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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06384-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06384-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 35 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01 Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06384-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE
MATERIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 30 de octubre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la acción de tutela frente a la excepción de

inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley 190 de 1995 y denegó

en lo demás el amparo solicitado.

1 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA, actuando en nombre

propio, en calidad de ciudadano y “alcalde” del municipio de La

Primavera (Vichada), en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la tutela

judicial efectiva, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO

PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

VILLAVICENCIO2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META3

al haber proferido las providencias de 29 de agosto y 17 de septiembre

de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de

cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos

administrativos identificado con el número único de radicación 50001-

33-33-001-2025-00151-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el 17 de junio de 2025, el señor ALIRIO HUERTAS

BURGOS presentó demanda en ejercicio del medio de control de

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante TRIBUNAL.

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos

administrativos en su contra y del DEPARTAMENTO DEL

VICHADA4, con el objeto de que se diera observancia al precepto

establecido en los artículos 6° de la Ley 190 de 6 de junio de 19955,

41 de la Ley 1952 de 28 de enero de 20196, 2.2.5.1.1.4 del Decreto

1083 de 26 de mayo de 20187 y 2.2.5.1.1.4 del Decreto 648 de 19

de abril de 20188 y, en esa medida, se le ordenara al gobernador que

lo retirara del cargo de alcalde del MUNICIPIO DE LA

PRIMAVERA9, por haber perdido su investidura como concejal,

conforme a lo decidido por el Consejo de Estado dentro del proceso

identificado con el número único de radicación 50001 23-33-000-

2023-00109-01, lo que, a juicio del citado ciudadano, conllevó una

inhabilidad sobreviniente.

Sostuvo que el referido proceso fue identificado con el número único

de radicación 2025-00151-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante sentencia de 29 de agosto de 2025,

accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le

4
En adelante DEPARTAMENTO.
5
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
6
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
7
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
8
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública.
9
En adelante MUNICIPIO.

4

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

ordenó cumplir con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 6° de la

Ley 190 de 1995, esto es, manifestarle al gobernador del

DEPARTAMENTO que estaba incurso en una inhabilidad para el

ejercicio del cargo de alcalde del MUNICIPIO; y que una vez

observado lo anterior, ambos tomaran las medidas necesarias para

cumplir la normativa sobre el retiro del servicio por inhabilidad

sobreviniente.

Precisó que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de

apelación el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, en providencia

de 17 de septiembre de 2025, confirmó parcialmente la decisión del

a quo, en el sentido de fijar el término de 5 días para que se

adoptaran las medidas relativas a su retiro del servicio.

Señaló que presentó solicitud de aclaración contra la sentencia de

segunda instancia con el fin de que el TRIBUNAL precisara si el

gobernador del DEPARTAMENTO debía retirarlo del cargo o poner

la situación en conocimiento de la PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN, la cual fue denegada mediante proveído de 8 de

octubre de 2025, dejando más dudas y ambigüedades frente a su

situación.

5

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por

la transgresión de los artículos 1°, 287 y 314, debido a que

desconocieron que no puede un gobernador destituir a un alcalde

electo popularmente y cualquier eventual inhabilidad debía ponerse

en conocimiento de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Afirmó que el artículo 6° de la Ley 190 de 1995 es una normativa de

rango inferior a la Constitución y, además, en ella no se impone el

deber expreso de que el gobernador pueda retirar del servicio a un

alcalde electo popularmente, sino que establece cuándo un

funcionario debe poner en conocimiento de su nominador si incurrió

o no en una inhabilidad, lo que no es exigible en su caso, razón por

la que al existir una incompatibilidad evidente entre dicha disposición

y la carta política, el juez debió inaplicar el referido artículo 6°, en

atención a la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo

4 Superior.

Manifestó que en las sentencias cuestionadas también se incurrió en

desconocimiento del precedente judicial, toda vez que se

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

apartaron sin justificación de lo establecido en las sentencias T-525

de 2006 y C-030 de 2023, proferidas por la Corte Constitucional,

según las cuales el gobernador no es superior jerárquico ni jefe del

alcalde, por lo que no lo puede destituir o retirar del servicio, función

que corresponde a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,

según lo previsto en la Ley 1952 de 2019 y la sentencia C-146 de

2021, acorde con la cual la pérdida de investidura genera la

inhabilidad para aspirar nuevamente a plazas de elección popular y

el apartamiento del cargo, cuya investidura se pierde, pero no es una

sanción permanente, como lo entendió el TRIBUNAL, cuya

interpretación restrictiva va en contra de los alcances del numeral 1

del artículo 95 de la Ley 136 de 1995 y del principio pro homine.

Adujo que se efectuó una indebida interpretación de la sentencia de

5 de agosto de 2005, (expediente núm. 73001-23-31-000-2004-

01987-01), en la cual el Consejo de Estado dispuso que el

gobernador debe poner en conocimiento de la PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN los hechos, pero no puede destituirlo

directamente.

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

Aseguró que las autoridades judiciales accionadas también

desconocieron la sentencia de 9 de septiembre de 1999, proferida

por la Sección Quinta del Consejo de Estado (rad. 2293), según la

cual la inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley

136 de 1995, es para volver a aspirar nuevamente a cargos de

elección popular, lo que no acontece en su caso, pues había sido

elegido alcalde con anterioridad a la sentencia que declaró la pérdida

de su investidura como concejal.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia, adujo:

“[…] SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE
DEJEN SIN EFECTOS las sentencias del 17 de septiembre de
2025, proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta, y la
sentencia de fecha 29 de agosto de 2025, proferida por el
Juzgado 1 Administrativo de Villavicencio, Meta dentro de la
acción de cumplimiento radicado 50001333300120250015101,
y, en consecuencia, se le ORDENE a los órganos judiciales
acusados emitir una nueva decisión, en aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad del artículo 4 de la
Constitución, se inaplique el artículo 6 de la Ley 190 de
1995 en el presente caso, por resultar contrario a los artículos
1, 287 y 314 de la Carta, y en consecuencia, se deje sin efecto
la orden impartida por el Tribunal accionado, a que, bajo un
adecuado análisis de las normas aplicables al trámite judicial
recurrido, y a la luz de una correcta valoración del precedente
jurisprudencial y las normas constitucionales que establecieron
autonomía territorial y que el alcalde no es un subordinado del

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

gobernador, por lo tanto, este último no lo puede retirar del
servicio, niegue las pretensiones de la demanda en la acción de
cumplimiento radicado 50001333300120250015101. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que el actor está acudiendo a la acción

de tutela con el fin de convertirla en una tercera instancia, por lo que

se remite a las consideraciones expuestas en las providencias

cuestionadas, por ser las que contienen la fundamentación jurídica,

normativa, jurisprudencial y fáctica efectuada en el asunto objeto de

cuestionamiento.

I.5.2.- El JUZGADO, el DEPARTAMENTO y el señor ALIRIO

HUERTAS BURGOS, estos últimos vinculados como terceros con

interés directo en las resultas del proceso, pese a ser debidamente

notificados de la presente acción constitucional, guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 30 de octubre de

2025, declaró improcedente la acción de tutela frente a la pretensión

relativa a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del

artículo 6° de la Ley 190 de 1995 y denegó en lo demás el amparo

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

solicitado.

Para el efecto, señaló que en relación con el argumento consistente

en que debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad del

artículo 6° de la Ley 190 de 1995 por ser contrario a los mandatos

contenidos en la Constitución, este no cumple con el requisito general

de la subsidiariedad, pues no fue planteado en el recurso de

apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dentro

del medio de control de cumplimiento, lo que impide un

pronunciamiento por parte del juez constitucional, en la medida en

que ello implicaría invadir la competencia del juez natural de la causa

y desconocer el carácter residual de la acción constitucional.

Frente a las demás pretensiones, indicó que el TRIBUNAL, contrario

a lo afirmado por el accionante, no concluyó que el gobernador del

DEPARTAMENTO fuera su nominador o jefe directo, pues, por el

contrario, reconoció que el alcalde al ser elegido por voto popular,

conforme lo establece el artículo 314 de la Constitución Política, no

tiene superior jerárquico; sin embargo, precisó que en aplicación del

principio de moralidad administrativa y de lo previsto en el artículo

6° de la Ley 190 de 1995, debía informar al gobernador sobre la

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inhabilidad sobreviniente en la que se encontraba, por ser esta la

autoridad competente para adoptar las medidas necesarias frente a

la eventual vacancia del cargo.

Resaltó que en la providencia cuestionada no se evidencia

desconocimiento de la autonomía territorial ni de la naturaleza del

cargo de alcalde, como tampoco de las competencias de la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en materia

disciplinaria, por lo que la orden impartida no consistió en que el

gobernador retirara directamente al accionante del cargo, sino en

que ambas autoridades adoptaran las medidas necesarias para dar

cumplimiento al inciso segundo del citado artículo 6° respecto de la

inhabilidad sobreviniente, lo que descartaba la alegada violación

directa de la Constitución.

Frente al desconocimiento del precedente alegado, resaltó que las

sentencias invocadas sí fueron tenidas en cuenta por el TRIBUNAL

accionado; y que, precisamente, el análisis jurisprudencial conjunto,

le permitió concluir que el hecho de entender que se trataba de una

inhabilidad sobreviniente no constituía una violación al principio de

interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad porque “[…]

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no tiene sentido impedir que una persona se inscriba o sea elegida

popularmente por tener una sentencia condenatoria, pero permitirle

ejercer el cargo si dicha sentencia -como en el caso de la pérdida de

investidura- se profiere después de la elección […]”, interpretación

que, a su juicio, no solo resulta razonable, sino que, además, se

justificó en la jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción de

lo contencioso administrativo.

Finalmente, concluyó que tampoco se demostró el defecto

sustantivo, toda vez que “[…] respecto a los artículos 5 y 6 de la Ley

190 de 1995 y 41 de la Ley 1952 de 2019 frente al planteamiento

del solicitante sobre la supuesta imposibilidad de extender el deber

de manifestar la inhabilidad sobreviniente a servidores elegidos

popularmente, se tiene que el primero de los mencionados no fue

aplicado al caso analizado, por no ser el que regulaba su situación y

el tercero tampoco fue examinado porque lo que se discutió no fue

una sanción disciplinaria. Asimismo, en relación con el artículo 6

referido, cuya solicitud de acatamiento dio lugar a la instauración de

la acción de cumplimiento, en la sentencia discutida se explicó

ampliamente que el hecho de que su elección como alcalde fuera

mediante voto popular no lo eximía de exponer la inhabilidad ante el

gobernador […].

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión de primera instancia, con fundamento

en que sí alegó dentro del medio de control de cumplimiento la

incompetencia del gobernador para destituirlo de su cargo, por lo

que, a su juicio, si bien no lo expuso expresamente como excepción

de inconstitucionalidad, sí lo hizo implícitamente conforme lo señaló

la Corte Constitucional en la sentencia T-526 de 2005.

Sostuvo que, pese a que en la contestación de la tutela el TRIBUNAL

argumentó que la orden impartida en la sentencia cuestionada nunca

fue destituir al alcalde, el gobernador del DEPARTAMENTO expidió

el Decreto núm. 0667 de 27 de octubre de 2025, mediante el cual

fue relevado de su cargo como mandatario local.

Por último, insistió en que se decrete medida provisional de urgencia,

en los siguientes términos:

“[…] Me permito solicitar de manera urgente e insisto se decrete
medida provisional LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL URGENTE DEL
DECRETO 0667 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025, proferido por EL
GOBERNADOR DEL VICHADA, mediante el cual ordenó me
destituyó del cargo de alcalde de La Primavera, Vichada, violando
el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en
Sentencia T-525 de 2006, entre otras en las cuales se establece la
incompetencia del gobernador para destituir alcaldes.

Lo anterior, teniendo en cuenta los argumentos del tribunal

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accionado el cual argumentó que no habían proferido orden al
gobernador del Vichada de destituirme.

Aunado a lo anterior, mediante sentencia de tutela del Consejo de
Estado de fecha 30 de octubre de 2025, dentro del radicado
11001031500020250395001, en la cual fui accionante, se declaró
la nulidad de la sentencia del 12 de diciembre de 2024 dictada por
la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de
pérdida de investidura causa 50001-23-33-000-2023-00109-01
[…]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que mediante auto de 30 de abril de 202610, se

10
Obrante en el índice 13 del expediente digital que se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES e infundados los

presentados por los doctores PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

y CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

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Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 29 de agosto y 17 de

septiembre de 2025, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

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respectivamente, dentro del medio de control de cumplimiento de

normas con fuerza material de ley o de actos administrativos,

identificado con el número único de radicación 2025-00151-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la tutela

judicial efectiva, habida cuenta que, a juicio del actor, las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo,

desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución por la transgresión de los artículos 1°, 287 y 314,

debido a que pasaron por alto que no puede un gobernador destituir

a un alcalde electo popularmente y cualquier eventual inhabilidad

debía ponerse en conocimiento de la PROCURADURÍA GENERAL

DE LA NACIÓN, de conformidad con lo establecido en las sentencias

T-525 de 2006, C- 146 de 2021 y C-030 de 2023, proferidas por la

Corte Constitucional.

Además, precisó que al existir una incompatibilidad evidente entre la

Constitución Política y lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 190 de

1995, el juez debió inaplicar este último, en atención a la excepción

de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4° Superior.

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 30 de octubre de

2025, declaró improcedente la acción de tutela frente a la pretensión

relativa a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del

artículo 6° de la Ley 190 de 1995 y denegó en lo demás el amparo

solicitado.

El actor en su impugnación aseguró que, contrario a lo afirmado por

el a quo, si alegó implícitamente la excepción de inconstitucionalidad

dentro del medio de control de cumplimiento con fundamento en la

incompetencia del gobernador para removerlo de su cargo. Además,

sostuvo que, pese a que en la contestación de la acción de tutela el

TRIBUNAL argumentó que la orden impartida en la sentencia

cuestionada nunca fue destituirlo, el gobernador del

DEPARTAMENTO expidió el Decreto núm. 0667 de 27 de octubre de

2025, mediante el cual fue relevado de su mandato, razón por la que

insistió en que se decrete como medida cautelar la suspensión

provisional de dicho acto administrativo.

Aclarado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

primer lugar, se debe estudiar si se cumple con los presupuestos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial; y de ser así, establecer si las autoridades judiciales

accionadas vulneraron los derechos deprecados e incurrieron en los

defectos invocados.

En este orden de ideas, resulta necesario realizar un recuento de lo

ocurrido dentro del medio de control de cumplimiento

identificado con el número de radicación 2025-00151-01, con

posterioridad a la emisión de las sentencias objeto del presente

estudio.

Al respecto, se observa que dentro del referido medio de control de

cumplimiento el actor presentó solicitud de nulidad contra la

sentencia de 17 de septiembre de 2025, aquí cuestionada, ante el

TRIBUNAL que, mediante auto de 18 de diciembre de ese año,

declaró su falta de competencia para resolverla y, en consecuencia,

remitió el asunto al Consejo de Estado al considerar que correspondía

ser tramitado como un recurso extraordinario de revisión.

Dicho asunto fue radicado bajo el número de radicación 11001-03-

28-000-2026-00008-00 y le correspondió por reparto a la SECCIÓN

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO11 que, mediante auto de

ponente de 21 de abril de 2026, rechazó por improcedente el recurso

extraordinario de revisión, -en consideración a la improcedencia de

dicho recurso frente a providencias dictadas en el marco de asuntos

constitucionales-, y ordenó: “[…] DEVOLVER al Tribunal

Administrativo del Meta los memoriales contentivos de la solicitud de

nulidad elevada por el señor Luis Eduardo Rojas Herrera en contra

de la sentencia del 17 de septiembre de 2025 proferida por dicha

autoridad en el expediente 50001-33-33-001-2025-00151-00, a

efectos de que se emita un pronunciamiento sobre la misma […]”.

Revisado el aplicativo de consulta de procesos SAMAI, la Sala

advierte que el TRIBUNAL en auto de 25 de mayo de 2026 rechazó

de plano la solicitud de nulidad presentada por el actor y, en su lugar,

ordenó: “[…] REMITIR AL H. CONSEJO DE ESTADO con destino

a la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-

06384-01, por conducto del despacho ponente, copia de la presente

decisión, así como de todas las providencias relacionadas con el

asunto, a efectos de que, si el Consejo de Estado lo considera

procedente, se tengan en cuenta al momento de analizar la situación

11
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

fáctica y jurídica del señor LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA, y, de

ser el caso, tome las decisiones pertinentes por encontrarse allí en

discusión la vulneración de los derechos fundamentales del

accionante […]”.

De lo hasta aquí expuesto, para la Sala resulta evidente que con

posterioridad a la presentación de la acción constitucional de la

referencia sobrevino una modificación sustancial del escenario

jurídico que sirvió de fundamento al momento de proferirse las

providencias cuestionadas, toda vez que la sentencia de 12 de

diciembre de 2024, -que sustentaba la configuración de una

inhabilidad sobreviniente debido a que dicho fallo decretó la pérdida

de investidura del aquí demandante-, se dejó sin efectos mediante

decisión adoptada en otra acción de tutela12.

Precisamente, en cumplimiento de dicho fallo de tutela, la SECCIÓN

PRIMERA profirió sentencia de reemplazo el 27 de noviembre de

202513, en la que revocó la decisión de primera instancia, que había

12
La Sección Quinta de la Corporación, dentro de la acción de tutela identificada con el número 2025-
03950-01, mediante sentencia de 30 de octubre de 2025 dejó sin efecto la providencia de 12 de
diciembre de 2024, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de
pérdida de investidura identificado con el radicado 50001 23-33-000-2023-00109-01, había confirmado
el decreto de la pérdida de investidura del señor Luis Eduardo Rojas Herrera, en su condición de concejal
del municipio La Primera, período 2020-2023.
13
En dicha sentencia se ordenó: “[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de noviembre de 2023,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

accedido a las pretensiones de la pérdida de investidura y, en su

lugar, las denegó, providencia frente a la cual el actor de tal proceso

solicitó declarar su nulidad, la que se rechazó de plano el 29 de enero

de 2026.

En ese contexto, la Sala advierte que lo procedente sería entrar a

pronunciarse sobre la actual situación jurídica del actor y la presunta

vulneración de sus derechos fundamentales. No obstante, se advierte

que ya existe un pronunciamiento en sede de tutela dentro del

expediente 11001-03-15-000-2025-07053-01, que tramitó la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO14.

En primera medida, la Sala considera necesario precisar que en el

presente asunto no se configura una actuación temeraria, toda vez

que, si bien se advierte una similitud entre los hechos y pretensiones

formulados en la presente acción constitucional y aquellos que fueron

objeto de estudio dentro de la tutela identificada con el radicado

2025-07053-01, lo cierto es que al momento de promoverse esta

última se había producido un hecho nuevo y jurídicamente relevante,

pérdida de investidura presentada en contra del señor Luis Eduardo Rojas Herrera, concejal del
municipio de La Primavera periodo 2020-2023, conforme con las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia […]”.
14
En adelante Sección Cuarta.

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

consistente en la expedición del Decreto 0667 de 27 de octubre de

2025, suscrito por el gobernador del DEPARTAMENTO, mediante el

cual el actor fue retirado del cargo de alcalde de La Primavera en

cumplimiento de las decisiones adoptadas dentro del medio de

control de cumplimiento.

En ese sentido, no puede afirmarse que el accionante hubiese

acudido nuevamente a la acción de tutela para reproducir de manera

idéntica una controversia previamente sometida al conocimiento del

juez constitucional, pues la expedición del referido acto

administrativo modificó sustancialmente el escenario fáctico

existente al momento de presentarse la acción de tutela anterior y

generó una afectación jurídica adicional que justificaba la formulación

de una nueva solicitud de amparo.

Aclarado lo anterior, la Sala observa que, mediante sentencia de 11

de junio de 2026, proferida dentro del proceso de tutela núm. 2025-

07053-01, la SECCIÓN CUARTA ya tuvo oportunidad de

pronunciarse recientemente sobre la situación jurídica del actor,

frente a lo cual consideró lo siguiente:

“[…] El caso concreto
El señor Luis Eduardo Rojas Herrera promovió la presente
acción de tutela con el fin de que se deje sin efecto las

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

sentencias del 29 de agosto y 17 de septiembre de 2025,
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta,
respectivamente, mediante las cuales accedió a la acción de
cumplimiento radicada bajo el número 5001-33-33-001-
2025-00151-00/01, presentada por el señor Alirio Huertas
Burgos contra el Gobernador del Vichada, en el sentido de
solicitar el retiro del accionante del cargo de alcalde por una
presunta inhabilidad sobreviniente derivada de la declaración
de pérdida de investidura como concejal.

Igualmente, solicitó que se deje sin efecto el Decreto 0667 del
2025, mediante el cual el Gobernador del Vichada destituyó
al señor Luis Eduardo Rojas Herrera, de su cargo de alcalde
municipal de La Primavera, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia antes
referida.

El a quo declaró improcedente el recurso de amparo, al
considerar que no se satisface el requisito general de
subsidiariedad. Sin embargo, en el escrito de impugnación, el
actor insiste en que ya agotó los mecanismos ordinarios de
defensa que tenía a su alcance, pero las autoridades
accionadas, que son las encargadas de resolver su solicitud,
pueden tardar mucho tiempo y la vulneración de sus derechos
puede configurar un perjuicio irremediable.

Sobre la nulidad de las sentencias proferidas dentro de
la acción de cumplimiento

Tal como se expuso en los antecedentes, el señor Alirio
Huertas Burgos promovió la acción de cumplimiento después
de que la Sección Primera del Consejo de Estado profiriera la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, mediante la cual
confirmó la decisión de primera instancia que declaró la
pérdida de investidura del señor Luis Eduardo Rojas Herrera
como concejal. La pretensión de dicha acción se orientó a que
la Gobernación del Vichada procediera a retirarlo del cargo de
alcalde, al considerar configurada una inhabilidad
sobreviniente derivada de la mencionada declaratoria de
pérdida de investidura.

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante
sentencia de 29 de agosto de 2025, accedió a las pretensiones
de la demanda y el Tribunal Administrativo del Meta, en
sentencia de 17 de septiembre de 2025, confirmó

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

parcialmente la decisión y ordenó al Gobernador del Vichada
tomar las medidas necesarias para acatar lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley 190 de 1995 sobre el retiro de servidores
por inhabilidad sobreviniente.

El Gobernador del Vichada profirió el Decreto 0667 del 2025,
mediante el cual destituyó al señor Luis Eduardo Rojas
Herrera, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal
Administrativo del Meta en la sentencia del 17 de septiembre
de 2025.

Sin embargo, el señor Rojas Herrera interpuso acción de
tutela contra la providencia que resolvió el proceso de pérdida
de investidura, la cual fue resuelta en segunda instancia por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 30 de
octubre de 2025, en la cual accedió a las pretensiones, en
consecuencia, dejó sin efecto la sentencia cuestionada y
ordenó a la Sección Primera del Consejo de Estado proferir
decisión de remplazo.

Aunque para el momento en que se promovió el presente
recurso de amparo, no se había emitido la decisión de
remplazo, según se evidencia en el sistema de consulta de
procesos de la Rama Judicial SAMAI, el 27 de noviembre de
2025, la Sección Primera del Consejo de Estado, profirió la
sentencia de remplazo en cumplimiento del fallo de tutela
antes referido, en la cual revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó la solicitud de pérdida de
investidura presentada en contra del señor Luis Eduardo Rojas
Herrera, concejal del municipio de La Primavera periodo 2020
2023.

Teniendo en cuenta que la acción de cumplimiento se
promovió exclusivamente para que el Gobernador procediera
a destituir al alcalde con fundamento en la inhabilidad
sobreviniente derivada de la sentencia de pérdida de
investidura del 12 de diciembre de 2024, resulta determinante
señalar que dicha providencia quedó sin efecto a partir del
fallo de tutela del 30 de octubre de 2025 y fue sustituida por
la sentencia de reemplazo del 27 de noviembre de 2025, en
la cual se desestimaron las pretensiones de pérdida de
investidura.

Ahora, el actor en el escrito de tutela relató que interpuso una
solicitud de nulidad dentro de la acción de cumplimiento de la
referencia, con el fin de dejar sin efecto las decisiones

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

proferidas, pero que la misma no se había resuelto al
momento de promover el presente recurso de amparo.

Al respecto, se tiene que revisado el sistema de consulta de
procesos SAMAI, se evidencia que dentro del trámite de la
acción de tutela 11001- 03-15-000-2025-06384 01, que cursa
actualmente ante la Sección Primera del Consejo de Estado,
se aportó copia del auto de 25 de mayo de 2026, proferido
por el Tribunal Administrativo del Meta, en el cual se rechazó
de plano la solicitud de nulidad propuesta por el señor Rojas
Herrera al interior de la acción de cumplimiento que se
cuestiona, por las siguientes razones (…).

Con fundamento en lo anterior, se advierte que el actor ya
agotó los mecanismos de defensa a su alcance con el fin de
dejar sin efecto las providencias proferidas dentro de la acción
de cumplimiento y, pese a ello, dichas decisiones permanecen
en firme.

Sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, la
sentencia que declaró la pérdida de investidura del actor
quedó sin valor y efecto jurídico. Entonces, como lo indicó el
Tribunal accionado para el momento en que se profirió la
decisión dentro de la acción de cumplimiento la decisión
estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, pero el hecho
sobreviniente, constitutivo del fallo de tutela de 30 de octubre
de 2025, cambió el panorama frente a las circunstancias que
llevaron a retirar del cargo de alcalde del municipio de La
Primavera al señor Rojas Herrera.

Dicho de otro modo, con posterioridad a la expedición del fallo
de la acción de cumplimiento sobrevino una circunstancia que
modificó sustancialmente el escenario jurídico, pues el fallo de
tutela del 30 de octubre de 2025 privó de valor y efecto
jurídico a la sentencia mediante la cual se había declarado la
pérdida de investidura del señor Rojas Herrera, esto es, el
pronunciamiento que servía de fundamento a las órdenes
impartidas en la acción de cumplimiento, por lo cual se hace
indispensable la intervención del juez constitucional.

El actor insiste en que no ha podido materializar su reintegro
porque, a su juicio, las providencias proferidas en la acción de
cumplimiento continúan produciendo efectos jurídicos. Sobre
el particular, reitera la Sala que tales decisiones se
fundamentaron en un pronunciamiento que, como
consecuencia de la referida situación sobreviniente, hoy

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

carece de existencia jurídica, circunstancia que compromete
de manera directa la validez y exigibilidad de las órdenes en
ellas contenidas y, en especial, el derecho del actor a
permanecer en el cargo para el cual fue elegido por voto
popular.

Lo anterior encuentra sustento en que la eficacia de toda
decisión judicial está ligada a la permanencia de las
circunstancias que justificaron su adopción. Por ello, cuando
el fundamento de una orden desaparece por un hecho
posterior y sobreviniente (como ocurre en el presente caso),
se produce una ruptura en su fuerza ejecutoria, pues deja de
existir aquello que la legitimaba. En consecuencia, aunque las
providencias cuestionadas fueron válidas en su origen,
perdieron su eficacia jurídica no por un vicio propio, sino por
efecto de la situación sobreviniente que suprimió el
presupuesto del cual dependían, sin que pueda predicarse su
plena vigencia en el escenario actual.

Mantener la ejecución de órdenes judiciales que han quedado
privadas de su soporte por un hecho sobreviniente resulta
abiertamente contrario al principio de legalidad y transgrede
el debido proceso, en tanto perpetúa los efectos de una
decisión cuyo fundamento ya no tiene existencia en el
ordenamiento. Además, lesiona de manera directa el derecho
fundamental de acceso y ejercicio de los cargos públicos, en
perjuicio de una persona elegida democráticamente. Así, tales
decisiones no pueden seguir produciendo efectos vinculantes
ni erigirse en obstáculo válido para el reintegro del actor, pues
ello desconocería los principios de legalidad y de eficacia de la
función administrativa.

En suma, resulta claro que las providencias cuestionadas, si
bien al momento de su expedición se encontraban ajustadas
al ordenamiento jurídico vigente, han perdido su validez y
fuerza ejecutoria a raíz de la aparición de una situación
sobreviniente. Dicho acontecimiento alteró de manera
sustancial los presupuestos fácticos y jurídicos que les servían
de fundamento.

Así las cosas, las decisiones judiciales no pueden seguir
produciendo efectos vinculantes ni constituir un obstáculo
válido para el reintegro del actor, pues ello desconocería los
principios de legalidad y eficacia de la función administrativa
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

Entonces, se dejarán sin efecto las sentencias del 29 de
agosto y 17 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, respectivamente, dentro de la acción
de cumplimiento radicada bajo el número 5001-33-33-001-
2025-00151-00/01, por cuanto no resulta jurídicamente
admisible mantener en el ordenamiento decisiones cuya
fuerza ejecutoria se ha extinguido ante la desaparición del
fundamento que les daba sustento.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Decreto 0667 de
2025, mediante el cual el Gobernador del departamento del
Vichada, en cumplimiento de las providencias antes
mencionadas, dispuso la destitución del señor Luis Eduardo
Rojas Herrera del cargo de alcalde del municipio de La
Primavera, es preciso señalar que, conforme con lo expuesto
en precedencia, por tratarse de un acto de ejecución de la
orden contenida en el fallo de la acción de cumplimiento, al
desaparecer del ordenamiento jurídico la decisión que
constituía el fundamento normativo y fáctico, esto es, las
sentencias proferidas dentro de la referida acción, el acto
administrativo corre la misma suerte.

Así las cosas, el Decreto 0667 de 2025, se ve igualmente
afectado, en la medida en que, como consecuencia de la
situación sobreviniente descrita en precedencia, su
fundamento jurídico dejó de existir.

Entonces, la permanencia de tales decisiones —aunque
jurídicamente no producen efecto— ha generado un obstáculo
real y actual para el ejercicio del mandato popular conferido
al señor Luis Eduardo Rojas Herrera. Esta circunstancia
configura una afectación directa a sus derechos
fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido y de
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, pues la
separación del cargo carece de sustento jurídico vigente y
desconoce la voluntad democrática expresada por la
ciudadanía del municipio de La Primavera.

Así las cosas, la Sala concluye que subsiste un deber
constitucional de restablecer plenamente la situación jurídica
del actor. En consecuencia, resulta imperativo adoptar
medidas que garanticen la efectividad de los derechos
fundamentales vulnerados y que permitan la materialización
del mandato popular para el periodo 2024-2027[…]

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

FALLA

[…]

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a
elegir y ser elegido y de acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos del señor Luis Eduardo Rojas Herrera. En
consecuencia,

3. Dejar sin efectos las sentencias de 29 de agosto y 17 de
septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del
Meta, respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento
5001-33-33-001-2025-00151-00/01; y, declarar sin efecto
jurídico el Decreto 0667 de 2025, proferido por el Gobernador
del Vichada, conforme con las consideraciones expuestas.

4. Ordenar al Gobernador del Vichada adelantar de manera
inmediata las actuaciones administrativas necesarias para
hacer efectivo el reintegro del señor Luis Eduardo Rojas
Herrera al cargo de alcalde del municipio de La Primavera,
acorde con los argumentos expuestos en la parte
considerativa […]”. (Negritas del texto original).

Lo anterior, pone de manifiesto que la SECCIÓN CUARTA ya se

pronunció sobre los supuestos fácticos y jurídicos planteados en la

acción de tutela de la referencia, en la cual se impartieron una serie

de órdenes tendientes a salvaguardar los derechos fundamentales

del actor en consideración a los hechos sobrevinientes y su actual

situación jurídica, razón por la que se prohíjan en este caso.

. - De la carencia actual de objeto por sustracción de materia

Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que, la

jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se

31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

presenta: i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del

obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal

manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por

daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos

del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de

fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de

materia.

En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por sustracción

de materia, la Sala Plena de esta Corporación ha señalado, lo

siguiente:

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas
que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó́ el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de
esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del
medio de control desaparecen, el juez debe declararse inhibido
para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una
sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia,
admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
como causal para inhibirse, opera cuando la relación sustancial
o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”15.

15
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

32

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

Por su parte, la Corte Constitucional se ha referido a la carencia

actual de objeto por sustracción de materia en los siguientes

términos:

“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de
materia

Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, y
“(…) la protección consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo”.

Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza
o violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado
que sobre el asunto debatido ya hay una solución, se configura
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta
por un Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la
Alcaldía de esa misma municipalidad, porque las instalaciones
del Consejo no tenían las facilidades de acceso para personas
como él; expuso el criterio de la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, dado que no había objeto jurídico
tutelable al fallar el asunto, pues se encontró que el accionante
ya no ejercía como concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:

“Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad
accionada. (…) Se presenta, en consecuencia, una inexistencia
del objeto jurídico tutelable.

Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está
superado, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado
[…]”16.

16 Sentencia T-204/13; M.P.; Luis Guillermo Guerrero Pérez

33

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por

sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que

deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez

constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la

protección a través de la tutela pierde sentido y, en

consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir

orden alguna de protección de los derechos fundamentales

invocados, tal y como ocurre en el presente caso.

Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay

lugar a emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente

asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción

de materia, pues, en efecto, con posterioridad a la instauración de la

presente acción constitucional, la SECCIÓN CUARTA mediante

sentencia de 11 de junio de 2026, amparó los derechos

fundamentales invocados por el accionante y, como consecuencia de

ello, dejó sin efectos las providencias proferidas dentro del medio de

control de cumplimiento, así como el Decreto 0667 de 2025 expedido

en ejecución de aquellas.

En tales condiciones, las decisiones que, en todo caso, se pretendían

dejar sin efecto mediante la presente acción de tutela ya no producen

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

efectos jurídicos, de manera que desapareció el objeto material sobre

el cual recaería un eventual pronunciamiento de fondo en la acción

constitucional de la referencia.

Por lo precedente, se modificará la decisión de primera instancia y,

en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por sustracción

de materia, y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de

materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06384-01
Actor: LUIS EDUARDO ROJAS HERRERA

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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