Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03950-01
Accionante: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Temas: Pérdida de investidura de concejal. Renuncia a la curul
prevista en el artículo 25 del Estatuto de la Oposición (Ley
1909 de 2018). Tutela contra providencia judicial.
Configuración de los defectos fáctico y por violación directa de
la Constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 26 de junio de 20252, la Sección Segunda, Subsección A admitió la
acción constitucional y, mediante la providencia del 14 de agosto de 2025
concedió la impugnación. Posteriormente, el 4 de septiembre de 2025, el
despacho ponente de esta decisión profirió auto de mejor proveer 3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Luis Eduardo Rojas Herrera, actuando a nombre propio, instauró
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta, la Sección
Primera del Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y la
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificó como accionados a la Sección Primera del Consejo de Estado, al Tribunal
Administrativo del Meta, a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Regional de
Instrucción de Vichada. De otro lado, se vinculó como tercero con interés al señor Alirio Huertas
Burgos y se negó la medida de suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 12 de
diciembre de 2024 solicitada por la parte actora.
3 Mediante el cual dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés de la Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Instrucción 3 para la Vigilancia Administrativa y Judicial y la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General
de la Nación.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
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Procuraduría Regional de Instrucción de Vichada. Con la solicitud de amparo
pretende la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y el derecho a elegir y ser elegido.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de: i) las providencias del 16 de noviembre de 2023 y del 12 de diciembre
de 2024, proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta y la Sección Primera
del Consejo de Estado, respectivamente4; y ii) el auto de suspensión del 25 de
abril de 2025, dictado por la Procuraduría Regional de Instrucción de Vichada5.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se conceda el AMPARO de mis derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, así como el
derecho político a elegir y ser elegido, vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas, a través de los fallos del 16 de noviembre de 2023 y
del 12 de diciembre de 2024, declaratorios de pérdida de investidura en mi
contra; e, igualmente, trastocados por la Procuraduría Regional de
Instrucción de Vichada, con auto del 25 de abril de 2025, que ordenó mi
suspensión provisional como Alcalde Municipal de la Primavera – Vichada,
radicación IUS-(E 2025-013789) / IUC-(D-2025-3915145).
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE DEJEN SIN
EFECTOS las sentencias del 16 de noviembre de 2023 y del 12 de
diciembre de 2024, proferidas por la Sección Primera del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente, dentro de la
causa 50001-23-33-000-2023-00109-00-01 y, en consecuencia, se le
ORDENE a los órganos judiciales acusados emitir una nueva decisión, en
la que, bajo una adecuado análisis de las normas aplicables al trámite
judicial recurrido, y a la luz de una correcta valoración de las pruebas
allegadas al expediente, niegue las pretensiones de la demanda de pérdida
de investidura formulada en mi contra –actual Alcalde del Municipio de La
Primavera–, periodo 2024-2027.
[…]
PRIMERA SUBSIDIARIA: Que, como consecuencia del amparo de mis
derechos fundamentales, SE DEJE SIN EFECTOS el auto del 25 de abril
de 2025 de la Procuraduría Regional de Instrucción de Vichada, radicación
IUS-(E 2025-013789) / IUC-(D-2025-3915145), que ordenó mi suspensión
provisional como Alcalde Municipal de la Primavera – Vichada, toda vez
que con este la autoridad disciplinaria demandada incurrió en falta de
competencia absoluta, tal y como será acreditado en el cuerpo de esta
acción constitucional. [Sic a toda la cita]
1.2. Hechos
4. El señor Luis Eduardo Rojas Herrera fue candidato a la Alcaldía de La
Primavera (Vichada) para el periodo 2020-2023. Las elecciones fueron realizadas
el 27 de octubre de 2019 y ocupó el segundo lugar, tras ser superado por el señor
Andrés Fernando Duque Cárdenas.
4 En tales decisiones se decretó la sanción por pérdida de investidura en su contra, en el proceso
con radicado 50001-23-33-000-2023-00109-00/01.
5 Mediante el cual se dispuso de la suspensión temporal del cargo de alcalde de La Primavera,
periodo 2024-2027, por un término de 3 meses, al interior del proceso disciplinario identificado
con número: IUS-(E-2025-013789) / IUC-(D-2025-3915145).
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5. El 29 de octubre de 2019, el señor Rojas Herrera aceptó la curul de
oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909 de
20186.
6. Mencionó que el 7 de noviembre de 2019 radicó ante la Registraduría
Municipal su renuncia a la curul. Y agregó que, mediante comunicación del 21 de
noviembre del mismo año, el registrador municipal del Estado Civil «le informó»
que la misma podía ser presentada ante el nuevo concejo municipal una vez
ocurriera el acto de posesión de dicha corporación.
7. Agregó que el 30 de diciembre de 2019 sufrió un accidente mientras
montaba a caballo, el cual le provocó una fractura del «hueso piramidal mano
derecha» y una serie de incapacidades médicas a lo largo del mes de enero de
2020. Precisó que aquellas fueron constitutivas de fuerza mayor para la toma de
posesión del cargo de concejal de La Primavera, periodo 2020-2023, según lo
dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2001.
8. Señaló que el 6 de enero de 2020, el Concejo Municipal de La Primavera
tomó posesión para el periodo constitucional 2020-2023. Por lo tanto, ese mismo
día, en atención a las directrices impartidas por el registrador municipal el 21 de
noviembre de 2019 y a su estado de salud, presentó la renuncia a su curul.
9. El 9 de enero de 2020, el presidente de la corporación pública mediante
oficio CMLPV-004/2020, comunicado al accionante el 12 de enero de 2020,
indicó que:
[…] el señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA no ha tomado posesión de su
cargo ante el presidente de esta Corporación tal como lo indica la Ley. En
consecuencia, esa corporación indic[ó] que toda vez que el suscrito no toma
posesión de su cargo es irracional presentar RENUNCIA ante ese órgano
colegiado de la manera abstracta […].
6«ARTÍCULO 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las
entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral
declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde
Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas
Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de
estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las
opciones previstas en el artículo 7 de esta ley y harán parte de la misma organización política.
Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal
y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán
manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una
curul en las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.
Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad
electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales
y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y
aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las
curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.
Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la
Constitución política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales por población».
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10. A raíz de lo anterior, el 23 de enero de 2020 le solicitó a la mesa directiva
del concejo municipal su posesión en el cargo de concejal, teniendo en cuenta
que su renuncia no había sido aceptada. En dicha oportunidad expuso que su no
posesión dentro de los 3 días siguientes a la instalación, como lo ordena el
artículo 48 de la Ley 617 de 2001, tuvo como fundamento su incapacidad
derivada del accidente que padeció.
11. Tal petición fue reiterada mediante memoriales radicados los días 27 y 28
de enero de 2020, sin obtener respuesta alguna por parte de la corporación.
1.2.1. Del proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2020-00024-00
12. El 29 de enero de 2020, el concejo municipal de La Primavera (Vichada)
presentó demanda de pérdida de investidura en su contra, con fundamento en la
causal contenida en el ordinal 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 7.
13. El 12 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la
sanción de pérdida de investidura del actor, al considerar que el señor Rojas
Herrera no había tomado posesión del cargo dentro de los 3 días siguientes a la
instalación del Concejo del Municipio, sin que existiera una justificación clara para
ello y en contravía del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 20008.
14. En providencia del 17 de marzo de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado revocó dicha decisión, y ordenó la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo del Meta. Esto, con fundamento en que el a quo desconoció el
principio de congruencia en materia de pérdida de investidura, toda vez que
realizó un estudio sobre la configuración de una causal diferente a la contenida
en la demanda, a saber, la del ordinal 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
15. En vista de lo anterior, el 19 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo
del Meta negó la demanda de pérdida de investidura por la causal contenida en
el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994. Para el efecto, sostuvo que
no existían elementos para configurar tal sanción en contra del investigado.
16. Mediante Resolución 006 del 21 de junio de 2022, el Concejo Municipal de
La Primavera declaró la vacancia absoluta del cargo, como consecuencia de la
aceptación de la renuncia al cargo que fue presentada por el señor Rojas Herrera
el 6 de enero de 2022.
7 «ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán
su investidura por:
1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la
Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al
Presidente del Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho. […]».
8 «ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS
LOCALES. <Ver Notas del Editor> Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación
de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
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1.2.2. Del proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2023-00109-01
17. El 24 de abril de 2023, el ciudadano Alirio Huertas Burgos instauró una
segunda demanda de pérdida de investidura en contra del señor Luis Eduardo
Rojas Herrera, por la no posesión al cargo de concejal del municipio de La
Primavera. Ello, con sustento en la causal dispuesta en el numeral 3 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000.
18. El 29 de octubre de 2023, el señor Luis Eduardo Rojas Herrera fue elegido
alcalde del municipio de La Primavera para el periodo constitucional 2024-2027.
19. El 16 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la
pérdida de investidura como concejal por la causal objeto de demanda.
20. En primer lugar, la autoridad judicial afirmó que no se había configurado el
fenómeno de la cosa juzgada. Aseveró que si bien dicha corporación había
tramitado el proceso 50001-23-33-000-2020-00024-00, el mismo tuvo un objeto
distinto al que se estudiaba en esta demanda. Esto, en razón a que la solicitud
se sustenta en que el accionado no tomó posesión del cargo de concejal dentro
de los tres (3) días siguientes a la instalación del Concejo Municipal; mientras
que en aquel proceso se estudió la causal consistente en la aceptación o
desempeño de un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Carta
Política.
21. Por lo demás, aseguró que la sentencia del 12 de marzo de 2020 que
revisó la causal contenida en el numeral 3. ° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
fue revocada por el Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de 2022.
De ahí que, la decisión no adquirió ejecutoria, condición necesaria para que opere
la figura de la cosa juzgada.
22. En segundo lugar, estimó que estaban acreditados los elementos objetivo
y subjetivo de la causal de pérdida de investidura. De un lado, expuso que se
acreditó que el señor Rojas Herrera tenía la obligación de tomar posesión en el
cargo en el término previsto en la norma, sin que su retractación fuera posible y
los hechos constitutivos de la fuerza mayor se acreditaran toda vez que existieron
inconsistencias en las incapacidades y su historia clínica.
23. De otro lado, porque la conducta del accionado habría sido negligente al
manifestar, expresamente, que no aceptaría la curul, sin justificación cimentada
en la buena fe cualificada o motivada por error invencible, dado que no había
evidencia de que hubiese solicitado conceptos o asesoría a abogados y hubiera
actuado al amparo de estos. En consecuencia, calificó la conducta desplegada
por el accionado como gravemente culposa por desconocimiento de normas
constitucionales, legales y reglamentarias, cuyo acatamiento no podía excusarse
en ignorancia.
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24. Inconforme con lo resuelto en primera instancia, el concejal acusado apeló
la decisión. En suma, formuló reparos relacionados con la cosa juzgada, bajo la
tesis de que sí estaba configurada en relación con lo resuelto en el expediente
50001-23-33-000-2020-00024-00, puesto que se juzgaron los mismos hechos.
Además, cuestionó la posición asumida en el fallo de primer grado en lo que
concierne a que la sentencia del 12 de marzo de 2020 no cobró ejecutoria. En su
sentir, ello desconocía el principio pro homine, por desconocimiento del artículo
17 de la Ley 1881 de 20179, 29 de la Carta Política y 8.4. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
25. También, invocó la sentencia del 16 de diciembre de 2020 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado al interior del expediente 2019-0006-00,
toda vez que allí hubo un pronunciamiento sobre la legalidad de la Resolución
2276 de 2019, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral estableció la
imposibilidad de retracto luego de la aceptación de la curul. Ello, para señalar que
habían circunstancias especiales que no podían ser desconocidas por los jueces
para determinar una vacancia definitiva.
26. Insistió en un error de entendimiento que no fue de él, toda vez que se
consideró que podía renunciar a la curul por no encontrarse en condiciones
físicas que le permitieran el ejercicio de su mandato. Mencionó que no era
abogado, por lo tanto, no se le podía atribuir una actuación dolosa para dejar de
posesionarse con el ánimo de infringir la ley y afectar la voluntad popular.
Tampoco se le podía endilgar culpa grave. Además, refirió que se estaba ante un
error invencible que afectaba su voluntad.
27. La alzada fue resuelta en sentencia del 12 de diciembre de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que confirmó lo resuelto por el tribunal
de primera instancia.
28. Frente a la cosa juzgada, destacó que, contrario a lo afirmado por el
accionante, no era posible identificar que los hechos enunciados como sustento
de las pretensiones de despojar a la parte accionada de su investidura como
concejal del municipio, fueran los mismos de los que motivaron el proceso con
radicado 50001-23-33-000-2020-00024-00 y, en consecuencia, se pudiera
predicar la identidad de causa.
29. Expuso que, en el anterior proceso, el hecho que debía acreditarse era el
consistente en la aceptación o desempeño de un cargo público, salvo que
hubiese mediado renuncia previa, a la luz de lo señalado en el numeral 1 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994. Mientras que, el que se juzgaba en esta
oportunidad, era el no tomar posesión del cargo de concejal del municipio de La
Primavera, conforme el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre
9 «ARTÍCULO 17. No se podrá admitir solicitud de pérdida de la Investidura de un congresista
en el evento de alegarse los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales sobre
las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias en estos procesos
producen efectos de cosa juzgada».
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de 2000, la cual no había sido estudiada ni juzgada.
30. En seguida, expuso que no estaba acreditada la fuerza mayor ni los
argumentos del recurso de apelación, con fundamento en:
[…] con anterioridad a la fecha de ocurrencia del accidente sufrido por el
accionado, este ya había manifestado su intención de no tomar posesión
de la curul y, además, en la comunicación de 6 de enero de 2020, aquel
no aludió a sus condiciones de salud, lo cual solo vino a ocurrir en la
comunicación radicada en el concejo de La Primavera, el 23 de enero de
2020, esto es, una vez transcurrió el término previsto en el numeral 3. del
artículo 48 de la Ley 617.
31. Frente al elemento subjetivo, consideró que el accionado había incurrido
en culpa grave. Esto, pues debió advertir que, de conformidad con el numeral
segundo de la Resolución 2276 de 2019, una vez realizada la manifestación por
escrito de aceptación de la curul, no era posible retractarse. De forma tal que,
declarada la elección, surgía para el candidato la obligación de tomar posesión
en las oportunidades previstas en la ley, en las mismas condiciones de todos los
demás concejales, pues así lo ha reiterado la jurisprudencia de dicha Sección.
32. También destacó que el accionado había sido advertido de tales
disposiciones. Para el efecto, citó la comunicación del 21 de noviembre de 2019
suscrita por el registrador municipal del Estado Civil. Por ende, consideró que no
era posible hablar de la existencia de un error invencible derivado de la
conciencia del accionando que era posible presentar la renuncia a la curul
aceptada, sin que previamente hubiera tomado posesión de esta.
33. Finalmente, reforzó la culpabilidad del señor Rojas Herrera con el hecho
de que aquel manifestó su intención de renunciar a la curul en las
comunicaciones del 7 de noviembre de 2019 y del 6 de enero de 2020, sin aludir
a ninguna situación de salud. Ello, a su juicio, denotaba la falta de cuidado.
1.2.3. Del proceso disciplinario IUS-(E-2025-013789) / IUC-(D-2025-3915145)
34. El 15 de enero de 2025, el señor Alirio Huertas Burgos presentó queja
disciplinaria en contra del ciudadano Luis Eduardo Rojas Herrera, por la
inhabilidad sobreviniente para desempeñar el cargo de acalde de elección
popular de La Primavera, por la decisión de pérdida de investidura como concejal
de la misma municipalidad proferida la Sección Primera del Consejo de Estado.
35. Con auto del 25 de abril de 2025, la Procuraduría Regional de Instrucción
del Vichada decidió, con base en las previsiones del artículo 217 de la Ley 1952
de 2019, suspenderlo temporalmente del cargo de Alcalde, por un término de tres
(3) meses. En la misma decisión dispuso la remisión de las diligencias a la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Vigilancia Administrativa y Judicial
(reparto), a efectos de que se surtiera el grado de consulta.
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36. Por medio de auto del 26 de mayo de la misma anualidad, la Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Instrucción 3 para la Vigilancia Administrativa y Judicial
revocó la anterior decisión. No obstante, el 29 del mismo mes y año, declaró su
falta de competencia funcional y ordenó la remisión de las diligencias a la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
37. Esta última dependencia, en providencia del 4 de junio de 2025 decretó de
oficio la nulidad de la actuación surtida en grado de consulta.
38. En decisión del 25 de junio de 2025 confirmó la decisión del 25 de abril de
2025.
1.3. Sustento de la vulneración
1.3.1. Cargos contra las sentencias del 16 de noviembre de 2024 y del 12 de
diciembre de 2024 emitidas por el Tribunal Administrativo del Meta y la
Sección Primera del Consejo de Estado, respectivamente
39. La parte actora formuló los siguientes tres cargos:
40. El primero consistió en la: «vulneración del principio de non bis in idem
como causal de generación de los defectos de violación directa de la constitución,
orgánico y sustantivo sobre las sentencias expedidas por las autoridades
demandadas».
41. En este punto, mencionó que la declaratoria de pérdida de investidura se
fundamentó en un supuesto fáctico que ya había sido juzgado en el proceso con
radicado 50001-23-33-000-2020-00024-00. Afirmó que fue juzgado por la
conducta de «no posesión» en 2 oportunidades, siendo la segunda la lesiva de
sus derechos fundamentales.
42. Sostuvo que, en sentencia del 19 de mayo de 2022, la cual no fue objeto
de apelación e hizo tránsito a cosa juzgada, el Tribunal adujo que: «la NO
POSESIÓN EN EL CARGO DE CONCEJAL DE LA PRIMAVERA, no disponía de
la vocación para configurar la causal de pérdida de investidura alegada en mi
contra por la Mesa Directiva de esa Corporación [sic]». Por ende, era evidente
que la conducta objeto de sanción fue la no posesión.
43. Por lo anterior, sostuvo que se desconoció el artículo 17 de la Ley 1881 de
2018, por lo que se incurrió en defecto sustantivo. Además, al desconocerse el
principio del non bis in idem previsto en el artículo 29 de la Carta Política, se
configuró la violación directa de la Constitución. Finalmente, concluyó que las
providencias reprochadas fueron expedidas sin competencia de los operadores
judiciales, toda vez que se pronunciaron frente a una decisión respecto de la cual
ya había sentencia en firme y versó sobre los hechos, partes y pretensiones. Por
ende, se incurrió en defecto orgánico.
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44. El segundo fue: «defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas
obrantes en el proceso que demostraban la buena fe calificada y la fuerza mayor,
como motivo de exclusión de responsabilidad».
45. Frente a este argumento, el accionante alegó que el acto de renuncia se
fundó en el concepto emitido por el Registrador municipal, el cual era un acto
constitutivo de la buena fe exenta de culpa, eximente de responsabilidad en
materia de pérdida de investidura.
46. Expuso que con la respuesta del 21 de noviembre de 2019: «[…] tuve la
firme convicción de poder presentar la renuncia ante la Mesa Directiva del
concejo municipal, fundada sobre el conocimiento especializado y experto de un
funcionario delegado en temas y asuntos electorales en la región».
47. En su sentir, fue aquella comunicación la que le permitió inferir con buena
fe calificada, que no estaba en la obligación de posesionarse en el cargo en los
términos referidos por el ordenamiento. No obstante, la Sección Primera les restó
valor, con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
48. Además, destacó que con el análisis realizado por la Sección Primera a tal
elemento de juicio: i) faltó a la regla constitucional de libertad para acceder a
cargos públicos, ii) la renuncia no debía ser comprendida como transgresión de
un mandato popular, iii) el carácter no convencional del artículo 2 de la
Resolución 2276 de 2019, y iv) la decisión de negar efectos a la renuncia viola el
derecho a la igualdad entre los concejales en ejercicio y el concejal designado
que aún no toma posesión de la curul.
49. En cuanto a la fuerza mayor, el señor Rojas Herrera manifestó que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un protuberante defecto fáctico
por la valoración defectuosa de las incapacidades médicas, las cuales permitían
demostrar la imposibilidad de la toma de posesión. Pruebas que, a su juicio
fueron incorporadas legalmente al plenario y demostraban de manera
cronológica y detallada, los asuntos relacionados con el accidente padecido.
50. Respecto al tercer cargo, alegó que se transgredió el principio pro homine,
lo que configura el defecto por violación directa de la Constitución. Frente a este
argumento, señaló a grandes rasgos que, de haberse atendido tal postulado
superior, se habría concluido su «inculpabilidad, dado el error invencible bajo la
convicción errada de que su [sic] comportamiento se ajustaba a los lineamientos
legales».
51. Por último, manifestó que su renuncia estuvo amparada en el concepto del
registrador del 21 de noviembre de 2019 y su no posesión, en el hecho de que
se encontraba bajo una situación externa de fuerza mayor por el accidente
padecido.
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1.3.2. Auto del 25 de abril de 2025 proferido por la Procuraduría Regional de
Instrucción de Vichada
52. En sentir de la parte actora, la autoridad disciplinaria que declaró la
inhabilidad actuó sin competencia para ello, al tenor de lo dispuesto en el artículo
23.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto, con
fundamento en que tal entidad no tiene la identidad para restringir los derechos
políticos de los elegidos popularmente.
53. En segundo lugar, el accionante señaló que se le vulneró el debido
proceso con la decisión de suspensión. Expuso que aún si se aceptara que la
Procuraduría tiene competencia, lo cierto es que una decisión como esa debió
estar mediada por aquella garantía constitucional, la cual ordena que en cualquier
actuación los investigados deben ser escuchados. No obstante, en la actuación
disciplinaria no se le ofreció la posibilidad de presentar alegatos o escritos de
defensa.
1.4. Intervenciones
54. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela, tras señalar que el asunto no gira en torno
al alcance, aplicación o desarrollo de un derecho fundamental, sino que versa
exclusivamente sobre la inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural.
55. Expuso que los argumentos expuestos en esta instancia ya fueron materia
de análisis por parte del juez ordinario. Para mayor claridad, indicó que ya hubo
un pronunciamiento relacionado con: i) la excepción de cosa juzgada, ii) la
existencia de fuerza mayor como eximente de responsabilidad y iii) la ocurrencia
de error invencible para enervar la configuración del elemento subjetivo de
culpabilidad que no fue demostrado. De ahí que lo pretendido por la parte actora
era hacer de este mecanismo constitucional una tercera instancia.
56. Finalmente, hizo un recuento de la ratio decidendi y concluyó que tal
colegiatura interpretó las normas aplicables a la controversia conforme a la
jurisprudencia y con respeto al principio pro homine y al debido proceso. Por
ende, pidió de forma subsidiaria que se negaran las pretensiones de la solicitud
de amparo, tras no existir vulneración de los derechos fundamentales del
accionante.
57. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación a través de su Oficina
Jurídica alegó como argumentos de defensa: i) la inexistencia de una conducta
respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos
fundamentales, ii) la improcedencia de la tutela como mecanismo transitorio, al
no configurarse un perjuicio irremediable, y iii) la improcedencia por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad.
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58. Frente al primero, afirmó que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular adelanta el proceso disciplinario con
radicado IUS E-2025-013789 e IUC D-2025-3915145 bajo los principios de
legalidad, competencia y respeto al debido proceso. Precisó que, si bien hubo un
error funcional en la remisión inicial de la consulta a una Procuraduría Delegada
sin competencia, la actuación fue subsanada y en ella se garantizó el debido
proceso del actor.
59. En relación con los otros puntos de defensa, mencionó que el actor podía
acudir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa para dirimir la
controversia, toda vez que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable con la medida disciplinaria adoptada.
60. Finalmente, en memorial allegado con posterioridad, y con ocasión del
auto de vinculación del 4 de septiembre del año en curso, destacó que tanto la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 3 para la Vigilancia
Administrativa y Judicial, como la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular, eran dependencias de tal entidad. En
consecuencia, reiteraba los argumentos brindados en el escrito de contestación
de tutela.
1.5. Sentencia de primera instancia
61. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en providencia
del 24 de julio de 2025 negó la solicitud de amparo. Como fundamento de su
decisión, el a quo indicó que no se produjo un doble juzgamiento sobre los
mismos hechos pues cada proceso evaluó conductas distintas del accionante
bajo marcos normativos distintos. Por tanto, no se desconoció el principio de non
bis in ídem.
62. Para el efecto, el fallador de primera instancia sostuvo que, si bien era
cierto que los 2 procesos de pérdida de investidura se originaron en torno a la no
posesión del accionante en el cargo del concejal, en virtud de una curul por
oposición, también lo era que los fundamentos jurídicos que motivaron cada
actuación judicial eran sustancialmente distintos.
63. Destacó que mientras en el proceso 2020-00024-00 la causal invocada fue
la contenida en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, referida a la
pérdida de investidura por aceptación de un cargo público incompatible sin la
renuncia previa exigida por la ley, el radicado 2023-00109-1 se fundó en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que establece la pérdida de
investidura como consecuencia de la no posesión oportuna del cargo de concejal.
64. Por lo mismo, consideró que no era cierto que se aplicó de manera
indebida el artículo 17 de la Ley 1881 de 2018 y que la Sección Primera de la
colegiatura no tuviera competencia para fallar. Esto, toda vez que el asunto
sometido a su conocimiento no había sido juzgado previamente bajo la misma
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causal.
65. En lo que respecta al segundo cargo, el a quo estimó que, contrario a lo
indicado por la parte actora, las pruebas relativas a: i) la respuesta del registrador
municipal y ii) las incapacidades derivadas del accidente sufrido por el señor
Rojas Herrera, sí fueron valoradas y, precisamente, a partir de su apreciación,
fue que las autoridades accionadas tuvieron por cumplido el elemento subjetivo
de la causal de pérdida de investidura que fue invocada.
66. Explicó que, si bien era cierto que existieron las incapacidades, también lo
era que previo al accidente el accionante ya había manifestado su intención de
no tomar posición del cargo de concejal. Asimismo, adujo que era deber del señor
Rojas Herrera la revisión de los requisitos y el marco normativo que regía el cargo
al cual aspiraba, sin que dicha carga le fuera inoponible por el hecho de no ser
abogado.
67. Además, indicó que de la respuesta del registrador municipal no se
desprendía insinuación alguna que diera a entender que no debía tomar
posesión, sino que dicha autoridad recomendó presentar su solicitud (renuncia al
cargo) ante el concejo municipal, una vez este se hubiera instalado. Por ende, la
interpretación de las autoridades accionadas no había sido caprichosa o
arbitraria.
68. Finalmente, respecto a los reparos dirigidos en contra del auto de
suspensión del 25 de abril de 2025, dictado por la Procuraduría Regional de
Instrucción de Vichada, el a quo consideró que se superó el requisito de la
subsidiariedad con fundamento en que la decisión no estaba definiendo la
situación del investigado, sino que era una medida de carácter preventivo.
69. Ahora bien, en cuanto al cargo por falta de competencia trajo a colación la
sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional, para señalar que
sobre la materia existe cosa juzgada constitucional absoluta que avala la
potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación respecto de
servidores públicos de elección popular. Además, destacó que la suspensión que
se ataca es de carácter provisional y no definitiva.
70. Por último, consideró que la PGN sí le permitió al investigado pronunciarse
sobre la suspensión provisional del cargo. Esto, en la medida que una vez
saneado el procedimiento por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, tal
autoridad le dio traslado al investigado mediante auto del 4 de junio de 2025 para
que hiciera uso de su derecho de defensa.
71. A modo de cuestión final, el a quo precisó que no era posible extenderle
al accionante los efectos de la sentencia SU-292 de 2025 de la Corte
Constitucional, toda vez que de ella solo se conoce un comunicado de prensa y
ello no corresponde propiamente a una sentencia.
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1.6. Impugnación
72. El señor Rojas Herrera solicitó que se revocar a la sentencia de primera
instancia, se ampararan sus derechos fundamentales y le fueran extensivos los
efectos de la sentencia SU-292 de 2025 proferida por la Corte Constitucional en
un caso análogo a este. En esencia, el accionante centró su impugnación en lo
siguiente:
73. En primer lugar, el desconocimiento del artículo 17 de la Ley 1881 de 2019
por parte de las autoridades que adelantaron el proceso de pérdida de
investidura.
74. Al respecto, mencionó que de conformidad con dicha disposición no se
pueden juzgar los mismos hechos de manera independiente. Insistió en que se
le investigó dos veces el no haberse posesionado dentro de los 3 días del periodo
de sesiones de instalación del concejo municipal. Además, destacó que se le
juzgó bajo la responsabilidad objetiva y no subjetiva, toda vez que se desconoció
el material probatorio que sustentaba su renuncia.
75. En segundo lugar, alegó la inexistencia de faltas disciplinarias en su
contra. Como sustento de su dicho, mencionó que al momento de su inscripción,
elección y designación como alcalde de La Primavera no tenía ninguna
inhabilidad, lo que le permitió participar en la contienda electoral y ocupar el
primer puesto.
76. Bajo tal lógica, mencionó que la Procuraduría es competente para
investigarlo, pero no para sancionarlo, pues según el artículo 95 de la Ley 136 de
1994 no puede inscribirse, elegirse o designarse a un ciudadano que haya
perdido la investidura. Ello, a su juicio, implica que la sanción de pérdida de
investidura aplica únicamente para aspirar de nuevo a cargos de elección
popular, de ahí que la misma le aplica para postulaciones futuras y no para la
función que actualmente desempeña.
77. Finalmente, solicitó como medida provisional que se ordene la suspensión
provisional de la investigación disciplinaria con radicado IUS-(E-2025-013789) /
IUC-(D-2025-3915145) en virtud de que no está configurada la inhabilidad
sobreviniente para ejercer como alcalde.
1.7. Intervenciones en segunda instancia
78. A través de memorial del 20 de octubre de 2025, el accionante pidió que
se le aplicaran los efectos de la sentencia SU-292 de 2025 de la Corte
Constitucional. Afirmó que se encuentra en los mismos supuestos fácticos que
analizó el alto tribunal en dicha oportunidad, pues en su caso tampoco se valoró
la aceptación de renuncia por parte del Concejo Municipal de la Primavera.
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II. CONSIDERACIONES
79. La Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir
y ser elegido de la parte actora, con fundamento en que la Sección Primera del
Consejo de Estado omitió analizar el material probatorio y los elementos
constitutivos de la causal de pérdida de investidura a la luz de los principios de
buena fe, confianza legítima y pro homine.
80. Para ello, estudiará, en primer lugar, los cargos dirigidos en contra de la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Primera de la
corporación, comoquiera que fue la decisión que puso fin al proceso ordinario.
Allí se analizará: (i) la superación de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) el cumplimiento de los
elementos establecidos jurisprudencialmente para la configuración del defecto
fáctico y por violación directa de la Constitución.
81. Luego, verificará los cargos planteados por el accionante en contra de la
decisión emitida el 25 de abril de 2025, por la Procuraduría Regional de
Instrucción de Vichada. Ello, siempre que se advierta que, pese al amparo, existe
alguna cuestión pendiente por resolver. De lo contrario y, por sustracción de
materia, no se hará un pronunciamiento sobre tal decisión.
2.1. Cuestión previa
82. El señor Rojas Herrera solicitó en su escrito de impugnación que se
ordenara como medida provisional la suspensión provisional de la investigación
disciplinaria adelantada en su contra. Ello, porque considera que no está
inhabilitado para ejercer como alcalde del municipio de La Primavera.
83. El despacho negará la mentada petición, con fundamento en que aquella
tiene intrínseca relación con las pretensiones de la demanda y para ello, es
necesario analizar si se configuran los presupuestos de procedencia y, de ser el
caso, efectuar un estudio de fondo de la controversia.
2.2. Análisis de la tutela en contra de la sentencia del 12 de diciembre de
2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
2.2.1. La solicitud de amparo cumple parcialmente con los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales
84. El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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cumplimiento de ciertos requisitos generales12 y a la configuración de algún
defecto especial13 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
85. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
86. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
parcialmente con el pleno de los requisitos generales de procedencia referidos,
como pasa a exponerse.
87. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
88. La Sala advierte que el señor Luis Eduardo Rojas Herrera está legitimado
en la causa por activa, porque fungió como demandado al interior del medio de
control en el que se dictaron las providencias que se reprochan mediante esta
vía.
89. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Meta, la
Sección Primera del Consejo de Estado están legitimados en la causa por pasiva,
comoquiera que aquellas autoridades emitieron las decisiones reprochadas
mediante el presente trámite constitucional.
90. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional14, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
12 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
13 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
14 Sentencia SU-215 de 2022.
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constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
91. En este caso, debe recordarse que la parte actora formuló los siguientes
cargos contra la providencia objeto de estudio: i) violación directa de la
Constitución, sustantivo y orgánico por vulneración del principio de non bis in
idem, ii) defecto fáctico por indebida valoración probatoria, y iii) violación directa
de la Constitución por desconocimiento del principio pro homine.
92. Pues bien, a juicio de esta colegiatura, el primer cargo, referente al
desconocimiento del principio del non bis in idem, no supera el requisito de la
relevancia constitucional. En concreto, se considera que los reparos formulados
por la parte actora están encaminados a que se examine, vía acción de tutela,
una discusión de instancia que ya fue zanjada y respecto de la cual, no se
suministraron elementos nuevos que permitan advertir una vulneración de
derechos fundamentales.
93. Nótese que los argumentos que acompañan la proposición de tal cargo
consisten en que el accionante fue juzgado dos veces por los mismos hechos,
pues se adelantaron dos procesos de pérdida de investidura en su contra por su
«no posesión como concejal [sic] de La Primavera, periodo 2020-2023». El
primero, se identificó con radicado 50001-23-33-000-2020-00024-00, mientras
que el segundo con el número 50001-23-33-000-2023-00109-00 y, a su juicio,
ello es contrario a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1881 de 2018.
94. Tal aspecto fue igualmente expuesto por el señor Rojas Herrera en el
proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2023-00109-00. Debe
recordarse que, tanto en la contestación de demanda, como en su recurso de
apelación, alegó como excepción la cosa juzgada por los mismos motivos. Y,
sobre el particular, la Sección Primera de la corporación zanjó la discusión en
sentencia del 12 de diciembre del presente año en los siguientes términos:
[…] no es posible indicar que los hechos enunciados como sustento de la
pretensión de despojar a la parte accionada de su investidura de concejal del
municipio de La Primavera, para el período 2020-2023, en este proceso y en el
medio de control de pérdida de investidura núm. 50001 23 33 000 2020 00024 00,
sean los mismos, ni que exista, en consecuencia, identidad de causa.
Como lo indicó esta Corporación en la sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida
en el medio de control de pérdida de investidura núm. 50001 23 33 000 2020 00024
00, la mesa directiva del concejo municipal de La Primavera, en su solicitud de
pérdida de investidura, fue clara y precisa sobre la causal de pérdida de investidura
que invocó, a saber, la prevista en el numeral 1° del artículo 55 de la Ley 136.
Lo anterior quiere decir que el hecho que debía acreditarse era el consistente en
la aceptación o desempeño de un cargo público, salvo que hubiere mediado
renuncia previa, el cual no se probó como se advierte del contenido de la sentencia
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de 19 de mayo de 2022.
[…]
Por ello, puede colegirse que la conducta que se le atribuye al acusado consistente
en no tomar posesión del cargo de concejal del municipio de La Primavera,
conforme el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre de 2000, no
ha sido estudiada ni juzgada en el medio de control de pérdida de investidura núm.
50001 23 33 000 2020 00024 00, razón por la que el cargo formulado por la parte
apelante no tiene vocación de prosperidad.
95. Así las cosas y, a diferencia de las consideraciones expuestas por el a
quo, para esta Sección el cargo formulado por el señor Rojas Herrera deviene de
su inconformidad con el hecho de que se le hubiera tramitado otro proceso
judicial, aspecto que no goza de relevancia constitucional ni habilita, por tanto, la
intervención del juez constitucional. Por el contrario, se advierte prima facie que
la interpretación realizada por el juez de instancia es armónica con el
ordenamiento jurídico y con la tesis que ha manejado dicha corporación15.
96. Ahora bien, en relación con los otros dos cargos, las consideraciones son
distintas. Al respecto, se estima que, el actor justificó con suficiencia por qué el
asunto versa sobre la tensión entre la providencia cuestionada y los derechos
fundamentales cuya protección solicita.
97. En efecto, la parte actora sustentó la acción constitucional, principalmente,
en que se desconocieron sus derechos políticos de elegir y ser elegido, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y el principio pro
homine, pues, a su juicio, la Sección Primera del Consejo de Estado al decretar
la pérdida de investidura afectó con gravedad sus derechos de participación
política, dadas las consecuencias jurídicas de dicha decisión.
98. Al respecto, explicó a detalle que la autoridad judicial accionada
desconoció la comunicación del 21 de noviembre de 2019, suscrita por el
registrador municipal del Estado Civil y las incapacidades médicas que le fueron
otorgadas, los cuales contaban con la virtualidad suficiente de incidir en la
decisión adoptada. En su opinión, de haberse tomado en consideración tales
elementos de juicio, se habría concluido que ni el elemento objetivo ni subjetivo
de la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
se configuraban.
99. Para la Sala, estos argumentos no comportan una simple intención de
revivir una etapa probatoria, ya que el actor desarrolló con suficiencia los motivos
por los cuales, desde su perspectiva, el desconocimiento de estas pruebas
afectaba directamente sus garantías constitucionales.
15 Al respecto, en la sentencia SU-016 de 2024, la Corte Constitucional sostuvo que una tutela
contra providencias judiciales carece de relevancia constitucional cuando «no se advierta, prima
facie, una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial».
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100. En efecto, sin desconocer los motivos expuestos por la Sección Primera
del Consejo de Estado, el actor formuló razones de naturaleza constitucional al
exponer que ello implicaba una transgresión del principio pro homine pues, ante
la incertidumbre frente a un hecho que daba lugar a una grave sanción de
restricción de derechos políticos, se desestimaron unas pruebas que, a su
parecer, acreditaban tanto fuerza mayor como eximente de responsabilidad de la
causal, como la buena fe calificada con la que habría actuado.
101. En este orden de ideas, se concluye que lo pretendido por el demandante
no es usar este mecanismo constitucional como una instancia adicional al
proceso ordinario ni tampoco revivir etapas procesales ya zanjadas por el juez
natural de la causa. Esto, en la medida en que el debate propuesto está centrado
en la presunta vulneración de sus derechos políticos de elegir y ser elegido, al
debido proceso y el principio pro homine, y no simplemente a una inconformidad
en la valoración probatoria o en la interpretación de las normas que regulan el
caso en concreto.
102. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía. Esto, debido a que
se cuestiona una decisión de segunda instancia proferida por una Sección del
Consejo de Estado. Por tanto, no procede el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia16 y los argumentos formulados tampoco se enmarcan en alguna
de las causales del recurso extraordinario de revisión.
103. Inmediatez. También se acredita este requisito, pues sin necesidad de
verificar la ejecutoria de la decisión que se reprocha, se tiene que mediante
providencia del 20 de marzo de 2025 se resolvió la solicitud de aclaración y
adición interpuesta en contra de esta. Es decir, el actor promovió la acción de
tutela17 dentro de los seis meses que estableció la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable para ejercer la acción
constitucional.
104. Tutela contra tutela. Se supera este presupuesto ya que no se
controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue proferida
al interior del trámite del medio de control de pérdida de investidura con radicado
50001-23-33-000-2023-00109-01.
105. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
16 De conformidad con el artículo 260 del CPACA: «[e]l recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los
tribunales administrativos».
17 Radicada el 24 de junio de 2025. Índice 2 de Samai.
18
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vulneración de las garantías.
2.2.2. La providencia controvertida incurrió en defecto fáctico y violación
directa de la Constitución por indebida valoración de los elementos de
juicio que integraron la controversia e inaplicación de los principios de
buena fe, confianza legítima y pro homine. Ello, condujo a la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido
106. La Sala realizará una explicación general sobre los defectos alegados, y,
posteriormente, abordará el fondo del asunto. Allí, se estudiará la configuración
de los defectos de manera conjunta.
• Del defecto fáctico
107. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201518, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.
108. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso.
109. En este caso, solo se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los
medios probatorios, pues fue el planteado en el caso concreto. Al respecto, este
cargo, procede cuando a la luz de los postulados de la sana crítica la apreciación
efectuada por el fallador resulta manifiestamente equivocada y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.
110. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii)
identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica;
y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
• Violación directa de la Constitución
111. Al respecto, la Corte Constitucional19 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12
de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
19 SU-198 de 2013.
19
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112. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»20. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la
controversia versa sobre un derecho de aplicación inmediata; y (iii) cuando se
omite el principio de interpretación conforme a la Constitución21.
113. El segundo evento de violación directa de la Constitución ocurre por
indebida aplicación de la excepción de inconstitucional o en omitir su aplicación,
pese a ser procedente en un caso determinado. Esto es, cuando el juez «aplica
la ley al margen de los dictados de la Constitución»22.
• Análisis del caso en concreto
114. Como viene de verse, la parte actora le adjudica la vulneración de sus
derechos fundamentales a la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, tras haber incurrido en un defecto
fáctico y violación directa de la Constitución. En suma, el actor reprocha que se
valoraron de manera indebida las siguientes pruebas:
i. La comunicación del 21 de noviembre de 2019 emitida por el
registrador municipal del Estado Civil. En su sentir, tal elemento de
juicio permitía inferir que, a raíz de aquella, debía presentar su renuncia el
6 de enero de 2020 ante la mesa directiva del concejo municipal, con la
firme convicción de que podía hacerlo, dado que fue una autoridad del
órgano electoral quien le dio el lineamiento a seguir. En otras palabras,
asegura que, en virtud de tal documento, no estaba obligado a tomar
posesión de la curul.
ii. Las incapacidades médicas que le fueron otorgadas al actor. En
particular, se refirió a las del: i) 30 de diciembre 2019 al 4 de enero de
2020; ii) 7 al 12 de enero de 2020; iii) 13 al 17 de enero de 2020; iv) 16 al
25 enero 2020 (por un médico particular); v) 21 al 24 de enero de 2020; iv)
31 de enero al 13 de febrero de 2020; y, v) a partir del 7 de febrero de
2020 por 45 días (por un médico particular). En su opinión, de estos
elementos de juicio, se podía inferir que se estaba incurso en una fuerza
mayor como causal de justificación para no haber tomado posesión del
cargo de concejal, de acuerdo con el parágrafo 1. ° del artículo 48 de la
Ley 617 de 200023.
115. Pues bien, como fue expuesto, el día 29 de octubre de 2019 el señor Rojas
Herrera aceptó la curul ante el Concejo Municipal de La Primavera en virtud del
derecho contemplado por el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 «PARAGRAFO 1o. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor».
20
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116. Posteriormente, el 7 de noviembre del mismo año radicó ante el registrador
municipal de La Primavera, su renuncia al cargo sin ninguna justificación.
117. A su vez, mediante oficio del 21 de noviembre del mismo año, el
registrador municipal le informó:
[…] toda vez que no se ha posesionado se le sugiere presentar renuncia
ante el nuevo Consejo (sic) Municipal periodo constitucional 2020- 2023,
una vez se posesione el mismo y sea resuelta por esta corporación su
solicitud: así mismo, en el entendido que la comisión Escrutadora Municipal no
se puede reconstituir para tal efecto, es así que dicha solicitud se sale de la órbita
de la Registraduría, por tal razón de no ser resuelta su solicitud por el nuevo
Concejo, se le sugiere, en aras de resolver de fondo su pretensión, acudir al
Consejo de Estado, Corporación competente en su Sección Quinta, en asuntos
electorales [Sic]. [Énfasis de la Sala].
118. En virtud de la recomendación impartida por la autoridad en comento, el
día 6 de enero de 2020, fecha de instalación del nuevo Concejo Municipal de La
Primavera, el tutelante acudió personalmente con el fin de radicar su escrito de
renuncia.
119. Obra constancia de que tal situación fue resuelta por la respectiva
corporación pública en memorial CMLPV-004/2020 del 9 de enero de 2020,
notificado el 12 del mismo mes y año al interesado. Allí, el presidente indicó:
[…] a la fecha el señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA, no ha tomado
posesión de su cargo ante el presidente de esta Corporación tal como lo indica
la Ley. En consecuencia, esta corporación indica que toda vez que el suscrito no
toma posesión de su cargo es irracional presentar RENUNCIA ante este órgano
colegiado de la manera abstracta como se instituye.
Por lo siguiente se remitirá el caso a los órganos competentes para que se siga
el debido proceso sobre mencionado asunto teniendo en cuenta las leyes
mencionadas específicamente la Ley 617 de 200 en su artículo 48 […].
120. En atención a la respuesta del presidente del concejo, mediante escritos
del 23, 27 y 28 de enero de 2020 el señor Rojas Herrera solicitó que se
adelantaran las gestiones pertinentes para que aquel se pudiera posesionar.
Justificó ante la corporación pública que no se presentó en el término de ley,
comoquiera que había mediado una fuerza mayor consistente en el hecho que
se encontraba incapacitado, pues a finales del mes de diciembre de 2019 había
sufrido un accidente mientras montaba a caballo y aquel le había generado
afectaciones en su mano derecha.
121. De los anteriores memoriales, no obra constancia de respuesta por parte
de la corporación pública.
122. Ciertamente, el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece
como causal de pérdida de investidura el no tomar posesión del cargo dentro de
21
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los 3 días siguientes a la fecha de instalación del concejo municipal, salvo que
medie fuerza mayor.
123. Al analizar las particularidades del caso concreto, la Sección Primera de
la corporación encontró que el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura estaba configurado porque, en efecto, el señor Rojas Herrera no se
presentó en el término de ley para asumir la curul de oposición.
124. Asimismo, adujo que, si bien el señor Rojas Herrera había sufrido un
accidente a finales del mes de diciembre de 2019 que le había generado algunas
afectaciones en su mano derecha que derivaron en incapacidades médicas, lo
cierto era que aquel ya había manifestado su intención de no tomar posesión de
la curul y ello no constituía bajo ningún motivo, un hecho imprevisible, irresistible
y extremo que configurara la fuerza mayor. Además, señaló que en todo caso en
la renuncia presentada el 6 de enero de 2020 no había hecho referencia a las
circunstancias de salud.
125. En relación con el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura, la Sección Primera consideró que el señor Rojas Herrera había
actuado con culpa grave. En criterio de la autoridad judicial, no era posible hablar
de la existencia de una buena fe calificada motivada por un error invencible a
partir de la conciencia del accionado de la posibilidad de presentar la renuncia
sin previamente tomar posesión, dado que tal análisis no estaba respaldado por
normas de orden legal y reglamentario, ni por conceptos o asesorías idóneas en
relación con tal situación.
126. Además, consideró que el concepto emitido el 21 de noviembre de 2019
por el registrador municipal no le pudo haber generado la confianza legítima de
que no debía tomar posesión del cargo, pues incluso en dicha oportunidad, se le
puso de presente el alcance del artículo segundo de la Resolución 2276 de 2019,
que proscribe la posibilidad de retracto una vez aceptada la curul de oposición
en la corporación pública.
127. Finalmente, señaló que otra muestra de la culpa grave era que en las
comunicaciones del 7 de noviembre de 2019 y del 6 de enero de 2020 aquel no
manifestó su intención de renunciar con fundamento en alguna situación de
salud, sino que lo hizo hasta que feneció el término legal para tomar posesión del
cargo.
128. Pese a los argumentos señalados por la Sección Primera, esta Sala
considera que la sentencia censurada incurrió en una indebida valoración de los
elementos de juicio que formaron parte de la controversia. Especialmente, de la
comunicación del 21 de noviembre de 2019 emitida por el registrador municipal
de La Primavera Vichada, de las incapacidades médicas expedidas por el
Hospital San Juan de Dios E.S.E. y del oficio CMLPV-004/2020 del 9 de enero
de 2020 suscrito por el presidente del concejo municipal referido.
22
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129. En sentir de esta Sala de Decisión, tales piezas procesales analizadas en
conjunto permitían demostrar que el tutelante: (i) actuó bajo la creencia legítima
de que podía renunciar ante la mesa directiva del concejo municipal sin
necesidad de tomar posesión; y (ii) se encontraba incapacitado, lo que le
imposibilitó tomar posesión del cargo, como pasa a explicarse:
A) La comunicación del 21 de noviembre de 2019 del registrador
municipal del Estado Civil de La Primavera Vichada
130. En esencia, esta Sala de decisión estima que la decisión de renuncia del
6 de enero de 2020 ante el concejo municipal estuvo sustentada en la
recomendación de una autoridad en materia electoral, que si bien es cierto no lo
habilitó para no posesionarse del cargo, sí le generó una expectativa de que
aquello era factible:
131. Nótese que fue un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil
quien le dio respuesta, en la cual, si bien le puso de presente el contenido del
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, le indicó que el trámite de su renuncia salía
de la órbita de dicha entidad, dada la imposibilidad de reconstruir la comisión
escrutadora municipal para el efecto. Así mismo, que fue dicho funcionario quien
23
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le sugirió la presentación de la renuncia ante el concejo municipal una vez se
posesionará el mismo.
132. De ello es posible inferir que el accionante sí tenía elementos para advertir
que era posible que manifestara su deseo de no tomar posesión, pese a que ya
había aceptado el cargo. En efecto, el señor Rojas Herrera recibió la orientación
directa de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil acerca del
trámite que debía seguir para formalizar su renuncia. Ello, permite inferir que no
actuó con un ánimo evasivo de sus deberes, sino producto de la confianza
depositada en la instrucción proveniente de una autoridad pública.
133. En tal sentido, se estima que la autoridad judicial enjuiciada no valoró las
implicaciones de la comunicación en cita a la hora de analizar el elemento
subjetivo de la causal de pérdida de investidura objeto de estudio. Por el
contrario, se limitó a exigir la acreditación de que la conducta del investigado
estuviera amparada en la jurisprudencia del Consejo de Estado o en algún
concepto o asesoría de un experto, carga que, a juicio de esta judicatura,
resultaba desacertada, pues era lógico que se presumiera que el señor Rojas
Herrera actuó bajo la orientación de una autoridad en materia electoral.
134. En este punto conviene destacar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que el análisis del elemento subjetivo «no puede
limitarse únicamente a los eventos antes descritos y de manera estricta para
estudiar la culpabilidad, sino que debe tomar en consideración las
particularidades de cada caso concreto»24. Ello significa que, la Sección Primera
no puede delimitar de forma taxativa los eventos que permiten desvirtuar este
componente en los procesos pérdida de investidura, sino que debe servirse del
contexto que le otorga cada caso concreto, a efectos de verificar si procede o no
la máxima sanción de derechos políticos.
135. En el caso concreto, la Sección Primera, le restó eficacia al concepto
emitido por una autoridad electoral experta en la materia, con fundamento en que
ello no correspondía a uno de los eventos taxativos en los que la autoridad judicial
demandada ha tenido por desvirtuado el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura. Ello contradice la regla jurisprudencial referida en el
párrafo anterior.
B) Las incapacidades médicas
136. Ahora bien, en línea con lo anterior, no puede pasarse por alto que al
interior del expediente obraban incapacidades médicas expedidas por el Hospital
San Juan de Dios E.S.E. a nombre del señor Luis Eduardo Rojas Herrera, así: i)
por 6 días, desde el 30 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020; ii) por 6 días,
24 Corte Constitucional, sentencia SU-292 de 2025.
24
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del 7 al 12 de enero de 2020; iii) por 4 días, del 21 al 24 de enero de 202025; y iv)
por 14 días, del 31 de enero al 13 de febrero de 2020. También, había constancia
de otras expedidas por un médico particular.
137. Especialmente, llama la atención que en el interregno de tiempo en el cual
el señor Rojas Herrera debía tomar posesión del cargo, estuvo incapacitado.
Como fue anotado, obra excusa médica del 7 al 12 de enero de 2020, radicada
ante el concejo municipal el día 27 de enero de 2020:
138. Lo anterior da cuenta de que el investigado contaba con una justificación
médica para no asumir el cargo durante el período en el que se le endilga la
causal de inasistencia. Dicha prueba, debidamente incorporada al expediente,
demuestra que su ausencia también estuvo motivada por su estado de salud. No
obstante, aquello no fue debidamente valorado por la Sección Primera de la
corporación.
139. En efecto, no se explica por qué la autoridad judicial limitó el examen de
la fuerza mayor a la manifestación del señor Rojas Herrera de no querer asumir
25 En aquella incapacidad se dejó como observación que se daba prorroga a la incapacidad de 4
días: «inicio 13/01/2019 [sic] finaliza 17/01/2020). Lo que permite inferir que en dicho periodo
también estuvo incapacitado.
25
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la curul, sin considerar en su integridad el contexto probatorio obrante en el
expediente. Nótese que la autoridad judicial expuso:
[…] con anterioridad a la fecha de ocurrencia del accidente sufrido por el
accionado, este ya había manifestado su intención de no tomar posesión de la
curul y, además, en la comunicación de 6 de enero de 2020, aquel no aludió a
sus condiciones de salud.
[…] De esta manera, la voluntad del accionado no es, bajo ningún motivo, un
hecho imprevisible, irresistible y externo que permita configurar la fuerza mayor
[…]
140. Para la Sala, la valoración de la renuncia del 7 de noviembre 2019 y del 6
de enero de 2020, debía realizarse de manera armónica con los demás medios
de prueba que integraban el contradictorio, y no de manera aislada o
fragmentada.
141. Si el juez de pérdida de investidura hubiese valorado debidamente las
incapacidades médicas obrantes en el expediente; específicamente aquellas de
los días 7, 8 y 9 de enero de 2020, habría advertido la necesidad de examinar la
figura de la fuerza mayor como causa excluyente de responsabilidad, para
determinar si el actor se encontraba en imposibilidad real y comprobada de
asumir el cargo en el término previsto por la ley y de esa manera desvirtuar el
elemento objetivo de la causal en estudio.
142. No obstante, al restringir el análisis únicamente a la manifestación escrita
del interesado, la autoridad judicial desconoció el deber de apreciación integral
de la prueba y el principio de realidad sobre las formas, al restarle eficacia un
elemento que podía dar lugar a la configuración de la fuerza mayor. Tal omisión
privó al procesado de la posibilidad de que su conducta fuera apreciada a la luz
de un evento eximente de responsabilidad, lo que afectó su derecho fundamental
al debido proceso.
143. Valga señalar que, en la sentencia enjuiciada, la Sección Primera hizo
referencia a su jurisprudencia para señalar que por «disposición expresa del
legislador, el estudio de la eventual configuración, o no, de un evento de fuerza
mayor, resulta intrínseco al análisis inicial de la referida causal»26. Asimismo, trajo
a colación el artículo 64 del Código Civil y otras decisiones emitidas tanto por
dicha corporación como por la Corte Constitucional, en las cuales se ha
establecido que para que opere la fuerza mayor es necesario que ocurra un
hecho imprevisible, irresistible y externo.
144. Por ende, si aquel marco interpretativo se aplicaba al caso concreto, la
autoridad judicial accionada debió estudiar si las incapacidades médicas
derivadas del accidente que padeció el señor Rojas Herrera a finales de
diciembre del año 2019 —que ocurrió luego de que el actor manifestara su
intención de renunciar a la curul— reunían los requisitos para ser consideradas
26 En este punto, citó la sentencia proferida por dicha Sección el 28 de enero de 2021, al interior
del expediente: 23-33-000-2020-00032-01(PI). M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
26
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como un evento de fuerza mayor. En tales términos, la Sección Primera debió
valorar si tales incapacidades médicas constituían un hecho imprevisible,
irresistible y externo, que tenían la potencialidad de afectar su voluntad y cercenar
posibilidad de acudir a tomar posesión de la curul dentro de los 3 días siguientes
a la instalación del concejo municipal.
145. Sin perjuicio de ello, el juez de lo contencioso-administrativo limitó su
análisis a la manifestación de la voluntad de renunciar a la curul que hizo el
concejal designado, e ignoró las demás circunstancias particulares del caso
concreto. Ello, a pesar de que el señor Rojas Herrera allegó las incapacidades
ante el concejo municipal y al proceso de pérdida de investidura.
C) La comunicación CMLPV-004 del 9 de enero de 2020 expedida por el
presidente del Concejo Municipal La Primavera Vichada
146. Otro aspecto que debió ser valorado por la Sección Primera, era el hecho
de que la corporación municipal tramitó la renuncia del accionante una vez
feneció el plazo contemplado en la Ley para que pudiera posesionarse y que,
además, en dicha respuesta condicionara la renuncia a la posesión en el cargo.
147. Es decir, no se explica por qué el presidente del Concejo Municipal de La
Primavera: (i) resolvió la renuncia una vez expiró el plazo que el interesado tenía
para tomar posesión del cargo (9 de enero de 2020 y notificado el 12 del mismo
mes y año); (ii) negó la renuncia con fundamento en la no posesión del cargo
durante los 3 días siguientes a la instalación, cuando precisamente aquel solo
tramitó la misma cuando ya el señor Rojas Herrera no tenía la posibilidad de
asumir el cargo; y (iii) infundió la idea de que la aceptación de la renuncia estaba
atada a la posesión, pero nunca se pronunció sobre las solicitudes del 23, 27 y
28 de enero de 2020, pese a que el accionante había justificado su inasistencia
con incapacidades médicas.
148. Ciertamente, si la comunicación CMLPV-004 del 9 de enero de 2020,
mediante la cual el presidente del concejo municipal no aceptó la renuncia del
señor Rojas Herrera, hubiera sido notificada dentro del término de los 3 días
siguientes a la instalación de dicha corporación, el señor Rojas Herrera habría
tenido la oportunidad de adoptar una decisión respecto de su posesión, ya fuera
incorporándose al cargo o allegando las incapacidades médicas que justificaban
su imposibilidad para hacerlo.
149. Tal situación no solo afectó sus derechos al debido proceso y a elegir y
ser elegido, sino que incidió directamente en la configuración de la causal de
pérdida de investidura, pues el comportamiento que se le reprochó derivó de una
actuación institucional tardía que le impidió evaluar las distintas alternativas con
las que contaba, antes de tomar una decisión respecto de su derecho personal a
ocupar la curul de la oposición consagrada en el artículo 25 de la Ley 1909 de
2018.
27
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150. Lo anterior adquiere mayor importancia, si se tiene en cuenta que, con
posterioridad a la notificación de la comunicación y mientras aún estaba
incapacitado, el señor Rojas Herrera solicitó ser posesionado para que se le
aceptara la renuncia. Debe recordarse que tanto los días 23, 27 y 28 de enero de
2020, el tutelante le pidió a la corporación que adelantara los procedimientos
necesarios para su posesión, toda vez que no se había presentado con
anterioridad por motivos de salud y porque le había sido informado que aquel
acto era necesario para poder renunciar.
151. Sin embargo, la corporación pública guardó silencio, omitió hacer un
análisis de la validez de las incapacidades del concejal designado y solo hasta 2
años después profirió la Resolución 006 del 21 de junio de 2022, mediante la cual
declaró la vacancia del cargo «por aceptación de la renuncia presentada el 6 de
enero de 2020».
152. Frente a este último aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido enfática en precisar que la
mesa directiva de la Corporación debe evaluar las excusas y decidirlas. Así, en
este caso, si la corporación estimaba que no se configuraba una causal de fuerza
mayor, debió rechazarla y comunicar tal decisión al accionante, y no simplemente
guardar silencio, para, luego, promover el primer proceso de pérdida de
investidura y, con posterioridad, aceptar la renuncia dos años después de
radicada27.
153. Luego, es claro que una vez el accionante fue notificado de la negativa de
la aceptación de su renuncia, el señor Rojas Herrera adelantó distintas gestiones
tendientes a lograr el acto de posesión y demostrar que no solo no se había
presentado antes por haber actuado bajo la convicción de que podía renunciar,
sino porque también contaba con una excusa médica para ello. Por lo tanto, es
razonable concluir que, de haber recibido una respuesta oportuna, habría podido
realizar alguna gestión dentro los 3 días siguientes a la instalación del concejo.
154. Es más, aún si el accionante hubiese sido notificado oportunamente de tal
decisión y no hubiese tomado posesión del cargo, lo cierto es que el señor Rojas
Herrera tenía certificados médicos que acreditaban una condición de salud en
virtud de la cual le fueron otorgadas varias incapacidades que le impedían
posesionarse. Por tanto, dicha circunstancia debió ser valorada por el concejo
municipal, sin embargo, dicho órgano, optó por guardar silencio.
• Conclusión
155. De lo expuesto, esta Sala de Decisión concluye que la Sección Primera
del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
a elegir y ser elegido del señor Luis Eduardo Rojas Herrera. Esto, porque la
sentencia de 12 de diciembre de 2024 adolece de los defectos fáctico y por
27 Véase: Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 2017.
28
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violación directa de la Constitución, por haber limitado el análisis de la
configuración de la causal de pérdida de investidura a la manifestación del
accionante de su voluntad de renunciar al derecho personal contemplado en el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2019, sin tener en consideración las demás
circunstancias en las que se encontraba el concejal designado, y cuyo estudio
era necesario previo a la declaratoria de la pérdida de investidura.
156. En efecto, la autoridad judicial accionada confirmó la sanción por pérdida
de investidura, a partir de elementos objetivos de la conducta del accionante, sin
considerar distintas circunstancias que permitían desvirtuar la configuración de la
causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
157. Ciertamente, la sanción de pérdida de investidura se basó únicamente en
los escritos del 7 de noviembre de 2019 y 6 de enero de 2020, mediante los
cuales el señor Rojas Herrera manifestó su intención de renunciar a la curul de
la oposición. Sin embargo, la Sección Primera no valoró las demás circunstancias
que hacían de este un caso particular, en tanto había elementos que
demostraban que el actor actuó bajo el amparo de la buena fe por error invencible
fundado en actuaciones de la administración y otros que, a su vez, daban cuenta
de la existencia de un evento de fuerza mayor que le impedía tomar posesión del
cargo en los 3 días siguientes a la instalación del Concejo Municipal de La
Primavera.
158. Nótese que en la decisión judicial objeto de revisión se expuso:
[…] muestra de que el accionado incurrió en culpa grave resulta ser que,
inicialmente, indicara, en las comunicaciones de 7 de noviembre de 2019 y 6 de
enero de 2020, su intención de renunciar a la curul de concejal del municipio de
La Primavera, sin aludir a situación alguna de salud y, posteriormente, luego de
vencido el término legal para tomar posesión del cargo conforme el numeral 3.
del artículo 48 de la ley 617, modificar su posición, para señalar en la
comunicación de 23 de enero de 2020, los fundamentos de su renuncia a la curul
aludiendo a sus circunstancias de salud como causal de fuerza mayor, y en las
comunicaciones de 27 y 28 de enero de 2020, solicitando tomar posesión de la
curul […]
159. Al respecto, la Sala considera que, si el fallador de instancia hubiera
valorado de forma conjunta todos los elementos de juicio a la luz de los principios
de buena fe, confianza legítima y pro homine, habría advertido las circunstancias
particulares del caso y, con ello, hubiera optado por una interpretación que
privilegiaba los derechos políticos del señor Rojas Herrera.
160. Sobre este aspecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
enfática en precisar que la responsabilidad de este tipo de procesos debe
seguirse luego de un análisis del contexto en el que se desarrolló la conducta
objeto de reproche:
La responsabilidad jurídica de tipo punitivo de los sujetos no puede concebirse
en el plano exclusivo de los procesos lógicos (inductivos y deductivos),
29
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provenientes de interpretaciones puramente formales de las normas que
describen las conductas objeto de reproche. Detrás del reproche jurídico en
contra de un individuo está siempre la conducta que por acción u omisión
él ha realizado, de tal modo que el análisis integral de todas las
circunstancias en las que se produjo la conducta es indispensable para
deducir, conforme con la Constitución, la condigna responsabilidad.
La pérdida de investidura es una figura propia del derecho punitivo que, como se
dijo, está sujeta a los principios fundamentales que gobiernan ese régimen,
principios que pretenden salvaguardar la presunción de inocencia y el debido
proceso28. [Énfasis de la Sala]
161. Así, si bien no se desconoce que el ciudadano inicialmente manifestó su
deseo de renunciar a la curul por su mera voluntad, para esta Sala, era razonable
concluir que el accionante actuó bajo la creencia de que aquello era permitido en
virtud del concepto que emitió el registrador municipal y que, aun cuando
mediaban circunstancias de salud, no era necesario ponerlas de presente en el
escrito de renuncia, precisamente por el error invencible en el que estaba
inmerso.
162. Resulta razonable considerar que, de no haber sido motivado a presentar
la renuncia ante la corporación pública, desde un primer momento habría puesto
de presente su estado de salud para acreditar que se encontraba ante una
situación de fuerza mayor. Asimismo, si hubiera sido notificado oportunamente
de la negativa de la aceptación de su renuncia, habría podido adoptar las
alternativas necesarias para lograr su posesión a efectos de renunciar, como
ocurrió, pues, mediante escritos de 23, 27 y 28 de enero de 2020, pidió al Concejo
Municipal que procediera con su posesión, incluso a pesar de las incapacidades
médicas.
163. Empero, el Concejo Municipal de La Primavera no solo comunicó la no
aceptación de la renuncia de forma tardía, sino que guardó silencio por más de
dos años frente a las incapacidades médicas del actor y sus solicitudes de que
se le permitiera tomar posesión de la curul.
164. Nótese que solo hasta el 21 de junio de 2022 el concejo municipal expidió
la Resolución 006, mediante la cual declaró la vacancia absoluta del cargo del
señor Luis Eduardo Rojas por la aceptación de la renuncia presentada el 6 de
enero de 2022, a pesar de que previamente había condicionado dicho acto a la
posesión del concejal designado.
165. Estas circunstancias refuerzan la inexistencia de dolo o culpa grave del
tutelante, pues demuestran que la organización electoral y la corporación pública
incidieron en el comportamiento del señor Luis Eduardo Rojas Herrera frente a la
causal de pérdida de investidura que se le endilgó. A pesar de ello, la Sección
Primera limitó su análisis a la configuración del elemento objetivo y con ello
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo. Sentencia del 23 de marzo
de 2010. Radicado núm: 11001-03-15-000-2009-00198-00 (PI). M.P. Hujo Fernando Bastidas
Barcenas.
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desconoció los principios de buena fe, confianza legítima y pro homine que deben
orientar la interpretación de las normas sancionatorias en materia de pérdida de
investidura.
166. En relación con los referidos principios, la Corte Constitucional29 ha
establecido que la buena fe obliga a las autoridades a mantener cierto grado de
coherencia en relación con sus decisiones y pretende que las actuaciones
estatales se ciñan a un considerable nivel de certeza y previsibilidad, lo que
implica que las expectativas que legalmente le surgen al particular se concreten
de manera efectiva y adecuada.
167. Por su parte, la confianza legítima que deriva de aquel principio tiene como
objetivo que la administración se abstenga de modificar situaciones jurídicas
originadas «en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y
en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que –se
presume– informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del
principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias» 30.
168. Finalmente, el principio pro homine «impone aquella interpretación de las
normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la
prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente la protección, garantía y promoción de los
derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel
constitucional»31.
169. En virtud lo anterior, la Sala considera que el oficio del registrador
municipal y la falta de respuesta oportuna de la corporación pública, permiten
acreditar que el señor Rojas Herrera se encontraba cobijado por los principios de
buena fe y confianza legítima, por lo que era razonable que asumiera que no se
encontraba en el deber de acudir al acto de posesión que tuvo lugar el 6 de enero
de 2020 ni en los 3 días posteriores.
170. Aunado a ello, la apreciación de los elementos de convicción debía
hacerse a la luz del principio pro homine, de manera que, ante la incertidumbre
de la culpabilidad del accionado para determinar si debía imponerse la máxima
sanción de restricción de derechos políticos, esta se debió resolver en su favor.
171. Como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida de
investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso, particularmente,
de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
29 Al respecto ver, entre otras: Sentencias C-131 de 2004, T-248 de 2008, T-141 de 2013, T-845
de 2010, T-453 de 2018.
30 Sentencia T-180 de 2010.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-381 de 2024.
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taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad, y culpabilidad32.
172. A su vez, en el expediente reposaban certificaciones suscritas por un
profesional de la salud que daban cuenta que el señor Rojas Herrera estaba
incapacitado para desempeñar sus actividades cotidianas, específicamente los
días 7, 8 y 9 de enero de 2020, es decir, durante los días en que debió haber
tomado posesión del cargo. Todas las incapacidades fueron allegadas al proceso
y no fueron tachadas de falsas, por lo que su estudio era obligatorio.
173. Ciertamente, tales circunstancias ponían de relieve que el accionante: (i)
no podía asistir presencialmente los días siguientes a la instalación de la
corporación pública, y (ii) la causa de la imposibilidad devenía de un hecho
externo, imprevisible e irresistible a él. Sin embargo, aquello no fue objeto de
valoración como causal eximente de responsabilidad, pues la Sección Primera
limitó la configuración de este fenómeno a la manifestación previa del tutelante
acerca de su intención de renunciar a la curul.
174. Por tanto, la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de elegir y ser elegido del tutelante, en tanto
estableció como acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
alegada en la demanda de pérdida de investidura, sin un estudio acucioso del
contexto en el que desarrolló la conducta del tutelante y la situación a la que fue
conducido primero por la organización electoral y, posteriormente, por la misma
corporación pública.
175. En efecto, la conclusión de que no se comprobó fuerza mayor, ni buena fe
del señor Rojas Herrera por su falta de posesión ante la renuncia presentada,
resulta irrazonable, en atención a todos los elementos de convicción allegados y
a los principios constitucionales que rigen la imposición de este tipo de sanciones
que limitan los derechos políticos. Esto, pues de haber analizado en su conjunto
la comunicación del registrador municipal de La Primavera, las incapacidades
médicas del actor y la comunicación mediante la cual el concejo municipal
informó acerca de la no aceptación de la renuncia, la Sección Primera habría
podido corroborar que se configuraba un eximente de responsabilidad y que
aquel actuó bajo el amparo de la confianza legítima que le creó la administración.
176. Se insiste en que la restricción o limitación de los derechos políticos, dada
su naturaleza fundamental y su estrecha relación con el principio democrático,
solo resulta legítima cuando no existe duda alguna sobre la configuración plena
y concurrente de todos los elementos constitutivos de la causal de pérdida de
investidura.
177. En consecuencia, ante la presencia de circunstancias que generen
incertidumbre sobre la concurrencia de tales elementos —como la imposibilidad
32 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016.
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de acudir a tomar posesión y el error invencible—, el juez está llamado a resolver
en favor de la garantía fundamental, pues la consecuencia de la sanción «no es
otra que la pérdida, intemporal, del derecho político pasivo de ser elegido para
un cargo público de elección popular»33.
178. Conviene destacar que, en un caso reciente, la Corte Constitucional
analizó en sede de revisión una acción de tutela interpuesta contra una sentencia
de pérdida de investidura proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por incurrir en un defecto fáctico que la condujo a dar por satisfecho el
presupuesto subjetivo de la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 48
de la Ley 617 de 200034.
179. En particular, se cuestionó que el Consejo de Estado no valoró de forma
adecuada el acto administrativo mediante el cual el Concejo Municipal de
Chiquinquirá aceptó la renuncia presentada por el señor Jefferson Leonardo
Caro Casas al cargo de concejal de dicho órgano, previo a su posesión y aun
cuando el mismo había aceptado tal dignidad por mandato del artículo 25 de la
Ley 1909 de 2018.
180. En aquella oportunidad, la corporación tutelada advirtió que la renuncia se
había presentado de manera voluntaria, sin que mediara un hecho externo,
irresistible ni imprevisible. Además, destacó que tampoco hubo buena fe
calificada, porque no se demostró que la falta de posesión hubiera sido
consecuencia de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ni que aquel solicitara
asesoría jurídica para salir de su ignorancia respecto a las consecuencias de la
renuncia a la curul. Por ende, sancionó con pérdida de investidura al investigado.
181. Por su parte, la Corte Constitucional encontró acreditado el defecto fáctico
con fundamento en que la autoridad judicial estableció la culpabilidad con base
en un régimen de responsabilidad objetiva. Esto es, con argumentos que dieron
lugar a la no acreditación de la fuerza mayor, sin analizar el alcance de la
aceptación de la renuncia mediante acto administrativo que gozaba de
presunción de legalidad. Ello, por cuanto el Consejo de Estado sustentó el
elemento subjetivo en la manifestación del actor de que no tomaría posesión del
cargo, a pesar de había aceptado la curul y no era posible el retracto.
182. Además, el alto tribunal constitucional resaltó que si bien el Consejo de
Estado solo ha reconocido 2 eventos en los que se actúa bajo el parámetro de
la buena fe calificada —cuando se actúa conforme a la jurisprudencia vigente o
con asesoría adecuada de profesionales en derecho—, lo cierto es que el
análisis subjetivo debía adelantarse teniendo en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso concreto, con el fin de garantizar los principios
constitucionales de buena fe y confianza legítima.
33 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión. Sentencia del 25 de septiembre de
2019. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Radicado núm. 11001-03-15-000-2019-02135-00.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-292 de 2025.
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183. En ese orden, encontró que, al no haberse teniendo en cuenta que la
renuncia que presentó el concejal designado fue aceptada mediante acto
administrativo y ello le había generado la confianza legítima de que no debía
posesionarse, se incurrió en un defecto fáctico. A su vez, la Corte advirtió que en
atención a los derechos fundamentales que están en disputa en esta clase de
procesos:
[d]ebe darse una aplicación plena de las garantías constitucionales como el
debido proceso, específicamente, que no se aplique de ningún modo un juicio
de responsabilidad objetiva [sic]. Por ello, “el estudio de cada caso se debe
realizar teniendo en cuenta que la pérdida de investidura (…) implica que el juez
debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso” [sic] [Énfasis
de la sala].
184. En el sub judice, encuentra esta sala de decisión que la Sección Primera
de la corporación incurrió en una indebida valoración probatoria y un defecto por
violación directa de la Constitución, al sustentar también la sanción de pérdida
de investidura en la manifestación de voluntad del investigado de no querer
tomar posesión del cargo, esto es, de manera objetiva, sin ahondar en el análisis
de los elementos subjetivos y los eximentes de responsabilidad.
185. Si bien, en este caso no medió un acto administrativo que aceptara la
renuncia del señor Luis Eduardo Rojas Herrera antes de que venciera el plazo
legal para tomar posesión del cargo; sí existieron otras circunstancias que
tuvieron que ser valoradas por el juez ordinario, a la luz de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y los principios que deben regir el proceso sancionatorio.
De ahí que resulta necesario proteger los derechos fundamentales de la parte
actora.
2.2.3. Remedio constitucional
186. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala revocará la
decisión proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado que negó la acción constitucional. En su lugar, se
declarará la improcedencia de la tutela por falta de relevancia constitucional
respecto al primer cargo alegado en relación con la cosa juzgada y se accederá
al amparo de los derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido del señor
Luis Eduardo Rojas Herrera por defecto fáctico y violación directa de la
Constitución.
187. En virtud de lo anterior, se dejará sin efectos la sentencia del 12 de
diciembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado al
interior del proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado 50001-
23-33-000-2023-00109-01, que confirmó la sentencia dictada el 13 de noviembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta, en la que se declaró la pérdida
de investidura del señor Luis Eduardo Rojas Herrera.
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188. En virtud de lo anterior, se ordenará a dicha autoridad que, en los 30 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo de
conformidad con los parámetros establecidos en esta decisión de tutela. En
consecuencia, en la sentencia de reemplazo se debe valorar: (i) la comunicación
del 21 de noviembre de 2019 emitida por el registrador municipal de la Primavera,
Vichada, (ii) las incapacidades médicas expedidas por el Hospital San Juan de
Dios E.S.E. y (iii) el oficio CMLPV-004/2020 del 9 de enero de 2020 suscrito por
el presidente del Concejo Municipal de La Primavera, Vichada, en su conjunto y
de conformidad con las reglas de la lógica y la sana crítica y a la luz de los
principios constitucionales de la buena fe, la confianza legítima y pro homine.
2.3. Análisis de la tutela en contra de la decisión emitida el 25 de abril de
2025, por la Procuraduría Regional de Instrucción de Vichada
189. Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria encaminada a que
se deje sin efectos la decisión proferida al interior del proceso disciplinario que
adelanta la Procuraduría General de la Nación en su contra y en el que se dispuso
la suspensión provisional como alcalde del municipio de La Primavera, Vichada,
la Sala no se pronunciará al respecto, por cuanto el amparo que aquí se concede
frente a la sanción de pérdida de investidura resulta suficiente para restablecer
la situación jurídica del accionante. En ese orden, cualquier consecuencia
derivada de dicha decisión disciplinaria deberá ser revisada por la autoridad
competente, dentro del marco de sus funciones y de conformidad con los efectos
de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que negó la acción
constitucional. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela por
falta de relevancia constitucional respecto al cargo de cosa juzgada; y
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegido del señor Luis Eduardo Rojas Herrera, por las razones indicadas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS la providencia del 12 de
diciembre de 2024 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado al
interior del proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado 50001-
23-33-000-2023-00109-01.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera
una sentencia de reemplazo de conformidad con los parámetros establecidos en
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este fallo de tutela, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta
providencia.
En consecuencia, en la decisión de reemplazo, deberá valorar: (i) la
comunicación del 21 de noviembre de 2019 emitida por el registrador municipal
de La Primavera Vichada, (ii) las incapacidades médicas expedidas por el
Hospital San Juan de Dios E.S.E. y (iii) el oficio CMLPV-004/2020 del 9 de enero
de 2020 suscrito por el presidente del Concejo Municipal de La Primavera,
Vichada, en su conjunto y de conformidad con las reglas de la lógica y la sana
crítica y los principios de buena fe, confianza legítima y pro homine.
CUARTO: NEGAR la medida provisional solicitada por el señor Luis Eduardo
Rojas Herrera.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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