador debía
poner en conocimiento del juez de primera instancia para que este procediera a
compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que lo juzguen
disciplinariamente».

Que a su vez la sentencia del 17 de septiembre de 2025, en la que se sustentó el
Decreto 0667 de 2025, se fundamentó en la sentencia del 12 de diciembre de 2024
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso de pérdida
de investidura con radicado 50001-23-33-000-2023-00190-00/01, pero esta fue
declarada nula mediante sentencia de tutela del 30 de octubre de 2025 proferida
por el Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01.

Que la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio en
el auto del 26 de enero de 2026 no se compadece con lo argumentado y ordenado
en las sentencias de la acción de cumplimiento, pues la Gobernación de Vichada,
al destituirlo como alcalde de La Primavera, incumplió la orden judicial contenida en
la sentencia del 27 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta tendiente a que se adoptaran medidas conjuntas entre él y el gobernador,
y desconoció la Sentencia T-525 de 2006 de la Corte Constitucional, en la que se
afirmó que un gobernador no puede destituir a un alcalde.

PRETENSIONES

Solicitó que se declare el incumplimiento de las sentencias del 29 de agosto y del
17 de septiembre de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente, en la acción de
cumplimiento, y se deje sin efectos jurídicos el Decreto 0667 de 2025 expedido por
la Gobernación del Vichada.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 11 de marzo de 2026, se admitió la demanda; se negó la medida provisional
solicitada; se vinculó al municipio de La Primavera y al Tribunal Administrativo del
Meta, como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio afirmó que
actualmente se está tramitando un recurso extraordinario de revisión en la Sección
Quinta del Consejo de Estado (rad. 11001-03-28-000-2026-00008-00), contra las
sentencias de primera y segunda instancia dentro de la acción de cumplimiento, el
cual, a su juicio, es el medio adecuado para zanjar definitivamente la discusión en
torno a la pérdida de investidura del accionante, originada cuando fue concejal del
municipio de La Primavera, y que le generó una inhabilidad sobreviniente cuando
ejercía el cargo de alcalde de dicho municipio; decisión que fue revocada por el
Consejo de Estado, en una acción de tutela posterior a las decisiones de la acción
de cumplimiento.

La Gobernación de Vichada guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Los terceros con interés guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) requisito de subsidiariedad; iii)
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; y iv) análisis del
caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad

En el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, se señala como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante», en aras de respetar la división de competencias delineada en la

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Constitución Política.

Por lo tanto, la exigencia de la subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela; frente a eso la Corte Constitucional
estableció que se deben cumplir las siguientes exigencias que: a) el actor no
disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados o b) existiendo otro medio de defensa judicial,
se presente uno de dos eventos: i) que el mecanismo no sea idóneo o eficaz para
el amparo de los derechos afectados o ii) que la tutela se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable1.

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

La jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la improcedencia de
la tutela para controvertir actos administrativos en atención a: 1) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; 2) la presunción de legalidad que las
reviste y 3) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales,
se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio
de los mecanismos ordinarios.

La Corte Constitucional, en Sentencia SU-691/17, concluyó que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección, como son las de urgencia creadas en
la Ley 1437 de 2011 como un mecanismo con una efectividad especial, debido al
procedimiento célere para su adopción, que la diferencia de las medidas ordinarias.

Análisis del caso concreto

El señor Luis Eduardo Rojas Herrera pretende discutir tanto el Decreto 0667 de
2025 expedido por la Gobernación de Vichada como el auto del 26 de enero de
2026 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio
en el trámite incidental de desacato de la acción de cumplimiento, por lo cual a esta
Subsección le corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, pues solo en el evento de encontrarse superados habría
lugar a examinar los disensos esgrimidos.

A través del Decreto 0667 de 2025, el secretario jurídico encargado, delegatario de
las funciones administrativas y contractuales del despacho del gobernador de
Vichada, retiró al señor Luis Eduardo Rojas Herrera del cargo de alcalde municipal
de La Primavera, con fundamento en lo ordenado en las sentencias del 29 de agosto
de y 17 de septiembre de 2025 proferidas dentro de la acción de cumplimiento con

1 Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de 2000,

T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.

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número de radicado 50001-33-33-001-2025-00151-00/01.

Sin embargo, el accionante considera que la orden judicial en la que dijo
fundamentarse la expedición del Decreto no estaba dirigida a que el gobernador de
Vichada lo retirara del cargo, sino a que de forma conjunta adoptaran las medidas
necesarias para acatar lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 6° de la Ley 190 de
1990.

En esa medida, el solicitante del amparo contaba con otro mecanismo para discutir
judicialmente el Decreto 0667 de 2025, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, sin que se advierta que haya instaurado la demanda respectiva.

Debe tenerse en cuenta que, aunque en principio podría entenderse que dicho
Decreto constituye un acto de ejecución, que no sería susceptible de control judicial,
el actor insiste en que se excedió la orden de las autoridades judiciales en la acción
de cumplimiento, lo que habilitaría la instauración del medio de control señalado,
acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado2.

Si bien el actor alega la inminencia de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta
que el período para el que fue elegido podría finalizar antes de que se adopte una
decisión definitiva, lo cierto es que, al interior del proceso ordinario, cuenta con la
posibilidad de solicitar medidas cautelares, inclusive de urgencia, acorde con el
artículo 234 del CPACA, lo que desvirtúa las características de impostergabilidad y
apremio de dicho perjuicio, por lo cual frente a este aspecto se declarará la
improcedencia de la acción, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Como se anunció, el actor también pretende discutir el auto del 26 de enero de
2026, mediante el cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Villavicencio se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato por el
incumplimiento de las órdenes de la acción de cumplimiento, pero, analizado el
asunto bajo examen, resulta claro que la decisión que realmente causa una
afectación al actor es el Decreto que lo retiró del cargo que desempeñaba, mas no
la determinación adoptada en dicho trámite.

En efecto, no puede pasarse por alto que la finalidad del incidente de desacato es
lograr el acatamiento de las órdenes judiciales, pero, en el caso bajo examen estas
están dirigidas a que se cumpla el inciso 1 del artículo 6° de la Ley 190 de 1990,
ante la existencia de una inhabilidad sobreviniente, inhabilidad que, según lo
expuesto por el accionante, no existe actualmente debido a que se declaró que se
dejó sin efectos su pérdida de investidura como concejal; por tanto, resulta
incongruente con la pretensión última del actor, consistente en su reintegro al cargo,
que se proceda al estudio de este reparo, por lo que la Subsección se abstendrá de
analizar el particular.

2 Ver, entre otras, la sentencia del 26 de septiembre de 2013. Consejo de Estado. Sección Cuarta. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Radicado 68001-23-33-000-2013-00296-01.

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De otra parte, se observa que el 6 de noviembre de 2025, el señor Luis Eduardo
Rojas Herrera solicitó al gobernador del Vichada la revocatoria del Decreto 0667 de
2025 y el reintegro inmediato al cargo de alcalde de La Primavera, mediante correo
electrónico, con fundamento en que la sentencia en la que se había declarado su
pérdida de investidura como concejal fue dejada sin efectos mediante sentencia de
tutela del 30 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

Sin embargo, la Gobernación no rindió informe en el trámite de esta acción y de las
pruebas obrantes en el expediente no se aprecia que haya dado respuesta a la
solicitud de revocatoria, a pesar de que ya transcurrieron más de los 2 meses con
los que contaba para resolverla, según el artículo 95 del CPACA; por lo cual se
ampararán los derechos fundamentales de petición y debido proceso del accionante
y, en tal sentido, se ordenará a la Gobernación de Vichada que, dentro del término
de 48 horas, brinde respuesta a la solicitud presentada por el accionante y le
notifique la decisión adoptada.

Lo anterior, de acuerdo con la amplia jurisprudencia constitucional en la cual se ha
establecido que «Si el juez advierte en el transcurso del trámite del amparo, que
existen situaciones violatorias de otros derechos diferentes al invocado, debe lograr
su efectiva protección»3

En consecuencia, se declarará improcedente la acción para discutir el Decreto 0667
de 2025 proferido por la Gobernación de Vichada, y se ampararán los derechos
fundamentales del actor al debido proceso petición y, en consecuencia, se ordenará
al Gobernador de Vichada que, dentro del término de 48 horas, brinde respuesta a
la solicitud presentada por el accionante y le notifique la decisión adoptada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR improcedente la acción para discutir el Decreto 0667 de 2025
proferido por la Gobernación de Vichada, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y petición del
señor Luis Eduardo Rojas Herrera.

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Tercero. ORDENAR al Gobernador de Vichada que, si aún no lo ha hecho, dentro
del término de 48 horas, brinde respuesta a la solicitud de revocación directa
presentada por el accionante y le notifique la decisión adoptada.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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