República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01861-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01861-01 (5739)
Accionante: Flor Angela Garzón Noreña
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Flor Angela Garzón Noreña contra la
sentencia de primera instancia del 9 de abril de 2026 proferida por la Sección
Primera de esta corporación.
1. Síntesis del caso
La señora Flor Angela Garzón Noreña presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad,
que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda con ocasión
de la sentencia del 8 de septiembre de 2025 proferida dentro del proceso con
radicado núm. 66001-33-33-006-2024-00224-02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01861-00, índice 2, certificado ADCE992E1501861D D067100083122BB1
9A54F2614C8A3C20 475D07F2FE56C465.
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Accionante: Flor Angela Garzón Noreña
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
2. La señora Flor Angela Garzón Noreña es educadora oficial ubicada en la
categoría 1B del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-
Ley 1278 de 2002.
3. La accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e injustificados
decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de
una categoría inferior (1A) en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en
el escalafón 1B».
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través del oficio
sin número del 28 de febrero de 2024 y 20240308-9674-1 del 08 de marzo de 2024,
respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.
5. La señora Flor Angela Garzón Noreña presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Pereira y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, en
consecuencia, iii) se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los
incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos
tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud del
fenómeno de la prescripción, y en adelante.
6. El Juzgado Sexto Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 31 de
marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se logró
probar la existencia de una desigualdad en la remuneración de los docentes, debido
a que este incremento cumplía con lo determinado en la constitución y la ley, por lo
que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
acusados.
7. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, a través de providencia del 8 de septiembre de 2025,
confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La señora Flor Angela Garzón Noreña solicitó al juez constitucional que
amparara sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad y, en consecuencia, que ordenara lo siguiente:
[…] al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente FLOR ANGELA GARZON NOREÑA a la luz de los
2
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argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados
en el debate jurídico2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 1A y 1B, que se realizó en los años 2008 y 2009,
cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 1B.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial de los
años 2008 y 2009 respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales
como la formación académica, la experiencia, responsabilidades asumidas y
rendimiento en el cargo; esos aspectos, en su criterio, daban lugar a que un
educador ubicado en un nivel superior del escalafón, como en su caso, percibiera
una compensación económica proporcionalmente más elevada, por lo cual, se
desconocieron los principios de igualdad y equidad que regulan los aspectos
salariales.
12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 1A y 1B.
13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.
2.3. Trámite Procesal
14. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a
través del despacho ponente, profirió auto el 13 de marzo de 20263 en el que admitió
la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Risaralda,
en su condición de autoridad accionada y, puso en conocimiento el escrito de tutela
al, Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al municipio de Pereira, en su condición de terceros en
interés.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01861-00, índice 5, certificado 35431074360E6AAC 147777D14C930BCC
E06BC65E223F9A2B 6735B27FA21ABC42.
3
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2.4. Intervenciones
15. El municipio de Pereira manifestó4 que no se demostró que la providencia
judicial objeto de tutela hubiera vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que fue proferida con observancia a las garantías procesales
y legales.
16. Además, indicó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de
procedencia y la accionante pretendía reabrir un debate jurídico resuelto en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que debía declararse su
improcedencia.
17. El Ministerio de Educación Nacional manifestó 5, que se debía declarar la
improcedencia de la tutela al considerar que el asunto carece de relevancia
constitucional, en la medida que no se acreditó la existencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza
estrictamente económica. Además, expuso que los jueces constitucionales tenían
la obligación de examinar de manera rigurosa el caso, para no desvirtuar los
principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de cosa juzgada.
18. Adicionalmente, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva para
responder por las pretensiones de la tutelante.
19. Los demás vinculados, guardaron silencio.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
20. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril
de 20266, declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer de relevancia
constitucional, pues, en su criterio, la actora la presentó a modo de instancia
adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.6. Impugnación
21. La accionante presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del
9 de abril de 2026, para lo cual afirmó que la tutela superó el requisito de relevancia
constitucional, pues no fue usada como tercera instancia. Además, consideró que
la Sección Primera de esta corporación omitió realizar un análisis material y riguroso
de los hechos acreditados en el expediente. Por lo demás, reiteró los argumentos
relacionados con que el fallo del 8 de septiembre de 2025 incurrió en defectos
sustantivo y fáctico7.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01861-00, índice 14, certificado DCFBDF6269DEB6FA
28F455F3E65A8477 9CDDD8CD7EC3295B A1D289F3C6F14971.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01861-00, índice 15, certificado 23B22844DA36A68E FB1402173F9067E4
3C37B9D2B8499D3C A99A7E6D0CEF4767.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01861-00, índice 19, certificado A21BD8D573041B4C
AD69C52063909BD9 3DD276A1E44E8070 6DE8260C94B9D4A4.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01861-00, índice 23, certificado 1AA46AD1615935BF
AE91BBDDABD5CABF F80CB74010107B43 A9C02B245944016D.
4
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Accionante: Flor Angela Garzón Noreña
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
3. Consideraciones
3.1. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
23. La legitimación en la causa por activa de la señora Flor Angela Garzón Noreña
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 8 de
septiembre de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que
consideró fueron vulnerados.
24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Risaralda porque es la autoridad que profirió la anterior
providencia, la cual, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
25. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que la acción de tutela se dirigía contra una
providencia judicial, por lo cual no estaba llamado a responder por la vulneración de
los derechos fundamentales de la parte accionante.
26. Al respecto, la Sala aclara al Ministerio de Educación Nacional que su
vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar su
derecho de defensa y contradicción, por lo cual la decisión que resuelva la tutela
podría afectar sus intereses. Por lo anterior, se negarán su solicitud de
desvinculación.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
27. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.
28. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
31. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 12
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia13.
32. Contrario a lo que determinó la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute reviste
relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el fallo del
8 de septiembre de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría
acreditado en el proceso ordinario que la señora Flor Angela Garzón Noreña tenía
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada de los
incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
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Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 1A y 1B de un grado en el
escalafón inferior al que pertenece.
33. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.
34. Respecto de los cargos de la tutela, la accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
35. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 8 de
septiembre de 2025, y la demanda de tutela se presentó el 6 de marzo de 2026,
esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional14 y del Consejo de Estado15 como razonable.
36. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y en ellos no evidencian una irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
37. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Risaralda
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
de la tutelante?
39. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 8 de septiembre de 2025
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida por la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Pereira, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 1B
con respecto al grado 1A?
40. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.4.1. Generalidades del defecto fáctico
41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»16. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»17 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»18. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la
solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»19.
43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 20.
44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial21, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»22.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
21 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o
si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con
otras, sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]23.
3.4.2. Generalidades del defecto sustantivo
46. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado24.
47. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.
48. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez
de las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)25.
3.5. Caso concreto
49. En el asunto bajo estudio, la señora Flor Angela Garzón Noreña presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Pereira y la Nación, Ministerio de Educación
23 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
9
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Nacional, con el fin de que se dejara sin efectos el oficio sin número del 28 de
febrero de 2024 y 20240308-9674-1 del 08 de marzo de 2024 y, en consecuencia,
se ordenara pagar la diferencia salarial derivada de los incrementos aplicados de
manera desigual a los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002,
específicamente entre los niveles 1A y 1B.
50. El asunto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Pereira que negó
las pretensiones de la demanda en sentencia del 31 de marzo de 2025. Apelada
esta decisión, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la providencia
anteriormente referida en fallo del 8 de septiembre de 2025.
51. Ahora bien, la señora Flor Angela Garzón Noreña presentó acción de tutela
contra el juez ordinario de segunda instancia, en la que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad,
pues consideró que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
52. La primera causal de procedencia de la tutela invocada en el escrito de
amparo, la accionante sustentó que el Tribunal Administrativo de Risaralda no
realizó una interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el
régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia, especialmente los principios de
igualdad y equidad.
53. Al respecto, se observa que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, ante los cargos formulados, procedió a realizar un
análisis de la excepción de inconstitucionalidad, para sustentarla, hizo un recuento
jurisprudencial de la Corte Constitucional26 acerca del control difuso de
constitucionalidad por parte del juez ordinario.
54. Por lo anterior refirió que para alegar la excepción se debe cumplir con dos
requisitos «(i) que la norma de inferior jerarquía sea ostensiblemente contradictoria
con los mandatos constitucionales, de manera que afecte o vulnere los derechos
fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii) que no exista
pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de
legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto de la
cual se solicita aplicar la misma».
55. Así pues, se dispuso a reseñar el contenido de las leyes 27 que rigen el
escalafón docente, por lo cual concluyó que después de que un docente supera el
periodo de prueba, queda inscrito al primer nivel salarial del escalafón (A) e
ingresara al grado que corresponda según la formación académica exigida. Por lo
tanto, si se busca su reubicación en los niveles B, C, D, el docente deberá acreditar
los años de experiencia requeridos en cada nivel, y la superación de la evaluación
de competencias.
26 Corte Constitucional, sentencias C-122 de 2011, SU- 132 DE 2013 y T-681 de 2016
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Ley 115 de 1994, ley 715 de 2001 y el Decreto 1278 de 2002
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56. Precisó que, efectuó un análisis de las normas constitucionales y legales28 del
régimen salarial y prestacional de los docentes, en el que se observó que el
incremento salarial para los años 2009 y 2011 se realizó por encima del IPC del
correspondiente año, y para el 2009 si se presentó una diferenciación en el
porcentaje de los salarios.
57. De igual forma indicó que el incremento salarial de los empleados públicos en
virtud de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional29 establece que el
salario de los empleados públicos se incrementa anualmente, con el fin de
preservar su poder adquisitivo frente a la inflación. Por lo que ha señalado que los
efectos de la inflación no impactan de manera uniforme, resulta admisible que
algunos trabajadores reciban incrementos salariales superiores a los de otros. Para
establecer el criterio de diferenciación, la Corte ha señalado que el ingreso medio,
o justo medio, constituye un parámetro válido para definir qué empleados gozan de
protección reforzada en este derecho.
58. En cuanto a la carga de la prueba, refirió que toda decisión judicial debe estar
soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo cual,
no basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se requiere probar
aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas por la contraparte,
actividad que se surte también con los medios legales de prueba.
59. A partir de este contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo
de Risaralda señaló que del material probatorio que obra en el plenario, no es
posible advertir una vulneración al derecho a la igualdad en relación con la
diferencia salarial entre quienes se encontraban en el escalafón 1A y en el escalafón
1B.
60. En este orden de ideas, destacó que el presidente de la República cuenta con
la facultad de expedir los decretos cuya inaplicación se solicita, en virtud del
principio de configuración legislativa, conforme a lo previsto en la Ley 715 de 2001.
En ese marco, el legislador puede considerar necesario establecer condiciones
salariales diferenciadas para los docentes escalafonados de un grado respecto a
otro, atendiendo a parámetros específicos, sin que ello implique un trato
discriminatorio hacia los docentes de uno u otro nivel.
61. En relación con lo expuesto, la decisión objeto de tutela señaló que, aunque
la tutelante alegó en el escrito de impugnación la ausencia de «fundamento
técnico», no se evidenció que dicho argumento hubiera sido planteado en la
demanda ni sustentado en la norma jurídica que impone tal obligación. Sin
embargo, en el supuesto de que ese aspecto se hubiera introducido desde el inicio
del proceso, indicó que no le asistiría razón, debido a que debido a que ni en la Ley
4 de 1992 ni en el artículo 150 de la Constitución Política se encuentra estipulado
que el Gobierno estuviera obligado a realizar dichos estudios técnicos.
28 En especial las contenidas en la Ley 4a de 1992, los Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 624 de 2008,
714 de 2008, 1238 de 2009, 1367 de 2010 y 1027 de 2011
29 Corte Constitucional, sentencia C1433 de 2000.
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62. En este sentido, la providencia cuestionada resaltó que para considerar
vulnerado el principio de igualdad no basta con alegar una indebida fundamentación
al momento de fijar los incrementos diferenciados para los años 2008 y 2009, sino
que debe acreditarse, pues su simple enunciación no desvirtúa un régimen que
contempla normas especiales, como ocurre con el estatuto de profesionalización
docente, el cual prevé un trato distinto para grados y niveles que difieren en
requisitos y experiencia.
63. Anudado a lo anterior, explicó que la actualización salarial de los docentes
para las vigencias 2008 y 2009 se efectuó dentro de los límites y competencias
conferidas, por lo que la entidad demandada no incurrió en vulneración de los
preceptos constitucionales, por lo tanto, no se realizó ningún tipo de afectación al
principio de progresividad, pues los incrementos se realizaron en un porcentaje
igual o superior a la variación del IPC del año anterior, garantizando así la movilidad
salarial y la preservación de la capacidad adquisitiva.
64. Argumentó que la fijación de los aumentos salariales de quienes integran el
servicio público debe responder conforme al mandato de las leyes sobre la materia,
a condiciones y contextos reales de carácter social, administrativo y económico, y
ello no implica que deba efectuarse en el mismo porcentaje, dado que la igualdad
se predica únicamente entre quienes se encuentran en situaciones equivalentes,
por lo que no resulta procedente solicitar la aplicación de un incremento mayor.
65. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la parte demandante no probó
las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales
de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los
años 2008 y 2009, de conformidad con las razones expuestas en las presentes
consideraciones, pues como se explicó no se trata de sujetos ubicados en un plano
de igualdad y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para
predicar la existencia de una obligación de incrementos iguales.
66. A partir de lo expuesto, la Sala no advierte que el Tribunal hubiera realizado
una interpretación sesgada a la normativa aplicable y de los criterios
jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio; por el contrario, lo que se
advierte es que los argumentos desarrollados en la providencia objeto de tutela
atienden las reglas previstas por el legislador para la determinación de los
incrementos salariales de los docentes.
67. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 1A y 1B, además tener una justificación válida, tampoco es contraria al
principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se
demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el grado
1B.
68. Dicho esto, esta Sala observa que el Tribunal accionado no incurrió en los
defectos sustantivo y factico, pues las razones y motivos que dieron origen a la
fijación diferenciada del salario entre los grados 1A y 1B encuentran fundamento en
lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, el cual faculta al
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ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los siguientes
términos:
«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala
única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados,
de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de
conformidad con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los
docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las
remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles
educativos y el tamaño de la institución educativa que dirijan».
69. De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos desarrollados en
la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
70. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la
autoridad judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u
omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es
posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es
que el Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía
que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
71. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»30.
72. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
73. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
74. Finalmente, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical u horizontal obligatorio para el Tribunal
30 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Administrativo de Risaralda, motivo por el cual no constituyen un criterio implique
ser acogido por la autoridad accionada.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala encontró que el Tribunal Administrativo de
Risaralda no incurrió en los defectos alegados por la accionante. Por tal motivo,
modificará la sentencia del 9 de abril de 2026 proferida por la Sección Primera de
esta corporación, que declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar,
negará las pretensiones de la acción de tutela.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 9 de abril de 2026 emitida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
En su lugar:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en esta providencia.
Segundo: Negar la tutela interpuesta por la señora Flor Angela Garzón Noreña
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones consignadas en
esta sentencia por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
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Accionante: Flor Angela Garzón Noreña
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
KAPS/EPG/SEJV
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