Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00761-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00761-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2013-00761-02
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
18 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 68001233300020130076102 (69067)
Demandante: BERNARDO FRANCISCO VESGA SANTOS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Proceso
ordinario laboral. Reconocimiento pensional en virtud del régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993. No se incurrió en
error jurisdiccional pues la decisión se profirió de conformidad con
la normativa que regulaba la pensión de vejez prevista en el
Decreto 758 de 1990 y la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 6 de junio de 2008, Bernardo Francisco Vesga Santos presentó demanda
ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales (ISS), con el propósito
de que se efectuara el reconocimiento de una pensión de vejez por los aportes
efectuados en el sector privado y, en subsidio, se reliquidara la pensión reconocida
en la Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007, teniendo en cuenta dichos
aportes. Mediante sentencia del 13 de octubre de 2009, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, decisión que
fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en
providencia del 2 de septiembre de 2010.
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Radicado: 68001233300020130076102 (69067)
Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
La parte actora considera que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho -
Rama Judicial son patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional
contenido en el proveído del 2 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Sobre el particular, señala que i) en
el caso concreto no se aplicó el Decreto 758 de 1990 para el reconocimiento de la
pensión de vejez por los aportes; y, ii) no se aplicó el artículo 20 del Acuerdo 049
de 1990, con el fin de reliquidar la pensión reconocida con base en los aportes
privados efectuados en las últimas 100 semanas de cotización.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de agosto de 20131, Bernardo Francisco Vesga Santos, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda
en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho - Rama Judicial, para
que fueran declaradas patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional
contenido en el proveído del 2 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV; y por lucro cesante 2.850
SMLMV.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante
Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007, el Instituto de Seguros Sociales
reconoció a Bernardo Francisco Vesga Santos la pensión de vejez.
Manifiesta que, en fecha indeterminada, Vesga Santos solicitó al ISS el
reconocimiento de una pensión de vejez por los aportes privados que cotizó al
sistema de seguridad social.
1 Fl. 350 a 366, C. 1.
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Radicado: 68001233300020130076102 (69067)
Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Sostiene que mediante auto de archivo No. 269 del 14 de mayo de 2008, el ISS
negó la anterior petición.
Señala que el 6 de junio de 2008, Bernardo Francisco Vesga Santos presentó
demanda ordinaria laboral en contra del ISS, con el propósito de que se efectuara
el reconocimiento de una pensión de vejez por los aportes efectuados en el sector
privado y, en subsidio, se reliquidara la pensión reconocida en la Resolución No.
3494 del 19 de abril de 2007, teniendo en cuenta dichos aportes.
Indica que, mediante sentencia del 13 de octubre de 2009, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda.
Argumenta que a través de sentencia del 2 de septiembre de 2010, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la decisión del 13 de octubre
de 2009.
Afirma que el 6 de septiembre de 2010, Bernardo Francisco Vesga Santos solicitó
la adición y aclaración de la anterior decisión. No obstante, mediante proveído del
29 de junio de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó
tal solicitud.
El demandante considera que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho -
Rama Judicial son patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional
contenido en el proveído del 2 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Sobre el particular, señala que: i) en el caso concreto no se aplicó el Decreto 758
de 1990 para el reconocimiento de la pensión de vejez por los aportes privados; y,
ii) no se aplicó el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, con el fin de reliquidar la
pensión reconocida teniendo en cuenta los aportes privados efectuados en las
últimas 100 semanas de cotización.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
2. Contestaciones
El 14 de octubre de 20142 el Consejo de Estado3 admitió la demanda y ordenó su
notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho4 se opuso a las pretensiones
de la demanda, argumentando que la parte actora no agotó el requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial frente a dicha entidad. Asimismo, sostuvo
que en el presente asunto se discute la configuración de un error judicial en el
trámite de un proceso laboral, proceso en el cual no intervino y, por tanto, el daño
alegado en la demanda no le resultaba atribuible. De conformidad con lo anterior,
propuso la excepción de falta de legitimación en la casusa por pasiva.
2.2. La Nación - Rama Judicial5 contestó la demanda de forma extemporánea.
3. Audiencia inicial
El 20 de abril de 20166 el Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, se pronunció sobre las
excepciones propuestas, declarando la falta de legitimación en la causa por activa
de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, decretó pruebas y fijó el objeto
del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “la Nación – Rama Judicial es responsable por el presunto error
2 Fl. 385 a 389, C. 2.
3 Mediante auto del 22 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la
demanda de reparación directa al estimar que no había sido subsanada en los términos requeridos
(Fl. 371 a 372, C. 2.). La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior
decisión (Fl. 374 a 377, C. 2). Posteriormente, mediante decisión del 14 de octubre de 2014, el
Consejo de Estado resolvió revocar el auto recurrido y en su lugar admitió la demanda (Fl. 385 a
389, C.2).
4 Fl. 406 a 408, C. 2.
5 Fl. 448 a 450, C. 2.
6 Fl. 431 a 435, C. 2.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que se
incurrió al decidir de fondo la demanda ordinaria laboral instaurada por el señor
Bernardo Francisco Vesga Santos, con la que pretendía el reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, el Decreto 758
de 1993 y el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 28 de febrero de 20187 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte actora8 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
4.2. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho - Rama Judicial y el Ministerio
Público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 27 de enero de 20229 el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda al advertir que en la sentencia del
2 de septiembre de 2012 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
no había incurrido en un error jurisdiccional.
Sobre el particular, señaló que en la decisión cuestionada sí se aplicó el Decreto
758 de 1990; sin embargo, el ingreso base de liquidación debía calcularse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En ese
sentido, se liquidó la pensión de Bernardo Francisco Vesga Santos teniendo en
cuenta el promedio de cotización de los últimos 10 años, incluyendo los aportes
efectuados por los empleadores Grival, Universidad Santo Tomás, Universidad
7 Fl. 474 a 475, C. 2.
8 Fl. 476, C. 2.
9 Samai, índice 64 de primera instancia.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Autónoma de Bucaramanga, Colegio Salesiano de Zapatoca, Uniciencia y la
Comuna, al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 90%.
Asimismo, precisó que los aportes efectuados de manera simultánea, por uno o mas
empleadores, incrementan el ingreso base de cotización, más no afecta el monto
de semanas, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1406 de 1999.
Textualmente, el a quo sostuvo: “las cotizaciones efectuadas por el demandante al
ISS, tanto públicas como privadas, se realizaron de manera simultánea, pudiéndose
así colegir que debían observarse todas éstas para determinar el monto de la
pensión, y no, como lo pretendía el demandante, discriminar tales cotizaciones a
efectos de obtener de manera independiente una pensión de vejez por aportes
privados, y otra por aportes públicos, destacándose, además, que el actor no alegó
fundamento legal alguno que soportara dicha pretensión, resultando así ajustadas
a derecho las conclusiones plasmadas en las referidas sentencias de instancia”.
6. Recurso de apelación
El 9 de febrero de 202210, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 31 de mayo de 202211 y admitido el 17 de febrero de 202312.
6.1. La parte demandante reiteró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga incurrió en un error jurisdiccional en la sentencia del 2 de septiembre
de 2012, pues Bernardo Francisco Vesga Santos tenía derecho al reconocimiento
de la pensión consagrada en el Decreto 758 de 1990, por los aportes hechos por
instituciones privadas, lo cual era plenamente compatible con la pensión de vejez
reconocida por el ISS mediante Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007.
10 Samai, índice 66 de primera instancia.
11 Samai, índice 67 de primera instancia.
12 Samai, índice 68.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Adicionalmente, sostuvo que era procedente el reconocimiento de la pretensión
subsidiaria de la demanda laboral, en el sentido de que se contabilizaran los aportes
privados de las últimas 100 semanas con la sumatoria de los aportes públicos.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA)13, modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia. En esta instancia procesal la Nación – Rama Judicial14 se
pronunció respecto del recurso interpuesto por la parte accionante solicitando que
se confirmara la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pues
“las decisiones adoptadas por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bucaramanga y la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bucaramanga fueron
emitidas conforme a derecho”. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
13 Artículo 247. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
14 Samai, índice 11.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor15
de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación16.
2. Acción procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14017 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño proveniente de hechos imputables a la administración de
justicia.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
15 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta
o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin
que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean
los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”.
16 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de 2.850 SMLMV, por concepto de
lucro cesante.
17 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
se trata de un presupuesto procesal18.
Así pues, se advierte que, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar
la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el
legislador, apuntando a la protección del interés general19, estableció unos plazos
para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos
plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables,
irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado
hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así
como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de
solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del
18 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Administrativo23, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro24.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 2 de septiembre de 201025, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, la cual se acusa de haber
incurrido en un error jurisdiccional, cobró ejecutoria con la firmeza del auto del 29
de junio de 201126, por medio del cual dicha autoridad judicial denegó la solicitud de
“complementación, adición y aclaración de la sentencia dictada en este asunto”; ii)
si bien en el expediente no obra constancia de notificación del auto mencionado,
revisada la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial27, se corroboró
que esta se notificó ese mismo día, por lo que adquirió firmeza el 5 de julio
siguiente28; iii) que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 28
de junio de 2013, la cual se declaró fallida el 6 de agosto de 201329; y iv) que la
23 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
25 Fl. 306 a 319, C .1.
26 Fl. 343 a 373, C. 1.
27 Al respecto, se puede consultar:
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
28 Según el artículo 331 del CPC, norma vigente para ese momento.
29 Fl. 5 a 6, C. 1.
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Radicado: 68001233300020130076102 (69067)
Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
demanda se presentó el 12 de agosto de 201330, esto es, dentro del término de dos
(2) años previstos para el vencimiento del medio de control.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.
4.1. Bernardo Francisco Vesga Santos está legitimado en la causa por activa, pues
presentó la demanda ordinaria laboral en la que se profirió la sentencia del 2 de
septiembre de 2010, la cual se acusa de contener un error jurisdiccional32.
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga profirió la providencia que es objeto de reproche.
4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva, pero no se encuentra
debidamente representada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que
no fue la entidad que profirió la decisión que se acusa de haber incurrido en un error
jurisdiccional.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga incurrió en un error jurisdiccional en la sentencia del 2 de septiembre
de 2010.
30 Fl. 350 a 366, C. 1.
31 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
32 Fl. 306 a 319, C. 1.
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Radicado: 68001233300020130076102 (69067)
Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre el régimen de
responsabilidad por error jurisdiccional.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199133 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros34.
33 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:
“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”
La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad35.
En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 36 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
35 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de
noviembre de 2001. Rad.: 13164.
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al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.
El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”37. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”38
Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se acusa
contiene el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios39 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima40 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.
Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
37 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabilidad del Estado, Tratado de
Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Ley Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
38 Ibídem
39 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación
manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
40 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
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amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.
Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.
Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso41, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
41 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
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adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.
De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación42, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada43 o; viii) actuó sin competencia.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.
42 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23
de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
43 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27
de abril de 2006. Rad.: 14837.
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7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 27 de enero
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de
la demanda, la parte activa indicó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga incurrió en un error jurisdiccional en la sentencia del 2 de septiembre
de 2010, pues Bernardo Francisco Vesga Santos tenía derecho al reconocimiento
de la pensión consagrada en el Decreto 758 de 1990, por los aportes efectuados
por instituciones privadas, lo cual es plenamente compatible con la pensión de vejez
reconocida por el ISS mediante la Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007.
Adicionalmente, sostuvo que había lugar al reconocimiento de la pretensión
subsidiaria de la demanda laboral para que fuesen contabilizados los aportes
privados de las últimas 100 semanas, con la sumatoria de los aportes públicos.
En este sentido, y comoquiera que sólo el extremo activo presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código de General del Proceso44, la Sala resolverá el presente asunto de
conformidad con los argumentos expuestos por el apelante. Por ello, a continuación,
se analizará si la providencia del 2 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, incurrió en un error jurisdiccional.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
44 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]”.
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7.1. Hechos probados45
De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se acreditó que mediante Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007, el
Instituto de Seguros Sociales reconoció a Bernardo Francisco Vesga Santos una
pensión de vejez, según da cuenta copia simple de dicha resolución46.
7.1.2. Consta que el 25 de marzo de 2008, Bernardo Francisco Vesga Santos
solicitó al ISS la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a su favor, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 758 de 1990. De ello da cuenta copia
simple de dicha solicitud47.
7.1.3. Se probó que mediante “auto de archivo” No. 269 del 14 de mayo de 2008, el
ISS negó la reliquidación de la pensión solicitada por Bernardo Francisco Vesga
Santos. Esta información consta en copia simple de dicha decisión48.
7.1.4. Se demostró que el 6 de junio de 2008, Bernardo Francisco Vesga Santos
presentó demanda ordinaria laboral en contra del ISS, con el propósito de que se
efectuara el reconocimiento de una pensión de vejez por los aportes efectuados en
el sector privado y, en subsidio, solicitó la reliquidación de la pensión reconocida a
través de Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007, con fundamento en los
aportes efectuados en las últimas 100 semanas. De ello da cuenta copia simple del
escrito de demanda49.
45 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,
conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
46 Fl. 58 a 59, C 1.
47 Fl. 36 a 38, C. 1.
48 Fl. 40 a 41, C. 1.
49 Fl. 11 a 18, C. 1.
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7.1.5. Se acreditó que mediante sentencia del 13 de octubre de 2009, el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda
ordinaria laboral promovida por Bernardo Francisco Vesga Santos al constatar que
el ISS liquidó la pensión con fundamento en los criterios fijados por el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y demás normas aplicables. De esta información da cuenta copia
simple de la referida providencia50. El fundamento de dicho proveído fue el siguiente:
“Revisado el acervo probatorio obrante en el plenario, encontramos la hoja de
prueba donde reposa la liquidación realizada por el ISS en el momento en que
reconoció a favor del actor del actor la pensión de vejez, donde se observa que para
este efecto fueron tenidas en cuenta 1571 semanas; el Ingreso Base de Liquidación
se determinó al rigor del principio de favorabilidad prescrito en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993; se establece que es superior el IBL de los últimos 10 años
equivalente a $5.489.902, respecto del obtenido al promediar toda la historia laboral
equivalente a $4.147.701, al cual se aplicó la tasa máxima de reemplazo permitida
el 90%, en el entendido de que el asegurado acreditó más de 1250 semanas en toda
la historia laboral; es claro que para efectos de la liquidación el ISS hizo remisión
expresa al inciso tercero del artículo 36 de la Dey 100 de 1993, mantuvo para el
caso, sólo el número de semanas, la edad y el monto, entiéndase por monto para el
particular la tasa de reemplazo. De igual modo se examina los reportes de semanas
expedidos por la gerencia nacional de historia laboral y nómina de los pensionados
del ISS, de los cuales se establece que el afiliado no acredita más semanas de las
tenidas en cuenta para la liquidación en la decisión administrativa.
Ahora bien, el actor manifiesta que debieron ser tenidos en cuenta los aportes con
los empleadores, Grival S.A., Universidad Santo Tomas, Universidad Autónoma De
Bucaramanga, Colegio Salesianos De Zapatoca, Uniciencia y La Comuna, las
cuales se encuentran dentro de las 100 últimas semanas, a este respecto se reitera
que la liquidación de la prestación debe someterse estrictamente al contenido del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 21 de la misma
ley, teniendo en cuenta para el cómputo hasta la última semana cotizada.
Es oportuno señalar que los aportes efectuados de manera simultánea con uno o
más empleadores, incrementan el Ingreso Base de Cotización (IBC), en los ciclos
correspondientes, no afecta el monto de semanas, acorde a lo regulado por el
Decreto 1406 de 1999.
A su vez obra la resolución No. 8078 de 20073, a través de la cual el Instituto de
Seguros Sociales resolvió recurso de reposición interpuesto por el actor contra la
resolución No. 3494 de 2007, modificándola, en el sentido de conceder la pensión
de vejez a partir del 09 de diciembre de 2006, en cuantía equivalente a $4.729.051,
girando por concepto de retroactivo la suma de $42.565.314, decisión confirmada a
través de la resolución No. 2006 de 2007, emitida por la Gerencia Seccional del ISS,
acto administrativo mediante el cual se desata el recurso de apelación interpuesto
en subsidio por el demandante.
50 Fl. 258 a 267, C. 1.
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En este orden de ideas, de las pruebas obrantes en el expediente se colige, que la
entidad demandada adelantó las actuaciones tendientes a amparar la pretensión del
asegurado, trámite que se surtió dentro de la vía gubernativa.
En conclusión, actuó en forma acertada el ISS al prever para la liquidación de la
pensión de vejez del demandante lo prescrito por el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que el régimen de transición garantiza a sus
beneficiarios de cara a la prestación por vejez y en relación con la normatividad que
venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas para acceder al derecho, el monto de la prestación y en lo
que toca con la tasa de reemplazo; pero no lo referente al ingreso base de
liquidación pensional que se rige en estricto rigor por lo previsto por el legislador en
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que hace alusión para el
evento de quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir
el derecho, al promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o .el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.
Por lo anterior se reitera al demandante que la imposibilidad de tener en cuenta los
salarios sobre los cuales cotizó durante las 100 últimas semanas radica en que la
norma es clara al señalar que el Ingreso Base de Liquidación es determinado con
fundamento en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Téngase en cuenta que la norma citada señala que podrá ser tenidos en cuenta los
salarios sobre los cuales cotizó para pensión el afiliado durante los últimos dos años,
siempre y cuando al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, le faltaren dos años o
menos para adquirir el derecho; para el particular y según el registro civil de
nacimiento obrante a folio 247, el Señor Francisco Vesga, nació el 14 de diciembre
de 1946, cumpliendo los 60 años de edad el día 14 de diciembre de 2006, por lo
cual al 01 de abril de 1994, fecha en que entró a regir la mencionada ley, le faltaban
más de 10 años para adquirir el derecho, superando el término indicado en la norma,
para acceder a el beneficio implorado; razón por la cual no le es dable al
demandante que la pensión de vejez se le liquide de acuerdo con los términos
analizados, sino como correctamente la realizó el ISS.”
7.1.6. Está probado que en sentencia del 2 de septiembre de 2010, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la providencia
del 13 de octubre de 2009. De ello da cuenta copia simple de la referida decisión51,
de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“Para resolver la cuestión, dígase, de una vez que ninguna discusión ofrece el hecho
de que el demandante era beneficiario del régimen de transición, razón por la cual,
en virtud de lo previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, "La edad para acceder
a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia
el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicio
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados.
51 Fl. 306 a 319, C. 1.
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Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El
ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE."
De acuerdo al precepto anterior, tanto la edad como el tiempo de servicios o
cotizaciones es la que contempla el régimen anterior que se pretenda invocar. El
monto hace alusión al porcentaje con que se liquida la pensión y que corresponde
al señalado en el respectivo régimen anterior mas no se refiere al Ingreso Base de
Liquidación (I.B.L.).
Para determinar el "ingreso base de liquidación" al cual se aplica el porcentaje, como
acertadamente lo señaló el juez de instancia, la norma legal a tener en cuenta es el
inciso 3° ya transcrito del art. 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual, éste quedó
gobernado por el nuevo régimen, salvo para quienes el 1° de abril de 1994, "les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho", caso en el cual "será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE."
Si lo anterior es del modo que acaba de verse, ningún atisbo de prosperidad pueden
tener la pretensión de reliquidación pensional pedida en la demanda, ni siquiera so
pretexto de la invocación de los principios de favorabilidad e inescindiblidad de la
ley como se pide en la apelación; puesto que con suficiencia se ha sostenido que
en tratándose de pensiones del régimen de transición como la aquí otorgada y
cuestionada, si bien es cierto el monto (porcentaje) es el previsto en el régimen
anterior, la manera de calcular el I.B.L. (Ingreso Base de Liquidación) se encuentra
consagrado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya analizado.
(…).
Ahora bien, aun si se entendiera que lo pedido por el demandante es la pensión de
vejez del sistema general de pensiones, el tiempo de servicios en el sector público,
no podría tenérsele en cuenta, pues al ser beneficiario del régimen de transición
consagrado en la Ley 100 de 1993, estaría cobijado por la normatividad anterior,
establecida en Acuerdo 049 de 1990, que no autoriza incluir en la suma de semanas
cotizadas, las que se hayan hecho a cajas, fondos o entidades de previsión del
sector público o privado o el tiempo laborado para el sector público; sobre este
particular se deben seguir los parámetros de la sentencia del 4 de noviembre de
2004, radicación 23611 Sala Laboral de Casación. Al respecto se dijo:
"Bien es cierto que si el demandante nació el 12 de octubre de 1933 lo cobijan
los efectos de ese régimen.
No obstante ese predicamento no define ningún derecho pensional a su favor
por las razones que pasan a explicarse: En primer lugar, la denominada pensión
de jubilación por aportes no está incidida por el régimen de transición pensional
que regula el artículo 36 ib., conforme se infiere de la interpretación sistemática
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de este precepto con los artículos 13 literal f) y 33 inciso 1° de la citada Ley 100
de 1993.
En segundo lugar, auscultado el asunto en perspectiva de la pensión de vejez
del sistema general de pensiones, el tiempo de servicios al sector público por
parte del actor, sobre el que está asentada la demanda, no puede ser tenido en
cuenta para efectos pensionales, pues al ser beneficiario del régimen de
transición en reflexión, el demandante está cobijado por la normativa pensional
anterior a la citada Ley 100, esto es, la contenida en el Acuerdo 049 de 1990,
cuyo artículo 12 exige para tener derecho a la pensión de vejez un mínimo de
500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad pensional, que en el caso del accionante serían
sesenta (60) años, o un número de 1000 semanas aportadas en cualquier
tiempo, con la acotación necesaria de que tales cotizaciones deben ser
efectuadas al seguro social, pues en el Acuerdo 049 no existe una norma que
autorice incluir e n la suma de semanas de cotización las que se hayan hecho
a cajas, fondos o entidades de previsión del sector público o privado o el tiempo
que se haya laborado para el sector público."
De otra parte, es incuestionable la legalidad de la liquidación realizada por el ISS y
verificada por el juzgado de instancia (fl. 215 a 218) ya que en el momento en que
reconoció a favor del actor la pensión de vejez, tuvo en cuenta 1571 semanas, en
aplicación directa del principio de favorabilidad prescrito en el artículo 21 de la ley
100 de 1993, concluyendo que el IBL de los últimos diez años equivale a $5.489.902
mientras que el obtenido de promediar toda la historia laboral equivale a $4.147.701,
manteniendo el ISS en su liquidación en función del artículo 36 de le ley 100 de
1993, solo el número de semanas. La edad y monto, entendiendo por monto para el
caso objeto de estudio la tasa de reemplazo permitida, equivalente al 90%, fueron
mantenidas conforme el régimen anterior.
En el anterior orden de ideas, es claro que la sentencia absolutoria apelada debe
confirmarse por las razones precedentes.”
7.1.7. Se acreditó que el 6 de septiembre de 2010, Bernardo Francisco Vesga
Santos solicitó la adición y aclaración de la sentencia del 2 de septiembre de 2010
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. De ello da
cuenta copia simple de dicho documento52.
7.1.8. Consta que mediante auto del 29 de junio de 2011, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga negó la solicitud de adición y aclaración de la
sentencia del 2 de septiembre de 2010, presentada por el señor Vesga Santos. Esta
información consta en copia simple de la referida providencia53.
52 Fl. 320 a 336, C1.
53 Fl. 343 a 347, C1.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
7.2. Ausencia de error jurisdiccional
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la lesión
injustificada a los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de la parte actora, así como la merma patrimonial que afirma haber sufrido,
producto de la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga el 2 de septiembre de 2010, mediante la cual se confirmó la negativa
de las pretensiones de la demanda ordinaria laboral promovida por Bernardo
Francisco Vesga Santos en contra del ISS.
Ahora bien, se advierte que, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que
sea procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y
ésta deberá encontrarse en firme54.
Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en la providencia
del 2 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, pues se encontraba en firme y frente a ella no procedían recursos
ordinarios por tratarse de una sentencia de segunda instancia (hecho probado
7.1.6.).
En este orden de ideas, se tiene que en el recurso de apelación se adujo que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga incurrió en un error
jurisdiccional en la sentencia del 2 de septiembre de 2010, toda vez que Bernardo
Francisco Vesga Santos tiene derecho al reconocimiento de la pensión consagrada
en el Decreto 758 de 1990, por los aportes hechos por instituciones privadas, la cual
alega es plenamente compatible con la pensión de vejez reconocida por el ISS
mediante Resolución No. 3494 del 19 de abril de 2007. Adicionalmente, sostuvo que
también había lugar al reconocimiento de la pretensión subsidiaria de la demanda
laboral, en el sentido de que fuesen contabilizados los aportes privados de las
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
últimas 100 semanas, con la sumatoria de los aportes públicos.
Pues bien, en primer lugar, se advierte que en la sentencia del 2 de septiembre de
2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó la pretensión
principal de la demanda presentada por Vesga Santos respecto del reconocimiento
de la pensión de vejez por los aportes cotizados en las empresas del sector privado,
con fundamento en lo siguiente:
“Ahora bien, aun si se entendiera que lo pedido por el demandante es la pensión de
vejez del sistema general de pensiones, el tiempo de servicios en el sector público,
no podría tenérsele en cuenta, pues al ser beneficiario del régimen de transición
consagrado en la Ley 100 de 1993, estaría cobijado por la normatividad anterior,
establecida en Acuerdo 049 de 1990, que no autoriza incluir en la suma de semanas
cotizadas, las que se hayan hecho a cajas, fondos o entidades de previsión del
sector público o privado o el tiempo laborado para el sector público; sobre este
particular se deben seguir los parámetros de la sentencia del 4 de noviembre de
2004, radicación 23611 Sala Laboral de Casación. Al respecto se dijo:
‘Bien es cierto que si el demandante nació el 12 de octubre de 1933 lo cobijan los
efectos de ese régimen.
No obstante ese predicamento no define ningún derecho pensional a su favor por
las razones que pasan a explicarse: En primer lugar, la denominada pensión de
jubilación por aportes no está incidida por el régimen de transición pensional que
regula el artículo 36 ib., conforme se infiere de la interpretación sistemática de
este precepto con los artículos 13 literal f) y 33 inciso 1° de la citada Ley 100 de
1993.
En segundo lugar, auscultado el asunto en perspectiva de la pensión de vejez del
sistema general de pensiones, el tiempo de servicios al sector público por parte
del actor, sobre el que está asentada la demanda, no puede ser tenido en cuenta
para efectos pensionales, pues al ser beneficiario del régimen de transición en
reflexión, el demandante está cobijado por la normativa pensional anterior a la
citada Ley 100, esto es, la contenida en el Acuerdo 049 de 1990, cuyo artículo 12
exige para tener derecho a la pensión de vejez un mínimo de 500 semanas de
cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad pensional, que en el caso del accionante serían sesenta (60) años, o un
número de 1000 semanas aportadas en cualquier tiempo, con la acotación
necesaria de que tales cotizaciones deben ser efectuadas al seguro social, pues
en el Acuerdo 049 no existe una norma que autorice incluir e n la suma de
semanas de cotización las que se hayan hecho a cajas, fondos o entidades de
previsión del sector público o privado o el tiempo que se haya laborado para el
sector público’."
Sobre el particular, se tiene que en efecto para la época en la que fue proferida la
providencia del 2 de septiembre de 2010, la jurisprudencia de la Sala de Casación
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Laboral de la Corte Suprema de Justicia de forma pacífica había sostenido que para
las personas beneficiarias del régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios –aprobado mediante el Decreto
758 de 1990-, las cotizaciones para tener derecho a la pensión de vejez debían ser
efectuadas al ISS, sin que resultara posible incluir las semanas de cotización
sufragadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o
privado o el tiempo trabajado como servidores públicos. En ese sentido, dicha
corporación indicó:
“Importa precisar, por otro lado, que el citado parágrafo del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 no puede ser interpretado de manera aislada del resto de este artículo. Y
de ese modo, resulta que para un beneficiario del sistema de transición allí
consagrado, el número de semanas cotizadas será el establecido en el régimen
anterior al cual se encontrare afiliado, de tal suerte que ese requisito deberá
regularse en su integridad por las normas que gobernaban lo pertinente en el
régimen pensional que al beneficiario le resultaba aplicable. Régimen que, para un
trabajador afiliado al Seguro Social, corresponde al regulado por el Acuerdo 049 de
1990, que, en lo pertinente, en su artículo 12 exige para tener derecho a la pensión
de vejez un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20
años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o un número de 1000
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
Pero dichas cotizaciones se entiende que deben ser efectuadas al Seguro
Social, por cuanto en el referido Acuerdo no existe una disposición que
permita incluir en la suma de las semanas de cotización pertinentes las
sufragadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público
o privado o el tiempo trabajado como servidores públicos, como sí acontece a
partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por
ella.”55 (se destaca).
Asimismo, se advierte que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia precisó que frente a los aportes efectuados ante el ISS no resultaba posible
diferenciar el tipo de cotizaciones, bien sea por vinculaciones laborales
concurrentes en el sector público o privado, con el propósito de otorgar dos
pensiones diferentes, según la naturaleza de dichas cotizaciones, pues el Acuerdo
049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios –aprobado
mediante el Decreto 758 de 1990- no contemplaba dicha posibilidad, sino que la
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 4 de noviembre de 2004, exp.
23611. Reiterada en sentencias del 10 de marzo de 2009, exp. 35792, del 17 de mayo de 2011, exp.
42242, del 6 de septiembre de 2012, exp 42191, del 20 de agosto de 2019, exp 75697 y del 6 de
noviembre de 2019, exp. 78675.
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consecuencia era el incremento del ingreso base de liquidación y beneficios en la
tasa de remplazo, mas no el reconocimiento de dos pensiones diferentes. Sobre el
particular, se señaló:
“Puestas así las cosas, se ha de anotar que no le asiste razón al impugnante en el
reclamo, en cuanto el llamamiento que se hizo de los servidores públicos a la
afiliación al Instituto de Seguros Sociales, tuvo un fin y unas reglas previstas
específicamente, y que no contemplaban que tal afiliación y las cotizaciones que en
virtud de ella se efectuaran tuvieran como consecuencia que se les diera una
pensión de vejez diferente según la naturaleza de la relación laboral, como si se
tratara de cuentas de cotizaciones distintas según si los servicios se prestaban en
el sector público o privado.
(…).
Ahora, ese llamado obligatorio a la afiliación tenía efecto desde el punto de vista de
la eventual subrogación total o parcial del riesgo, en relación con la pensión de
jubilación a cargo del empleador público, que como arriba se señaló no es el
problema aquí planteado. Pero desde la óptica de la pensión de vejez en cabeza de
la entidad aseguradora, no podía considerarse en caso de cotizaciones por
vinculaciones laborales concurrentes o sucesivas con el sector público y
privado, la posibilidad de una doble prestación periódica según la naturaleza
de la vinculación como se pretende en este evento, pues ello no estaba
previsto en los reglamentos de la entidad demandada. Esto significa que de cara
a la pensión de vejez, en casos como el del presente conflicto de servidor
público afiliado obligatorio al Instituto en el régimen de invalidez, vejez y
muerte y que a la vez prestó servicios en forma paralela al sector privado, la
consecuencia se refleja en la posibilidad de acumulación de aportes no
simultáneos, incremento del ingreso base de liquidación y beneficios en la
tasa de reemplazo, pero no en la viabilidad de adquirir dos pensiones de
vejez.”56 (se destaca).
Finalmente, conviene precisar que en la Resolución No. 3494 de 2007, por la cual
el ISS le reconoció al demandante la pensión de vejez, se estableció en el artículo
segundo de la parte resolutiva que “esta prestación económica es incompatible con
la percepción de otras asignaciones o pensiones del erario público”. Aspecto que
refuerza la imposibilidad del ISS de reconocerle otra pensión a Bernardo Francisco
Vesga Santos, dada la incompatibilidad referida en la parte resolutiva de dicha
resolución, contra la cual no se acreditó que se hubiese adelantado algún proceso
judicial, por lo que goza de todos los atributos de los actos administrativos, en
particular, la presunción de legalidad.
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de abril de 2015, exp.
44461.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Con fundamento en lo anterior, estima la Sala que el cargo propuesto por el
demandante no está llamado a prosperar, pues, como acaba de verse, Bernardo
Francisco Vesga Santos no tenía derecho a que el ISS le efectuase un nuevo
reconocimiento pensional, en virtud de los aportes privados efectuados a dicha
entidad, de ahí que la conclusión a la que se arribó en el proveído del 2 de
septiembre de 2010 no pueda catalogarse como errada o equivocada y, por ende,
incursa en error jurisdiccional frente a este punto.
Ahora bien, en cuanto al cargo elevado frente al hecho que Vesga Santos tenía
derecho al reconocimiento de la pretensión subsidiaria de la demanda laboral,
consistente en que, en aplicación del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, fuese reliquidada su pensión
teniendo en cuenta los aportes efectuados en las últimas 100 semanas, se advierte
que dicha pretensión fue negada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santander, con fundamento en los siguientes argumentos:
“Para resolver la cuestión, dígase, de una vez que ninguna discusión ofrece el hecho
de que el demandante era beneficiario del régimen de transición, razón por la cual,
en virtud de lo previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, "La edad para acceder
a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia
el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicio
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El
ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE."
De acuerdo al precepto anterior, tanto la edad como el tiempo de servicios o
cotizaciones es la que contempla el régimen anterior que se pretenda invocar. El
monto hace alusión al porcentaje con que se liquida la pensión y que corresponde
al señalado en el respectivo régimen anterior mas no se refiere al Ingreso Base de
Liquidación (I.B.L.).
Para determinar el "ingreso base de liquidación" al cual se aplica el porcentaje,
como acertadamente lo señaló el juez de instancia, la norma legal a tener en
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cuenta es el inciso 3° ya transcrito del art. 36 de la Ley 100 de 1993, según el
cual, éste quedó gobernado por el nuevo régimen, salvo para quienes el 1° de abril
de 1994, "les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho", caso en el
cual "será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE."
Si lo anterior es del modo que acaba de verse, ningún atisbo de prosperidad pueden
tener la pretensión de reliquidación pensional pedida en la demanda, ni siquiera so
pretexto de la invocación de los principios de favorabilidad e inescindiblidad de la
ley como se pide en la apelación; puesto que con suficiencia se ha sostenido que
en tratándose de pensiones del régimen de transición como la aquí otorgada
y cuestionada, si bien es cierto el monto (porcentaje) es el previsto en el
régimen anterior, la manera de calcular el I.B.L. (Ingreso Base de Liquidación)
se encuentra consagrado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
ya analizado.” (se destaca).
Sobre el particular, debe señalarse que en efecto, el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 dispone que “La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio
o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las
personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco
(35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.
Asimismo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de forma
reiterada, ha precisado que el IBL de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición se calcula de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de
1993. Al respecto, se indicó:
“Atinente a la base de liquidación o ingreso base de liquidación- IBL-, técnicamente
se le tiene como variable porque depende de los ingresos del afiliado durante un
lapso determinado por la ley, que puede o no ser objeto de actualización con base
en la variación de precios.
Llegados a este punto del sendero, surge una pregunta ¿qué sucede con la pensión
de vejez protegida por el régimen de transición?
Esta Sala al contestar el interrogante en precedencia ha sostenido, de manera
invariable hasta hoy, que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, «petrificó»
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para sus beneficiarios tres requisitos de la prestación, conforme al régimen
pensional en que venían consolidando su expectativa: (i) la edad; (ii) el tiempo de
servicios o cotizaciones; y (iii) el monto.
El cuarto, que corresponde a uno de cuantificación, a decir, la base de liquidación,
el legislador decidió armonizarlo con la nueva normativa.
Recapitulando, las disposiciones del régimen anterior, en cuanto a monto, edad y
tiempo de servicios o cotizaciones, únicamente se aplican, por remisión expresa,
frente a estos puntuales supuestos.
(…).
De suerte que, en lo que atañe al ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas con venero en el régimen de transición, esta Corporación ha sido
enfática en que este- IBL- se define a la luz de lo determinado expresamente
por la Ley 100 de 1993, y no con lo estipulado en la regulación precedente.
Puestas en esa dimensión las cosas, se exhibe palmario que el juzgador de segundo
grado no se equivocó al concluir que el ingreso base de liquidación se halla según
las voces de la Ley 100 de 1993 y no con las del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990, como lo pretende la parte promotora del proceso.” 57 (se
destaca).
De conformidad con lo anterior, resulta claro que, pese a que Bernardo Francisco
Vesga Santos era beneficiario del régimen de transición y su pensión se liquidó con
fundamento en el Decreto 758 de 1990, lo cierto es que el ingreso base de
liquidación debía liquidarse de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y no en los términos consagrados en el artículo 20 del Acuerdo
049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios –aprobado
mediante el Decreto 758 de 1990-.
Así pues, se advierte que no le asiste razón al extremo activo cuando afirma que se
configuró un error jurisdiccional en el proveído del 2 de septiembre de 2010, frente
a la reliquidación de la pensión del aquí demandante.
Una lectura detenida de los argumentos expuestos en la decisión objeto de
reproche permite auscultar los criterios razonables y concretos que la sustentan,
pues sus motivaciones fueron congruentes con los medios probatorios, sin que se
57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 1º de marzo de 2017, exp.
52320.
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observe la comisión de un error jurisdiccional que demuestre sin ningún asomo de
duda una actuación subjetiva, caprichosa y arbitraria por parte del operador de
justicia, toda vez que, en síntesis, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda presentada por Vesga Santos,
al advertir que no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez por los
aportes cotizados en las empresas del sector privado, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto del régimen pensional
previsto en el Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios, así como tampoco había lugar a efectuar la reliquidación de la pensión
en los términos solicitados en la demanda, de acuerdo con las reglas fijadas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
De conformidad con lo anterior, la Sala estima que la parte actora pretende utilizar
como una nueva instancia el medio de control de reparación directa, pues busca
controvertir nuevamente la decisión del 2 de septiembre de 2010, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda ordinaria laboral promovida por Bernardo Francisco
Vesga Santos.
A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce
procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio
al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como
presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia
judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico58.
58 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:
Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
Así las cosas, en la parte resolutiva de esta providencia se modificará la sentencia
del 27 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
negó las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la indebida
representación de la Nación por el Ministerio de Justicia y del Derecho; y negar las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de
apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es
decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
En relación con las agencias en derecho59 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora60.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 200361, vigente para el momento de la presentación
de la demanda, determinaba que en los procesos con cuantía tramitados en
segunda instancia, podrán fijarse hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia62.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la Nación – Rama
Judicial en segunda instancia comprendió el pronunciamiento que estos
efectuaron respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
habrá lugar al pago de las agencias en derecho del demandante y a favor de la
Nación – Rama Judicial, las cuales se fijan en el cero punto uno (0.1%) de las
pretensiones solicitadas en la demanda y deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará
así:
59 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
60 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
61 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
62 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…).III CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.
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Demandante: Bernardo Francisco Vesga Santos
“PRIMERO: DECLARAR la indebida representación de la Nación por el Ministerio
de Justicia y del Derecho.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, en favor de la Nación
– Rama Judicial.
Para el efecto, las agencias en derecho en esta se fijan en el cero punto uno (0.1%)
de las pretensiones solicitadas en la demanda, monto que deberá pagar la parte
actora, en favor de la Nación – Rama Judicial.”
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
Sigue leyendo
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