Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08026-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08026-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08026-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08026-01
Accionante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia por las razones
expuestas en la parte motiva.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 9 de
febrero de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, mediante la cual negó la acción de tutela por no configurarse los defectos
alegados.
II. ANTECEDENTES
2. El señor Bernardo Francisco Vesga Santos, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela en contra de la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, con ocasión del auto del 7 de octubre de 2025 que resolvió1
un recurso de reposición y en subsidio súplica contra su decisión del 8 de
septiembre2 de esa anualidad que a su vez negó una solicitud de nulidad elevada
por el actor el 15 de julio de la misma vigencia contra la providencia del 18 de junio
de 20253 dictada por la autoridad judicial accionada, que confirmó la providencia
del 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que
en primera instancia negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso
seguido bajo el medio de control de reparación directa con radicado 68001-23-
33-000-2013-00761-00/01/02.
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela4 y del expediente, se colige que el señor Bernardo
Francisco Vesga Santos instauró una demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa alegando un presunto error jurisdiccional, con fundamento
en el artículo 140 del CPACA, contra la Nación - Rama Judicial, con el fin de
1
De manera desfavorable a lo pretendido por la parte actora toda vez que confirmó el auto recurrido y rechazó el recurso
de súplica por improcedente.
2
Índice 38 del aplicativo SAMAI, exp. 68001-23 33-000-2013-00761-02.
3
Ibidem, Índice 27 del aplicativo SAMAI. Notificada el 14 de julio de 2025.
4
Presentado el 16 de diciembre de 2025
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Acción de Tutela
Radicado: 13001-23-33-000-2025-08026-01
Accionante: Bernardo Francisco Vesga Santos
obtener el reconocimiento de su pensión conforme al Decreto 758 de 19905, o
subsidiariamente, la contabilización de aportes públicos y privados como aportes
simultáneos para obtener un mayor monto pensional.
4. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 27 de
enero de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue apelada
por el accionante y resuelta en segunda instancia por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante providencia del 18 de junio de 2025,
que confirmó la negativa, declaró una indebida representación del Ministerio de
Justicia y condenó en costas al ahora accionante.
5. Contra la sentencia del ad quem, el accionante promovió un incidente de
nulidad, alegando la vulneración del principio de congruencia, una indebida
representación procesal y una indebida valoración probatoria. No obstante, la
autoridad judicial objeto de reproche, mediante auto del 8 de septiembre de 2025,
negó la solicitud de nulidad, decisión que fue confirmada al resolver
negativamente el recurso de reposición y en subsidio de súplica, mediante
providencia del 7 de octubre de 2025 hoy reprochada en esta sede constitucional.
2.2. Fundamento jurídico
6. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al principio de
favorabilidad y al principio de progresividad, al estimar que las providencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en
particular, el auto del 7 de octubre de 2025 objeto de censura en esta acción de
tutela, desconocieron reglas constitucionales básicas al resolver su pretensión
pensional y al tramitar el incidente de nulidad, cerrando el debate judicial sin un
examen material suficiente de sus argumentos y del acervo probatorio.
7. Como eje central de sus reproches, endilgó la configuración de un defecto
sustantivo, bajo el argumento de que la autoridad judicial realizó una
interpretación errónea y restrictiva del ordenamiento jurídico pensional,
particularmente del Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 049 de 19906, al concluir
que no era posible reconocer efectos pensionales derivados de aportes públicos
y privados concurrentes, sin armonizar dicha normativa con los principios
constitucionales de favorabilidad y protección reforzada del derecho a la seguridad
social.
8. Por otra parte, en lo que podría inferirse como un defecto procedimental
asociado al defecto sustantivo, adujo que las providencias que resolvieron el
incidente de nulidad, así como los recursos de reposición y súplica, incurrieron
supuestamente en una restricción irrazonable del acceso a la administración de
justicia al aplicar la normativa, por desestimar sus solicitudes bajo el argumento
de que pretendía reabrir el debate como una tercera instancia, sin examinar si las
5
“Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios.”
6
“Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.”
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Acción de Tutela
Radicado: 13001-23-33-000-2025-08026-01
Accionante: Bernardo Francisco Vesga Santos
irregularidades alegadas afectaban de manera directa las garantías
constitucionales invocadas7.
9. Adujo igualmente la existencia de un defecto fáctico, al considerar desde
su punto de vista que las decisiones judiciales reprochadas no realizaron una
evaluación integral de las pruebas obrantes en el expediente y les dieron una
valoración indebida a estas, en especial a aquellas relacionadas con los aportes
efectuados durante la vida laboral del señor Vesga Santos. Afirmó que ello
condujo a que las autoridades judiciales llegaran a conclusiones basadas en
suposiciones sin un análisis objetivo del material probatorio8.
10. Reprochó además que se presentó un desconocimiento del principio de
congruencia, al señalar que la sentencia de segunda instancia del 18 de junio de
2025 introdujo como fundamento decisorio la indebida representación del
Ministerio de Justicia, pese a que dicha entidad había sido vinculada desde el
inicio del proceso y ejerció plenamente su defensa, circunstancia que, desde el
punto de vista del actor, alteró los límites de la controversia sin haber sido objeto
del debate central del litigio.
11. Finalmente, y sin desarrollar en manera alguna su argumentación al
respecto alegó que las decisiones judiciales carecían de un análisis motivado,
especialmente en materia probatoria.
2.3. Pretensiones
12. La parte accionante solicitó:
«1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.
2. Que se deje sin efectos el auto del 7 de octubre de 2025 que resolvió el
recurso de reposición y rechazó la súplica.
3. Que se ordene al Consejo de Estado emitir nueva decisión valorando
integralmente las pruebas y resolviendo conforme al principio de congruencia.
4. Que se garantice el acceso efectivo a la administración de justicia.». Sic en
toda la cita.
2.4 Intervenciones
13. La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda, Subsección B,
mediante auto del 19 de diciembre de 2025, a través del cual le ordenó notificar a
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado como accionada.
Asimismo, vinculó a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Rama
Judicial y al Tribunal Administrativo de Santander como terceros interesados en
el resultado del proceso.
7
Sin embargo, no explicó en manera alguna en qué consistió la presunta desviación del procedimiento legal, ni
acreditó el desconocimiento estructural de las reglas procesales vigentes.
8
No obstante, no identificó las pruebas supuestamente omitidas, indebidamente recaudadas o arbitrariamente
desestimadas, limitándose a cuestionar el mérito valorativo otorgado por el juez natural.
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Acción de Tutela
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Accionante: Bernardo Francisco Vesga Santos
2.4.1. El Tribunal Administrativo de Santander9 solicitó que se declare la
improcedencia del amparo y ser desvinculado del trámite constitucional. Precisó
que la tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y solo
procede frente a defectos constitucionales graves, sin que pueda convertirse en
una nueva instancia para reabrir debates probatorios o jurídicos ya resueltos por
el juez natural.
14. Señaló que en el proceso de reparación directa se profirió sentencia de
primera instancia el 27 de enero de 2022, luego de un análisis probatorio integral,
concluyéndose que no existía error jurisdiccional, decisión que fue confirmada en
segunda instancia por la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación.
15. Indicó que la tutela interpuesta pretende reabrir la controversia mediante el
uso indebido del incidente de nulidad y de los recursos resueltos por el superior,
sin demostrar nuevos defectos ni vulneraciones reales a los derechos
fundamentales del accionante.
2.4.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho10 indicó que no incurrió en ninguna
trasgresión ius fundamental, toda vez que no profirió las providencias
cuestionadas ni intervino en la valoración probatoria o en la resolución de los
recursos objeto de reproche.
16. No obstante, sostuvo que la acción de tutela era del todo improcedente, por
cuanto pretendía reabrir un debate jurídico y probatorio ya resuelto por el juez
natural, sin acreditarse el requisito de relevancia constitucional ni la configuración
de los defectos alegados, advirtiendo que su prosperidad desconocería los
principios de cosa juzgada, autonomía judicial y seguridad jurídica.
2.4.3. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado11 solicitó
declarar la acción improcedente o en su defecto negarla, al considerar que esta
no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues el actor no demostró
que existiera una vulneración concreta de derechos fundamentales ni una
anomalía grave en la decisión adoptada que habilitara el control constitucional.
17. Afirmó que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa reforzada
que exige la jurisprudencia cuando se ataca una providencia judicial, pues formuló
reproches genéricos sobre los defectos alegados, sin identificar las pruebas
supuestamente omitidas ni la existencia de errores decisivos con incidencia real
en la decisión cuestionada, pretendiendo usar la tutela como una tercera instancia
para resolver sus inconformidades frente a la providencia reprochada.
18. Finalmente, indicó que no se configuró defecto alguno, dado que el rechazo
del recurso de súplica obedeció a la aplicación estricta del CPACA y de la Ley
2080 de 2021.
2.4.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
9
Índice 13 del aplicativo SAMAI
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Índice 14 del aplicativo SAMAI
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Índice 16 del aplicativo SAMAI
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Acción de Tutela
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Bucaramanga-Santander12 sostuvo que las decisiones adoptadas en el proceso
de reparación directa fueron proferidas conforme a la Constitución y la ley, luego
de un análisis probatorio completo, concluyéndose en ambas instancias que no
se configuró error jurisdiccional ni vulneración de derechos fundamentales del
accionante.
19. Indicó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional y
pretendía reabrir un debate jurídico y probatorio ya agotado en sede ordinaria,
utilizando indebidamente la tutela y los incidentes procesales como una tercera
instancia, en desconocimiento de la cosa juzgada y de la autonomía judicial.
20. Finalmente, afirmó que no se acreditaron los requisitos generales ni
específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ni se
demostró la existencia de los presuntos defectos reprochados, razón por la cual
solicitó la improcedencia del amparo, la desvinculación de la entidad y la negativa
de todas las pretensiones invocadas.
2.4.5. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia Impugnada13
21. La primera instancia concluyó que la providencia cuestionada no incurrió
en el defecto sustantivo alegado, pues aplicó de manera adecuada el marco
normativo vigente y resolvió conforme a la naturaleza taxativa del incidente de
nulidad, descartando que este mecanismo pudiera operar como una nueva
instancia procesal.
22. Aunado a lo anterior, el a quo precisó que la conclusión a la que arribó la
autoridad judicial accionada respecto la declaratoria de indebida representación
del Ministerio de Justicia no vulneró el principio de congruencia, al tratarse de un
presupuesto procesal que el juez debía examinar de oficio. Asimismo, evidenció
que el accionante no identificó cuáles fueron las pruebas presuntamente ilegales,
omitidas o indebidamente valoradas con incidencia en la decisión adoptada por el
ad quem. En consecuencia, negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados.
2.7 Impugnación14
23. El actor se limitó a reiterar los mismos argumentos expuestos en su escrito
de tutela. Adicionalmente, afirmó que el a quo no realizó un examen constitucional
riguroso, limitándose en su sentir a descartar sus cargos sin un estudio de fondo,
por lo que solicitó revocar la sentencia impugnada, conceder el amparo y ordenar
que se emita una nueva decisión que valore integralmente las pruebas y aplique
correctamente el marco normativo.
12
Índice 19 del aplicativo SAMAI
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Índice 21 del aplicativo SAMAI
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201915 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la providencia objeto de análisis
25. La Sala advierte que circunscribirá su análisis únicamente respecto al auto
del 7 de octubre de 2025, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición y
se rechazó por improcedente el de súplica en consideración a que esta es la
providencia directamente cuestionada en la acción de tutela y la última decisión
con efectos jurídicos definitivos. En consecuencia, el examen no se extenderá a
decisiones anteriores, a fin de respetar la naturaleza excepcional de la tutela y
evitar su uso como instancia adicional.
3.2.2. De los defectos objeto de estudio en sede constitucional
26. Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala considera necesario precisar
el alcance del control constitucional que corresponde ejercer en el presente
asunto, recordando que la acción de tutela contra providencias judiciales es de
naturaleza excepcional y restrictiva, y su procedencia exige el cumplimiento
estricto de las cargas argumentativas fijadas por la jurisprudencia constitucional.
27. En el caso concreto, el accionante invocó de manera concurrente diversos
defectos específicos de procedibilidad; sin embargo, la mayoría de ellos fueron
planteados de forma genérica y conclusiva, sin una argumentación autónoma,
clara y suficiente que permitiera su análisis en esta sede.
28. Así las cosas, los reproches relativos a los defectos fáctico, procedimental
y por falta de motivación no identificaron irregularidades graves, ostensibles y
determinantes imputables al auto del 7 de octubre de 2025, ni explicaron su
incidencia directa en la decisión adoptada.
29. Adicionalmente, el cargo respecto a la supuesta vulneración al principio de
congruencia se dirigió materialmente contra la sentencia de segunda instancia y
no contra la providencia expresamente cuestionada en esta acción de tutela,
circunstancia que impide su examen y desborda el marco propio del control
constitucional. No obstante, en gracia de discusión, se comparte16 plenamente lo
analizado por el a quo al respecto, que es preciso señalar, ya había sido resuelto
15 Reglamento interno del Consejo de Estado.
16
La Sección Segunda, Subsección B de esta corporación concluyó que no se vulneró el principio de congruencia, al
considerar que la declaratoria de indebida representación del Ministerio de Justicia obedeció a la verificación de un
presupuesto procesal que el juez debe examinar de oficio, incluso en la sentencia. Precisó que dicha decisión no resolvió
aspectos ajenos a las pretensiones ni alteró el objeto del litigio, sino que depuró la relación procesal, por lo que sostuvo el
reproche del actor responde a una inconformidad con el resultado y no a una incongruencia en la decisión judicial.
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con claridad y solvencia jurídica por la Sección Tercera, Subsección C en el auto
cuestionado.
30. Ahora bien, diferente es la situación con relación al defecto sustantivo, eje
central de los reproches del actor, quien cuestionó de manera reiterada la
interpretación normativa acogida por la autoridad judicial al resolver el incidente
de nulidad y los recursos interpuestos, alegando una indebida aplicación del
ordenamiento jurídico.
31. En consecuencia, el análisis de la Sala se contraerá exclusivamente al
estudio de este último, en los términos estrictos fijados por la jurisprudencia,
dejando expresamente establecido que los demás cargos no serán examinados
por carecer de estructuración suficiente y por implicar la reapertura de debates
ya agotados en sede ordinaria.
3.3. Problema jurídico
32. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, con
ocasión del auto del 7 de octubre de 2025 que resolvió17 un recurso de reposición
y en subsidio súplica contra su decisión del 8 de septiembre18 de esa anualidad19
incurrió en un defecto sustantivo y con ello, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al principio de favorabilidad y al principio de progresividad del señor
Bernardo Francisco Vesga Santos.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
33. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales
de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
34. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
17
De manera desfavorable a lo pretendido por la parte actora toda vez que confirmó el auto recurrido y rechazó el recurso
de súplica por improcedente.
18
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Que a su vez negó una solicitud de nulidad elevada por el actor el 15 de julio de 2025 contra la providencia del 18 de
junio de esa misma vigencia dictada por la autoridad judicial accionada, que confirmó la providencia del 27 de enero de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que en primera instancia negó las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso seguido bajo el medio de control de reparación directa con radicado 68001-23-33-000-2013-00761-
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decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
35. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
36. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional,
efectuada el 16 de diciembre de 2025, se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, esto es el 16 de octubre de la
misma anualidad, teniendo en cuenta que el auto el 7 de octubre de esa vigencia
objeto de reproche fue notificado por estado el día 10 del mismo mes y anualidad.
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3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al principio de favorabilidad
y al principio de progresividad, como consecuencia de un presunto defecto
sustantivo, el cual se encuentra fundamentado razonablemente.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.
37. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
38. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico» 20.
39. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto que
20
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la
propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional,
no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»21.
40. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
41. La Sala advierte que confirmará la providencia impugnada, en
consideración a que el defecto sustantivo alegado no se configura respecto del
auto del 7 de octubre de 2025, en tanto dicha providencia tuvo un alcance
estrictamente procesal22, circunscrito a la resolución del recurso de reposición
contra la negativa del incidente de nulidad y al rechazo del recurso de súplica por
improcedente, por lo que no le estaba dado pronunciarse nuevamente sobre el
fondo de lo que ya había sido decidido en la providencia del 18 de junio de 2025.
42. En ese entendido, como correspondía en derecho, la providencia
reprochada no resolvió el fondo del litigio ni reabrió el debate jurídico pensional ya
definido en la sentencia de segunda instancia, sino que se limitó a examinar si se
configuraba alguna causal legal y constitucionalmente prevista de nulidad
procesal, competencia que ejerció dentro de los márgenes normativos que rigen
esta figura.
43. En ese orden de ideas, el auto cuestionado aplicó correctamente las
disposiciones del CPACA, del Código General del Proceso por integración
normativa y de la Ley 2080 de 2021, haciendo énfasis en la naturaleza taxativa23
de las nulidades y la procedencia restringida de los medios de impugnación.
21
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22
Al respecto el auto del 7 de octubre de 2025 precisó que: «La solicitud de nulidad no está instituida para reabrir el
debate procesal, ya que la sentencia de segunda instancia pone fin al litigio e implica la ejecutoriedad de la providencia,
lo cual supone que es inmodificable por el juez que la profirió». Negrillas de esta Sala.
23
Auto del 7 de octubre de 2025: «Las causales de nulidad procesal son de carácter taxativo, lo que implica que
corresponde a la parte interesada identificar y sustentar la irregularidad dentro de las causales expresamente previstas en
el ordenamiento jurídico». Negrillas y subrayas de esta Sala.
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44. Ahora bien, el actor sostuvo que el auto incurrió en una supuesta
interpretación restrictiva del incidente de nulidad; no obstante, su reproche parte
de una premisa equivocada, pues desconoce que las nulidades no constituyen un
mecanismo para replantear el fondo del litigio ni para corregir presuntos errores
de valoración jurídica o probatoria.
45. En ese entendido, la autoridad judicial accionada evidenció que el señor
Vesga Santos invocó genéricamente el artículo 29 de la Constitución Política, sin
identificar prueba alguna24 que fuera obtenida con violación del debido proceso ni
evidenciar las presuntas irregularidades procesales sustanciales que afectaran la
validez de la actuación, lo que a todas luces era indispensable para declarar la
alegada nulidad en caso de que esta existiera.
46. Desde esta perspectiva, el auto del 7 de octubre de 2025 no aplicó de forma
arbitraria el derecho, sino que ejerció un control de legalidad procesal razonado,
exigiendo el cumplimiento de la carga argumentativa mínima que recae sobre
quien promueve un incidente excepcional de invalidez procesal.
47. Adicionalmente, no se configura defecto sustantivo alguno en la
declaratoria de improcedencia del recurso de súplica, pues dicha decisión se
fundó en una norma25 legal clara y vigente que excluye expresamente este medio
de impugnación frente a providencias que deciden incidentes de nulidad, sin
margen para interpretaciones extensivas o analógicas.
48. Así las cosas, la providencia reprochada se ciñó al principio de legalidad
procesal y al respeto por la seguridad jurídica, evitando que se alterara la firmeza
de una decisión judicial ejecutoriada por vías indirectas no previstas en el
ordenamiento jurídico.
49. Visto lo anterior, lo que esta Subsección advierte es que el auto cuestionado
salvaguardó la naturaleza excepcional del incidente de nulidad y de la tutela contra
providencias judiciales, al impedir que estos instrumentos se utilizaran como
mecanismos para reabrir controversias ya definidas por el juez natural26.
50. Por lo expuesto, debe recordarse que el defecto sustantivo exige la
acreditación de un yerro normativo evidente, grave y determinante, lo que no
ocurre cuando la autoridad judicial aplica las normas que regulan su competencia
y los límites de los incidentes y recursos de manera razonable, coherente y
motivada.
51. En consecuencia, no se advierte que el auto del 7 de octubre de 2025 haya
24
Ibidem, “El demandante no señaló cuáles pruebas fueron obtenidas en contravención de dicha garantía
constitucional y, por el contrario, realizó una serie de cuestionamientos tendientes a controvertir nuevamente la valoración
probatoria efectuada por la Sala”. Negrillas de esta Sala.
25
El ad quem concluyó que una vez revisados los artículos 243 y 246 del CPACA, el recurso de súplica no procede
contra el auto que niega una solicitud de nulidad, ni es posible acudir al CGP, dado que esa materia se encuentra
íntegramente regulada en el CPACA.
26
Se advierte que la autoridad judicial reprochada concluyó acertadamente que la nulidad procesal no constituye una
tercera instancia y no es el mecanismo idóneo para reabrir el debate sobre la valoración probatoria ya resuelta en sede
de apelación.
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desconocido disposición constitucional o legal alguna, ni que se hubiera fundado
en criterios ajenos al ordenamiento jurídico, razón por la cual el defecto sustantivo
alegado debe ser desestimado.
52. Por todo lo anteriormente expuesto, no se acreditó la existencia de un yerro
normativo grave, ostensible y determinante que configure un defecto sustantivo,
pues la providencia reprochada se apoyó en normas vigentes, aplicables y
razonablemente interpretadas.
53. En consecuencia, el defecto sustantivo alegado debe negarse, al no
advertirse vulneración alguna de derechos fundamentales atribuible al contenido
del auto del 7 de octubre de 2025, el cual se ajustó plenamente al ordenamiento
jurídico y a la finalidad excepcional del incidente de nulidad.
54. Es necesario recordar en todo caso, que el examen que le corresponde
realizar al juez constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra
providencia judicial no es de corrección sino de validez27, motivo por el cual
solo habrá lugar a amparar los derechos fundamentales en los eventos en los que
se advierta que el razonamiento es arbitrario o caprichoso. En ese sentido, no es
procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva
valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente
conoce de un asunto.
55. No se observa entonces en este escenario, que la autoridad judicial
reprochada haya trasgredido el debido proceso de la accionante, ni ninguno de
los derechos fundamentales invocados inherentes a este, pues, por el contrario,
se evidencia que atendió a todas sus solicitudes durante el curso del proceso.
56. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.
57. Por lo tanto, al no hallarse estructurado el defecto invocado, la Sala
procederá a confirmar la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la decisión de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, del 9 de febrero de 2026, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
27
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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