RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05143-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05143-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05143-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes y, en consecuencia, se dispone separarlo del conocimiento del presente asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. 6 Consejo de Estado, Sentencia radicado núm. 11001-03-15-000-2026-04906-00 de 3 de julio de 2026, Magistrada Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00 TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05143-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Alirio Huertas Burgos.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00.
Asunto: Tutela contra fallo de tutela. Improcedencia porque no se
demostró la cosa juzgada fraudulenta.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Alirio Huertas Burgos presentó acción de cumplimiento
contra la Gobernación del Vichada, solicitando el retiro del Señor Luis
Eduardo Rojas Herrera del cargo de alcalde del municipio de La
Primavera, al considerar que éste incurría en una inhabilidad
sobreviviente derivada de la declaración de pérdida de investidura como
concejal.

1.2. El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante
sentencia de 29 de agosto de 2025, accedió a las pretensiones de la
demanda.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

1.3. Inconforme con la decisión anterior, el señor Luis Eduardo Rojas
Herrera presentó impugnación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 17 de
septiembre de 2025, confirmó parcialmente la decisión y ordenó a la
Gobernación del Vichada a que “[…] tomarán las medidas necesarias a
efectos de acatar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6° de la
Ley 190 de 1995 sobre el retiro del servicio por inhabilidad sobreviniente
[…]”.

1.5. En cumplimiento de lo anterior, la Gobernación del Vichada expidió
el Decreto núm. 0667 de 2025, mediante el cual destituyó al señor Luis
Eduardo Rojas Herrera del cargo de alcalde del Municipio de La
Primavera.

1.6. El señor Luis Eduardo Rojas Herrera presentó acción de tutela contra
las providencias de 29 de agosto de 2025 y 17 de septiembre de 2025
proferidas respectivamente por el Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta dentro de la acción de
cumplimiento y del Decreto núm. 0667 de 2025.

1.7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 19 de enero de 2026, declaró improcedente la
acción de tutela.

1.8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia de
11 de junio de 2026, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar
decidió “[…] 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
a elegir y ser elegido y de acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos del señor Luis Eduardo Rojas Herrera del señor Luis Eduardo
Rojas Herrera. En consecuencia, 3. Dejar sin efectos las sentencias de
29 de agosto y 17 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del
Meta, respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento 5001 33-33-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

001-2025-00151-00/01; y, declarar sin efecto jurídico el Decreto 0667 de
2025, proferido por el Gobernador del Vichada, conforme con las
consideraciones expuestas. 4. Ordenar al Gobernador del Vichada
adelantar de manera inmediata las actuaciones administrativas
necesarias para hacer efectivo el reintegro del señor Luis Eduardo Rojas
Herrera al cargo de alcalde del municipio de La Primavera, acorde con
los argumentos expuestos en la parte considerativa […]” [negrilla dentro
del texto].

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo al considerar que “[…] confunde la pérdida de vigencia de una
decisión posterior con la inexistencia jurídica retroactiva de los presupuestos
que sirvieron de fundamento a una sentencia judicial ejecutoriada […]”.

Manifestó que existe una “[…] vulneración constitucional autónoma derivada
de la decisión de dejar sin efectos sentencias ejecutoriadas dentro de una
acción de cumplimiento que ya habían producido consecuencias jurídicas
definitivas y habían sido materialmente ejecutadas por la administración
pública […]”, y en ese sentido afirmó que también incurrió en violación al
principio de cosa juzgada y de la cosa juzgada constitucional indirecta.

Aseguró que la autoridad accionada incurrió en violación de la seguridad
jurídica y de la confianza legítima al terminar suprimiendo los efectos de las
providencias proferidas en la acción de cumplimiento, por circunstancias
posteriores.

Indicó que se vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y al principio de seguridad jurídica, al considerar que
“[…] la decisión vacía de contenido una sentencia judicial obtenida
legítimamente por el suscrito accionante después de agotar los mecanismos
judiciales ordinarios […]” y, asimismo “[…] desconoce ese conjunto de
decisiones previas ejecutoriadas, generando una situación de inseguridad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

jurídica y afectando la estabilidad de las providencias judiciales previamente
adoptadas […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva,
seguridad jurídica y confianza legítima.

SEGUNDA. Dejar sin efectos jurídicos la sentencia de tutela proferida el
11 de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del radicado 11001-03-15-000 2025-07053-01.

TERCERA. Ordenar que recobren plena vigencia y ejecutoriedad las
sentencias proferidas dentro de la acción de cumplimiento con radicado
de primera y segunda instancia 50001 33-33-001-2025-00151-00/01,
producidas por el señor Juez Primero Administrativo del Circuito de
Villavicencio y el honorable tribunal Administrativo del Meta,
respectivamente.

CUARTA. Ordenar que se respeten los efectos derivados de la cosa
juzgada constitucional y judicial producida dentro de la acción de
cumplimiento.

QUINTA. Ordenar que recobre plena vigencia el acto administrativo 0667
del 27 de octubre de 2025, emitido por el señor gobernador del Vichada
[…]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 8 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela y
se vinculó al Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Villavicencio, a la Gobernación del Vichada, al
Municipio de Primavera y al señor Luis Eduardo Rojas Herrera, en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso. Asimismo, se negó la
medida provisional solicitada por la parte actora.

III. INTERVENCIONES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado rindió informe de las actuaciones
surtidas dentro de la acción de tutela de la cual conoció en segunda instancia
y solicitó que se declarara improcedente la acción constitucional al considerar
que no se encuentra acreditado que en el trámite en el cual se dictó la
sentencia cuestionada se hubiese configurado alguna actuación constitutiva
de fraude, que excepcionalmente ameritara la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales.

Finalmente, afirmó que el mecanismo de amparo no constituye una instancia
adicional para reabrir el debate ni controvertir interpretaciones razonables
adoptadas por el juez constitucional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra fallo de
tutela y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

3. Cuestión Previa

3.1. Frente a la manifestación de impedimento presentada por el doctor
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

Mediante escrito de 6 de agosto de 2026, el Consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes manifestó encontrarse incurso en las causales de
impedimento previstas en los numerales 1 y 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] En razón a que las providencias de 29 de agosto y 17 de
septiembre de 2025 proferidas dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos con radicación 50001-33-33-001-2025 00151-00/01,
se fundamentaron en parte en las sentencias proferidas en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Meta y en segunda
instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del
medio de control de pérdida de investidura con radicación 50001-23-
33-000-2023-00109-00/01, especialmente en esta última, que fue
proferida el 12 de diciembre de 2024 en sala (incluido el suscrito), que
confirmó la pérdida de investidura del señor Luis Eduardo Rojas
Herrera; y dichas providencias son las cuestionadas dentro de la
acción de tutela con número de radicación 11001-03-15-000-2025-
07053-00/01, objeto de la presente acción de tutela, considero que me
encuentro incurso en las causales indicadas previamente “[…].[sic en
toda la cita].

Examinada la manifestación de impedimento, la Sala considera que en el
presente asunto se configuran las causales previstas en los numerales 1 y 6
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, habida cuenta de que el
objeto de esta acción está encaminada a dejar sin efectos la providencias de
29 de agosto y 17 de septiembre de 2025 proferidas dentro del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos con radicación 50001-33-33-001-2025 00151-00/01, las cuales
se fundamentaron en la providencia de 12 de diciembre de 2024 proferida
dentro del proceso de pérdida de investidura con radicación núm. 50001-23-
33-000-2023-00109-00/01 por el citado magistrado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

Por lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.

4. Caso concreto

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

De acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de 2015, la
acción de tutela procede excepcionalmente contra fallos judiciales dictados en
el curso de una acción de tutela, cuando se cumplen los siguientes supuestos:

[…] a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada, es decir no se está frente al
fenómeno de la cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en una anterior acción de tutela fue producto de una decisión de
fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho
(Fraus Omnia corrumpit),

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tiene un carácter residual […]4.

De lo anterior, esta Sala destaca que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra fallos de tutela siempre y cuando se logre acreditar
que los mismos fueron proferidos fraudulentamente y, en consecuencia, se
encuentran revestidos de “cosa juzgada fraudulenta”.

En el presente caso, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la
parte actora asociados con que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales con ocasión a lo resuelto en la sentencia de 11 de
junio de 2026 dentro de la acción de tutela con radicación núm. 11001-03-15-
000 2025-07053-01, en la que se decidió dejar sin efectos las providencias de
29 de agosto de 2025 y 17 de septiembre de 2025 proferidas respectivamente
por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta dentro de la acción de cumplimiento y el Decreto núm.
0667 del 2025 expedido por la Gobernación del Vichada, no están orientados
a demostrar que el fallo de tutela objeto de censura por esta vía constitucional
fue proferido fraudulentamente.

Por tanto, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito excepcional de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de una
acción de la misma naturaleza, toda vez que la parte actora no demostró que
la sentencia cuestionada fue adoptada a partir de una situación fraudulenta.

Cabe destacar que la cosa juzgada fraudulenta “[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medio procesales,
que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]”5.

Así las cosas, se considera que no concurren los presupuestos de procedencia
de la acción de tutela contra un fallo de igual naturaleza, comoquiera que tal
posibilidad resulta excepcional y su propósito es “[…] revertir o detener

4
Sentencia SU-627 de 2015.
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo […]”.

Sumado a lo anterior, la Sala advierte que las inconformidades del accionante
en el presente trámite fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia aquí
acusada, toda vez que, en esta se estudió la nulidad de las providencias
proferidas dentro de la acción de cumplimiento, por lo cual no es dable realizar
un análisis de la pretensión de que se ordene “[…] recobrar plena vigencia y
ejecutoriedad las sentencias proferidas dentro de la acción de cumplimiento
[…]”, dado que este mecanismo constitucional no constituye una instancia
adicional para reabrir el debate ni controvertir interpretaciones razonables
adoptadas por el juez constitucional, además que tampoco concurriría el
principio de la inmediatez.6

Por los anteriores razonamientos, la Sala declarará improcedente el
mecanismo de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor
Germán Eduardo Osorio Cifuentes y, en consecuencia, se dispone separarlo
del conocimiento del presente asunto, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

6
Consejo de Estado, Sentencia radicado núm. 11001-03-15-000-2026-04906-00 de 3 de julio de 2026, Magistrada
Ponente Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05143-00

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.