Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04139-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04139-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04139-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04139-00
Accionante: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Eduardo Rojas Herrera contra el
Tribunal Administrativo del Meta, que profirió el auto del 25 de mayo de 2026, mediante
el cual rechazó de plano la solicitud de nulidad formulada por el accionante respecto de
la sentencia del 17 de septiembre de 2025, dentro de la acción de cumplimiento 1.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Luis Eduardo Rojas Herrera, actuando en nombre propio y en su condición de alcalde del
municipio de La Primavera–Vichada, formuló acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al respeto y
debido acatamiento del precedente jurisprudencial y a la tutela judicial efectiva, que
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión del auto del 25 de
mayo de 2026, proferido dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 50001-
33-33-001-2025-00151-01, mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de nulidad
1 Proceso identificado con número de radicación: 50001-33-33-001-2025-00151-01.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
presentada respecto de la sentencia del 17 de septiembre de 2025, al considerar dicha
autoridad judicial que carecía de competencia para conocer y declarar la nulidad
pretendida.
En virtud de la acción de tutela, el accionante solicita textualmente:
«PRIMERA: Que se conceda el AMPARO de mis derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Meta, el auto 25 de mayo de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta, dentro de la acción de cumplimiento radicado
50001333300120250015101.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE DEJEN SIN EFECTOS el
auto 25 de mayo de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro
de la acción de cumplimiento radicado 50001333300120250015101, y, en
consecuencia, se le ORDENE al órgano judicial acusado emitir una nueva
decisión, en la cual resuelva de fondo la nulidad de la sentencia fecha 17 de
septiembre de 2025. O mediante sentencia de tutela, se declaré la nulidad de la
sentencia de fecha 17 de septiembre de 2025.»
2. Hechos relevantes
El accionante señala que el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 16
de noviembre de 2023, declaró la pérdida de su investidura como concejal del municipio
de La Primavera–Vichada para el período 2020-2023, decisión que fue confirmada por el
Consejo de Estado–Sección Primera, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2024.
Con fundamento en dicha decisión, el ciudadano Alirio Huertas Burgos promovió acción
de cumplimiento contra el Departamento del Vichada, con el propósito de obtener el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 190 de 1995, el artículo 41 de la
Ley 1952 de 2019 y las disposiciones contenidas en los Decretos 1083 de 2015 y 648 de
2017, con el fin de que se ordenara la remoción del accionante del cargo de alcalde del
municipio de La Primavera, por considerar que la pérdida de investidura generó una
inhabilidad sobreviniente para el ejercicio de dicho cargo.
Afirma que la referida acción de cumplimiento fue conocida en primera instancia por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, autoridad que, mediante
sentencia del 29 de agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Señala que dicha decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2025, providencia
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
que posteriormente fue objeto de solicitudes de aclaración, resueltas mediante auto del
8 de octubre de 2025.
Manifiesta que, posteriormente, el Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela del
30 de octubre de 2025, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-03950-01,
amparó su derecho fundamental al debido proceso y declaró la nulidad de la sentencia
del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado–Sección Primera dentro
del proceso de pérdida de investidura. Añade que, en cumplimiento de dicha decisión, la
Consejo de Estado–Sección Primera, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2025,
revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 16 de noviembre
de 2023 y, en su lugar, negó la solicitud de pérdida de investidura presentada en su
contra.
Sostiene que, al haber desaparecido el fundamento jurídico que sirvió de sustento a la
sentencia proferida dentro de la acción de cumplimiento, presentó ante el Tribunal
Administrativo del Meta solicitud de nulidad de la sentencia del 17 de septiembre de 2025.
Indica que dicha corporación, mediante auto del 18 de diciembre de 2025, consideró que
la solicitud constituía un recurso extraordinario de revisión y remitió el asunto al Consejo
de Estado. Señala que el Consejo de Estado, mediante auto del 21 de abril de 2026,
rechazó el referido recurso por improcedente y devolvió el expediente al Tribunal
Administrativo del Meta para que resolviera la solicitud de nulidad formulada. Finalmente,
afirma que el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 25 de mayo de 2026,
rechazó nuevamente la solicitud de nulidad, decisión que motivó la presentación de la
presente acción de tutela.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Meta vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al debido acatamiento del precedente
jurisprudencial y a la tutela judicial efectiva, al proferir el auto del 25 de mayo de 2026,
mediante el cual rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada contra la sentencia
del 17 de septiembre de 2025.
Afirma que la autoridad judicial accionada incurrió en una vulneración del debido proceso
al negarse a declarar la nulidad de la sentencia proferida dentro de la acción de
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
cumplimiento, pese a que, a su juicio, desapareció el fundamento jurídico que le servía
de sustento, esto es, la declaratoria de pérdida de investidura que había sido revocada
posteriormente por el Consejo de Estado–Sección Primera.
Asimismo, sostiene que el Tribunal Administrativo del Meta desconoció lo resuelto por el
Consejo de Estado mediante auto del 21 de abril de 2026, providencia en la que, según
afirma, se dispuso la devolución del expediente para que dicha corporación resolviera la
solicitud de nulidad formulada.
Finalmente, alega que la decisión cuestionada afecta sus derechos políticos y los de sus
electores, al mantener los efectos de una sentencia de acción de cumplimiento cuyo
fundamento jurídico, en su criterio, dejó de existir.
4. Trámite procesal
Mediante auto del 1 de junio de 2026 se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó notificar
dicha decisión al accionante y al Tribunal Administrativo del Meta, así como al señor Alirio
Huertas Burgos y al Departamento del Vichada, en calidad de terceros con interés.
Asimismo, se solicitó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio la
remisión de copia digital del expediente de la acción de cumplimiento con radicado No.
50001-33-33-001-2025-00151-01.
El Tribunal Administrativo del Meta, contestó la acción de tutela 3 y solicitó negar el
amparo invocado. Indicó que se remitía íntegramente a las consideraciones expuestas
en el auto del 25 de mayo de 2026, por contener los fundamentos jurídicos, normativos,
jurisprudenciales y fácticos que sustentaron la decisión de rechazar de plano la solicitud
de nulidad presentada por el accionante. Asimismo, precisó que en dicha providencia se
expusieron las razones que justificaban tanto el rechazo de la solicitud como la remisión
de las actuaciones relacionadas con el asunto al Consejo de Estado, y agregó que incluso
se efectuó un pronunciamiento sobre el sustento material de la nulidad invocada.
Por su parte, Alirio Huertas Burgos, en calidad de tercero con interés, contestó la acción
de tutela 4 y solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela. Sostuvo que el
2 Cfr. SAMAI, índice 4.
3 Cfr. SAMAI, índice 12.
4 Cfr. SAMAI, índice 13.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
accionante ha promovido múltiples acciones de tutela relacionadas con su desvinculación
del cargo de alcalde del municipio de La Primavera–Vichada, por lo que consideró que la
presente actuación resultaba temeraria. Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo
del Meta actuó conforme a derecho al rechazar la solicitud de nulidad, por cuanto las
providencias judiciales ejecutoriadas se encuentran amparadas por el efecto de cosa
juzgada y no pueden ser revocadas o reformadas por el juez que las profirió. Finalmente,
señaló que la acción de tutela no puede utilizarse como mecanismo para reabrir debates
procesales ni para revivir términos judiciales precluidos.
Finalmente, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, envió copia
digital del expediente del proceso ordinario 5.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el auto del 25 de
mayo de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante el cual se
rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por Luis Eduardo Rojas Herrera
contra la sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida dentro de la acción de
cumplimiento con radicado No. 50001-33-33-001-2025-00151-01.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
5 Cfr. SAMAI, índice 11.
6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-04139-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional 8: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
Luis Eduardo Rojas Herrera promovió acción de tutela contra el auto del 25 de mayo de
2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, al considerar que dicha
providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
debido acatamiento del precedente jurisprudencial y a la tutela judicial efectiva.
La Sala advierte que la tutela promovida por el señor Rojas Herrera será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
pues observa que lo que pretende el accionante es reabrir el debate jurídico resuelto por
la autoridad judicial accionada en torno a la procedencia de la solicitud de nulidad
formulada contra la sentencia proferida dentro de la acción de cumplimiento.
El accionante sostiene que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales al rechazar la solicitud de nulidad presentada contra la sentencia del 17
de septiembre de 2025, pese a que, en su criterio, había desaparecido el fundamento
jurídico que sustentó dicha decisión, esto es, la declaratoria de pérdida de investidura
que posteriormente fue revocada por el Consejo de Estado–Sección Primera. Asimismo,
afirma que el Tribunal Administrativo del Meta desconoció lo resuelto por el Consejo de
Estado mediante auto del 21 de abril de 2026, al abstenerse de resolver de fondo la
solicitud de nulidad formulada.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
Se advierte que la controversia planteada carece de relevancia constitucional, en la
medida en que el accionante pretende reabrir un debate que ya fue resuelto por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del cual la ya se valoraron integralmente
los documentos y argumentos por él aportados. Se evidencia que la acción de tutela se
utiliza para cuestionar la decisión adoptada y reabrir el debate propio del proceso
ordinario, reflejando, en realidad, una inconformidad con el sentido de la providencia.
De la revisión del expediente, se observa que, el Tribunal Administrativo del Meta,
mencionó lo siguiente:
«En el sub examine, se tiene que el señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA no
determinó de manera expresa la causal de nulidad en la que fundamenta su
solicitud, sino que únicamente se limitó a invocar los artículos 208, 209 y 210 del
CPACA, los cuales establecen lo relacionado con el trámite de las nulidades que
se debe seguir en esta jurisdicción, mas no establecen causales específicas, pues,
se insiste, el primer artículo en mención remite a las enlistadas en el Código
General del Proceso.
Por lo tanto, comoquiera que determinar la causal de nulidad resulta indispensable,
ante su ausencia, corresponde rechazar de plano la solicitud elevada por el señor
ROJAS HERRERA, tal como ha procedido de conformidad en casos similares el
Consejo de Estado16.
Lo anterior, comoquiera que la nulidad procesal no puede fundamentarse en
argumentaciones genéricas o en la simple discrepancia con las decisiones
adoptadas, sino en la configuración estricta de alguna de las causales legalmente
previstas.
Sin perjuicio de lo anterior, frente al sustento material de la nulidad, debe decirse
que la sentencia de segunda instancia emitida en esta acción de cumplimiento (17
de septiembre de 2025), fue adoptada con fundamento en los elementos fácticos
y jurídicos vigentes al momento de su expedición, pues, para esa fecha, no se
había resuelto la impugnación por parte del Consejo de Estado en la que dejó sin
efectos la providencia del 12 de diciembre de 2024, al interior del proceso de
pérdida de investidura identificado con el radicado 50001-23-33-000-2023-00109-
01, pues, esto ocurrió hasta el 30 de octubre de 2025.
En ese orden de ideas, resulta claro que los argumentos expuestos por el señor
ROJAS HERRERA no se dirigen a demostrar la existencia de un vicio procesal de
la sentencia, sino que se basan en circunstancias posteriores y sobrevinientes al
pronunciamiento judicial, lo cual desborda por completo el ámbito propio de la
nulidad.
Asimismo, la autoridad administrativa podría analizar la eventual configuración de
la pérdida de fuerza ejecutoria del Decreto 0667 del 27 de octubre de 2025,
establecida en los artículos 91 y 92 del CPACA.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-04139-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
Por otro lado, observa la Sala que actualmente cursa en segunda instancia la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-06384-01 ante el Consejo de
Estado, a través de la cual el señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA pretende
se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia emitidas el 29
de agosto y 17 de septiembre de 2025, respectivamente, en el presente trámite.
Así las cosas, comoquiera que a la fecha dicho trámite constitucional no ha
culminado, pues, se encuentra pendiente de resolver la impugnación, el despacho
ponente remitirá copia de la presente decisión, así como de todas las providencias
relacionadas con el asunto, a efectos de que, si el Consejo de Estado lo considera
procedente, se tengan en cuenta al momento de analizar la situación fáctica y
jurídica del señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA, y, de ser el caso, tome las
decisiones pertinentes por encontrarse allí en discusión la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.
R E S U E L V E:
PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad presentada por el señor
LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.»
De lo anterior se desprende que, contrario a lo sostenido por el accionante, el Tribunal
Administrativo del Meta sí emitió un pronunciamiento respecto de la solicitud de nulidad
formulada contra la sentencia del 17 de septiembre de 2025, y la rechazó de plano al
considerar que el señor Luis Eduardo Rojas Herrera no identificó de manera expresa
ninguna de las causales de nulidad previstas en el Código General del Proceso,
limitándose a invocar disposiciones del CPACA relativas al trámite de las nulidades.
Asimismo, precisó que los argumentos expuestos por el accionante no estaban dirigidos
a demostrar la existencia de un vicio procesal de la sentencia, sino que se sustentaban
en circunstancias posteriores y sobrevinientes al pronunciamiento judicial, relacionadas
con la modificación de la situación jurídica derivada del proceso de pérdida de investidura.
Adicionalmente, la autoridad judicial accionada explicó que la sentencia proferida el 17
de septiembre de 2025 fue adoptada con fundamento en los elementos fácticos y jurídicos
vigentes al momento de su expedición, dado que la decisión del Consejo de Estado que
dejó sin efectos la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida dentro del proceso
de pérdida de investidura, fue emitida con posterioridad. Igualmente, puso de presente
que las eventuales consecuencias derivadas de dicha decisión podían ser examinadas
por las autoridades competentes a través de los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico y destacó la existencia de otra acción de tutela en trámite ante el
Consejo de Estado, en la que se debatía la eventual vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
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Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
En ese sentido, se observa que la providencia cuestionada se encuentra debidamente
motivada y responde a una interpretación razonada del marco normativo y procesal
aplicable, sin que se evidencie una actuación arbitraria o caprichosa por parte de la
autoridad judicial accionada.
Por lo tanto, la Sala advierte que la controversia planteada no evidencia una vulneración
directa de derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio
legítimo de la función jurisdiccional, debido a que, el Tribunal Administrativo del Meta ya
resolvió de fondo la situación jurídica debatida en el proceso ordinario.
La Sala concluye que la providencia ordinaria estuvo debidamente motivada, fue
razonable, respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó correctamente el derecho
sustancial.
Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una
instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
Finalmente, se llama la atención al señor Luis Eduardo Rojas Herrera, por cuanto se
observa que ya promovió una acción de tutela contra una providencia proferida dentro
del mismo proceso ordinario, la cual fue tramitada bajo el radicado No. 11001-03-15-000-
2025-07053-00. En ese sentido, se le advierte que la acción de tutela no puede utilizarse
de manera indefinida como un mecanismo para controvertir cada decisión adoptada
dentro del proceso con la que el accionante se sienta inconforme, pues ello desnaturaliza
su carácter excepcional.
La providencia reprochada fue dictada dentro del marco de la legalidad. En consecuencia,
no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y la acción de tutela se
declarará improcedente.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-04139-00
Accionante: Luis Eduardo Rojas Herrera
Acción de tutela–Primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Luis Eduardo Rojas Herrera
contra el Tribunal Administrativo del Meta, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
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WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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