Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04906-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04906-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04906-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE
PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO
DE UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA. NO SE ADVIERTE
INCONFORMIDAD ALGUNA CONTRA LAS PROVIDENCIAS DICTADAS EN SEDE
ORDINARIA, ADEMÁS, ELLO FUE OBJETO DE ESTUDIO EN LA ACCIÓN DE
TUTELA CUESTIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO
VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra las SECCIONES TERCERA1 -SUBSECCIÓN “C”- y
SEGUNDA2 -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
I.1. La Solicitud
El señor BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, a
mínimo vital y al principio de favorabilidad, los cuales estima
vulnerados por las SECCIONES TERCERA y SEGUNDA, al haber
proferido, respectivamente, las providencias de 18 de junio y 7 de
octubre de 2025; y 7 de mayo de 2026, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
2013-00761-02 y el amparo constitucional radicado con el número
2025-08026-01.
I.2. Hechos
Señaló que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa por presunto error jurisdiccional contra el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 3 y la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL4, con el fin de
obtener el reconocimiento de su pensión conforme a lo dispuesto en
el Decreto 758 de 1990 o, subsidiariamente, la contabilización de
3
En Adelante el MINISTERIO.
4
En adelante la DEAJ.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
aportes públicos y privados como aportes simultáneos para obtener
un mayor monto pensional.
Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2013-00761-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER5 que,
en sentencia de 27 de enero de 2022, negó las súplicas incoadas.
Afirmó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación que fue desatado por la SECCIÓN TERCERA en sentencia
de 18 de junio de 2025, a través de la cual confirmó la decisión del
a quo y lo condenó en costas.
Sostuvo que contra dicha decisión promovió incidente de nulidad,
comoquiera que, a su juicio, se vulneró el principio de congruencia y
se realizó una indebida representación judicial y valoración
probatoria, lo cual fue denegado por la SECCIÓN TERCERA en
proveído de 8 de septiembre de 2025, decisión que fue confirmada
en auto de 7 de octubre de ese año, al resolverse los recursos
interpuestos de reposición y súplica.
5
En adelante el TRIBUNAL.
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Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
Manifestó que por lo anterior, promovió acción de tutela contra la
SECCIÓN TERCERA, con el fin de que se dejaran sin efecto las
providencias mencionadas por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental, a la cual se le asignó el número
único de radicación 2025-08026-00 y le correspondió por reparto a
la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO que, en sentencia de 9 de febrero de 2026, denegó el
amparo solicitado.
Añadió que contra dicha decisión presentó impugnación y la
SECCIÓN SEGUNDA en providencia de 7 de mayo de 2026,
confirmó la sentencia del a quo.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la SECCIÓN SEGUNDA limitó el estudio
únicamente al defecto sustantivo, excluyendo sin motivación
suficiente los demás defectos alegados, por lo que desconoció el
deber del juez de efectuar un control integral cuando se encuentran
comprometidos derechos fundamentales de carácter pensional y
sujetos de especial protección constitucional.
Alegó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto sustantivo
al interpretar restrictivamente las normas pensionales y procesales,
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desconociendo su derecho a la seguridad social, al principio de
favorabilidad laboral y demás garantías pensionales.
Adujo que también incurrió en defecto fáctico, pues omitió valorar
íntegramente los aportes públicos y privados concurrentes, su
historia laboral, las inconsistencias actuariales y administrativas y la
incidencia constitucional de la negativa pensional, por lo que le
impuso una carga argumentativa desproporcionada frente a la
naturaleza informal y garantista de la acción de tutela.
Refirió que la SECCIÓN SEGUNDA también incurrió en defecto
procedimental absoluto pues desconoció el deber del juez de
tutela de analizar íntegramente todos los cargos formulados, aplicar
el principio pro actione y dar prevalencia al derecho sustancial sobre
las formas, por lo que la exclusión anticipada de los defectos fáctico
y procedimental constituyó una limitación arbitraria del control
constitucional.
Resaltó que la autoridad judicial mencionada desconoció el
precedente constitucional reiterado por la Corte Constitucional6
relativo a la protección reforzada del derecho pensional, la
interpretación favorable en materia laboral y de seguridad social y la
6
Sentencias SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-456 de 27 de
noviembre de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P.
Carlos Bernal Pulido.
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tutela contra providencias judicial cuando existe afectación
ostensible de derechos fundamentales.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del siete (7) de mayo de
2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-08026-01.
3. DEJAR SIN EFECTOS el auto del siete (7) de octubre de 2025
emitido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado.
4. ORDENAR a la autoridad judicial accionada emitir una nueva
decisión con observancia plena de los precedentes constitucionales
y valoración integral del material probatorio.
5. ORDENAR el análisis material y constitucional del derecho
pensional reclamado bajo los principios de favorabilidad,
progresividad y protección reforzada de la seguridad social.
6. SOLICITO que, en caso de surtirse el trámite constitucional
correspondiente, el asunto sea considerado para eventual revisión
dada su relevancia constitucional […]”.(Negrilla pertenece al
texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- Las SECCIONES SEGUNDA y TERCERA, guardaron silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO, la DEAJ7, el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO,
guardaron silencio.
7
En adelante la DEAJ.
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Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
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decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se dejen sin efecto las providencias de 18 de junio y 7 de octubre
de 2025, proferidas por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2013-00761-02; y de 7 de mayo de 2026, dictada por la
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SECCIÓN SEGUNDA dentro de la acción de tutela radicada bajo el
núm. 2025-08026-01.
A las citadas providencias se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital y al principio de favorabilidad.
A juicio del actor, la providencia de 7 de mayo de 2026 incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente, pues se desconoció el deber del
juez de efectuar un control integral cuando se encuentran
comprometidos derechos fundamentales de carácter pensional, así
como sujetos de especial protección constitucional.
Alegó que se interpretó restrictivamente las normas pensionales y
procesales, además, que se omitió valorar íntegramente los aportes
públicos y privados concurrentes, la historia laboral, las
inconsistencias actuariales y administrativas y la incidencia
constitucional de la negativa pensional, por lo que le impuso una
carga argumentativa desproporcionada frente a la naturaleza
informal y garantista de la acción de tutela.
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Adujo que la SECCIÓN SEGUNDA desconoció el deber constitucional
del juez de tutela de analizar íntegramente todos los cargos
formulados, aplicar el principio pro actione y dar prevalencia al
derecho sustancial sobre las formas, por lo que la exclusión
anticipada de los defectos fáctico y procedimental constituyó una
limitación arbitraria del control constitucional. Sumado a ello, que se
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la
protección reforzada del derecho pensional, la interpretación
favorable en materia laboral y de seguridad social y la tutela contra
providencia judicial cuando existe afectación ostensible de garantías
fundamentales.
En este punto la Sala destaca que si bien es cierto que la acción de
tutela de la referencia está dirigida contra las providencias de 18 de
junio y 7 de octubre de 2025, proferidas por la SECCIÓN TERCERA;
y de 7 de mayo de 2026, dictada por la SECCIÓN SEGUNDA,
también lo es que las inconformidades planteadas se enfocan
exclusivamente contra la decisión proferida dentro del mencionado
amparo constitucional, por lo que se realizará el estudio únicamente
respecto de esta última.
Sumado a lo anterior, se advierte que las providencias dictadas
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 2013-00761-02, ya fueron objeto de
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estudio en la acción de tutela identificada con el número de
radicación 2025-08026-01, por lo que no es dable que en el presente
amparo se realice nuevamente un análisis sobre aquellas, además
que tampoco concurriría el principio de la inmediatez.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, en especial, el requisito de procedibilidad
consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de
tutela”.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción de la
misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios
jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU- 627 de
2015, en los siguientes términos:
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“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
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se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”
(Destacado fuera del texto original).
De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia
transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la
jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que
cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o
tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,
siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
conforme lo antes expuesto.
En ese sentido, se observa que la parte actora tenía el deber de
acreditar que la decisión adoptada por la SECCIÓN SEGUNDA fue
producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo
cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso que
ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios
procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad
[…]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro del presente
proceso.
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En efecto, en el presente caso, la parte actora se limitó a manifestar
las razones por las cuales estimaba que en la acción de tutela objeto
de controversia se debieron amparar sus derechos fundamentales
invocados, por cuanto estaban comprometidas garantías de carácter
pensional y es un sujeto de especial protección constitucional,
argumentaciones que no resultan suficientes para demostrar que el
juez de tutela incurrió en una actuación dolosa o extremadamente
negligente, que habilite al examen de fondo de la mentada
providencia; además que tampoco allegó a la acción de tutela objeto
de controversia como a este amparo prueba alguna que demostrara
esta última condición alegada.
En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20198, sostuvo:
“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
8
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han ocupado
de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo
de eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios
de que se ha configurado una situación fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la
sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en
el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]” (Resaltado fuera del texto original)
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple
con los requisitos generales, comoquiera que no se acreditó la
existencia de una situación fraudulenta para que proceda la acción
de tutela contra sentencia proferida dentro de un proceso de la
misma naturaleza, razón por la cual se declarará improcedente la
solicitud de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
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constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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