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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Marilin Ballen Hernández y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Huila y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00913-00.
Asunto: Tutela contra autoridades judiciales. Improcedencia por no
cumplir el requisito de subsidiariedad. Proceso en curso

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal
Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Los accionantes en ejercicio del medio de control de reparación
directa presentaron demanda contra el Municipio de Palermo - Huila y la
Empresa de Servicios Públicos de Palermo ESP.

1.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2025, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1.3. Mediante providencia de 12 de diciembre de 2025, el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Neiva concedió en efecto suspensivo
los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Palermo y la

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Empresa de Servicios Públicos de Palermo ESP, al considerar que
contrario a lo indicado por la parte actora los mismos fueron presentados
oportunamente.

1.4. El 21 de enero de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Neiva remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Huila para que
resolviera los anteriores recursos de apelación.

1.5. Mediante auto de 23 de enero de 2026, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Neiva se abstuvo de pronunciarse de fondo
sobre la solicitud de liquidación de condena presentada por la parte
actora.

1.6. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto de 4 de marzo de
2026 ordenó remitir el expediente al juzgado de origen para que
resolviera la solicitud de nulidad propuesta por la parte actora toda vez
que se trata de un asunto de su competencia y que debía definirse antes
de continuar con el trámite de alzada.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente toda vez que ignoraron la jurisprudencia del
Consejo de Estado que “[…] es parte del ordenamiento jurídico y su
desconocimiento está llevando a decisiones arbitrarias, afectando la seguridad
jurídica y el derecho a la igualdad […]”.

Agregaron que el Consejo de Estado determinó que las “[…] providencias en
las que procede la notificación personal o en su defecto la notificación
electrónica, corresponde especialmente del acto inicial de la demanda, mas no
de la sentencia, pues los demandados ya son conocedores del proceso y
fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda, conocen
del lugar virtual de consulta del expediente, que corresponde a la página web
SAMAI y que todos los documentos son publicados para consulta en dicha

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página virtual, incluyendo la sentencia de primera instancia que fue publicada
el 31 de octubre de 2025 […]”.

Finalmente, indicaron que al no declararse como extemporáneo los recursos
de apelación presentados por los demandados del proceso contencioso se les
vulneró su derecho al debido proceso por confundir dos regímenes diferentes
“[…] la notificación por estado (para providencias no personales, con un
mecanismo de aviso público) y la notificación electrónica personal (para
providencias personales, con requisitos de envío y constancia de recepción)
[…]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. Tutelar nuestros derechos fundamentales
constitucionales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y
el principio de legalidad, porque la decisión de tramitar
extemporáneamente los recursos de apelación presentados por los
demandados en contra de la sentencia de primera instancia del 31 de
octubre de 2025 dentro del Medio de Control de Reparación Directa NO.
41001333300820190015800, decisión judicial que ignora la
jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente porque desconoce
los precedentes sobre la aplicación de las normas, porque la
jurisprudencia unificada es parte del ordenamiento jurídico y su
desconocimiento está llevando a decisiones arbitrarias, afectando la
seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, SOLICITÓ DECLARAR
la ineficacia de la notificación personal o electrónica de la sentencia de
primera instancia de fecha 31 de octubre de 2025 con Radicación No.
41001333300820190015800, al vulnerar el debido proceso y el derecho
de defensa.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE y DEJAR
SIN EFECTOS el trámite del recurso de apelación presentados por los
demandados en contra de la sentencia de primera instancia del 31 de
octubre de 2025 dentro del Medio de Control de Reparación Directa NO.
41001333300820190015800, porque de acuerdo con la Jurisprudencia
del Consejo de Estado, dichos recursos fueron presentados de manera
extemporánea […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 4 de marzo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Municipio de Palermo y a la Empresa de Servicios Públicos de
Palermo ESP, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva señaló que lo
alegado por la parte accionante en la presente acción de tutela es lo mismo
que alegó en la solicitud de nulidad planteada dentro del proceso ordinario de
reparación directa y que se encuentra pendiente de resolverse.

Agregó que “[…] revisados los hechos invocados por el accionante en el escrito
de tutela, se observa que lo que hace el actor en insistir en un tema que ha
planteado en diferentes ocasiones, tanto al interior del proceso ordinario como
por vía de acciones de tutela, relativo al supuesto conteo equivocado de
términos de ejecutoria de la sentencia, peticiones que se le han despachado
desfavorablemente, e incluso las tutelas que ha promovido le han resultado
adversas […]”.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencias del “[…] 2
y del 18 de diciembre de 2025, proferidas dentro de las acciones de tutela
promovidas por el hoy accionante, radicadas a los números 41001 23 33 000
2025-00255-00 y 410012333000-2025-00264-00, ya analizó y resolvió sobre
los términos de notificación de la sentencia y la oportunidad de los recursos,
reafirmando que no existe vulneración alguna, declarando improcedentes
dichas tutelas […]”.

Finalmente, solicitó que se exhorte a la parte accionante para que se abstenga
de continuar interponiendo acciones de tutela por los mismos fundamentos
fácticos y si es del caso se impongan las sanciones y/o correctivos necesarios
por temeridad.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las autoridades aquí accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

De entrada, la Sala advierte que no se configura la temeridad alegada por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva porque no existe
identidad de partes entre esta acción constitucional con los mecanismos de
amparo anteriormente promovidos por los aquí actores identificados con los
radicados 41001-23-33-000-2025-00255-00 y 41001-23-33-000-2025-00264-
00, toda vez que en aquellas oportunidades el Tribunal Administrativo del Huila
no fungía como autoridad accionada, sino que lo eran: el Municipio de Palermo
Huila, la Empresa de Servicios Públicos de Palermo ESP y el Juzgado Octavo
del Circuito de Neiva.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Así las cosas, la Sala analizará los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela para determinar si estos se encuentran satisfechos.

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

Esta acción constitucional fue instituida como un instrumento subsidiario
excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el afectado no
dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho2.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza3), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.

Adicionalmente, esta Sección4, de manera reiterada, ha considerado,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, que el requisito
de subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el
proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela.

2 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
3 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
15-000-2017-03006-00.

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En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora es que se
declare “[…] la ineficacia de la notificación personal o electrónica de la
sentencia de primera instancia de fecha 31 de octubre de 2025 […]” proferida
en el marco del proceso de reparación directa con radicación núm. 41001-33-
33-008-2019-00158-00.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que este mecanismo de amparo
deviene improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad dado
que el proceso de reparación directa con radicación núm. 41001-33-33-008-
2019-00158-00, objeto de cuestionamiento en el presente asunto, se
encuentra en trámite y pendiente de resolver el incidente de nulidad formulado
por los aquí actores en el que precisamente pretenden que se declare la
aludida ineficacia de la notificación, asimismo, porque el superior del juzgado
accionado debe pronunciarse sobre la admisión o no de los recursos de
apelación, oportunidad en la que debe verificar si los mismos fueron
presentados oportunamente.

En ese orden de ideas, la intervención del juez constitucional en este asunto
se encuentra vedada, en razón a que, tal como lo ha considerado esta Sección:
“[…] cuando el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego
de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el
desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal
en la decisión que pone fin al proceso […]”5. [Negrillas de la Sala]

Así las cosas, y teniendo en cuenta que, de la revisión del escrito de tutela no
se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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