Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01931-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01931-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01931-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01931-01
Accionantes: Simón Díaz Díaz y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Temeridad | Subsidiariedad|
Confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias por medio de las cuales se
concedió unos recursos de apelación y se remitió un incidente de nulidad, dentro de un
proceso de reparación directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 14 de
mayo de 2026, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la temeridad en la acción de tutela respecto de los reparos contra
el Juzgado 8 Administrativo de Neiva y la improcedencia de la acción
respecto de las pretensiones contra el Tribunal Administrativo de Huila, por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 10 de marzo de 2026, Simón Díaz Díaz, Osarsips Díaz Ballén, Brando
Díaz Ballén y Marilin Ballén Hernández, mediante apoderado judicial,
presentaron una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Huila y el Juzgado 8 Administrativo de Neiva, por la aparente vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, y vida
digna , y al principio de seguridad jurídica. Lo anterior, con ocasión del Auto
de 12 de diciembre de 2025 que concedió los recursos de apelación y el
Auto de 4 de marzo de 2026 que remitió una solicitud de nulidad al juez de
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la señora Marilín Ballén Hernández y otros
en cuanto a los reproches formulados contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.
SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Marilín Ballén Hernández y otros
contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión.(…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01931-01
Accionante: Simón Díaz Díaz y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma temeridad e improcedencia
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primera instancia, dentro del proceso de reparación directa No. 41001-33-
33-008-2019-00158-00/02.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO. Tutelar nuestros derechos fundamentales constitucionales a la igualdad,
al debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y a la vida digna
de la Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO. Que se DECLARE vulnerados los derechos constitucionales
fundamentales por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, por ORDENAR al
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-HUILA actuar en el
medio de control de reparación directa No. 41001333300820190015802 después de
la nulidad alegada y ordenada a revisar por el superior el TRIBUNAL, sin resolverla
explícitamente, vulnera principalmente el debido proceso (Art. 29 C.P.), el derecho
a la defensa y el principio de seguridad jurídica. Esto configura una posible vía de
hecho judicial por defecto procedimental, ya que se pretermiten etapas
sustanciales y se desconoce la jerarquía funcional.
TERCERO. Que como consecuencia de dicha vulneración sírvase señor Magistrado
(a): ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, dentro del término de tres (3)
días REVOCAR el trámite de los recursos de apelación presentados por los
apoderados de MUNICIPIO DE PALERMO y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
PALERMO, por ser presentados con posterioridad a los 10 días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia de primera instancia notificada por estado electrónico el
31 de octubre de 2025 y así como REVOCAR el trámite del INCIDENTE de NULIDAD
presentado el 25 de enero de 2026 porque en el trámite del incidente se configuró
un defecto procedimental.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) En 2019, Marilin Ballén Hernández y Simón Díaz Díaz, en nombre propio
y en representación de sus menores hijos, promovieron una demanda de
reparación directa en contra del municipio de Palermo y la Empresa de
Servicios Públicos de Palermo ESP, con el fin de obtener indemnización por
los daños a la salud ocasionados, según afirmaron, por la ingesta
prolongada de agua con altos niveles de flúor suministrada en el centro
poblado El Juncal. El proceso fue conocido en primera instancia por el
Juzgado 8 Administrativo de Neiva, bajo el radicado No. 41001-33-33-008-
2019-00158-00.
5. 2) Mediante Sentencia de 31 de octubre de 2025, el juzgado accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la responsabilidad
del municipio de Palermo y de la Empresa de Servicios Públicos de Palermo
ESP. Consideró que existió una falla del servicio por el suministro prolongado
de agua con concentraciones de flúor superiores a los niveles permitidos
durante el período de formación dental de los menores Díaz Ballén. En
consecuencia, condenó solidariamente a las entidades demandadas al
pago de perjuicios morales en favor de los padres, daño a la salud a cada
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Decisión: Confirma temeridad e improcedencia
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uno de los menores y al pago de tratamiento integral, cuya cuantía debía
determinarse en incidente posterior.
6. 3) El 19 de noviembre de 2025, las entidades demandadas interpusieron
recursos de apelación, los cuales fueron concedidos por el juez de primera
instancia mediante Auto de 12 de diciembre de 2025. Para el juzgado, los
recursos fueron presentados en término, debido a que la sentencia fue
notificada electrónicamente el 6 de noviembre de 20253 y el término para
interponer recursos corrió del 7 al 21 de noviembre de 2025. En
consecuencia, los recursos fueron concedidos y el expediente fue remitido
al Tribunal Administrativo de Huila.
7. 4) La parte actora presentó solicitud de nulidad por indebida
notificación de la sentencia, al considerar que la providencia se notificó por
estado el 31 de octubre de 2025, lo que hacía extemporáneas las
apelaciones.
8. 5) Mediante Auto de 16 de febrero de 2026, el tribunal corrió traslado
de la nulidad a las entidades demandadas y el municipio de Palermo
guardó silencio, hecho que, para la parte actora, configuraba un indicio
grave en su contra.
9. 6) A través de Auto de 4 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Huila remitió el expediente al juzgado de primera instancia para que
resolviera la nulidad, al considerar que la irregularidad alegada se originó en
esa etapa procesal y debía ser definida en esa instancia.
10. El fundamento de la vulneración de los derechos fundamentales
radicó, a juicio de la parte actora, en que el Tribunal Administrativo de Huila
incurrió en un defecto procedimental, al remitir el conocimiento de la
solicitud de nulidad al Juzgado 8 Administrativo de Neiva, pues esta debía
ser resuelta por el superior. Con dicha decisión, se pretermitió una etapa
sustancial del proceso y se desconoció la jerarquía funcional.
11. Adicionalmente, el Juzgado 8 Administrativo de Neiva incurrió en un
“error de procedimiento” al conceder los recursos de apelación
extemporáneos, error que debía ser corregido por el superior funcional.
1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación
3 Mediante correo electrónico enviado el 4 de noviembre de 2025.
4 En Auto de 13 de abril de 2026, el despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela, tuvo como accionados al Juzgado 8 Administrativo de Neiva y al Tribunal Administrativo de Huila.
Además, vinculó como terceros con interés en el asunto a l municipio de Palermo (Huila) y a la Empresa de Servicios
Públicos de Palermo S.A. ESP.
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12. Mediante Sentencia de 14 de mayo de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado advirtió que la parte actora ya había presentado otras
tutelas5 y existía identidad de partes, hechos y pretensiones con la tutela
1001-03-15-000-2026-00913-00, por lo que declaró la temeridad respecto de
los reproches dirigidos contra el juzgado accionado, al reiterar la misma
controversia sin justificación.
13. En relación con los cuestionamientos contra el Tribunal Administrativo
de Huila, la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción por falta
del requisito de subsidiariedad. Para la Sala, los accionantes no agotaron el
recurso de reposición contra el auto que remitió la nulidad y, además, el
incidente aun estaba en trámite, y no se advertía un perjuicio irremediable.
14. La parte actora presentó escrito de impugnación, en el que señaló que
la solicitud de amparo no es temeraria, porque las distintas acciones
presentadas no obedecen a mala fe, sino a la existencia de hechos nuevos,
dado que la situación de salud del accionante ha empeorado y en el
proceso judicial se han incurrido en nuevas omisiones. Además, el
accionante se encuentra en estado de indefensión por la necesidad
extrema de amparo al derecho a la salud y existe duda razonable sobre la
competencia y la buena fe de las autoridades judiciales accionadas, en la
medida en que, a su juicio, han tratado de favorecer a los demandados.
15. Por otro lado, alegó que, en la tutela 2026-00913-00, la Sección Primera
del Consejo de Estado descartó la temeridad en las tutelas previas, por lo
que operó la cosa juzgada frente a ese asunto, sumado a que se negó la
acumulación de las tutelas por no existir identidad entre ellas.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Verificación de actuación temeraria. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
16. La Sala deberá determinar si existió o no una actuación temeraria6 de
la parte actora al presentar esta acción de tutela respecto de los reparos
presentados en contra del Juzgado 8 Administrativo de Neiva, con ocasión
del Auto de 12 de diciembre de 2025 que concedió los recursos de
apelación contra la Sentencia de 31 de octubre de 2025. Asimismo, deberá
la sala verificar si se cumple, o no, con el requisito de subsidiariedad respecto
de los reparos formulados en contra del Tribunal Administrativo de Huila, que
5 2025-00255-00/01, 2025-00264-00/01 y 2026-00913-00.
6 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
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mediante Auto de 4 de marzo de 2026 remitió una solicitud de nulidad al
juez de primera instancia, dentro del proceso de reparación directa No.
41001-33-33-008-2019-00158-00/02. En ese orden, se revocará, modificará o
confirmará la decisión de tutela de primera instancia, según sea el caso.
2.2. Verificación de actuación temeraria
17. De conformidad con la Corte Constitucional7, la existencia de un
comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta
injustificada la presentación reiterativa de la acción de tutela.
18. En el presente caso, en relación con lo pretendido respecto del
Juzgado 8 Administrativo de Neiva, la Sala advierte, tal como lo hizo el juez
de tutela de primera instancia, que el 9 de febrero de 2026 la parte actora,
a través de su apoderado, promovió una acción de tutela con el mismo
objeto de la presente acción de amparo, asunto bajo radicado No. 11001-
03-15-000-2026-00913-00/01, del que conoció la Sección Primera y la Sección
Cuarta de esta Corporación, en primera y segunda instancia,
respectivamente. En ambas tutelas se encuentra una pretensión común
consistente en revocar y dejar sin efectos “el trámite del recurso de
apelación presentados por los demandados en contra de la sentencia de
primera instancia del 31 de octubre de 2025 dentro del Medio de Control de
Reparación Directa No. 41001333300820190015800, porque de acuerdo con
la Jurisprudencia del Consejo de Estado, dichos recursos fueron presentados
de manera extemporánea”.
19. En atención a lo anterior, se observó que la acción de tutela No. 2026-
00913-00/01, surtió su trámite tanto en primera como en segunda instancia
y, posteriormente, fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
20. Ahora, sobre la existencia de identidad de partes, hechos y objeto o
pretensiones entre dichas tutelas, de su revisión, se observó lo siguiente:
21. - Identidad de partes: Tanto la presente acción de tutela como la
identificada con el radicado No. 2026-00913, fueron presentadas por Simón
Díaz Diaz, Marilin Ballén Hernández, Brandon Díaz Ballén y Osarsips Díaz
7 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013, T-084/12 y T-727/11, entre otras.
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Ballén, a través del mismo apoderado, y en ambas se accionó en contra del
Tribunal Administrativo de Huila y el Juzgado 8 Administrativo de Neiva.
22. - Identidad de hechos: En este aspecto, la Sala advierte que las
solicitudes de amparo objeto de análisis encuentran su origen en el presunto
trámite extemporáneo de los recursos de apelación presentados en contra
de la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de
reparación directa No. 41001-33-33-008-2019-00158-00, derivado de la
supuesta indebida notificación de dicha providencia.
23. - Identidad de pretensiones: Encuentra la Sala que en ambas
acciones de tutela se ha invocado la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso, entre otros, y se persigue que se deje sin efectos el trámite
de los recursos de apelación presentados en contra de la referida sentencia,
por considerarlos extemporáneos.
24. Ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda:
De lo anterior, la Sala observa que no existió justificación para la
presentación de la presente tutela, toda vez que, no se evidenció un estado
de indefensión o ignorancia por parte del demandante, un asesoramiento
errado, ni se evidencia un miedo insuperable o una necesidad extrema de
defender un derecho.
25. Por el contrario, si bien los accionantes afirmaron que existían hechos
nuevos, estos no modifican el debate planteado, pues la pretensión
respecto del Juzgado 8 Administrativo de Neiva sigue siendo la misma. En
ese sentido, se advierte que la parte actora ha insistido reiteradamente en
el mismo problema jurídico.
26. De igual forma, la Sala advierte que no es de recibo el argumento
expuesto en el escrito de impugnación, según el cual en la sentencia de
tutela con radicado No. 2026-00913-00 se descartó la temeridad. Lo anterior,
habida cuenta de que la Sección Primera únicamente analizó la eventual
temeridad respecto de acciones de tutela anteriores identificadas con los
radicados 2025-00255-00 y 2025-00264-00, sin que se hubiere examinado la
identidad frente a la presente acción.
27. Así mismo, tampoco le asiste razón cuando afirma que la negativa de
la acumulación de las acciones de tutela descarta la configuración de la
temeridad. En efecto, se evidencia que existe identidad de hechos y
pretensiones en ambas tutelas, al tiempo que fueron promovidas por los
mismos accionantes, por lo cual lo que procedía no era acumularlas sino
estudiar la eventual configuración de la temeridad, por el uso abusivo del
mecanismo constitucional como en efecto se hizo.
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28. En consecuencia, la Sala concluye que la parte actora ha presentado
acciones de tutela que versan sobre lo mismo y, con ello, desplegó una
actuación temeraria, sin justificación o excepción alguna a tal
comportamiento que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, conduce al rechazo o la decisión desfavorable de la solicitud
de amparo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
29. En relación con el Tribunal Administrativo de Huila, la Sala confirmará
la improcedencia de la acción de tutela, tras evidenciar que no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones:
30. Resulta preciso recordar que el artículo 68 del Decreto 2591 de 1991,
que desarrolló el artículo 869 de la Constitución Política, señaló que la tutela
resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
31. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-16 de 201910, señaló
que la acción de tutela contra providencias judiciales se tornaba
improcedente en 3 escenarios: (1) cuando el asunto se encontrara en
trámite, (2) cuando no se hubieran agotado los medios de defensa judicial
y (3) cuando se empleara el mecanismo para revivir etapas procesales
previstas en el ordenamiento jurídico, que se dejaron de emplear.
32. En este caso, se advierte no se no se agotaron todos los medios de
defensa judicial, en relación con el defecto procedimental que se le
atribuye al Tribunal Administrativo de Huila. En efecto, la parte actora
cuestiona la decisión de 4 de marzo de 2026, por medio de la cual dicha
corporación remitió el conocimiento de la solicitud de nulidad al juez de
primera instancia. Sin embargo, no interpuso el recurso de reposición que
procedía contra dicha providencia.
33. Sumado a lo anterior, se tiene que, para el momento en que fue
presentada la acción de tutela, el incidente de nulidad por la alegada
8 ARTICULO 6. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)
9 ARTICULO 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
10 Posición que se reiteró de otras Sentencias de la Corte Constitucional como la T-103 y T-396 de 2014.
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indebida notificación de la sentencia de primera instancia aún se
encontraba en trámite ante el Juzgado 8 Administrativo de Neiva.
34. En consecuencia, la intervención del juez de tutela implicaría sustituir
la competencia propia de las autoridades judiciales ordinarias, pues existía
un mecanismo judicial idóneo para controvertir el reparo aquí planteado.
Adicionalmente, no se advierte la configuración de un perjuicio
irremediable que justifique la procedencia excepcional del amparo
constitucional, pues la inconformidad de la parte actora puede ser resuelta
en el marco del proceso de lo contencioso administrativo.
35. En ese sentido, al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, la
acción de tutela resulta improcedente respecto de los cuestionamientos
formulados en contra del Tribunal Administrativo de Huila.
2.4. Conclusión
36. Por lo expuesto, la Sala concluye que en relación con el Juzgado 8
Administrativo de Neiva se configura la temeridad y respecto del Tribunal
Administrativo de Huila no se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Por
tal motivo, confirmará la decisión de primera instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 14 de mayo de 2026, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la temeridad
respecto de las pretensiones en contra del Juzgado 8 Administrativo de
Neiva y declaró la improcedencia de la acción respecto del Tribunal
Administrativo de Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
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ALBERTO MONTAÑA PLATA
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