República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01877-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Harry Mike Cotes Díaz contra la sentencia
de primera instancia del 7 de abril de 2026 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta corporación.
1. Síntesis del caso
El señor Harry Mike Cotes Díaz presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión de la sentencia del
4 de septiembre de 2025 proferida dentro del proceso con radicado núm. 20001-33-
33-005-2024-00178-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 2, certificado 3757EF6F15932318
08F4EA63411BAC39 51311359B893E68B 9533F4F7286B302B.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2. El señor Harry Mike Cotes Díaz es educador oficial ubicado en la categoría
2BE del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-Ley 1278
de 2002.
3. El accionante solicitó a la Secretaría de Educación del departamento del Cesar
y al Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e injustificados
decretados para el año 2009, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría
inferior (2AE) en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón
2BE».
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los
oficios 2024-EE-057022 del 27 de febrero del 2024 y CES2024ER008371 -
CES2024EE004189 del 1 de marzo siguiente, respectivamente, negaron el
requerimiento del tutelante.
5. El señor Harry Mike Cotes Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Cesar
y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se inaplicara por
ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del personal docente; ii)
se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, en consecuencia, iii) se
ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales
establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la
prescripción, y en adelante.
6. El Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 20 de
junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
configuró una desigualdad en la remuneración de los docentes toda vez que los
grados de escalafón 2AE y 2BE encuentran respaldo en criterios objetivos que
permiten realizar una diferenciación en el aumento porcentual de dichos grados, y
que los actos administrativos alegados se ajustaron al ordenamiento que regula el
sector salarial docente.
7. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Cesar, a través de providencia del 4 de septiembre de 2025,
confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. El señor Harry Mike Cotes Díaz solicitó al juez constitucional que amparara
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
y, en consecuencia, que ordenara lo siguiente:
[…] al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente HARRY MIKE COTES DIAZ a la luz de los argumentos
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, pues justificó un trato desigual en los incrementos salariales de
los docentes de las categorías 2AE y 2BE, que se realizó en el año 2009, cuando la
diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la
base salarial de los docentes de la categoría 2BE.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial del 2009
respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la formación
académica, la experiencia, responsabilidades asumidas y rendimiento en el cargo;
esos aspectos, en su criterio, justamente daban lugar a que un educador ubicado
en un nivel superior del escalafón, como en su caso, percibiera una compensación
económica proporcionalmente más elevada, por lo que, se desconocieron los
principios de igualdad y equidad que regulan los aspectos salariales.
12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2AE y
2BE.
13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.
2.3. Trámite Procesal
14. La tutela correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que, a través del despacho ponente, profirió auto el 11 de marzo de 20263
en el que admitió la solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y al
departamento del Cesar; requirió el expediente ordinario; y ordenó las notificaciones
de rigor.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 5, certificado 5B32B5BDF6564DCF
BE8EC2F2F0841170 A906D5DA2B85CA1F C4EA5F22711A8655.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2.4. Intervenciones
15. El departamento del Cesar manifestó4 que no existió una acción u omisión por
parte de esa entidad que vulnerara los derechos de la actora, en cuanto a que el
reproche alegado se dirigía contra una providencia judicial. Por lo tanto, debía ser
desvinculada del proceso.
16. Además, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela debido a que
el accionante pretendía reabrir un debate jurídico resuelto en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, el cual se encontraba debidamente motivado y
fundamentado.
17. El Ministerio de Educación Nacional contestó5 que se debía declarar la
improcedencia de la tutela al considerar que el asunto carece de relevancia
constitucional, en la medida que no se acreditó la existencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza
estrictamente económica. Además, expuso que los jueces constitucionales tenían
la obligación de examinar de manera rigurosa el caso, para no desvirtuar los
principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de cosa juzgada.
18. Adicionalmente, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva para
responder por las pretensiones del tutelante.
19. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar expuso6 que reiteraba y
acogía los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos
en la providencia del 4 de septiembre de 2025, así como los criterios impartidos por
el juez constitucional en la decisión que fuera adoptada dentro del presente trámite.
20. Asimismo, informó que los 11 juzgados administrativos del circuito de
Valledupar y los 6 despachos de ese tribunal han mantenido una línea uniforme en
la decisión de los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto de
escalafón docente, desestimando las pretensiones de las demandas.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia el 7 de abril de 20267, en la que, en el numeral
primero, declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer de relevancia
constitucional y, en el numeral segundo, negó la solicitud de desvinculación que
presentó el Ministerio de Educación Nacional. Para lo anterior, reiteró los
argumentos de las providencias cuestionadas y sostuvo que el tutelante pretendió
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 10, certificado F09F323FC6AF77DD
43D8A4F1F5C33BFA E39E5E299E35B2CB 3C0771C1635D4A22.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 11, certificado 2C8E0B9ADA1C3EF4
497B2F9674DBDFF7 578282E48591E023 A45C473379BE6B9B.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 15, certificado 38296CA38D220874
3F09C406C286F9CB 17013E6B5899B840 1C037E2105925501.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 17, certificado 00A32AB821E9D3B3
FA8FF29DFF03EFD7 0DC652A1E0FFBD4C F98D7B2281378198.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
agotar una instancia adicional al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.6. Impugnación
22. El accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 7 de
abril de 2026, para lo cual afirmó que la tutela superó el requisito de relevancia
constitucional, que la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación
omitió realizar un análisis material y riguroso de los hechos acreditados en el
expediente y reiteró los cargos atinentes a la configuración de los defectos
sustantivo y fáctico en el fallo del 4 de septiembre de 20258.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
24. La legitimación en la causa por activa del señor Harry Mike Cotes Díaz se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 4 de
septiembre de 2025 objeto de tutela y, por lo tanto, es el titular de los derechos que
consideró fueron vulnerados.
25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar porque es la autoridad que profirió la anterior providencia,
la cual, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
26. Por otro lado, se advierte que el departamento del Cesar y el Ministerio de
Educación Nacional solicitaron su desvinculación, al considerar que la acción de
tutela se dirigía contra una providencia judicial, por lo que no estaban llamados a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
27. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar su derecho de defensa y contradicción, por lo que
la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses.
28. Por lo anterior, se modificará el numeral segundo de la sentencia del 7 de abril
de 2026, en la medida en que solo negó la solicitud de desvinculación del Ministerio
de Educación Nacional, para, además, no aceptar la petición que en tal sentido
presentó el departamento del Cesar.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01877-00, índice 21, certificado 294102BAB881C25B
76F09185B0DA56E0 38324278F2D402AA 2FE5109EDF6FB2CD.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
29. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 13
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia14.
34. Contrario a lo que determinó la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión
que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse
configurados en el fallo del 4 de septiembre de 2025 los defectos alegados en el
escrito de tutela, quedaría acreditado en el proceso ordinario que el señor Harry
Mike Cotes Díaz tenía derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial
derivada de los incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos
por el Decreto-Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2AE y 2BE de
un grado en el escalafón inferior al que pertenece.
35. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar que
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.
36. Respecto de los cargos de la tutela, el accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
37. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 4 de septiembre
de 2025, y la demanda de tutela se presentó el 9 de marzo de 2026, esto es, dentro
del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional15 y del
Consejo de Estado16 como razonable.
38. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y ellos no evidencian una irregularidad procedimental. Finalmente,
la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
39. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
14 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
3.4. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
del tutelante?
41. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025,
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida para
obtener el ajuste de la diferencia salarial entre el escalafón 2BE con respecto al
grado 2AE?
42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. Generalidades del defecto fáctico
43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»18 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
44. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la
solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»20.
45. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
17 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso21.
46. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»23.
47. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o
si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con
otras, sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.
3.4.2. Contenido del defecto sustantivo
48. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado25.
49. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.
21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
50. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez
de las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)26.
3.5. Caso concreto
51. En el asunto bajo estudio, el señor Harry Mike Cotes Díaz presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el departamento del Cesar y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin
de que se dejara sin efectos los oficios 2024-EE-057022 de 27 de febrero de 2024
y CES2024ER008371 - CES2024EE004189 del 1 de marzo siguiente y, en
consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial derivada de los incrementos
aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-Ley 1278 de
2002, específicamente entre los niveles 2AE y 2BE.
52. El asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar que
negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 20 de junio de 2025. Apelada
esta decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar la confirmó en fallo del 4 de
septiembre de 2025.
53. Ahora bien, el señor Harry Mike Cotes Díaz presentó acción de tutela contra
el juez ordinario de segunda instancia, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, pues consideró
que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
54. La primera causal de procedencia de la tutela invocada en el escrito de
amparo, el accionante la sustentó en que el Tribunal Administrativo del Cesar no
realizó una interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el
régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia, especialmente los principios de
igualdad y equidad.
55. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Cesar, en atención
a la pretensión del demandante, efectuó un análisis a partir del marco constitucional
y legal que regula la fijación del régimen salarial de los docentes oficiales,
particularmente la distribución de competencias entre el Congreso de la República
y el Gobierno nacional y el contenido de la Ley 4 de 1992 y del Decreto-Ley 1278
de 2002.
56. En ese sentido, señaló que corresponde al Congreso expedir la ley marco que
establezca los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional
26 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
de servidores públicos, mientras que al Gobierno nacional le compete desarrollar
tales lineamientos mediante decretos, con sujeción a los límites.
57. Precisó que, en desarrollo de dichas competencias, la Ley 4 de 1992 fijó los
criterios que debía observar el Gobierno nacional para fijar la remuneración a los
servidores públicos, de manera que los actos administrativos que se emitieran para
darle cumplimiento podrían «moverse libremente dentro de ese marco, con claro
respeto de la norma superior».
58. De igual forma, indicó que el Decreto-Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
profesionalización docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.
59. Explicó que el escalafón docente está conformado por tres grados, cada uno
integrado por cuatro niveles salariales y que la ubicación en dichos niveles depende
del título académico acreditado y del cumplimiento de los requisitos previstos para
el ascenso o la reubicación, conforme a las evaluaciones de desempeño y
competencias.
60. A partir de ese marco normativo, el Tribunal señaló que la creación de
emolumentos salariales y prestacionales de los servidores públicos era una facultad
exclusiva del legislador y que correspondía al Gobierno nacional regular lo
establecido en la ley marco con la finalidad de fijar las escalas y asignaciones
salariales.
61. En relación con el accionante, dejó consignado que el señor Harry Mike Cotes
Díaz se vinculó como docente en carrera en el grado 2, nivel salarial B, con
especialización, de conformidad con la Resolución 004890 del 28 de julio de 2017
y los comprobantes de nómina.
62. A continuación, el Tribunal examinó los valores fijados como asignación básica
mensual para el año 2009 de la siguiente manera:
Dado que la parte demandante centra su reclamo en el incremento salarial del año
2009, la Sala procederá a analizar los decretos correspondientes a esa vigencia, con
el fin de verificar si existió una diferencia porcentual significativa que afectara su
remuneración.
En ese sentido, en el Decreto 702 de 2009, se fijó la remuneración de los docentes y
directivos docentes, así:
“Artículo 1°. Asignación básica mensual. Modificado por el art. 1, Decreto
Nacional 1238 de 2009. A partir del 1° de enero de 2009, la asignación básica
mensual de los distintos grados y niveles del escalafón nacional docente
correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado que se rigen por el Decreto-Ley 1278 de 2002, será la siguiente:
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Grado Nivel
Título Asignación básica mensual
Escalafón Salarial
Normalista 1 A 866.736
Superior o B 1.139.382
Tecnólogo C 1.529.268
en
D 1.895.796
Educación
Licenciado o Sin Con
Profesional especialización especialización
no A 1.090.840 1.185.669
2
Licenciado B 1.530.452 1.626.609
C 1.787.546 2.015.156
D 2.136.117 2.384.804
Licenciado o 3 Maestría Doctorado
Profesional A 1.693.445 2.162.210
no B 2.056.567 2.610.166
Licenciado C 2.727.171 3.662.123
con Maestría
o con D 3.159.985 4.203.996
Doctorado
Conforme a lo expuesto, la asignación básica de los docentes y directivos docentes
del sector oficial, regulados por el Decreto-ley 1278 de 2002, se establece anualmente
en una suma fija. Por tanto, el aumento salarial no se calcula aplicando un porcentaje
sobre el valor del año anterior, sino que se fija directamente mediante decreto.
La Ley 4 de 1992 otorga al Gobierno nacional la facultad de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, incluida la población docente, conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002. Esta facultad debe ejercerse
dentro de los límites establecidos por la ley marco, los cuales incluyen:
• La obligación de realizar incrementos anuales para contrarrestar la inflación.
• La prohibición de desmejorar salarios y prestaciones sociales.
En este contexto, la Sala no comparte la tesis del apelante, quien sostuvo que
los incrementos desiguales en el año 2009 afectaron negativamente su base
salarial. Dado que el valor de la asignación no se determina por incrementos
porcentuales acumulativos, sino por montos fijos establecidos anualmente, por
lo que no se configura la afectación alegada.
63. Posteriormente, la providencia acusada examinó la figura del aumento salarial
de los servidores públicos conforme a los criterios establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001 e indicó que el Gobierno nacional
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar los valores de
incremento salarial cada año y los mismos deben obedecer a razones de política
macroeconómica y fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2, literal «h» de
la Ley 4 de 1992. Sobre el particular explicó lo que sigue:
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
De igual forma, el Consejo de Estado27ha señalado que el trato diferenciado es
constitucionalmente admisible cuando:
• Existen diferencias fácticas entre los sujetos comparados;
• El trato desigual persigue una finalidad legítima;
• Dicha finalidad es razonable y proporcional;
• El trato desigual guarda coherencia interna con la situación diferenciada.
En este sentido, el principio de “a trabajo igual, salario igual” no impide reconocer
diferencias salariales cuando estas se sustentan en criterios objetivos, como la
formación académica o el nivel dentro del escalafón.
La estructura del escalafón docente, conforme al artículo 20 del Decreto 1278 de
2002, contempla tres grados (1, 2 y 3), definidos por el nivel de formación, y cuatro
niveles salariales (A, B, C y D), a los que se accede mediante evaluaciones de
desempeño y competencias.
64. Con base en lo anterior, la providencia cuestionada explicó que la decisión del
Gobierno nacional de aumentar las asignaciones salariales de los docentes
oficiales de forma diferenciada, en consideración a los grados y los niveles
salariales para el año 2009, se hizo acorde a lo previsto por las normas que rigen
la materia, dada la potestad de configuración normativa que fue otorgada por la
misma Constitución Política.
65. Así pues, el Tribunal argumentó que no existe discriminación por aplicar
incrementos salariales desiguales entre los docentes, siempre que estos respondan
a criterios objetivos como la formación académica y el nivel alcanzado. Por lo
anterior, consideró que no se vulneraba el principio de «a trabajo igual salario
igual», pues los grupos 2 AE y 2BE del escalafón docente tienen requisitos distintos
para el acceso y permanencia en el cargo, y por ello no son iguales.
66. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 4 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y los
documentos aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la diferencia
salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 2AE y 2BE del
escalafón nacional docente se justificaba en criterios objetivos definidos por el
legislador (Decreto-Ley 1278 de 2002), relacionados con la capacitación y el nivel
educativo del docente.
67. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del Decreto-Ley
1278 de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y
1238 de 2009 para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó
los incrementos salariales durante dichas anualidades para los grados 2AE y 2BE
y las condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.
68. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
27 Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025.
MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
grados 2AE y 2BE, además de tener una justificación válida, tampoco es contraria
al principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se
demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el grado
2BE.
69. Cabe aclarar que el porcentaje que el tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 2BE, en el año 2009, no fue inferior al IPC certificado
por el DANE para esa anualidad, por lo que no se puede advertir que el valor
otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a sus derechos
salariales.
70. Dicho esto, esta Sala observa que el Tribunal accionado no incurrió en los
defectos sustantivo y factico, pues las razones y motivos que dieron origen a la
fijación diferenciada del salario entre los grados 2AE y 2BE encuentran fundamento
en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, el cual faculta al
ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los siguientes
términos:
El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4 de 1992, establecerá la escala
única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes
escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón
Docente de conformidad con el presente decreto; y según el título que
acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de
prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos
docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución
educativa que dirijan.
71. De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos desarrollados en
la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
72. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la
autoridad judicial accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u
omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es
posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es
que el Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que se pretendía se les
atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
73. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»28.
28 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
74. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de reparos no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
75. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
76. Finalmente, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical u horizontal obligatorio para el Tribunal
Administrativo del Cesar, motivo por el cual no constituyen un criterio que implique
ser acogido por la autoridad accionada.
4. Conclusión
77. Por las razones expuestas, la Sala encontró que el Tribunal Administrativo del
Cesar no incurrió en los defectos alegados por el accionante. Por tal motivo,
modificará el numeral primero la sentencia del 7 de abril de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, que declaró
improcedentes las pretensiones de amparo y, en su lugar, negará la solicitud de
amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 7 de abril de 2026 emitida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:
Primero Negar la tutela interpuesta por el señor Harry Mike Cotes Díaz contra
el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones consignadas en esta
sentencia.
Segundo: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el departamento
del Cesar y el Ministerio de Educación Nacional, conforme a lo expuesto en
esta providencia.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01877-01 (5840)
Accionante: Harry Mike Cotes Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
16
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.