Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01874-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01874-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01874-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01874-00
Accionante: LILIANA PATRICIA ZABALA GIL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de ajuste salarial en el
escalafón docente. Incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Liliana Patricia Zabala Gil, quien actúa por intermedio de
apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de marzo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1.Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 14 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300620240027000, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) LILIANA
PATRICIA ZABALA GIL, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a
la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2.Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente LILIANA PATRICIA ZABALA GIL a la luz de los argumentos planteados en
la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.”
2. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:
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Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
La señora Liliana Patricia Zabala Gil es docente oficial en la categoría 2B del
escalafón vigente regulado por el Decreto-Ley 1278 de 20021.
Para los años 2008 y 2009, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 624, 714 y
1407 de 2008, así como los Decretos 702 y 1238 de 2009, mediante los cuales se
fijaron incrementos salariales diferenciados entre las categorías.
Con fundamento en lo anterior, la señora Liliana Patricia Zabala Gil solicitó al
Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación Departamental de
Risaralda el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales e injustificados decretados para los años 2008 y 2009, en
los cuales se favoreció a docentes de una categoría inferior (2A) en detrimento de
quienes, como ella, se encontraban en una mejor posición en el escalafón (2B).
Mediante oficio “sin numero de fecha 27 de febrero de 2024” la entidad territorial y
el Ministerio de Educación Nacional resolvieron de manera desfavorable la petición.
En consecuencia, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
el departamento de Risaralda, con el fin de que se inaplicara por ilegal el Decreto
284 de 2024, que fijó la escala salarial del personal docente, así como los demás
decretos posteriores, y se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron su reajuste salarial. Como consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales causadas durante los tres (3) años anteriores a la
reclamación administrativa, en virtud de la prescripción, así como las que se causen
en el futuro.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira mediante sentencia de 25
de junio de 20252 negó pretensiones de la demanda, al considerar que la Corte
Constitucional analizó las diferencias entre los regímenes salariales docentes
previstos en los Decretos 1278 de 2002 y 2277 de 1979 y concluyó que, aunque los
docentes cumplían funciones similares, existían diferencias sustanciales derivadas
de su pertenencia a escalafones distintos, con requisitos de ingreso, permanencia
y ascenso diferenciados, lo que justificaba un trato desigual sin vulnerar el principio
de igualdad. En ese sentido, determinó que no era válido comparar aisladamente
beneficios como el salario, pues este dependía del grado en el escalafón y de
factores objetivos como la formación, capacitación y experiencia.
Asimismo, consideró que no se configuraba la excepción de ilegalidad, ya que la
normativa no contravenía de manera evidente la Constitución, la cual no exigía
1 En el año 2004 se llevó a cabo la incorporación de los primeros docentes vinculados bajo el nuevo Estatuto
de Profesionalización Docente, establecido en el Decreto-Ley 1278 de 2002, marco normativo que introdujo un
sistema basado en el mérito, por lo que el ingreso a la carrera docente exigía la aprobación de un concurso
público de méritos, seguido de un periodo de prueba. El artículo 20 del Decreto-Ley 1278 de 2002 establece la
estructura del escalafón docente conformado por tres grados (1, 2 y 3), cada uno integrado por cuatro niveles
salariales (A, B, C y D). La inscripción en el escalafón se produce automáticamente una vez el docente supera
el periodo de prueba y acredita los requisitos del artículo 12 del mismo decreto y del Decreto 1075 de 2015. La
clasificación inicial depende del nivel académico del aspirante, conforme con los siguientes criterios: (i)
normalista superior: grado 1, nivel A; (ii) licenciado o profesional no licenciado, con o sin especialización: grado
2, nivel A; (iii) licenciado o profesional no licenciado con título de maestría o doctorado en área afín: grado 3,
nivel A. Una vez inscrito en el escalafón, el docente puede optar por dos mecanismos de movilidad: la
reubicación en el nivel salarial o el ascenso de grado. El ascenso consiste en pasar de un grado a otro
manteniendo el nivel salarial inicial, mientras que la reubicación implica avanzar dentro del mismo grado (por
ejemplo, de 2A a 2B). Ambos procesos requieren cumplir requisitos normativos, superar evaluaciones de
desempeño y competencias y están sujetos a disponibilidad presupuestal.
2 Proferida en el proceso con radicado núm. 66001-33-33-006-2024-00270-00.
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incrementos salariales idénticos para todos los docentes, sino remuneraciones
proporcionales a la calidad y cantidad del trabajo. Bajo esa lógica, estableció que la
igualdad debía entenderse en su dimensión material y solo se vulneraba cuando se
daba un trato distinto entre sujetos en condiciones equivalentes, situación que no
se acreditó. Finalmente, advirtió que al no evidenciarse pruebas de un ajuste salarial
injusto en los años 2008 y 2009 ni desvirtuarse la presunción de legalidad de los
actos demandados, no procedía inaplicar las normas cuestionadas y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior determinación, las partes presentaron recurso de apelación. Por
su parte, la señora Liliana Patricia Zabala Gil consideró que la Administración al fijar
incrementos salariales porcentuales desiguales, debía haber justificado dicha
decisión con criterios objetivos, razonables, suficientes y sustentados en soporte
técnico, lo cual no ocurrió, pues los decretos expedidos carecieron de motivación
que explicara las razones de la medida y la defensa institucional se limitó a reiterar
su legalidad sin aportar argumentos sólidos ni pruebas como estudios técnicos o
antecedentes que respaldaran la diferenciación. En ese sentido, afirmó que el
Gobierno tenía la obligación de exponer de manera clara y precisa los motivos que
determinaron los incrementos, en garantía del derecho de los ciudadanos a conocer
las razones de las decisiones administrativas, omisión que no fue analizada en la
sentencia de primera instancia.
Asimismo, indicó que, aunque no se cuestionaba la competencia del Gobierno para
fijar los salarios docentes, los actos demandados contravenían la escala salarial del
Decreto 1278 de 2002 y vulneraban el principio de proporcionalidad, dado que no
existían criterios claros que justificaran las diferencias en los incrementos entre
categorías, lo que afectaba la transparencia administrativa y configuraba una falsa
motivación, evidenciada en brechas salariales injustificadas y arbitrarias.
El Ministerio de Educación – Fomag cuestionó el fallo únicamente en cuanto a la
negativa de condena en costas y agencias en derecho, al considerar que el juez
aplicó un criterio subjetivo al eximir a la parte demandante por ausencia de mala fe,
desconociendo el enfoque objetivo vigente que exige valorar la conducta procesal y
la falta de fundamento de la demanda. Sostuvo que las costas sí se causaron, pues
la entidad realizó diversas actuaciones procesales, por lo que debían ser
reconocidas en aras de proteger los recursos públicos y garantizar la reparación de
los costos del proceso.
El Tribunal Administrativo de Risaralda por medio de sentencia del 17 de septiembre
de 2025 confirmó la decisión, al considerar que la parte demandante no probó las
causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de
los docentes que estaban ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial
para los años 2008, 2009 y 2011. Asimismo, concluyó que no se trataba de sujetos
en plano de igualdad, por lo que no existía un imperativo normativo o jurisprudencial
para predicar que la obligación de aumentos iguales.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y que la decisión cuestionada
desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso
a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad,
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así como los parámetros normativos y probatorios del régimen salarial docente, al
carecer de motivación suficiente, razonada y válida.
Mencionó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, pues validó
incrementos salariales diferenciados en 2008 y 2009 entre categorías del escalafón
2B frente a 2A, sin justificar objetivamente la disparidad, en contravía de los artículos
13 y 53 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 1278 de 2002.
Es decir, insistió que se comprobó en sede judicial que los incrementos salariales
aplicados a los docentes del nivel 2B fueron inferiores a los otorgados al personal
ubicado en el nivel 2A, sin que el Tribunal accionado ofreciera una justificación clara
y coherente que permitiera concluir que dicha diferencia era legal y ajustada al
marco normativo.
Asimismo, expuso que se configuró defecto fáctico, por cuanto el Tribunal incurrió
en una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, puesto
que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial
otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, como es el caso
del escalafón 2A, en comparación con la categoría 2B, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas, toda vez que no se allegó
prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran
dicha decisión administrativa. Finalmente, alegó que tampoco se motivó el trato
diferencial al que se sometió a la docente demandante.
Por último, puso de presente que en un caso similar otra autoridad judicial -Juzgado
Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones en otra
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Trámite procesal
Por auto de 11 de marzo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Risaralda-. De igual
modo, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al departamento de Risaralda
y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, como terceros interesados
en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
48722 a 48727 de 16 de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
La profesional especializada de la Oficina Asesora Jurídica solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia
constitucional, al considerar que no se acreditó que las supuestas vulneraciones a
garantías procesales o derechos fundamentales afectaran de manera grave la
existencia, subsistencia o acceso a la administración de justicia de la accionante, ni
que la demora en la respuesta a las solicitudes haya generado una afectación
indirecta de derechos fundamentales de personas naturales vinculadas, en los
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términos exigidos por la jurisprudencia constitucional. Por el contrario, precisó que
el asunto planteaba una controversia de carácter estrictamente económico, referida
a intereses particulares lo que le restaba relevancia constitucional y desbordaba el
ámbito propio de la acción de tutela.
Sostuvo que “será el extremo activo quien tendrá que probar, en el proceso que nos
ocupa, si existe una eventual transgresión de derechos que pudiera generar que la
decisión judicial expedida por el Juez de Conocimiento se aparte del ámbito de
legalidad, para desplegar actuaciones de hecho que resulten contrarias al
Ordenamiento Jurídico. Siendo así este evento sujeto del amparo constitucional por
medio de la acción de tutela”.
5.2. Respuesta del departamento de Risaralda
El profesional Universitario de la Gobernación de Risaralda rindió informe en el que
precisó que carecía de competencia para modificar, dejar sin efectos o cuestionar
decisiones adoptadas por la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud del
principio de autonomía e independencia judicial. Señaló que conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional especialmente la Sentencia C-590 de
2005, la tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y solo
procede cuando se acreditan estrictamente los requisitos generales y específicos
allí establecidos, lo cual no ocurría cuando la inconformidad se limitaba a cuestionar
la interpretación jurídica realizada por el juez natural.
Indicó que la accionante pretende reabrir el debate sobre la legalidad de decretos
salariales del régimen docente, asunto que ya fue estudiado y decidido por el juez
competente, sin que la discrepancia frente a dicha interpretación configure por sí
sola un defecto sustantivo o fáctico. Además, resaltó que la fijación del régimen
salarial docente correspondía al margen de configuración normativa del Gobierno
Nacional y que las diferenciaciones salariales no vulneraban automáticamente el
principio de igualdad, salvo demostración de arbitrariedad, análisis que ya fue
efectuado en el proceso ordinario.
Por último, reiteró que la presunta vulneración se atribuía a una providencia judicial
y no a una actuación administrativa autónoma de la Secretaría, por lo que solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela o negar el amparo solicitado.
5.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda remitió el link del expediente digital.
Sin embargo, no rindió informe sobre los hechos que dieron origen a la acción de
tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por la señora
Liliana Patricia Zabala Gil es procedente, de conformidad con los requisitos
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generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la
autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
5 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Liliana Patricia Zabala Gil, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda,
por considerar que la sentencia de 17 de septiembre de 2025, en la que se confirmó
la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Pereira que negó las pretensiones de la demanda, incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.
Al respecto, indicó que la decisión avaló incrementos salariales diferenciados entre
las categorías 3DM y 3BM durante 2008 y 2009 sin justificación objetiva, ni
probatoria que explicara la necesidad de dichos incrementos desiguales y omitió un
análisis del impacto real en la equidad salarial del magisterio. Además, reprochó
que no se aplicara la Sentencia C-1064 de 2001 sobre igualdad salarial ni los
criterios de procedencia establecidos en la Sentencia C-590 de 2005.
Del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala advierte
que fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de
Risaralda al resolver el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por lo que en el
caso se incumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se está utilizando
la acción de tutela con el fin de dar continuación al debate que ya fue zanjado por
el juez natural del asunto.
En efecto, del expediente allegado como prueba la Sala observa que, la parte
demandante promovió demanda en ejercicio del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
el departamento de Risaralda, en la que solicitó la inaplicación por ilegalidad del
Decreto Nacional 284 de 2024, así como los demás decretos posteriores, y se
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declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron su reajuste salarial.
Como consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
causadas durante los tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa, al
ostentar la categoría 2B, en virtud de la prescripción, así como las que se causen
en el futuro.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Pereira, bajo el radicado n.° 66001-33-33-006-2024-00270-00, que profirió
sentencia el 25 de junio de 2025, en la que resolvió negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se configuró vulneración al derecho a la igualdad ni
a las normas invocadas, toda vez que los incrementos salariales diferenciados entre
los grados 2A y 2B en los años 2008 y 2009 obedecieron a criterios objetivos propios
del escalafón docente y a la facultad legítima del Gobierno Nacional para fijar
condiciones salariales distintas según el grado y nivel, sin que existiera obligación
de aplicar porcentajes uniformes. En consecuencia, precisó que al aplicar el test de
igualdad y verificar que no se trataba de situaciones equivalentes ni se afectó el
poder adquisitivo ni los mínimos legales, estableció que los actos acusados se
ajustaron a la Constitución y la ley, no se desvirtuó su presunción de legalidad ni
prosperó la excepción de inconstitucionalidad.
Contra la anterior decisión, las partes presentaron recurso de apelación. La parte
actora sostuvo que los incrementos salariales diferenciados carecieron de
motivación suficiente, pues el Gobierno Nacional no expuso criterios objetivos ni
aportó soporte técnico que justificara la medida, lo que a su juicio vulneró los
principios de igualdad, proporcionalidad y transparencia, configurando una falsa
motivación no analizada por el juez. Por su parte, el Ministerio de Educación –
Fomag impugnó únicamente la negativa de condena en costas, al considerar que
debía aplicarse un criterio objetivo y reconocerse las erogaciones causadas durante
el proceso.
El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo de Risaralda
mediante sentencia del 17 de septiembre de 2025, en la que se confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la
parte demandante no logró demostrar las causales de nulidad sustancial invocadas
respecto de los incrementos salariales aplicados en los años 2008, 2009 y 2011,
pues no acreditó que dichos ajustes desconocieran el marco constitucional o legal;
asimismo, determinó que los docentes comparados no se encontraban en
condiciones equivalentes, al pertenecer a distintos grados y niveles del escalafón,
por lo que no existía un deber jurídico, normativo ni jurisprudencial de establecer
incrementos salariales iguales entre ellos.
En ese sentido, concluyó que, al no tratarse de sujetos en condiciones equivalentes,
no podía predicarse la existencia de un mandato normativo o jurisprudencial que
obligara a establecer incrementos salariales idénticos, por lo que no se configuraba
vulneración del principio de igualdad ni causal de nulidad alguna.
Respecto de la presunta vulneración del principio de igualdad, el referido Tribunal
explicó que la estructura del escalafón docente, conforme a la Ley 115 de 1994 y
al Decreto 1278 de 2002, se encontraba organizada por grados determinados
según la formación académica, y por niveles salariales a los cuales el educador
accede mediante inscripción, reubicación o ascenso, previa acreditación de
requisitos objetivos como la experiencia y la superación de evaluaciones de
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desempeño y competencias. En ese sentido, precisó que no todos los docentes
ubicados dentro de un mismo grado se encontraban necesariamente en idéntica
situación jurídica, pues el nivel salarial responde a condiciones diferenciales
previamente establecidas por el legislador y el reglamento.
Al abordar el régimen salarial y prestacional, el Tribunal efectuó un análisis de las
disposiciones constitucionales y legales aplicables especialmente la Ley 4ª de 1992
y los Decretos 624 y 714 de 2008, entre otros, y concluyó que para los años 2008,
2009 y 2011, los incrementos salariales fueron fijados dentro del margen de
configuración normativa del Gobierno Nacional. Señaló que, si bien en 2009 se
evidenció una diferenciación porcentual en determinados grados y niveles
salariales, ello no implicaba per se una vulneración del derecho a la igualdad, pues
el examen debía centrarse en establecer si los sujetos comparados se encontraban
en una situación fáctica y jurídica equiparable.
En el caso concreto, el Tribunal accionado determinó que la demandante no
acreditó que los docentes frente a los cuales formuló la comparación estuvieran en
idénticas condiciones académicas, de experiencia y nivel salarial. Por el contrario,
sostuvo que las diferencias existentes en el escalafón responden a criterios
objetivos previamente definidos por la normativa aplicable. En consecuencia, no
resultaba viable predicar la existencia de una discriminación ni la aplicación del
principio de “a trabajo igual, salario igual”, toda vez que los grupos comparados no
se encontraban en un mismo plano de igualdad material.
Asimismo, la autoridad judicial accionada enfatizó en la carga de la prueba,
indicando que correspondía a la parte actora demostrar los supuestos fácticos que
sustentaban la alegada nulidad de los actos administrativos, lo cual no ocurrió en
el proceso ordinario, pues no bastaba con afirmar la desproporción o la falta de
motivación de los decretos, sino que era necesario aportar elementos probatorios
que evidenciaran la irrazonabilidad o arbitrariedad de la diferenciación.
En conclusión, el Tribunal Administrativo de Risaralda sostuvo que no se
acreditaron las causales de nulidad sustancial invocadas respecto de los
incrementos salariales aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, en la medida en
que los docentes comparados no se encontraban en condiciones equivalentes que
impusieran un trato idéntico. Por lo tanto, sostuvo que no existía un mandato
normativo o jurisprudencial que obligara a establecer aumentos salariales iguales,
razón por la cual confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionante buscan reabrir y continuar el debate jurídico ya planteado y resuelto
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
para definir la presunta vulneración derivada de los incrementos salariales
diferenciados aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, los cuales, a juicio de la
demandante, le generaron un impacto negativo en la base salarial de los años
subsiguientes.
En efecto, del escrito de tutela se advierte que la accionante sostiene que la
autoridad judicial incurrió en defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial, reiterando los argumentos formulados en la demanda ordinaria
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Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
y los expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia que negó sus pretensiones.
Así las cosas, se evidencia que la vulneración que la accionante pretende alegar
por la vía constitucional no se enmarca en una verdadera afectación de derechos
fundamentales atribuible a la providencia judicial objeto de reproche, sino en su
insistencia por controvertir nuevamente los incrementos salariales ya examinados
por los jueces naturales, trasladando al juez de tutela su inconformidad con el
contenido y sentido de la decisión adoptada por el juez natural.
En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y los
argumentos que se plantean en el escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte
Constitucional en sentencia SU-573 de 20197, estableció que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y,
por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”8. (negrilla por fuera del texto original)
9
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 202410, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, la tutela
judicial efectiva y al principio de favorabilidad, en este caso, a la manera de una
tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate propuesto ante el juez
natural.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
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Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Liliana Patricia Zabala Gil, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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