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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01877-00

Fecha
7 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01877-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01877-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: HARRY MIKE COTES DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. AUMENTO SALARIAL. ESCALAFÓN
DOCENTE.

Síntesis del caso: el demandante consideró que se configuró una vulneración a sus derechos
fundamentales, con ocasión de la providencia que confirmó la decisión que negó el pago de
unas diferencias salariales, pues, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y fáctico. La Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional porque el
interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderada judicial, por el
señor Harry Mike Cotes Díaz en contra del Tribunal Administrativo del Cesar para la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en el artículo 29, 13 y
229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2BE del escalafón docente
vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

1 Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 2026, (índice 1, Samai).

2

Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela

2) En ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados del Estado, el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales para el
personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de
2002 durante los años 2005, 2006 y 2007.

3) Debido a que los decretos emitidos por el Gobierno Nacional fueron inequitativos,
pues, para los años 2008, 2009 y 2011 la categoría 2AE del escalafón docente recibió
un incremento acumulado en su salario del 15,61%, mientras que la categoría 2BE
únicamente obtuvo un incremento total del 7,67%, lo que reflejaba una diferencia
negativa en perjuicio de esta última, presentó reclamación administrativa con el fin de
que se reconociera y pagara las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales e injustificados, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría
inferior en detrimento de quienes, como él, se encontraban en una mejor posición.

4) Mediante los Oficios nos. 2024-EE-057022 del 27 de febrero del 2024 y
CES2024ER008371 CES2024EE004189 del 1 de marzo del mismo año, el Ministerio
de Educación Nacional negó las pretensiones formuladas.

5) La parte demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y del departamento del
Cesar, para obtener la inaplicación por ilegalidad del Decreto expedido en el año 2024
que fijó la escala salarial del personal docente, la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades demandadas y el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales causadas durante los últimos tres (3) años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa.

6) El litigio fue desatado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Valledupar2, mediante sentencia del 20 de junio de 2025, en la cual negó las
pretensiones de la demanda, por cuanto no se dio un manejo injusto, ilegal e
indiscriminado por parte del Ministerio de Educación Nacional a la hora de dar
cumplimiento a los decretos establecidos por el Gobierno Nacional, proferidos en
desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de 1992, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-ley 1278 de 2002.

2 Proceso con radicación no. 63001-3333-001-2024-00218-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
7) Esa decisión fue apelada por el demandante, en consideración a que resultaba
evidente la falta de criterios claros y justificados que explicaran los incrementos
porcentuales aplicados a los salarios de los docentes durante los años 2008, 2009 y
2011, puesto que, en los años 2005, 2006, 2007, 2010 y desde 2012 hasta la fecha
los aumentos se implementaron de manera uniforme para todo el escalafón docente;
sin embargo, los aumentos para los años 2008, 2009 y 2011 presentaron diferencias
significativas entre los distintos grados y niveles, a pesar de que todos estaban sujetos
al mismo marco normativo, específicamente el Decreto Ley 1278 de 2002.

8) La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 4 de
septiembre de 20253, en atención a que los docentes ubicados en los grados 2AE y
2BE del escalafón docente no se encuentran en condiciones equivalentes, pues, el
acceso a cada uno de estos grados exige requisitos distintos en cuanto a formación y
evaluación, lo que justifica un tratamiento salarial diferenciado.

Fundamentos de la vulneración

El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia con ocasión de la providencia proferida el 4 de septiembre
de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y fáctico.

En cuanto al defecto sustantivo, adujo que el tribunal no aplicó adecuadamente el
marco normativo del régimen docente (Ley 1278 de 2002 y Ley 4ª de 1992), ni
armonizó dichas normas con el precedente constitucional sobre igualdad salarial y
mérito; por el contrario, validó una decisión administrativa que rompe la lógica del
escalafón docente, según la cual a mayor preparación y nivel corresponde mayor
remuneración, sin ofrecer una motivación suficiente que explique la razonabilidad del
trato diferenciado.

El tribunal dejó de aplicar el precedente constitucional vinculante de la Corte
Constitucional, en particular, la sentencia C-1064 de 2001, que exige una justificación
objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial y que fue clara en

3 Decisión notificada por correo electrónico el 9 de septiembre de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
señalar que los incrementos salariales asignados a los grados superiores no pueden
ser iguales ni superiores a los asignados a los grados inmediatamente inferiores.

Por otra parte, afirmó que se incurrió en un defecto fáctico, en la medida que el tribunal
omitió valorar adecuadamente las pruebas determinantes del proceso, en particular
aquellas que evidencian que los incrementos salariales favorecieron injustificadamente
a docentes de menor nivel sin que existiera soporte técnico, jurídico o probatorio que
lo justificara.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a la
siguiente súplica:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la
sentencia proferida el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 20-001-33-33-005-2024-00178-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) HARRY MIKE COTES
DIAZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de
la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente HARRY MIKE COTES DIAZ a la luz de
los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados en el debate jurídico.”. (índice 2, Samai, negrillas y
mayúsculas del original)

Actuación procesal

Mediante auto de 11 de marzo de 2026 (índice 5, Samai), se admitió la acción de tutela
y se ordenó la notificación del presidente y los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Cesar, así como, del titular del Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar, del ministro de Educación Nacional, del gerente del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y del gobernador y
secretario de educación del departamento del Cesar, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
Intervenciones de las autoridades demandadas

El departamento del Cesar4 argumentó que la tutela no se dirige contra una actuación
suya, sino contra una providencia judicial del Tribunal Administrativo del Cesar,
autoridad que actúa con autonomía e independencia, por lo cual no puede atribuírsele
a la Secretaría la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Adicionalmente, sostuvo que no incurrió en vulneración alguna, pues su actuación se
limitó a responder la reclamación administrativa del docente y a defender la legalidad
de sus actos dentro del proceso contencioso, en el que explicó que los salarios fueron
pagados conforme a lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

El ministro de Educación Nacional5 solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
su desvinculación del proceso, pues, no administra el FOMAG ni reconoce
prestaciones sociales, y, además, la controversia se dirige contra una decisión judicial
adoptada autónomamente por el Tribunal Administrativo del Cesar.

La tutela no cumple los requisitos de subsidiariedad ni relevancia constitucional, por
tratarse de un asunto de carácter legal y económico que debe ventilarse por los medios
ordinarios.

El Tribunal Administrativo del Cesar6 allegó el expediente digital, pero no se pronunció
acerca de las pretensiones de la demanda.

Las demás autoridades guardaron silencio, pese a haber sido notificadas en debida
forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

4 Índice 10, Samai.

5 Índice 11, Samai.

6 Índice 15, Samai.

6

Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cesar con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia
proferida el 4 de septiembre de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

El Ministerio de Educación solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, debido
a que no le asiste responsabilidad alguna por la presunta vulneración de los derechos
invocados por la parte demandante.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de
desvinculación en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con
interés, por cuanto actúo como demandada en el proceso ordinario.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre
constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo
de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados
a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres
finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces
ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva
de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos
que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo
se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente7, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la

7 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal8”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales9”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por
qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención
de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un
problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos
que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara
sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la

8 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la
acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente
la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.10

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción
de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección
jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir
litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario
con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete

10 Idem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de
precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol
del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier
intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego,
debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’
en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios 11” (negrillas
adicionales).

11 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel

Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se
pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) El demandante afirmó que el tribunal desconoció que hubo un trato desigual en los
incrementos porcentuales aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, en donde se
concedió un aumento mayor a categoría 2AE frente a la categoría 2BE, con lo cual
ignoró el precedente vinculante de la Corte Constitucional, pues, de ninguna manera
los incrementos salariales asignados a los grados superiores podían ser iguales o
menores a los asignados a los grados inmediatamente inferiores.

2) Además, señaló que no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de
motivos válidos que justificaran ese trato tan inequitativo; por el contrario, la decisión
se adoptó con fundamento en meras conjeturas.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra de la providencia del 20 de junio de 2025, oportunidad en la cual
la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende, que había
lugar a inaplicar los decretos salariales y ordenar el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas del mayor incremento otorgado al grado 2AE frente al
2BE en los años 2008, 2009 y 2011, debido a que ese aumento fue desproporcionado,
injustificado y contrario al principio de igualdad, pues, no se explicó por qué el 2AE
debía recibir un aumento superior y no se probó que existiera un estudio técnico que
justificara esa diferencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela

4) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 4 de
septiembre de 2025 en la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión
de primera instancia, pues, consideró que los grados 2AE y 2BE no se encontraban
en igualdad de condiciones, en atención a que se exigían requisitos distintos en cuanto
a formación y evaluación, lo cual justificaba un trato salarial diferenciado y no era viable
equiparar ambos grados para efectos de los incrementos salariales.

5) En relación con el principio de igualdad, el tribunal sostuvo que este no implicaba
una igualdad matemática entre todos los servidores públicos, sino una igualdad real
entre quienes se encontraban en idénticas condiciones fácticas y jurídicas, por lo cual,
la diferencia porcentual en los incrementos de 2008, 2009 y 2011 no podía
considerarse como discriminatoria, así:

“En este sentido, el principio de “a trabajo igual, salario igual” no impide
reconocer diferencias salariales cuando estas se sustentan en criterios
objetivos, como la formación académica o el nivel dentro del escalafón.

La estructura del escalafón docente, conforme al artículo 20 del Decreto
1278 de 2002, contempla tres grados (1, 2 y 3), definidos por el nivel de
formación, y cuatro niveles salariales (A, B, C y D), a los que se accede
mediante evaluaciones de desempeño y competencias.

Por ejemplo, el Decreto 714 de 2008 estableció asignaciones
diferenciadas dentro del grado 2, según si el docente acreditaba o no
título de especialización, lo cual es coherente con los objetivos de
profesionalización y mérito establecidos en la Ley 4ª de 1992.

Por ello, considera la Sala, que no se configura una práctica
discriminatoria por el hecho de aplicar incrementos salariales
diferenciados, siempre que estos respondan a criterios verificables
como la formación académica y el nivel alcanzado en el escalafón. La
igualdad sustancial permite este tipo de distinciones, en tanto no sean
arbitrarias ni desproporcionadas.

En consecuencia, no se configura una vulneración al principio de “a
trabajo igual, salario igual”, toda vez que los docentes ubicados en los
grados 2AE y 2BE del escalafón docente no se encuentran en
condiciones equivalentes. Como se ha expuesto, el acceso a cada uno
de estos grados exige requisitos distintos en cuanto a formación y
evaluación, lo que justifica un tratamiento salarial diferenciado. Por lo
tanto, los cargos formulados por el apelante serán desestimados.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 15,
negrillas de la Sala).

6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el
recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se reconociera que los
incrementos salariales de 2008, 2009 y 2011 debían nivelarse o al menos ajustarse,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
puesto que los incrementos en grados superiores no podían ser iguales o menores que
los inferiores sin una justificación técnica suficiente, so pena de que se vulnerara el
principio de igualdad material y la progresividad salarial ampliamente reconocida por
la Corte Constitucional.

7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación y resueltos en la providencia del 4 de septiembre de 2025.

8) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada
en la providencia objeto de tutela, concluyó que el trato salarial diferenciado que se les
dio a los niveles 2AE y 2BE no era arbitrario ni discriminatorio, sino expresión válida
de una política pública orientada a incentivar la profesionalización.

9) La Sala pone de presente que, pese a que en la acción de tutela no se invocaron
las mismas sentencias que se mencionaron en el recurso de apelación y en el fallo de
segunda instancia, lo cierto es que todas se dirigían al mismo fin, esto es, a sustentar
que la base salarial decretada a los docentes situados en el grado 2AE fue contraria
del derecho de igualdad y principio de proporcionalidad, en relación con el aumento
decretado en el grado 2BE.

10) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia.

11) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01877-00
Demandante: Harry Mike Cotes Díaz
Acción de tutela
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Ausente con excusa

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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