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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07053-00

Fecha
19 de enero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07053-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción presentada por Luis Eduardo Rojas Herrera contra el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el Tribunal Administrativo del Meta y la Gobernación del Vichada. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07053-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07053-00

Accionante: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

Autoridad: GOBERNACIÓN DEL VICHADA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-
Naturaleza subsidiaria del amparo. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que están pendientes
en el proceso ordinario. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa procedentes.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Eduardo Rojas contra la
Gobernación del Vichada, el Tribunal Administrativo del Meta, el Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio y la Alcaldía de La Primavera, con ocasión de la
ejecución de la sentencia del 17 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta y la sentencia del 29 de agosto de 2025 proferida por el
Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, ambas dentro de la acción de
cumplimiento de radicado 50001-33-33-012-2025-00151-01, además del Decreto
0667 del 27 de octubre de 2025, proferido por la Gobernación del Vichada.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 6 de noviembre de 2025, Luis Eduardo Rojas Herrera interpuso acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, y tutela judicial efectiva; que considera vulnerados por las entidades
accionadas al ejecutar las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
dentro de la acción de cumplimiento tramitada bajo el radicado No. 50001-33-33-

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

012-2025-00151-01, así como el Decreto 0667 del 27 de octubre de 2025. Lo
anterior, a pesar de que el fundamento de dichas decisiones desapareció como
consecuencia de la sentencia de tutela proferida el 30 de octubre de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

En virtud del amparo, solicitó que
«SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias del 17 de septiembre de 2025, proferidos
por el Tribunal Administrativo del Meta, y la sentencia de fecha 29 de agosto de 2025,
proferida por el Juzgado 1 Administrativo de Villavicencio, Meta, dentro de la acción
de cumplimiento radicado 50001333300120250015101, y, sin efectos jurídicos el
Decreto 0667 de 2025 expedido por la Gobernación del Vichada. ».

2. Hechos relevantes

El 27 de octubre de 2019, Luis Eduardo Rojas Herrera ocupó el segundo lugar en las
elecciones para la Alcaldía Municipal de La Primavera, en consecuencia, le fue
otorgada la curul de oposición en el Concejo Municipal, que aceptó el 29 de octubre
de 2019.

El accionante nunca tomó posesión en el cargo, tras una serie de incapacidades
derivadas de un accidente que sufrió y derivó en una fractura del hueso piramidal de
la mano derecha. Ante el Concejo Municipal tomó posesión el 6 de enero de 2020, y
ese día el señor Rojas Herrera presentó renuncia a su curul, que no fue aceptada
toda vez que él nunca tomó posesión en el cargo.

Tras la negativa, Luis Eduardo Rojas Herrera presentó solicitud de posesión ante la
mesa directiva del concejo municipal, exponiendo la serie de incapacidades médicas
que le impidieron la posesión oportuna. La solicitud fue reiterada en 2 ocasiones,
pero nunca obtuvo respuesta.

El 29 de enero de 2020, el concejo municipal de La Primavera presentó demanda de
pérdida de investidura en contra de Luis Eduardo Rojas Herrera. Mediante sentencia
del 12 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la pérdida de
investidura, por considerar que actuó en contra de lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

El accionante sancionado apeló la decisión, por lo que el Consejo de Estado-Sección
Primera, profirió decisión el 17 de marzo de 2022, en la que revocó lo dispuesto por
el A quo, por considerar que el Tribunal desconoció el principio de congruencia en
materia de pérdida de investidura, pues impuso la sanción tras analizar una causal
diferente a la interpuesta por la parte demandante. En consecuencia, ordenó remitir
el expediente al Tribunal.

El 19 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta negó la demanda
interpuesta.

El 24 de abril de 2023, Alirio Huertas Burgos, en calidad de ciudadano del municipio
de La Primavera, instauró demanda de pérdida de investidura por la causal dispuesta
en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000. El proceso se tramitó bajo el
radicado 50001-23-33-000-2023-00109-00/01.

Durante el curso del proceso, el 29 de octubre de 2023, Luis Eduardo Rojas Herrera
fue electo alcalde municipal de La Primavera, Vichada.

Con posterioridad a la elección como alcalde del señor Rojas Herrera, el 16 de
noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo profirió sentencia en el proceso de
radicado 2023-00109, en el que declaró la pérdida de investidura del accionado como
concejal. Contra esa providencia, Rojas Herrera presentó recurso de apelación. El
12 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió el recurso
de apelación y confirmó la decisión del Tribunal.

Tras la decisión, el ciudadano Alirio Huertas Burgos interpuso acción de
cumplimiento contra la Gobernación del Vichada, solicitando se retire del cargo de
alcalde al señor Luis Eduardo Rojas Herrera, por inhabilidad sobreviniente derivada
de la declaración de pérdida de investidura como concejal. A dicho proceso le
correspondió el radicado número 5001-33-33-001-2025-00151-01. El 29 de agosto
de 2025 se profirió decisión de primera instancia, concediendo las pretensiones. Y el
17 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta profirió decisión de
segunda instancia, en la que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia
y ordenó al Gobernador del Vichada tomar las medidas necesarias para acatar lo

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 190 de 1995 sobre el retiro de servidores por
inhabilidad sobreviniente.

En cumplimiento de lo ordenado, el Gobernador del Vichada profirió el Decreto 0667
del 2025.

El señor Luis Eduardo Rojas presentó acción de tutela en contra de la decisión de
declarar la pérdida de investidura proferida en el proceso de radicado 50001-23-33-
000-2023-00109-01, al considerar que el asunto ya había sido discutido en el
proceso previamente adelantado por el Concejo Municipal de La Primavera. Además,
alegó la existencia de defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

La acción de tutela fue tramitada con el radicado número 11001-03-15-000-2025-
03950-00 ante el Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección A. En primera
instancia, se negó la solicitud de amparo, por considerar que no se produjo doble
juzgamiento sobre los hechos, pues se evaluaron conductas diferentes, y declaró la
improcedencia de la acción constitucional respecto de los demás puntos expuestos
en la demanda.

El accionante apeló, por lo que el 30 de octubre de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Quinta profirió decisión de segunda instancia. El ad quem, consideró que la
acción era improcedente respecto del cargo relativo a la cosa juzgada, pero era
procedente frente a los demás. Determinó que:

«la providencia del 12 de diciembre de 2024, adolece de los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución, por haber limitado el análisis de la configuración
de la causal de pérdida de investidura a la manifestación del accionante de su
voluntad de renunciar al derecho personal contemplado en el artículo 26 de la Ley
19090 de 2019, sin tener en consideración las demás circunstancias en las que se
encontraba el concejal designado, y cuyo estudio era necesario previo a la
declaratoria de la pérdida de investidura.»

En consecuencia, resolvió:

«PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que negó la acción constitucional. En
su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela por falta de relevancia
constitucional respecto al cargo de cosa juzgada; y AMPARAR los derechos

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido del señor Luis Eduardo Rojas
Herrera, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS la providencia del 12 de diciembre de
2024 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado al interior del proceso de
pérdida de investidura identificado con el radicado 5000123-33-000-2023-00109-01.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera una
sentencia de reemplazo de conformidad con los parámetros establecidos en este fallo
de tutela, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia. En
consecuencia, en la decisión de reemplazo, deberá valorar: (i) la comunicación del 21
de noviembre de 2019 emitida por el registrador municipal de La Primavera Vichada, (ii)
las incapacidades médicas expedidas por el Hospital San Juan de Dios E.S.E. y (iii) el
oficio CMLPV-004/2020 del 9 de enero de 2020 suscrito por el presidente del Concejo
Municipal de La Primavera, Vichada, en su conjunto y de conformidad con las reglas de
la lógica y la sana crítica y los principios de buena fe, confianza legítima y pro homine.»

El accionante considera que en virtud a la sentencia de tutela del proceso de
radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01, la sentencia proferida en la acción de
cumplimiento de radicado 5001-33-33-001-2025-00151-01 y el Decreto 0667 de
2025 carecen de fundamento por lo que solicitó su nulidad tanto a la autoridad
judicial, como a la administrativa.

3. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante considera que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales
al ejecutar los fallos proferidos el 17 de septiembre de 2025 y el Decreto 0667 de
2025, a pesar de carecer de fundamento por lo dispuesto en la sentencia de tutela
del 30 de octubre de 2025.

Argumentó que procede la nulidad inmediata de las providencias, y que, a pesar de
haber presentado las acciones ordinarias para ello, estas pueden tardar demasiado
tiempo, lo que puede traducirse en un perjuicio que afecta gravemente el derecho
constitucional al debido proceso, además de sus derechos políticos y los de la
ciudadanía del municipio de La Primavera que lo eligieron como alcalde para el
periodo constitucional 2024-2027.

4. Trámite procesal

El 6 de noviembre de 2025, la acción de tutela fue repartida al Juzgado 08 Penal
Municipal para Adolescentes con función de Control de Garantías de Bogotá. En la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

misma fecha, la autoridad judicial remitió el proceso a la oficina de Reparto del
Tribunal Administrativo del Meta por competencia territorial

El 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta puso de presente que
no puede conocer del asunto en consecuencia remitió el proceso ante el Consejo de
Estado, por tratarse del superior funcional de esa corporación.

El 10 de noviembre llegó la acción por reparto, y el 24 de noviembre siguiente se
admitió la acción de tutela, y se ordenó su notificación a las autoridades accionadas,
así como a Alirio Huertas Burgos y al gobernador del departamento del Vichada en
calidad de terceros con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio informó que sobre los mismos hechos ya se presentó acción de
tutela tramitada ante el Consejo de Estado bajo el radicado número 11001-03-15-
000-2025-06384-00. Solicitó entonces remitir la diligencia al despacho del
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Meta advirtió uniformidad en las
peticiones del accionante respecto de la tutela tramitada bajo el radicado 11001-03-
15-000-2025-03950-01. Agregó, que revisado el sistema SAMAI el expediente
número 50001-33-33-001-2025-00151-01 fue devuelto a la entidad de origen desde
el 21 de octubre de 2025, y el 5 de noviembre se solicitó la devolución para gestionar
lo correspondiente.

Los demás accionados y vinculados guardaron silencio respecto de la solicitud.

CONSIDERACIONES

5. Cuestión previa

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del
Meta en el informe de tutela, solicitaron evaluar la posible acumulación de este
expediente con la acción interpuesta contra las mismas decisiones proferidas en el

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

proceso de acción de cumplimiento tramitado bajo el radicado número 5001-33-33-
001-2025-00151-00/01. En particular, hizo referencia a la acción de tutela adelantada
ante el despacho del doctor Jorge Iván Duque, de esta Corporación, bajo el radicado
No. 11001-03-15-000-2025-06384-00.

Al respecto, advierte la Sala que el proceso anteriormente mencionado fue
promovido por el señor Luis Eduardo Rojas Herrera, contra las providencias
proferidas por las autoridad judiciales accionadas en este proceso, y solicitó se
estudie la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el artículo
6 de la Ley 190 de 1994 en el caso concreto. Además, que sobre dicha acción ya se
profirió sentencia el 30 de octubre de 2022.

En ese orden de ideas, el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015, adicionado
por el Decreto 1834 de 2015, señala:

«Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos
fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y
misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se
asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia,
hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.

2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1834 de ese
mismo año, señala: “Las acciones de tutela que persigan la protección de los
mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados
por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de
competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera
de ellas».

A su turno, el artículo 2.2.3.1.3.2. ibid, prevé:

«Remisión del expediente. Recibido el informe de contestación con la
indicación de haberse presentado otras acciones de tutela que cumplan con
lo dispuesto en el artículo anterior, el juez de tutela al que le hubiese sido
repartida la acción remitirá el expediente, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes, al juez que, según dicho informe, hubiese avocado conocimiento
en primer lugar.

Para estos efectos, el juez remitente podrá enviar la información por cualquier
medio electrónico o de transferencia de datos, sin perjuicio de la remisión
física posterior.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

Para los mismos efectos y con el fin de agilizar su recepción, las oficinas o
despachos de reparto podrán habilitar ventanillas o filas especiales de recibo.

El juez al que le hubiese sido repartida la acción podrá verificar en cualquier
momento la veracidad de la información indicativa del juez que avocó
conocimiento de la acción en primer lugar.

Parágrafo. Con el fin de mantener una distribución equitativa de procesos
entre los diferentes despachos judiciales, las oficinas o despachos de reparto
contabilizarán las acciones de tutela asignadas al despacho judicial al que
corresponda el conocimiento de acciones de tutela a que se refiere esta
Sección, y adoptará las medidas pertinentes. Para tal fin, el juez que reciba el
proceso deberá informar del hecho a la oficina de reparto para contabilizar los
expedientes a cargo del despacho».

No obstante, las dos acciones fueron incoadas en contra de las mismas providencias,
no existe identidad en las providencias enjuiciadas, en tanto la presente acción
también se interpuso en contra del Decreto 0667 de 2025 proferido por la
Gobernación del Vichada. Además, el objeto concreto de las pretensiones es distinto
en cada una de las acciones interpuestas, en tanto una persigue la nulidad de las
providencias judiciales por presuntos errores en su expedición, mientras que la otra
se refiere a la nulidad sobreviniente de las decisiones por la existencia de otra
decisión judicial diferente.

En tal sentido, no es posible proceder a la acumulación de ambos expedientes, ya
que el análisis correspondiente debe hacerse a partir de las particularidades propias
de cada caso concreto.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela con ocasión a la
nulidad sobreviniente de las providencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio, el Tribunal Administrativo del Meta y la Gobernación
del Vichada.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta
regla tiene dos excepciones: (i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o (ii) cuando los medios de defensa

1 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
2 Ibidem.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados3.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede de manera
subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que
permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley.
Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional
ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de
obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido
consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes4.

Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia5.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales6. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso,

3 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
4 Corte Constitucional, T-1008 de 2012. Magistrado Luis Guillermo Guerrero.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las

sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.

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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez
natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que
conforman un proceso son el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver
con las garantías del debido proceso de manera que no es admisible que
el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental
cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales
no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han
sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se
desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de
tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones
evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta
contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica».

Caso concreto

El accionante considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al proferir el Decreto 0667 del 27 de octubre de 2025, y las sentencias
del 29 de agosto de 2025 y 17 de septiembre de la misma anualidad.

Teniendo de presente los reproches expuestos por el accionante, los cuales se
encuentran dirigidos a cuestionar la ejecutoria de las providencias accionadas como
consecuencia de la decisión proferida por el Consejo de Estado en la acción de tutela
de radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01.

En el caso particular, la sentencia de tutela que fundamenta la petición del
accionante ordenó:

«TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera una
sentencia de reemplazo de conformidad con los parámetros establecidos en este fallo
de tutela, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia. En
consecuencia, en la decisión de reemplazo, deberá valorar: (i) la comunicación del 21
de noviembre de 2019 emitida por el registrador municipal de La Primavera Vichada, (ii)
las incapacidades médicas expedidas por el Hospital San Juan de Dios E.S.E. y (iii) el
oficio CMLPV-004/2020 del 9 de enero de 2020 suscrito por el presidente del Concejo
Municipal de La Primavera, Vichada, en su conjunto y de conformidad con las reglas de
la lógica y la sana crítica y los principios de buena fe, confianza legítima y pro homine.»

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

En ese sentido, advierte la Sala que de la revisión del sistema de consulta SAMAI,
es posible afirmar que la Sección Primera de esta Corporación no ha proferido
sentencia en reemplazo. Por lo que aún no existe decisión que defina la situación
del proceso de pérdida de investidura adelantado en su contra.

Adicionalmente, existe un medio de defensa idóneo para ventilar lo pretendido en la
en la acción de tutela. Hecho que no es ajeno para el accionante, en tanto el mismo
advierte que ya interpuso el medio de control pertinente ante la jurisdicción
administrativa. Al respecto, se resalta que las excepciones a la subsidiariedad como
elemento de procedencia de la acción de tutela solo se dan cuando:

«(i) el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no
sea idóneo y eficaz, conforme a las circunstancias especiales del caso que se estudia;
en este escenario, el amparo es procedente como mecanismo definitivo; y (ii) a pesar
de existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. En esta circunstancia, la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio.7

Si bien el accionante indica que la acción incoada ante el Tribunal Administrativo
puede tardar al punto que hagan inane el cumplimiento de la sentencia de tutela, se
advierte que los argumentos presentados por la parte accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
solicitar una respuesta judicial a cuestiones ya ventiladas en un proceso ordinario(
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho). De manera que dichas
pretensiones no se ajustan a la naturaleza supletiva de la acción de tutela como
medio excepcional de protección de los derechos fundamentales.

Además, de conformidad con el artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero perderán obligatoriedad cuando
desaparezca su fundamento de hecho o derecho. En el mismo sentido, el artículo
92 ibidem establece que «cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto
administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá
suspenderla y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días. El acto que

7 Corte Constitucional. Sentencia T-016 de 2022, reiterada en las sentencias T-314 de 2023 y T-371 de 2024.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser
impugnado por vía jurisdiccional.»

De manera que el accionante puede iniciar el proceso administrativo de pérdida de
ejecutoria del acto administrativo ante la Gobernación del Vichada, para solicitar la
pérdida de fuerza ejecutoria del Decreto 0667 de 2025. Siendo este el medio idóneo
para la solicitud que se pretende en la acción de tutela.

Al respecto, se resalta que la acción de tutela no es el medio para pretermitir las
instancias de las acciones ordinarias. Por lo que no se puede usar como herramienta
para sustituir una decisión del juez natural del asunto, cuyo trámite está en curso.

En este sentido la presente acción no cumple con el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad, pues existen otros medios legales para resolver la situación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción presentada por Luis Eduardo Rojas
Herrera contra el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el Tribunal
Administrativo del Meta y la Gobernación del Vichada.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07053-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela – Primera instancia

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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