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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01892-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01892-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación. SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01892-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de abril de 2026

Demandante: Paula Andrea López Galvis
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01892-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., nueve [9] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01892-00
Demandante: PAULA ANDREA LÓPEZ GALVIS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedente por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Paula Andrea López Galvis, por medio de apoderada judicial, radicó
acción de tutela el 9 de marzo de 2026 contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y al principio de favorabilidad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 25 de septiembre de 2025, a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Risaralda confirmó la decisión de 28 de marzo de la misma
anualidad, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Pereira, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el accionante contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, y el municipio de Dosquebradas que se identificó
con el radicado 66001-33-33-006-2024-00203-00/02.

1.2. Peticiones del amparo constitucional

1
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Demandante: Paula Andrea López Galvis
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01892-00

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en
la sentencia proferida el día 25 de [S]EPTIEMBRE de 2025, en el
expediente radicado bajo número 66001333300620240020300,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
del (la) señor (a) PAULA ANDREA LOPEZ GALVIS, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material
probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL RISARALDA dejar sin efectos la providencia
referida en el numerar anterior y se profiera una nueva con una debida
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de
manera concreta la situación particular del (la) docente PAULA
ANDREA LÓPEZ GALVIS a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La señora Paula Andrea López Galvis se desempeña como docente oficial, y se
encuentra clasificada en la categoría 2C del escalafón docente, regulado por el
Decreto Ley 1278 de 2002.

Con ocasión de los incrementos salariales fijados para el año 2008 y 2009, la
accionante presentó reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Dosquebradas [Risaralda], en la que solicitó
el reconocimiento y pago de presuntas diferencias salariales, al considerar que
dichos incrementos fueron desiguales e injustificados, por cuanto habrían
favorecido a docentes ubicados en categorías inferiores como el caso del grupo 2A2.

Mediante el oficio de 27 de febrero de 2024 proferido por el Ministerio de Educación
Nacional y el oficio de 28 de febrero de 2024 expedido por el municipio de
Dosquebradas negaron las pretensiones de la actora.

Ante dicha negativa, la accionante promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Dosquebradas, en la cual solicitó la: (i)
inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 2024 que fijó la escala salarial del
personal docente, (ii) la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos

1 Transcripción del texto original, por lo que puede contener errores.
2 Manifestó que a la categoría 2C del escalafón para el año 2008 se le determinó una disminución

salarial del 4,37% en contraste con el incremento diferenciado decretado para la categoría 2A, que
fue del 14.11% Asimismo, para el año 2009, se fijó un incremento del 7,67% para la categoría 2C,
en comparación con el incremento del 15,61%. Lo que evidencia que los incrementos salariales se
aplicaron de manera injustificada e ilegal.
2
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expedidos por las autoridades demandadas y (iii) el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación
realizada, como consecuencia de la diferencia en el incremento salarial.

Del proceso contencioso-administrativo conoció en primera instancia el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, el cual negó las
pretensiones de la demanda tras realizar un análisis jurídico de la Ley 4 de 1992 y
el Decreto 1278 de 2002, en contraste con lo señalado en la sentencia C-313 de
2003. Con fundamento en ello concluyó que el Ejecutivo, bajo la dirección del
presidente de la República, tiene la facultad de establecer condiciones salariales
diferenciadas para los docentes, según su grado y nivel.

Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación que
fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Risaralda mediante sentencia de 25
de septiembre de 2025, en la que confirmó el fallo de primera instancia y consideró
que la entidad demandada no vulneró los preceptos constitucionales, como quiera
que se estableció la actualización salarial de los docentes para los años 2008 y
2009, dentro de los límites y de acuerdo a las competencias que le habían sido
conferidas, sin que se encuentre vulneración al principio de progresividad.

1.4. Fundamento de la solicitud

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al resolver el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no ejerció un control judicial
adecuado sobre las actuaciones administrativas cuestionadas, al considerar
ajustada a derecho una decisión que -a su juicio- desconoció los principios
constitucionales de igualdad material, mérito y debido proceso, así como los
parámetro normativos y probatorios aplicables al régimen salarial docente.

En ese sentido, alegó la configuración de un defecto sustantivo, al estimar que la
autoridad judicial accionada efectuó una interpretación errónea de la normativa que
regula el régimen salarial docente, particularmente de la Ley 4 de 1992 y del Decreto
Ley 1278 de 2002, con lo cual habría desconocido criterios de razonabilidad jurídica
y el principio de progresividad en materia de remuneración laboral dentro de la
carrera docente.

De igual forma, adujo la existencia de un defecto fáctico, al considerar que la
providencia cuestionada careció de una adecuada justificación legal y técnica, por
cuanto se sustentó en apreciaciones que no se encuentran debidamente
respaldadas en el material probatorio del proceso.

Por otro lado, sostuvo que la providencia cuestionada se apartó de lo decidido en
dos fallos proferidos por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín [radicado 05001-33-33-023-2024-00171-00] y el Juzgado 28
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín [radicado 05001-33-33-028-2024-
00163-00], en los cuales, aunque se analizaron situaciones correspondientes a
distintos grados del escalafón docente, se accedieron a las pretensiones de la
demanda.

3
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Con fundamento en lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos la providencia
proferida en segunda instancia y que, en su lugar, se emitiera un nuevo
pronunciamiento que garantice la protección de los derechos fundamentales
invocados.

1.5. Trámite de la acción

El 11 de marzo de 2026, el ponente de la decisión admitió la acción y ordenó la
notificación de la parte actora y al Tribunal Administrativo de Risaralda. Por otro
lado, se vinculó al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira,
al Ministerio de Educación y al municipio de Dosquebradas en calidad de terceros
con interés en las resultas del proceso, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente asunto.

1.6. Intervenciones

1.6.1. El secretario del despacho de la Secretaría Jurídica del municipio de
Dosquebradas indicó que la accionante pretende habilitar una tercera instancia
para reabrir la discusión de fondo sobre presuntas irregularidades que, a juicio del
actor, afectaron sus derechos de defensa y contradicción.

Agregó que la acción de tutela debe declararse improcedente, en tanto no reviste
relevancia constitucional ni satisface el requisito de inmediatez. Asimismo, precisó
que no se configura causal de nulidad que justifique un nuevo examen del proceso
judicial, ni se advierte la omisión de etapas ni el desconocimiento de términos
procesales que evidencia una vulneración al debido proceso o a los derechos de
defensa y contradicción.

1.6.2. El profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica de la Nación –
Ministerio de Educación propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que la controversia se dirige contra una decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, autoridad que profirió la providencia cuestionada.

Sostuvo que la acción de tutela es un mecanismo autónomo, residual y subsidiario,
cuyo estudio exige la acreditación de relevancia constitucional, requisito que no se
cumple en el presente caso, dado que no se evidencia contradicción con el
ordenamiento jurídico ni vulneración de los derechos fundamentales del accionante,
sino una solicitud de reabrir el estudio zanjado por el juez natural.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Paula Andrea López Galvis contra la sentencia de 25 de septiembre de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo del Risaralda, de conformidad con el Decreto

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2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Nación – Ministerio de Educación solicitó ser desvinculado del proceso, en
atención a sus funciones legales. No obstante, la Sala negará dicha petición, por
cuanto su vinculación se efectuó en calidad de tercero con interés en las resultas
del proceso, en la medida en que la decisión que se adopte podría incidir en la
providencia judicial dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que actuó como parte demandada.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte actora, de parte
del Tribunal Administrativo del Risaralda, con ocasión de la providencia de 25 de
septiembre de 2025.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y
de encontrarlos superados, (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Ahora bien, continuando con el estudio de los parámetros esenciales de
viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022 en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20147, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia8.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
8 Énfasis de la sala.

6
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Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En síntesis, la parte actora fundamentó su inconformidad en que los incrementos
salariales fijados para los años 2008 y 2009 resultaron desiguales e injustificados
en la medida en que, según expuso, a los docentes ubicados en categorías
inferiores del escalafón -como la 2A- se le reconocieron incrementos superiores
frente a aquellos pertenecientes a categorías como la 2C, lo cual, a juicio de la
actora, vulneró el derecho a la igualdad y generó una afectación en la base salarial
proyectada en los años posteriores.

En esta oportunidad, tales cuestionamientos fueron formulados bajo la supuesta
configuración de los defectos fáctico y sustantivo con el propósito de que el juez
constitucional reexaminara la valoración jurídica efectuada por el juez natural. De
esta manera, los argumentos expuestos tienden a convertir el mecanismo
excepcional de la acción de tutela en una tercera instancia, orientada a desvirtuar
el análisis realizado por las autoridades judiciales competentes.

En primer lugar, la Sala reitera que, en materia de tutela contra providencias
judiciales, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita del juez natural de la causa. En consecuencia, el examen debe circunscribirse
exclusivamente a eventuales vulneraciones de raigambre constitucional y no a una
nueva valoración del razonamiento jurídico desarrollado en sede ordinaria, pues ello
desconocería el principio de autonomía judicial y desnaturalizaría la solicitud de
amparo.

Ahora bien, la autoridad judicial de segunda instancia, al resolver el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, concluyó que:

• No se configuró vulneración del derecho a la igualdad, en tanto los
docentes comparados pertenecen a distintos niveles dentro del mismo grado
del escalafón, los cuales obedecen a criterios objetivos como la formación, la
experiencia y la evaluación de competencias; por ende, no se trata de
situaciones equivalente que permitan predicar un trato discriminatorio.

• El régimen salarial docente es fijado por el Gobierno Nacional, con sujeción
a la Ley 4ª de 1991 y al Decreto Ley 1278 de 2002, y el sistema de escalafón
prevé diferencias salariales según la ubicación en grados y niveles, sin que
exista un mandato constitucional que imponga incrementos idénticos para
todos los docentes.

• Los decretos que establecieron los incrementos salariales para los
años 2008 y 2009 se expidieron conforme a la estructura del escalafón
docente, sin que se evidencie que contraríen la Constitución o la ley, ni que
su aplicación haya sido injusta o arbitraria.

En este punto, conviene pertinente recordar que un simple desacuerdo con la
conclusión a la que arribó el juez ordinario no constituye, por sí mismo, una
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vulneración del debido proceso, ni habilita la intervención del juez constitucional.
Aceptar lo contrario implicaría una sustitución indebida del juez natural, contraria a
la naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela.

Ahora bien, con relación a la vulneración al derecho de igualdad, sustentada en
decisiones de primera instancia9 que accedieron a las pretensiones del incremento
salarial, la Sala advierte que no es posible abordar su estudio por cuanto la parte
actora no cumplió con la carga de identificar la regla de decisión derivada de dichas
providencias ni explicó su aplicabilidad al caso concreto, en particular frente al
análisis del derecho vulnerado.

En efecto, se limitó a citarlas sin demostrar la existencia de una identidad fáctica y
jurídica relevante que permitiera efectuar un juicio de comparación en términos de
igualdad material. Aunado a ello, dichas decisiones fueron proferidas por juzgados
administrativos, mientras que la providencia cuestionada emana de una autoridad
judicial de superior jerarquía, sin que se acreditara la existencia de un precedente
vinculante o una línea jurisprudencial consolidada que obligara al tribunal a decidir
en el mismo sentido.

Por todo lo anterior, esta Sección considera que no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la controversia se limitó a cuestionar la
interpretación jurídica adoptada por el juez de segunda instancia, sin demostrar la
existencia de una afectación directa, grave y manifiesta de derechos fundamentales.

En consecuencia, resulta claro que el asunto planteado se circunscribe a una
inconformidad de carácter legal y económico, cuyo conocimiento corresponde de
manera exclusiva al juez ordinario, razón por la cual no es competencia del juez
constitucional10 dirimir este tipo de controversias.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se procede a declarar improcedente el amparo de la referencia, por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

9 Fallos proferidos por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín [radicado 05001-

33-33-023-2024-00171-00] y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín [radicado
05001-33-33-028-2024-00163-00].
10 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
y (iv) sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación.

SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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