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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04906-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04906-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00 Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04906-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE
PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO
DE UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA. NO SE ADVIERTE
INCONFORMIDAD ALGUNA CONTRA LAS PROVIDENCIAS DICTADAS EN SEDE
ORDINARIA, ADEMÁS, ELLO FUE OBJETO DE ESTUDIO EN LA ACCIÓN DE
TUTELA CUESTIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO
VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra las SECCIONES TERCERA1 -SUBSECCIÓN “C”- y

SEGUNDA2 -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO.

I – ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS

I.1. La Solicitud

El señor BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, a

mínimo vital y al principio de favorabilidad, los cuales estima

vulnerados por las SECCIONES TERCERA y SEGUNDA, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 18 de junio y 7 de

octubre de 2025; y 7 de mayo de 2026, dentro del medio de control

de reparación directa identificado con el número único de radicación

2013-00761-02 y el amparo constitucional radicado con el número

2025-08026-01.

I.2. Hechos

Señaló que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

reparación directa por presunto error jurisdiccional contra el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 3 y la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL4, con el fin de

obtener el reconocimiento de su pensión conforme a lo dispuesto en

el Decreto 758 de 1990 o, subsidiariamente, la contabilización de

3
En Adelante el MINISTERIO.
4
En adelante la DEAJ.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04906-00
Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS

aportes públicos y privados como aportes simultáneos para obtener

un mayor monto pensional.

Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2013-00761-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER5 que,

en sentencia de 27 de enero de 2022, negó las súplicas incoadas.

Afirmó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación que fue desatado por la SECCIÓN TERCERA en sentencia

de 18 de junio de 2025, a través de la cual confirmó la decisión del

a quo y lo condenó en costas.

Sostuvo que contra dicha decisión promovió incidente de nulidad,

comoquiera que, a su juicio, se vulneró el principio de congruencia y

se realizó una indebida representación judicial y valoración

probatoria, lo cual fue denegado por la SECCIÓN TERCERA en

proveído de 8 de septiembre de 2025, decisión que fue confirmada

en auto de 7 de octubre de ese año, al resolverse los recursos

interpuestos de reposición y súplica.

5
En adelante el TRIBUNAL.

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4

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Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS

Manifestó que por lo anterior, promovió acción de tutela contra la

SECCIÓN TERCERA, con el fin de que se dejaran sin efecto las

providencias mencionadas por presuntamente incurrir en los defectos

sustantivo, fáctico y procedimental, a la cual se le asignó el número

único de radicación 2025-08026-00 y le correspondió por reparto a

la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO que, en sentencia de 9 de febrero de 2026, denegó el

amparo solicitado.

Añadió que contra dicha decisión presentó impugnación y la

SECCIÓN SEGUNDA en providencia de 7 de mayo de 2026,

confirmó la sentencia del a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la SECCIÓN SEGUNDA limitó el estudio

únicamente al defecto sustantivo, excluyendo sin motivación

suficiente los demás defectos alegados, por lo que desconoció el

deber del juez de efectuar un control integral cuando se encuentran

comprometidos derechos fundamentales de carácter pensional y

sujetos de especial protección constitucional.

Alegó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto sustantivo

al interpretar restrictivamente las normas pensionales y procesales,

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desconociendo su derecho a la seguridad social, al principio de

favorabilidad laboral y demás garantías pensionales.

Adujo que también incurrió en defecto fáctico, pues omitió valorar

íntegramente los aportes públicos y privados concurrentes, su

historia laboral, las inconsistencias actuariales y administrativas y la

incidencia constitucional de la negativa pensional, por lo que le

impuso una carga argumentativa desproporcionada frente a la

naturaleza informal y garantista de la acción de tutela.

Refirió que la SECCIÓN SEGUNDA también incurrió en defecto

procedimental absoluto pues desconoció el deber del juez de

tutela de analizar íntegramente todos los cargos formulados, aplicar

el principio pro actione y dar prevalencia al derecho sustancial sobre

las formas, por lo que la exclusión anticipada de los defectos fáctico

y procedimental constituyó una limitación arbitraria del control

constitucional.

Resaltó que la autoridad judicial mencionada desconoció el

precedente constitucional reiterado por la Corte Constitucional6

relativo a la protección reforzada del derecho pensional, la

interpretación favorable en materia laboral y de seguridad social y la

6
Sentencias SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-456 de 27 de
noviembre de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P.
Carlos Bernal Pulido.

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tutela contra providencias judicial cuando existe afectación

ostensible de derechos fundamentales.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del siete (7) de mayo de
2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-08026-01.
3. DEJAR SIN EFECTOS el auto del siete (7) de octubre de 2025
emitido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado.
4. ORDENAR a la autoridad judicial accionada emitir una nueva
decisión con observancia plena de los precedentes constitucionales
y valoración integral del material probatorio.
5. ORDENAR el análisis material y constitucional del derecho
pensional reclamado bajo los principios de favorabilidad,
progresividad y protección reforzada de la seguridad social.
6. SOLICITO que, en caso de surtirse el trámite constitucional
correspondiente, el asunto sea considerado para eventual revisión
dada su relevancia constitucional […]”.(Negrilla pertenece al
texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- Las SECCIONES SEGUNDA y TERCERA, guardaron silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO, la DEAJ7, el TRIBUNAL y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO,

guardaron silencio.

7
En adelante la DEAJ.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las

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decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias de 18 de junio y 7 de octubre

de 2025, proferidas por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2013-00761-02; y de 7 de mayo de 2026, dictada por la

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SECCIÓN SEGUNDA dentro de la acción de tutela radicada bajo el

núm. 2025-08026-01.

A las citadas providencias se le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, al

mínimo vital y al principio de favorabilidad.

A juicio del actor, la providencia de 7 de mayo de 2026 incurrió en

los defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y

desconocimiento del precedente, pues se desconoció el deber del

juez de efectuar un control integral cuando se encuentran

comprometidos derechos fundamentales de carácter pensional, así

como sujetos de especial protección constitucional.

Alegó que se interpretó restrictivamente las normas pensionales y

procesales, además, que se omitió valorar íntegramente los aportes

públicos y privados concurrentes, la historia laboral, las

inconsistencias actuariales y administrativas y la incidencia

constitucional de la negativa pensional, por lo que le impuso una

carga argumentativa desproporcionada frente a la naturaleza

informal y garantista de la acción de tutela.

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Adujo que la SECCIÓN SEGUNDA desconoció el deber constitucional

del juez de tutela de analizar íntegramente todos los cargos

formulados, aplicar el principio pro actione y dar prevalencia al

derecho sustancial sobre las formas, por lo que la exclusión

anticipada de los defectos fáctico y procedimental constituyó una

limitación arbitraria del control constitucional. Sumado a ello, que se

desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la

protección reforzada del derecho pensional, la interpretación

favorable en materia laboral y de seguridad social y la tutela contra

providencia judicial cuando existe afectación ostensible de garantías

fundamentales.

En este punto la Sala destaca que si bien es cierto que la acción de

tutela de la referencia está dirigida contra las providencias de 18 de

junio y 7 de octubre de 2025, proferidas por la SECCIÓN TERCERA;

y de 7 de mayo de 2026, dictada por la SECCIÓN SEGUNDA,

también lo es que las inconformidades planteadas se enfocan

exclusivamente contra la decisión proferida dentro del mencionado

amparo constitucional, por lo que se realizará el estudio únicamente

respecto de esta última.

Sumado a lo anterior, se advierte que las providencias dictadas

dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

número único de radicación 2013-00761-02, ya fueron objeto de

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estudio en la acción de tutela identificada con el número de

radicación 2025-08026-01, por lo que no es dable que en el presente

amparo se realice nuevamente un análisis sobre aquellas, además

que tampoco concurriría el principio de la inmediatez.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, en especial, el requisito de procedibilidad

consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de

tutela”.

Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la acción

de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción de la

misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios

jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU- 627 de

2015, en los siguientes términos:

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“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y

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se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”
(Destacado fuera del texto original).

De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia

transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia

de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la

jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que

cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o

tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,

siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por

tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,

conforme lo antes expuesto.

En ese sentido, se observa que la parte actora tenía el deber de

acreditar que la decisión adoptada por la SECCIÓN SEGUNDA fue

producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo

cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso que

ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que

materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios

procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad

[…]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro del presente

proceso.

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En efecto, en el presente caso, la parte actora se limitó a manifestar

las razones por las cuales estimaba que en la acción de tutela objeto

de controversia se debieron amparar sus derechos fundamentales

invocados, por cuanto estaban comprometidas garantías de carácter

pensional y es un sujeto de especial protección constitucional,

argumentaciones que no resultan suficientes para demostrar que el

juez de tutela incurrió en una actuación dolosa o extremadamente

negligente, que habilite al examen de fondo de la mentada

providencia; además que tampoco allegó a la acción de tutela objeto

de controversia como a este amparo prueba alguna que demostrara

esta última condición alegada.

En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una

situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra

sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,

la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20198, sostuvo:

“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta

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Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS

evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han ocupado
de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo
de eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios
de que se ha configurado una situación fraudulenta.

En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la
sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en
el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]” (Resaltado fuera del texto original)

Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple

con los requisitos generales, comoquiera que no se acreditó la

existencia de una situación fraudulenta para que proceda la acción

de tutela contra sentencia proferida dentro de un proceso de la

misma naturaleza, razón por la cual se declarará improcedente la

solicitud de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

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constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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