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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01874-01

Fecha
9 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01874-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01874-01 (5655)
Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Liliana Patricia Zabala Gil contra la
sentencia de primera instancia del 9 de abril de 2026 proferida por la Sección Cuarta
de esta corporación.

1. Síntesis del caso

La señora Liliana Patricia Zabala Gil presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda con ocasión de la sentencia
del 17 de septiembre de 2025 proferida dentro del proceso con radicado núm.
66001-33-33-006-2024-00270-02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 2, certificado 241151F93FB92383
6FEDBB601C58594D 44EE711FC60E4A99 0B85ADC10E427F6A.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01874-01 (5655)
Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

2. La señora Liliana Patricia Zabala Gil es educadora oficial ubicada en la
categoría 2B del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-
Ley 1278 de 2002.

3. La accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e
injustificados decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a
docentes de una categoría inferior (2A) en detrimento de quienes, como ella (sic),
se encontraban en el escalafón 2B».

4. La entidad territorial a través del oficio del 27 de febrero de 2024 y el Ministerio
de Educación Nacional, mediante el acto ficto configurado el 1 de mayo de 2024,
respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5. La señora Liliana Patricia Zabala Gil presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de
Risaralda y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejara sin efecto el oficio del 27 de febrero de 2024 y el acto
ficto configurado el 1 de mayo de la misma anualidad y, iii) se ordenara pagar a su
favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno nacional durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la prescripción, y en adelante.

6. El Juzgado Sexto Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 25 de junio
de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos acusados ni se constató la discriminación
salarial alegada, dado que existían parámetros objetivos y razonables que
justificaban la diferencia salarial y prestacional entre los docentes de diferente nivel
y grado.

7. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia, la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de providencia del 17 de
septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La señora Liliana Patricia Zabala Gil solicitó al juez constitucional que amparara
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
y, en consecuencia, que ordenara lo siguiente:

[…] al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente LILIANA PATRICIA ZABALA GIL a la luz de los argumentos

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01874-01 (5655)
Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.

10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció arbitrariamente
el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278
de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los
docentes de las categorías 2A y 2B, que se realizaron en los años 2008 y 2009,
cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2B.

11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial del 2008 y
2009 respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la
formación académica, la experiencia, responsabilidades asumidas y rendimiento en
el cargo; esos aspectos, en su criterio, justamente daban lugar a que un educador
ubicado en un nivel superior del escalafón, como en su caso, percibiera una
compensación económica proporcionalmente más elevada, por lo que, se
desconocieron los principios de igualdad y equidad que regulan los aspectos
salariales.

12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque inadvirtió que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y 2B.

13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones de una
demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.

2.3. Trámite Procesal

14. La tutela correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 11 de marzo de 20263 en el que admitió la
solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Sexto Administrativo de Pereira, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y al departamento de Risaralda; requirió el
expediente ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor.

2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 5.

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Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

2.4. Intervenciones

15. El Tribunal Administrativo de Risaralda remitió4 la copia digital del expediente
ordinario sin rendir informe sobre los hechos cuestionados en el presente trámite.

16. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó que se declare improcedente la
tutela al considerar que el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida
que no se acreditó la existencia de una vulneración de derechos fundamentales y,
por el contrario, la controversia era de naturaleza estrictamente económica. Expuso
que los jueces constitucionales tenían la obligación de examinar de manera rigurosa
el caso, para no desvirtuar los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y
de cosa juzgada.

17. La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda6 pidió que se declare
improcedente o, en su defecto, se niegue el amparo, pues la interpretación que
adoptó el juez natural en la providencia cuestionada no configura, por sí sola, un
defecto sustantivo ni fáctico que habilite la intervención del juez constitucional. Adujo
que se debe disponer su desvinculación, dado que la presunta vulneración de
derechos no es atribuible a su conducta.

18. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

19. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
el 9 de abril de 20267, en la que declaró improcedente la acción de tutela. Lo
anterior, al evidenciar que la parte actora pretende reabrir un debate ya zanjado en
el proceso ordinario, pues los argumentos de la solicitud de amparo son los mismos
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

20. En ese sentido, sostuvo que más allá de una real vulneración de derechos, lo
que la accionante busca es convertir el presente trámite constitucional en una
tercera instancia y, con ello, atacar la autonomía del juez natural para obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses.

2.6. Impugnación

21. El accionante presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del 9
de abril de 2026, para lo cual reiteró los argumentos del escrito de tutela
relacionados con que la providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo
y fáctico8.

4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 16.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 17.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 18.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 22.
8 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01874-00, índice 29.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01874-01 (5655)
Accionante: Liliana Patricia Zabala Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

3. Consideraciones

3.1. Competencia

22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la señora Liliana Patricia
Zabala Gil, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
de Colombia y 32 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

23. La legitimación en la causa por activa de la señora Liliana Patricia Zabala Gil se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 17 de
septiembre de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que
consideró fueron vulnerados.

24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Risaralda porque es la autoridad que profirió la anterior
providencia, la cual, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

25. De otro lado, se advierte que la Secretaría de Educación Departamental de
Risaralda solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

26. Frente a ello, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada en el proceso ordinario en el que
fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que
resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará
su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

27. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.

28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01874-01 (5655)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

31. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional13
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia14.

32. La Sala considera que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el fallo del 17 de
septiembre de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría
acreditado en el proceso ordinario que la señora Liliana Patricia Zabala Gil tenía
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada de los
incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-
Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2A y 2B de un grado en el
escalafón inferior al que pertenece.

11 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Ibidem. La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por

superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido
«el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda

33. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que
confirmó la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda, comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo
amparo se acudió a esta acción constitucional.

34. Respecto de los cargos de la tutela, la accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

35. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 17 de
septiembre de 2025, se notificó el 18 de septiembre siguiente15, y la demanda de
tutela se presentó el 9 de marzo de 2026, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como
razonable.

36. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y no resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración descrita
en sede del proceso objeto de estudio, porque su cuestionamiento está dirigido en
contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

37. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

38. La Sala determinar si ¿la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
Risaralda vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad de la accionante?

39. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 17 de septiembre de 2025
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida por la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento
de Risaralda, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón
2B con respecto al grado 2A?

40. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

15 Samai, expediente núm. 66001-33-33-006-2024-00270-02, índice 14.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.4.1. El defecto sustantivo

41. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.

42. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.

En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de las
normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo de
la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a
la administración de justicia (artículo 228 Superior)19.

3.4.2. El defecto fáctico

43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»21 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

44. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.

45. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

18 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 24.

46. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»26.

47. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.

50. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

51. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

3.5. Caso concreto

48. En el asunto bajo estudio, la señora Liliana Patricia Zabala Gil presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el departamento de Risaralda y la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de que se dejara sin efectos el oficio del 27 de febrero de 2024

24 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01874-01 (5655)
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y el acto ficto configurado el 1 de mayo siguiente y, en consecuencia, se ordenara
pagar la diferencia salarial derivada de los incrementos aplicados de manera
desigual a los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, concretamente
entre los niveles 2A y 2B.

49. El asunto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Pereira que negó
las pretensiones de la demanda en sentencia del 25 de junio de 2025. Apelada esta
decisión, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la referida providencia en
fallo del 17 de septiembre de 2025.

50. Así pues, la señora Lilina Patricia Zabala Gil presentó acción de tutela contra el
juez ordinario de segunda instancia, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

51. La parte accionante en el escrito de amparo argumentó que el Tribunal
Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo porque no realizó una
interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen
salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y
legales que rigen la materia, especialmente los principios de igualdad y equidad.

52. De esa manera, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las
categorías 2A y 2B, que se realizaron para los años 2008 y 2009, pese a que, en
su criterio, tales diferencias carecían de justificación objetiva.

53. Asimismo, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque
omitió que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no
se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en los escalafones 2A y 2B.

54. Al respecto, se observa que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda expresó que los fundamentos jurídicos de la decisión
correspondían a los expuestos en la sentencia del 24 de julio de 2025, dictada por
la Sala Tercera de Decisión de esa corporación, en el proceso con radicado núm.
66001-33-33-002-2024-00213-02.

55. Precisó que el precedente horizontal fijado por ese Tribunal recogía la posición
unánime de las Salas de Decisión, lo que hacía resumir y parafrasear el análisis
desarrollado por la sentencia hito. Además, indicó que el asunto que servía de
fuente de solución para el caso concreto, los hechos y los supuestos jurídicos eran
«plenamente extrapolables», en consecuencia, resumió la posición de la Sala
Tercera de Decisión, así:

i) Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento jurisprudencial de
la Corte Constitucional acerca del control de constitucionalidad difuso por parte del
juez ordinario señaló al final: «En ese orden, son dos los requisitos necesarios para

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la aplicación de esta excepción: (i) que la norma de inferior jerarquía sea
ostensiblemente contradictoria con los mandatos constitucionales, de manera que
afecte o vulnere los derechos fundamentales de alguna de las partes en el caso
concreto. Y, (ii) que no exista pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de
la Corte Constitucional o de legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre
la norma respecto de la cual se solicita aplicar la misma.»

(ii) Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley 115 de 1994 y
del Decreto 1278 de 2022 concluyó que «al ingresar al servicio docente un educador,
previa superación del período de prueba, es inscrito en el escalafón en el primer nivel
salarial (A), ingresa al grado que corresponda según la formación académica exigida.
Y, para poder reubicarse en los niveles B, C y D, el docente deberá acreditar los años
de experiencia requeridos, así como la superación de la evaluación de
competencias».

(iii) Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un análisis de las
normas constitucionales y legales, en especial el contenido de la Ley 4a de 1992, los
Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 624 de 2008 y 714 de 2008, últimos
expedidos en los periodos de discusión. Se toman como base dos grados del
escalafón 2BE y 2AE así: (…)

Frente a lo cual se arriba a la siguiente conclusión: «en ambos períodos el incremento
salarial se hizo por encima del IPC del correspondiente año y, además, para el año
2009, al menos en lo que respecta a los grados utilizados para el ejercicio, sí se
presentó una diferenciación en el porcentaje de los salarios. Con todo, será el análisis
jurídico probatorio que se haga del caso particular que determinará si tal
diferenciación configura los vicios de nulidad de los actos acusados que alega la parte
demandante.»

(i) Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder adquisitivo que
tiene derecho el trabajador, haciendo alusión a la sentencia C1433 de 2000 de la
Corte Constitucional y la expedida por el Consejo de Estado de fecha 28 de junio de
2012 bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-02260 01(0584-10), y el 15 de
septiembre de 2016 con radicado 76001-23-31-000 2005- 04234-01(1204-12).
Finalmente, se concluye: «se establece que todos los empleados públicos tienen un
derecho general a que su salario sea incrementado anualmente, con el fin de
preservar su poder adquisitivo ante la inflación. Este derecho se fundamenta en el
artículo 53 de la constitución, que garantiza un salario mínimo vital y móvil. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que ningún
derecho es absoluto y que, en determinadas circunstancias y cumpliendo con
criterios específicos, puede haber limitaciones. Así ocurre con esta prerrogativa, esto
es, el derecho de mantener el poder adquisitivo, puesto que, como no podría hablarse
de iguales ante los efectos del fenómeno inflacionario, es aceptable que algunos
puedan recibir un incremento salarial mayor que otros; y para determinar el criterio
de diferenciación, la Corte Constitucional señaló que un ingreso medio o justo medio
constituye un criterio aceptable para diferenciar qué empleados gozan de esa
protección reforzada del derecho en mención. Se recuerda, este justo medio ha sido
establecido y aceptado en dos (2) salarios mínimos, de modo que quienes devenguen
una suma superior a ello, podrán ser objeto de limitación del derecho, siempre que
se cumplan con otros parámetros de justificación y razonabilidad; mientras que, si el
empleado devenga una suma inferior se convierte en sujeto de protección reforzada,
y por ende el incremento de su salario no podrá ser inferior al IPC del año
inmediatamente anterior, con el objeto de mantener su poder adquisitivo de forma
real.»

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(v) De la Carga de la Prueba. Se sostiene que toda decisión judicial debe estar
soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo cual,
no basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se requiere probar
aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas por la contraparte,
actividad que se surte también con los medios legales de prueba.

(vi) Principio de igualdad. De manera posterior a exponer sobre el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, así como su definición por parte de
la Corte Constitucional, se precisa «...de acuerdo con este constructo epistémico-
metodológico en los dos niveles señalados, resulta posible determinar si existe
realmente una diferencia de trato entre personas o situaciones perfectamente
análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato desigual se encuentra justificado, en
cuyo caso la norma ―junto con la medida que ella establece― se justifica por ser
compatible tal criterio de diferenciación con los postulados constitucionales; o en caso
contrario, debe ser reprochada tal diferenciación y, por ende, la medida descartada y
la norma que la contiene retirada del ordenamiento jurídico (en un examen de
constitucionalidad abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y
difuso de constitucionalidad); aspecto que será abordado más adelante, en el acápite
correspondiente al análisis del caso que convoca.»28

56. A partir de lo anterior, concluyó que la parte demandante no probó las causales
de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los
docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los años
2008 y 2009, toda vez que no existía un imperativo normativo o jurisprudencial para
predicar que existía la obligación de aumentos iguales.

57. En ese contexto, se observa que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Risaralda de ninguna manera realizó una interpretación sesgada a la normativa
aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio;
por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador sobre
la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

58. Por consiguiente, para la Sala no es posible inferir la configuración de un
defecto sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues como se ha
reconocido en casos con similares supuestos fácticos 29, la postura adoptada
encuentra fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de
2002, que faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:

El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones

28 Se trascribe incluso con errores de texto.
29 Sentencias del 2 de febrero de 2026, exp. de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752), del 9 de

febrero de 2026, exp. de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-00080-00 (103) y del 20 de abril de 2026, exp. de
tutela núm. 11001-03-15-000-2026-01974-00 (2963).

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adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan. [subrayado fuera del texto original].

59. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables”.
En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume de buena fe
y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por el que le
resulte convincente»30.

60. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía judicial, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

61. Finalmente, es preciso aclarar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés y Veintiocho administrativos de Medellín no constituyen precedente
vertical u horizontal obligatorio para el Tribunal Administrativo de Risaralda, motivo
por el cual no constituyen un criterio implique ser acogido por la autoridad
accionada.

62. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

63. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida el Tribunal
Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la accionante, toda vez que no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

30 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones contenidas en esta providencia. En
su lugar quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría de
Educación Departamental de Risaralda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Liliana Patricia Zabala Gil contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por los motivos indicados en las
consideraciones de esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx

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