Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01861-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01861-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01861-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: FLOR ÁNGELA GARZÓN NOREÑA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Flor Ángela Garzón Noreña solicitó, a través de apoderada judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el
principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 8 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de
radicación 66001-33-33-006-2024-00224-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 1B del escalafón
docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
2.2. Señaló que presentó la reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y
pago de la diferencia salarial en el incremento decretado para los años 2008 y 2009
del grado en el escalafón 1A al del grado de escalafón 1B, solicitud que fue negada
por el Ministerio de Educación mediante el oficio sin número de 28 de febrero de 2024
y por el Municipio de Pereira mediante el oficio núm. 20240308-9674-I de 8 de marzo
de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
2.3. Refirió que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
66001-33-33-006-2024-00224-00/02 contra la Nación - Ministerio de Educación -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Pereira, con
el fin de que se inaplicara el Decreto Nacional 284 de 2024, en relación con la
asignación salarial que correspondió a la categoría a 1B y se declarara la nulidad de
los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la diferencia salarial
de los incrementos decretados para los años 2008 y 2009 y, a título de
restablecimiento del derecho, se condenara el reconocimiento y pago de los dineros
respectivos.
2.4. Afirmó
que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, mediante
sentencia de 31 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
providencia de 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda
confirmó lo resuelto en primera instancia.
2.6. Manifestó que la providencia mencionada supra vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de favorabilidad al
incurrir en los defectos sustantivo y fáctico.
2.7. Indicófrente al defecto sustantivo que el Tribunal optó por aplicar “[…] una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”
identificados en la sentencia SU-649 de 20171 y en los cuales se indicó que la
irregularidad en la que incurren los operadores jurídicos se genera por dos razones: i)
cuando la decisión judicial se basa en una norma no aplicable y ii) a pesar de la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable.
2.8. Comentó que el Tribunal dejó de aplicar la sentencia C-1064 de 2001 a través de
la cual “[…] se exige una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados
en materia salarial […]” y en ese sentido, “[…] [el] Tribunal, en lugar de exigir a la
Administración que acreditara las razones de política pública y estudios que
sustentaran en el incremento diferencial, validó su legalidad basándose en
apreciaciones genéricas sobre formación y experiencia, incurriendo así en una
aplicación manifiestamente errada del ordenamiento jurídico […]”.
2.9. Señaló que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria “[…] por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia
de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
1 Corte Constitucional, Sentencia de 19 de octubre de 2017, expediente T-3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en
la sentencia proferida el día 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 66001333300620240022400, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) FLOR ANGELA GARZON
NOREÑA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso
y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y. analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente FLOR ANGELA GARZON NOREÑA a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 13 de marzo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Municipio de
Pereira y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente
el mecanismo de amparo por incumplimiento del requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.
5.2. El Municipio de Pereira manifestó su oposición a las pretensiones de la acción
de tutela, por cuanto no se demuestra vulneración actual o inminente de derecho
fundamental alguno atribuible a la providencia judicial cuestionada.
5.3. Solicitó se declare improcedente el mecanismo constitucional, toda vez que no
se configura ninguna causal específica de procedibilidad, no existe arbitrariedad
judicial y la actora pretende utilizar el amparo como un mecanismo para replantear
una controversia jurídica ya decidida en doble instancia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La señora Flor Ángela Garzón Noreña solicitó, a través de apoderada judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 8 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de
radicación 66001-33-33-006-2024-00224-00/02.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de favorabilidad
por haber incurrido, presuntamente en los defectos sustantivo y fáctico.
26. Indicó frente al defecto sustantivo que el Tribunal optó por aplicar “[…] una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”
identificados en la sentencia SU-649 de 201720 y en los cuales se indicó que la
irregularidad en la que incurren los operadores jurídicos se genera por dos razones: i)
cuando la decisión judicial se basa en una norma no aplicable y ii) a pesar de la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable.
27. Comentó que el Tribunal dejó de aplicar la sentencia C-1064 de 2001 a través de la
cual “[…] se exige una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados
en materia salarial […]” y en ese sentido, “[…] [el] Tribunal, en lugar de exigir a la
Administración que acreditara las razones de política pública y estudios que
sustentaran en el incremento diferencial, validó su legalidad basándose en
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
20 Corte Constitucional, Sentencia de 19 de octubre de 2017, expediente T-3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
apreciaciones genéricas sobre formación y experiencia, incurriendo así en una
aplicación manifiestamente errada del ordenamiento jurídico […]”.
28. Señaló que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria “[…] por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia
de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […]”.
29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural, iii) el asunto guarda relación con asuntos de carácter meramente legal y, iv)
su contenido es claramente económico.
30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales”.
31. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó el fallo de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, las cuales estaban encaminadas a que
se reconociera y ordenara el pago de las diferencias salariales de los incrementos
decretados para los años 2008 y 2009 del escalafón docente.
32. Eneste punto, la Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la
providencia de 8 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una tercera
instancia:
“[…] 4.7. Caso concreto
Sea lo primero señalar que, al analizar los incrementos progresivos conforme
los Decretos relacionados en el acápite 4.2. de esta providencia, se constata la
existencia de reajustes o incrementos salariales en cada uno de los niveles y
grados. Es importante indicar que, en el presente caso, que los incrementos se
hayan efectuado considerando o no el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
no corresponde al eje central de la controversia planteada.
Ahora bien, en el caso de marras pretende la parte demandante la declaratoria
de nulidad de los actos administrativos acusados mediante los cuales las
accionadas negaron el reconocimiento de la diferencia en el incremento salarial
para el grado 1B en el escalafón docente en comparación con el grado 1A,
previa inaplicación por ilegal del Decreto Nacional 284 de 2024 y los anteriores
al mismo.
Como restablecimiento del derecho pretende que las entidades demandadas
reconozcan y paguen las diferencias salariales al docente oficial perteneciente
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
a la categoría 1B, por cuanto para las anualidades 2008 y 2009 los aumentos
salariales, porcentualmente, no fueron iguales para todo el personal docente
regido por el Decreto -ley 1278 de 2002.
[…]
Ahora bien, debe reseñar este juez colegiado que no existe una norma, ni
alguna jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis del
demandante según la cual, el gobierno nacional está obligado a realizar
incrementos iguales para todos los servidores públicos sin que importe o sea
relevante su nivel y grado o incluso para el caso concreto, para todos los
docentes, quienes también tiene su propia regulación específica al respecto
(diferentes grado de escalafón y nivel salarial); aquello no se deduce ni de la
redacción de los artículos 2° 3° y 4° de la ley 4 de 1992, ni tampoco del artículo
53 que se reseñan como vulnerados por la demanda.
[…]
Luego entonces, la sola aseveración realizada en la apelación no tiene la
capacidad de enervar la legalidad ni de las normas generales (decretos), ni de
los actos administrativos particulares demandados. No basta con afirmar una
indebida sustentación al momento de fijar los incrementos desiguales para los
años 2008 y 2009, para tener por demostrada una vulneración al principio de
igualdad pues la misma debe probarse y su mera enunciación no desdibuja un
régimen que contiene normas especiales como es el caso del Estatuto de
Profesionalización Docente, para dar un trato similar a grados y niveles
diferentes cuando estos son disímiles en requisitos y experiencia.
Y acusa ilegalidad sin señalar la norma legal que dispone la obligación de un
incremento salarial igual entre los distintos grados de escalafón, lo que supone
que estos últimos deben ser homogéneos y, por lo mismo, el solo
establecimiento de grados dentro del escalafón sería per se discriminatorio, lo
que por supuesto no resiste mayor análisis.
[…]
Ahora bien, se observa que la entidad demandada no vulneró los preceptos
constitucionales que alude el demandante, comoquiera que se estableció la
actualización salarial para los docentes para la vigencia 2008 y 2009, dentro de
los límites y de acuerdo a las competencias que le habían sido conferidas, sin
que se encuentre vulneración al principio de progresividad, toda vez que el
mismo fue realizado en un porcentaje igual o superior al establecido a la
variación del IPC para el año anterior, lo que garantiza la movilidad salarial y la
capacidad adquisitiva del mismo; esto de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53 CP y lo sostenido por la Corte Constitucional.
Así, el aumento salarial reconocido a la parte actora se cimentó en
circunstancias y criterios objetivos, de tal manera que el “grado” del escalafón
fue un elemento determinante en su remuneración mensual; luego, para el caso
concreto, no puede ser de recibo que se solicite la aplicación de un incremento
superior, pues, se recuerda, la fijación del incremento de los salarios de quienes
conforman el servicio público debe responder, por mandato de las leyes sobre
la materia, a condiciones y contextos reales de orden social, administrativo y
económico, pues en todo caso el alza salarial no tiene que ser idéntico para
todos, en tanto si bien en un Estado Social de Derecho se aboga por el aumento
salarial para todos sus servidores públicos, no debe entenderse que este
aumento deba realizarse en el mismo porcentaje, pues la igualdad se extiende
y se entiende entre iguales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
[…]
Adicionalmente, al analizar el momento histórico del país, así como los
elementos esenciales de los acuerdos alcanzados entre FECODE y el Gobierno
Nacional para los años 2008 y 2009, no se puede desconocer que los aumentos
diferenciados entre escalafones corresponden a una política de incentivo a la
formación avanzada y las negociaciones con el magisterio, en las que se
pretendía mejorar la calidad educativa. Así, por ejemplo, se encontró que existió
para la época una política de austeridad y control fiscal que llevó a priorizar los
aumentos diferenciados, que no generalizados debido a que la crisis financiera
global de 2008 y 2009 impactó fuertemente las condiciones fiscales del país,
generándose con ello una forma de controlar el gasto público sin dejar de
incentivar la calidad educativa.
Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante no
probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos
salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel
salarial, para los años 2008 y 2009, de conformidad con las razones expuestas
en las presentes consideraciones; ya que, como se explicó no se trata de
sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo
normativo o jurisprudencial para predicar que existía la obligación de aumentos
iguales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.
35. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”22. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.
36. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibidem.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01861-00
Accionante: Flor Ángela Garzón Noreña
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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