Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01912-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01912-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: LUIS EDUARDO URIBE GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial - Requisito de relevancia
constitucional. Diferencia salarial docente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Luis Eduardo Gómez, por medio de apoderada judicial, radicó acción de
tutela el 9 de marzo de 2026 contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el
fin de que se le protejan sus derechos fundamentales «al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio
de favorabilidad».
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 3 de julio de 2025, a través de la cual, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de 31 de marzo de 2025, en la que, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 68001-33-33-002-2024-00158-02, que promovió el
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, en adelante FOMAG y el municipio de Bucaramanga.
1.2. Pretensiones
El accionante presentó las siguientes:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en la
sentencia proferida el día 3 DE JULIO DE 2025, en el expediente radicado bajo
número 68001-33-33-002-2024-00158-02, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del
(la) señor (a) LUIS EDUARDO URIBE GÓMEZ, por considerar que las razones de la
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco
normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente LUIS EDUARDO URIBE GÓMEZ a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El señor Luis Eduardo Uribe Gómez, quien ostenta la calidad de docente
oficial en la categoría 2B del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley
1278 de 2002.
Adujo que, en ejercicio de su competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados del Estado, el Gobierno Nacional dispuso
incrementos iguales para el personal docente vinculado al nuevo escalafón
establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 durante los años 2005, 2006 y 2007,
sin embargo, la actora consideró que para el año 2011 decretó aumentos
porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho personal, sin
que mediara una exposición de motivos previa, razonada y suficiente.2
1.3.2. Como consecuencia de lo anterior, el señor Uribe Gómez presentó
reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Bucaramanga, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados
decretados para el año 2011, en el cual se favoreció a docentes de la categoría 2A
en detrimento de quienes, como ella se encontraban en el escalafón 2B.
1.3.3. Tanto la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Bucaramanga negaron lo pedido por la actora a través de los oficios (i) 024-EE
053566 de 27 de febrero de 2024 y (ii) BUC2024EE004604 de 07 de marzo de 2024,
respectivamente.
1.3.4. En consecuencia, el accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y
el municipio de Bucaramanga. Lo anterior, con el fin de lograr la inaplicación por
ilegalidad del Decreto 284 de 2024, que fijó la escala salarial del personal docente,
y la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales entre los
empleados de diferentes escalafones.
1
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
2
Indicó que dichos aumentos fueron excepcionales, dado que, desde el año 2012 en adelante se
retornó a un esquema de incrementos homogéneos para todo el escalafón docente.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Asimismo, solicitó se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
causadas durante los últimos tres (3) años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa, en virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo,
así como de las que se causen hacia el futuro.
1.3.5. Al asunto le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga, que en sentencia de 31 de marzo de 2025 negó las
pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión adujo que el régimen salarial docente se
caracteriza por su complejidad técnica, fundada en criterios meritocráticos y
presupuestales, lo cual justifica diferencias en la remuneración y en los incrementos
otorgados a los distintos niveles del escalafón.
Indico, que «dicha característica encuentra concordancia con lo señalado en las
sentencias C 410 de 1994, C 373 de 2002, T 197 de 2017, según las cuales: i) el
principio de igualdad no implica trato idéntico en situaciones distintas, sino trato igual
en condiciones equivalentes. y ii) las diferencias están permitidas cuando son
proporcionales, razonables, justificadas y se fundan en criterios objetivos como el
mérito, el desempeño o la formación».
De modo que, el mayor porcentaje de incremento otorgado en el año 2009 a
docentes del nivel 2A no constituía un acto discriminatorio por cuanto se encuentra
fundado en necesidades de corrección interna del escalafón y, en la medida que,
los demás niveles mantuvieron su superioridad salarial absoluta.
1.3.6. Inconforme con la decisión del a quo, el actor interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo de
Santander, que en providencia de 3 de julio de 2025 confirmó la sentencia del juez
de primera instancia.
Como sustento dijo que después de revisar el caso del señor Uribe Gómez se
evidenciaba que «dados los incentivos, estímulos y compensaciones en la
remuneración de los docentes establecidos en el Decreto 1278 de 2002, resultó
necesario en los años posteriores, valga señalar, en 2008 y 2009, implementar un
carácter diferencial para la determinación de las remuneraciones en los distintos
grados y niveles, especialmente, en el grado 2, para los docentes que contaban con
especialización y para el caso específico del nivel A que, además, aspiraban a
ascender de nivel dentro de su grado».
Por su parte, y frente al derecho a la igualdad indicó que la Corte Constitucional en
su jurisprudencia, ha señalado que el principio «a trabajo igual, salario igual»
responde a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad; por ende, para
acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las
mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, sin embargo, reciben una
remuneración diferente».
Por consiguiente, aseguró que el principio de: «a trabajo igual, salario igual» solo
resulta vulnerado cuando se constata que dos servidores públicos, ubicados en
condiciones objetivamente comparables, esto es, con funciones equivalentes y
sometidos al mismo régimen jurídico y de cualificación, reciben una retribución
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
salarial diferenciada sin una justificación basada en criterios objetivos, razonables y
discernibles.
Por ende, no toda diferencia salarial constituye discriminación, pues la
jurisprudencia ha reconocido como válidas aquellas diferenciaciones fundadas en
evaluaciones de desempeño, estructuras institucionales diversas o clasificaciones
diferenciadas de los empleos públicos, siempre que dichas causas tengan
correlación con los principios de realidad, mérito y equidad en la función pública.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El señor Luis Eduardo Uribe Gómez adujo que la sentencia de 3 de julio de 2025
transgredió sus derechos fundamentales «al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de
favorabilidad», puesto que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los
siguientes yerros:
Defecto sustantivo: puesto que la judicatura demandada hizo una interpretación
abiertamente desproporcionada e irrazonable de las normas constitucionales y
legales aplicables al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política,
de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002.
Expuso que la judicatura demandada confirmó la decisión de primera instancia bajo
el argumento de que los incrementos salariales diferenciados entre los grados 2A y
2B obedecen a criterios objetivos como la formación y la experiencia, propios del
escalafón docente, y que por tanto no se configuraba vulneración al principio de
igualdad. «Sin embargo, esta conclusión desconoce que la controversia no giraba
en torno a la diferencia estructural y permanente entre grados del escalafón, sino a
un trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados, puesto que se vio
afectado al evidenciar que los docentes ubicados en categorías inferiores, como la
2A, fueron beneficiados con mayores incrementos salariales respecto de su
categoría (2B), así: para el año 2008, la categoría 2A recibió un aumento del
14,11%, mientras que la categoría 2B obtuvo solo un 5,69%; y para el año 2009, el
incremento para 2A fue del 15,61%, en tanto que para 2B apenas alcanzó el 7,67%.
Defecto fáctico: el actor adujo que el Tribunal Administrativo de Santander hizo una
indebida valoración probatoria frente al debate jurídico que se planteó en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que no se
allegó ninguna prueba que demostrara alguna razón válida que justificara a la
administración para plasmar un trato inequitativo y desigual entre los escalafones
de docentes desde el 2008.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 11 de marzo de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como al Tribunal
Administrativo de Santander, y le otorgó el término de dos días para que rindiera el
informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga [autoridad que conoció en primera instancia el proceso
ordinario objeto de controversia ], a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
FOMAG, municipio de Bucaramanga, Secretaría de Educación [parte demandada en
el proceso ordinario objeto de controversia ], a la Fiduprevisora S.A. [administradora de
los recursos y del patrimonio autónomo del FOMAG ] y a la Procuraduría 47 Judicial II
para Asuntos Administrativos [autoridad que intervino en el proceso ordinario ], así como
a las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el proceso
con radicado 68001-33-33- 002-2024-00158-02, para que, si lo consideraban del
caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.
Finalmente, reconoció a la abogada Silvia Geraldine Balaguera Prada, portadora de
la tarjeta profesional 273.804 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada de la parte demandante, de conformidad con el poder otorgado en su
favor.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga
En correo electrónico de 16 de marzo de 2026, el juez titular del despacho intervino
en esta tutela e hizo un resumen de los hechos y pretensiones que suscitaron la
presente acción de tutela.
Allegó el link del proceso ordinario con radicado 68001-33-33-002-2024-00158-02,
que promovió el accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
FOMAG y el municipio de Bucaramanga.
Y finalizó solicitando su desvinculación de este trámite, dado que, el señor Uribe
Gómez en su escrito reprocha la sentencia de 3 de julio de 2025 expedida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander
En memorial de 17 de marzo de 2026, la judicatura enjuiciada manifestó que este.
caso no procede la acción de tutela contra providencia judicial, puesto que, de la
revisión del escrito de tutela presentado por la parte accionante se advirtió que su
argumento se orienta a controvertir los fundamentos jurídicos de fondo de la
providencia cuestionada, toda vez que en su criterio se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y el principio de favorabilidad, con fundamento en
los hechos narrados en la presente acción constitucional.
Dijo que era evidente que «la acción de tutela se está utilizando como una instancia
adicional para reabrir el debate jurídico ya resuelto, con el propósito de controvertir
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
las consideraciones de fondo de la decisión cuya eficacia se pretende desconocer.
En otros términos, se busca crear una oportunidad procesal inexistente en el
ordenamiento jurídico para cuestionar la decisión de segunda instancia,
desnaturalizando así el carácter excepcional del mecanismo constitucional».
Asimismo, señaló que al revisar la sentencia enjuiciada, encontró que la misma se
fundamenta en los principios de autonomía, independencia, acceso a la justicia y
legalidad, de manera que, dicha decisión judicial se ajusta a la Constitución y a la
ley, por ende, no fue arbitraria, pues se fundamentó debidamente garantizando así
los derechos constitucionales de las partes.
Finalmente, puso de presente que no se puede pasar por alto que la acción de tutela
es un mecanismo residual del cual se puede hacer uso en procura de evitar la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sin que se faculte al accionante
para controvertirla en una tercera instancia o en un procedimiento alterno a los
juicios ordinarios.
1.6.3. La Nación – Ministerio de Educación Nacional
En memorial de 18 de marzo de 2026, una de las abogadas de la oficina asesora
jurídica del ministerio intervino en el presente trámite tutelar, y manifestó que los
yerros que el señor Luis Eduardo Uribe Gómez enunció en su escrito de tutela se
circunscriben a la decisión reprochada, la cual fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
De modo que, es claro que lo que pretende la parte actora es debatir una decisión
que se adoptó dentro del proceso judicial, por lo que, la sentencia enjuiciada no
puede ser excluida del ordenamiento jurídico por la vía de la tutela, dado que, se
desconocería la autonomía e independencia judicial, así como la presunción de
acierto y legalidad.
Asimismo, manifestó que el hecho de que el actor no esté conforme con la decisión
que tomó el tribunal accionado, no puede servir de base para abrir la puerta a que
la jurisdicción constitucional actúe en reemplazo del juez natural de la causa.
Concluyó indicando que este asunto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por lo que se debe declarar su improcedencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por el señor Luis Eduardo Uribe Gómez contra el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
2.2. Cuestión previa
En su intervención, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional, de modo
que, frente a dicho requerimiento, esta Sección negará dicha petición, dado que,
dicha autoridad se vinculó como tercera con interés, por ende, podría resultar
afectada con cualquier decisión que se tome en este trámite.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales «al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad» del señor Luis Eduardo
Gómez los cuales consideró transgredidos con la sentencia de 3 de julio de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión de 31
de marzo de 2025, en la que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 68001-33-33-002-2024-
00158-02, que promovió el accionante contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, FOMAG y el municipio de Bucaramanga.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la solicitud de amparo contra providencias
judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de
aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional
no puede convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre8.
2.5.1.2. En este caso, a juicio del señor Luis Eduardo Gómez, el Tribunal
Administrativo de Santander al proferir el fallo de 3 de julio de 2025, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. En síntesis, sostuvo que el tribunal omitió estudiar si
el Gobierno Nacional cumplió con el deber legal de sustentar con razones objetivas
y jurídicas el trato discriminatorio en materia salarial. Ello, pues, a su juicio, a partir
de la expedición de los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008 se consumó un trato
desigual entre el incremento del salario de los docentes de los escalafones 2A y 2B.
En este punto, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito
de la relevancia constitucional. Lo dicho, debido a que la parte actora en su escrito
de tutela demuestra una inconformidad con los criterios adoptados por el Tribunal
Administrativo de Santander, sin que medie una argumentación encaminada a
evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique
la intromisión del juez de tutela.
De modo que, resulta oportuno destacar que el Tribunal Administrativo de
Santander consideró que, la parte demandante no probó las causales de nulidad
sustancial alegadas en la relación con los aumentos salariales de los docentes
ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los años 2008, 2009
y 2011.
De igual manera, respecto del argumento de que no obraba en el expediente algún
tipo de prueba que permitiese justificar técnicamente el trato discriminatorio o
desigual, la sentencia enjuiciada indicó que el señor Uribe Gómez no arrimó al
proceso medios de convicción en los que probara que el Gobierno Nacional tuviese
la obligación de realizar los estudios técnicos que alegó como faltantes, pues la Ley
4 de 1992 no dispone tal deber.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por la actora
reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Santander por concluir que no existió vulneración al derecho a la igualdad, por
tratarse de sujetos en condiciones disímiles, de lo cual no se deriva una verdadera
cuestión iusfundamental que justifique la intromisión del juez de tutela. Por el
contrario, el accionante se limitó a insistir en la desigualdad, con el fin de imponer
su criterio jurídico al que se fijó en el fallo cuestionado, sin haberse propuesto una
discusión que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional.
De igual forma, esta Sala de Decisión advierte que el defecto fáctico invocado por
el actor se puso de presente en el recurso de apelación contra la sentencia de 31
de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga. En ese orden, se observa que el señor Uribe Gómez con
esta tutela busca convertir esta acción en una tercera instancia, dado que insistió
nuevamente en los reproches planteados al interior del proceso ordinario, con el
objetivo de que se estudie el presunto trato discriminatorio como el lo propone. De
ahí que el asunto de la referencia no se trate de una verdadera cuestión de
relevancia constitucional que justifique la intervención del juez de tutela.
En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales, no
conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto bajo
estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de una garantía iusfundamental.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo presentada por el señor Uribe Gómez contra el Tribunal
Administrativo de Santander, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito
de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación requerida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Luis Eduardo Uribe Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01912-00
Demandante: Luis Eduardo Uribe Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.