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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2025-00264-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2025-00264-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada del 18 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Por Secretaría General, remitir copia de la presente providencia al despacho del consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta de la Sección Primera para que tenga conocimiento del presente asunto y su incidencia en el expediente radicado 11001- 03-15-000-2026-00913-00. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 41001-23-33-000-2025-00264-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

19 de febrero de 2026

Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros
Demandado: Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y otros

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Requisitos
generales de procedencia. Subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 18 de diciembre de 2025, dictada por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela interpuesta por los señores
MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ, BRANDO, OSARSIPS y SIMÓN DIAZ BALLEN,
conforme lo motivado.

SEGUNDO: EXHORTAR a los accionantes y a su apoderado para que se abstengan de
presentar nuevas acciones de tutela fundamentadas en los mismos hechos y
pretensiones, en aras de evitar versen (sic) avocados a las sanciones establecidas en la
ley para dicho comportamiento reiterativo, conforme a las consideraciones expuestas en
parte motiva.
ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de diciembre de 2025, en nombre propio, los señores Marilin Ballen Hernández,
Brando Díaz Ballen, Osarsips Díaz Ballen y Simón Díaz Díaz interpusieron acción de
tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, el municipio de Palermo y
las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la vida
digna. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
[…]

SEGUNDO. Que se DECLARE vulnerados los derechos constitucionales fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y a la
vida digna de la Constitución Política de Colombia por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-HUILA, al tramitar los recursos de
apelación presentados por las demandadas MUNICIPIO DE PALERMO y
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO presentados
extemporáneamente contra la sentencia de primera instancia dentro del Medio de
Control de Reparación Directa con Radicado No. 41001333300820190015800.

TERCERO. Que como consecuencia de dicha vulneración sírvase señor Magistrado (a):
ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-
HUILA, dentro del término de tres (3) días INADMITIR los recursos de apelación
presentados por los apoderados de MUNICIPIO DE PALERMO y EMPRESAS DE

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Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO, por ser presentados con posterioridad a los
tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de primera instancia.

CUARTO. Que consecuencia de lo anterior y ante la evidente falta de la ética profesional
de los apoderados judiciales de las demandadas MUNICIPIO DE PALERMO y
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO, WILLIAN PERSY
GONZALEZ y JUAN JOSE RODRIGUEZ, respectivamente, SOLICITO por la
temeridad, la demora y el abandono de las gestiones encomendadas SE
COMPULSE COPIAS a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, por faltar a la
conducta tipificada en el artículo 37 del Código Disciplinario del Abogado (Ley
1123 de 2007).

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y María Visel Díaz Ballén nacieron en El
Juncal, municipio de Palermo (Huila), y fueron diagnosticados con fluorosis dental
severa. Los accionantes afirman que el agua consumida por la comunidad de dicha
vereda contiene altas concentraciones de flúor, lo que ha ocasionado enfermedades
y malformaciones.

Los señores Marilin Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz, en representación propia y
de sus menores1 hijos Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballen y María Visel Díaz
Ballén, promovieron el medio de control de reparación directa contra el municipio de
Palermo y las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los daños causados con la ingesta
prolongada de agua con altos niveles de flúor y se ordenara el pago de perjuicios
morales.

Por reparto correspondió conocer del proceso al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Neiva, con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-002, el cual, en
sentencia de 31 de octubre de 2025, decidió, entre otras cosas, declarar administrativa
y patrimonialmente responsables, de manera solidaria, a los demandados por los
daños a la salud sufridos por Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y María Visel
Díaz Ballén.

En consecuencia, el juzgado condenó a los demandados: (i) al pago a favor de Marilin
Ballen Hernández y Simón Díaz Díaz, como padres de los menores, de una
indemnización por perjuicios morales equivalente a 10 smlmv para cada uno; (ii) al
pago a favor de cada uno de los menores de una indemnización por daño a la salud
equivalente a 20 smlmv; (iii) en abstracto, por daño material-daño emergente futuro,
en la cuantía que se acredite asciende el tratamiento integral a favor de los menores
para tratar el diagnóstico de fluorosis dental severa.

El juzgado encontró acreditado el comportamiento reincidente y sistemático del
suministro de agua fluorada en El Juncal desde 2003, sin que se adoptaran las
medidas para solucionar la problemática, como el cambio de fuente de suministro de
agua.

También estableció que los menores nacieron en esa vereda; que su formación dental
transcurrió en los años en los que se advirtió el problema del agua; y que la fluorosis
dental se produce por la prolongada ingesta de agua con alto contenido de flúor.

1
Para el año 2019 en el que promovieron el medio de control, aún eran menores de edad.
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Este proceso puede consultarse en la plataforma de Samai del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.
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Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

Además, determinó que con las historias clínicas se probó una alteración estructural
permanente que, aun sin implicar incapacidad laboral, afecta la salud dental de los
menores demandantes, así como su integridad psicofísica (autoestima), y genera
consecuencias de orden funcional y emocional, al comprometer tanto la estética dental
como la percepción social de su imagen.

El municipio de Palermo y las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. interpusieron
recurso de apelación contra la anterior providencia, argumentando que no tuvo el
soporte probatorio y técnico necesario para atribuirles responsabilidad.

El asunto se remitió al Tribunal Administrativo del Huila y está pendiente de que se
pronuncie sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto.

3. Argumentos de la acción de tutela

Los accionantes sustentaron la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Afirman que la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de reparación
directa en el que actúan como demandantes se cargó en Samai el 31 de octubre de
2025. Posteriormente, señalan que la referida providencia se notificó en forma
electrónica el 4 de noviembre de 2025.

Indican que el municipio de Palermo y las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., en
calidad de demandados en el proceso ordinario, interpusieron recursos de apelación
el 19 de noviembre de 2025, es decir, 11 días después de habérseles notificado la
sentencia de primer grado.

Sostienen que los recursos interpuestos fueron extemporáneos y denotan un
abandono de las gestiones encomendadas a los abogados que representan a la parte
demandada.

Argumentan que la sentencia dictada el 31 de octubre de 2025 quedó debidamente
ejecutoriada, por lo que lo procedente es que sea cumplida por los demandados.

En cuanto a la notificación de las providencias, transcriben en extenso el auto de
unificación de 29 de noviembre de 2022 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, sin indicar el número de radicado.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 3 de diciembre de 2025, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte
demandante y al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, al municipio de Palermo y
a las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., en calidad de demandados.

5. La respuesta de los demandados

El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva informó, en relación con el proceso de
reparación directa (rad. 41001-33-33-008-2019-00158-00) adelantado en ese
despacho, lo siguiente:

Indicó que, surtidas las etapas procesales, se profirió sentencia el 31 de octubre de
2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Señaló que esa
decisión se notificó en forma electrónica a las partes el 4 de noviembre de 2025, en
los términos del artículo 203 del CPACA.
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Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

Explicó que en virtud de lo dispuesto en el art. 204 [2], ib., ese tipo de notificaciones
se entienden realizadas una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del
mensaje. Afirmó que la sentencia quedó debidamente notificada el 6 de noviembre, y
los términos de ejecutoria y para interposición de recursos comenzaron a correr desde
el 7 de noviembre hasta el 21 de noviembre de 2025.

Manifestó que el 12 y 13 de noviembre de 2025, el apoderado de la parte demandante
solicitó que se declarara el incumplimiento de la sentencia y se impartan las
correspondientes sanciones a los demandados por tal incumplimiento, y el decreto de
embargo y retención de dineros, respectivamente. Sin embargo, indicó que el juzgado
aún no se había pronunciado porque el proceso se encontraba en la secretaría
corriendo el término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia.

Informó que el 19 de noviembre de 2025, los apoderados de las entidades
demandadas (municipio de Palermo y Empresas Públicas de Palermo) presentaron
recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Señaló que el 20 de noviembre de 2025, el apoderado de los demandantes solicitó el
rechazo de plano del recurso por extemporáneo.

Precisó que a la fecha de presentación de esa acción de tutela (2 de diciembre de
2024), el juzgado aún no se había pronunciado sobre el recurso de apelación de los
demandados ni las solicitudes de los demandantes.

En los anteriores términos, el juzgado afirmó que no es cierto que les haya dado un
trámite indebido a los recursos de apelación interpuestos por los demandados, pues
no había decidido aún si se concedían o rechazaban.

Por ello, sostuvo que la solicitud de amparo era improcedente al pretender que el juez
constitucional le ordene al juzgado que inadmitiera los recursos de apelación.
Argumentó que tal propósito desconoce la autonomía judicial y excede la finalidad de
la acción de tutela.

Finalmente, puso de presente que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, en sentencia de tutela del 2 de diciembre de 2025 (rad.
41001-23-33-000-2025-00255-00), analizó y resolvió lo relativo a los términos de
notificación y de ejecutoria de la sentencia de 31 de octubre de 2025.

Señaló que la interposición de la presente solicitud de amparo desconoció el exhorto
realizado por el referido tribunal y genera congestión innecesaria al aparato judicial.

El municipio de Palermo se opuso a la prosperidad de la acción de tutela por resultar
improcedente, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Afirmó que el recurso de apelación contra la sentencia de 31 de octubre de 2025 se
interpuso el 19 de noviembre de 2025, esto es, en el término legal.

Sostuvo que los actores hicieron un conteo subjetivo del término de ejecutoria de la
citada sentencia, lo que contraria el artículo 205 del CPACA. Argumentó que la
alegada extemporaneidad del recurso de apelación es inexistente, como la
negligencia y abandono de la defensa.

Para demostrar la oportunidad del recurso, el municipio acudió a los artículos 203 y
205 [2] del CPACA, según los cuales la notificación electrónica se entiende surtida
dos días después del envío del mensaje electrónico. Explicó que, en este caso, el
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envío del correo fue el 4 de noviembre de 2025, los dos días de que trata la norma
corrieron el 5 y 6 de noviembre siguientes. Indicó que el término de ejecutoria (10 días)
corrió entre el 7 y el 21 de noviembre. Y como el ente territorial presentó el recurso de
apelación el 19 de noviembre de 2025, señaló que este fue interpuesto dos días antes
del vencimiento del plazo.

En consecuencia, argumentó que no existe vulneración del derecho al debido proceso.

Informó que los actores interpusieron otra acción de tutela (rad. 41001-23-33-000-
2025-00255-00) fundada en los mismos hechos, esto es, en la supuesta ejecutoria de
la sentencia y la falta de pago. Calificó que esa actuación es temeraria, constituye una
deslealtad procesal y un desgaste injustificado de la administración de justicia que
merece una sanción.

Por último, advirtió el incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque el proceso
ordinario está en curso, en el entendido de que el expediente se encuentra al
despacho del juzgador de primer grado para decidir sobre la concesión del recurso de
apelación.

Señaló que los actores pretenden que el juez de tutela usurpe la competencia del juez
natural y ordene inadmitir un recurso, con lo que se desconocería el procedimiento
legal del artículo 247 del CPACA.

Argumentó que lo que corresponde es que el juez se pronuncie y los actores utilicen
los recursos ordinarios, como reposición o queja, pero no la acción de tutela.

Empresas Públicas de Palermo E.S.P. solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo. Como razones de defensa expuso las siguientes:

Afirmó que no vulneró, restringió ni desconoció derecho fundamental alguno de los
invocados por los actores. Y señaló que, de los hechos de la demanda, no es posible
establecer un nexo directo o atribuible a esa entidad que configure responsabilidad
alguna.

Indicó que, como parte demandada en el proceso de reparación directa, interpuso en
tiempo recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia el 19 de
noviembre de 2025.

Argumentó que para establecer la oportunidad del recurso debe aplicarse la regla del
artículo 205 [2] del CPACA, según la cual la notificación electrónica se entiende
realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los
términos empiezan a correr a partir del día siguiente al de la notificación. En virtud de
la referida norma, explicó que el conteo se hace así: la notificación electrónica fue el
4 de noviembre de 2025, así que se entendió surtida el 6 de noviembre siguiente.

Indicó que el término de 10 días hábiles para apelar inició el 7 de noviembre y venció
el 21 de noviembre de 2025.

Sostuvo que al ser oportuno el recurso de apelación, no puede sostenerse que el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva al tramitarlo haya vulnerado algún derecho.
Argumentó que no es aceptable que a través de esta acción de tutela se evada la
competencia del juez natural y los mecanismos de defensa ordinarios previstos en el
proceso de reparación directa.

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Por último, señaló que resultan ajenas e impertinentes las afirmaciones de carácter
personal y contractual realizadas en el escrito de tutela en relación con los abogados
de la parte demandada en el proceso ordinario.

6. Sentencia de primera instancia

El 18 de diciembre de 2025, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la
solicitud de amparo porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad, por las
siguientes razones:

Señaló que al revisar el expediente del proceso de reparación directa (rad. 41001-33-
33-008-2019-00158-00) se advirtió que el asunto ingresó al despacho del Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva el 24 de noviembre de 2025, lo que significa que a la
fecha de interposición de la presente acción de tutela estaba pendiente de resolver la
procedencia de los recursos de apelación formulados contra la sentencia de primera
instancia, así como otras solicitudes presentadas por los demandantes.

Frente a la anterior circunstancia, indicó que no se advirtió vulneración actual de los
derechos invocados que fuera atribuible al juez natural, dado que no había emitido
decisión de fondo sobre la concesión o rechazo de los recursos interpuestos.

Argumentó que, de todas formas, existe un doble control de legalidad, pues en caso
de que el juez de primera instancia conceda los recursos de apelación, el superior
jerárquico debe verificar el cumplimiento de los requisitos de oportunidad y
procedencia previo a la admisión de la alzada, según el artículo 247 [3] del CPACA.
Señaló que esa actuación es una garantía procesal adicional que confirma que los
actores disponen de un medio judicial idóneo dentro del trámite ordinario para que se
verifique la legalidad del trámite de la apelación.

Sostuvo que la pretensión tendiente a que el juez constitucional ordene inadmitir el
recurso de apelación en un proceso ordinario en curso constituye una intromisión
directa e indebida en la esfera de la autonomía y competencia funcional del juez
natural.

En esos términos, afirmó que la acción de tutela no puede utilizarse como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la
defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten.

Por último, frente a las reiteradas actuaciones de los accionantes para obtener la
terminación definitiva del proceso de reparación directa, exhortó a la parte actora y a
su apoderado a abstenerse de presentar acciones de tutela infundadas, so pena de
estar involucrados en investigaciones y posibles sanciones legales por su
comportamiento reiterativo.

7. Impugnación

Los actores como argumentos de inconformidad expusieron los siguientes:

La sentencia de 31 de octubre de 2025, parcialmente favorable a las pretensiones de
la demanda de reparación directa que promovieron, fue cargada en Samai en esa
misma fecha y notificada por estado.

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En ese entendido, el 31 de octubre de 2025 todos los sujetos procesales conocieron
la sentencia y, aunque, el 4 de noviembre siguiente la secretaría del juzgado les envió
mensaje electrónico, no puede omitirse la notificación por estado que se surtió con
anterioridad y que el término de ejecutoria comenzó a correr al día siguiente de la
publicación de la providencia.

Los impugnantes advirtieron que el envío de la notificación electrónica es opcional y
complementaria a la publicación del estado, es decir que es solo un medio para facilitar
el conocimiento de la providencia, pero no para notificar a los demandados ni tenerse
como notificación personal, pues ello beneficia a las demandadas en el conteo del
término de ejecutoria.

Precisaron que se confunden dos regímenes distintos: la notificación por estado (para
providencias no personales, con un mecanismo de aviso público) y la notificación
electrónica personal (para providencias personales, con requisitos de envío y
constancia de recepción),

En relación con la notificación por estado, la parte impugnante citó los artículos 201
del CPACA y 9 de la Ley 2213 de 2022.

Aportaron el auto de 12 de diciembre de 2025 del Juzgado Octavo Administrativo de
Neiva, en el que se concedieron los recursos de apelación de las demandadas.

En relación con esa providencia, los impugnantes manifestaron inconformidad con la
forma en que ese despacho hizo el conteo. A su juicio, se vulneró el derecho al debido
proceso al contabilizar el término para interponer el recurso del 4 al 21 de noviembre
de 2025. Ese cómputo no se ajusta a la realidad material y jurídica porque la
notificación por estado se dio el 31 de octubre de 2025 y es a partir de ese día que
inició el término para apelar.

Insistieron en que el término para interponer el recurso de apelación contra la
sentencia de primer grado empezó a contabilizarse al día siguiente hábil de la
publicación del estado, esto es el 4 de noviembre al 18 del mismo mes. Y como los
demandados interpusieron el recurso el 19 de noviembre, lo hicieron
extemporáneamente y debe declararse desierto.

Los impugnantes concluyeron que la sentencia de primera instancia dictada en el
proceso de reparación directa está ejecutoriada, por lo que lo procedente es que las
demandadas cumplan con lo ordenado en esa decisión.

Por último, advirtieron su desacuerdo con lo dispuesto en la sentencia impugnada
referido a que no insistan en la acción de tutela, puesto que se les está vulnerando el
debido proceso y «cercenando las posibilidades de la protección de nuestros derechos por
favorecer a las demandadas que son una entidad territorial y un monopolio económico».

Como soporte para fundamentar su postura, los impugnantes allegaron el auto de 2
de junio de 2023 de la Sección Tercera del Consejo de Estado3 que rechazó un
recurso de apelación por extemporáneo.

Sostuvieron los actores que en esa providencia se precisó que la notificación por
estado del artículo 201 del CPACA es distinta a la notificación electrónica del artículo
205 ib y que la notificación de la sentencia no debe ser personal o electrónica.

3
Exp. 25000-23-36-000-2018-00130-01 (68.442), CP Fredy Ibarra Martínez.
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

Teniendo en cuenta la anterior jurisprudencia, «en este caso la notificación electrónica no
operó […] porque la sentencia no debe notificarse personalmente».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la vida
digna de los actores al tramitar, a pesar de ser extemporáneos, los recursos de
apelación interpuestos por el municipio de Palermo y Empresas Públicas de Palermo
E.S.P. contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de reparación directa (rad. 41001-33-33-008-2019-
00158-00), promovida por los ahora tutelantes.

4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

En concreto, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia
de la acción de tutela porque en este caso no se cumple el requisito general de
subsidiariedad.

(i) Requisito general de subsidiariedad

De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó7:

«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, (…)».

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo,
pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa
la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019,
la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita
propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias
que hacen procedente el amparo».

7
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
9
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

Caso concreto

Los señores Marilin Ballen Hernández, Brando Díaz Ballen, Osarsips Díaz Ballen y
Simón Díaz Díaz ejercen la presente acción de tutela con el fin de que se ordene al
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva inadmitir los recursos de apelación
interpuestos por el municipio de Palermo y Empresas Públicas de Palermo E.S.P.
contra la sentencia de 31 de octubre de 2025, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de reparación directa (rad. 41001-33-33-008-2019-
00158-00) promovida por los actores.

Los actores advierten que los recursos de apelación interpuestos son extemporáneos,
por lo que no deben tramitarse y, en consecuencia, tenerse como ejecutoriada la
sentencia y cumplirse lo dispuesto en esta. Los tutelantes sostienen que para el conteo
del término de ejecutoria de la sentencia debe tenerse como fecha el 31 de octubre
de 2025, día en que se publicó la decisión en Samai y se notificó por estado a las
partes. Que la fecha del envío por mensaje electrónico (4/11/2025) debe tenerse como
complementario, pero no como la notificación de esa decisión porque los sujetos
procesales la conocían desde la fijación del estado.

Sin embargo, de entrada, la Sala advierte que el referido proceso de reparación directa
está en curso y que los demandantes tienen otro medio de defensa idóneo y eficaz
para hacer valer los derechos fundamentales que consideran vulnerados.

En efecto, de la revisión del expediente en Samai8 se observa lo siguiente:

• En el proceso de reparación directa promovido por los señores Marilin Ballen
Hernández y Simón Díaz Díaz, en representación propia y de sus hijos Brando
Díaz Ballen, Osarsips Díaz Ballen y María Visel Díaz Ballen, el Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva, como autoridad de conocimiento en primera instancia,
dictó sentencia de 31 de octubre de 2025 en la que declaró administrativa y
patrimonialmente responsables, en forma solidaria, al municipio de Palermo y
a las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. e impartió condenas por perjuicios
morales y materiales a favor de los demandantes.

• Esa sentencia quedó registrada en la plataforma de Samai en la misma fecha
de su aprobación, esto es el 31 de octubre de 2025.

• El envío de la notificación electrónica se hizo el 4 de noviembre de 2025.

• El 12 de noviembre de 2025, la parte demandante advirtió que el fallo de
primera instancia estaba en firme, por lo que solicitó que se declarara el
incumplimiento de la sentencia y se sancionaran a las entidades demandadas.

• El 13 de noviembre de 2025, los demandantes solicitaron el embargo y
retención de los dineros depositados en cuentas corrientes y de ahorros o que
a cualquier otro título bancario o financiero posean las demandadas.

• El 19 de noviembre de 2025, el municipio de Palermo y las Empresas Públicas
de Palermo E.S.P., en forma separada, presentaron recursos de apelación
contra la sentencia de 31 de octubre de 2025.

8
Se consultó en Samai/Juzgados Administrativos de Neiva el proceso con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00. Índices
127 a 147.
10
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

• El 20 de noviembre de 2025, los demandantes solicitaron desconocer y
rechazar de plano los anteriores recursos de apelación por ser extemporáneos.

• El 24 de noviembre de 2025, la secretaria del juzgado expidió constancia de
ejecutoria en los siguientes términos:

CONSTANCIA SECRETARIAL. Neiva, 24 de noviembre de 2025-. ===En la
fecha, se deja constancia que el día 21 de noviembre de 2025 a última hora hábil
judicial 5:00 p.m., venció el término de ejecutoria de la sentencia proferida el 31 de
octubre de 2025, término dentro del cual los apoderados del MUNICIPIO DE
PALERMO y las EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO, allegaron escrito
contentivo del recurso de apelación. Las demás partes y el Ministerio Público
Guardaron Silencio. De igual forma se deja constancia que el apoderado de la parte
demandante, allegó solicitudes de cumplimiento de sentencia, medidas cautelares,
y rechazo de los recursos de apelación interpuestos por el MUNICIPIO DE
PALERMO y las EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO. Días inhábiles: 8, 9, 15,
16 y 17 de noviembre de 2025 (sábados, domingos y festivos). El proceso ingresa
al Despacho para proveer.

• En auto de 12 de diciembre de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de
Neiva concedió, en el efecto suspensivo, los recursos de apelación de las
demandadas al advertir que fueron presentados dentro del término de
ejecutoria de la sentencia. En la misma providencia, se negó la solicitud de
cumplimiento de la sentencia de primera instancia porque no está en firme.

• En auto de 12 de diciembre de 2025, el juzgado negó el decreto de medida
cautelar porque la solicitada no está listada en el artículo 230 del CPACA.
Aunado a que el embargo busca garantizar el pago o cumplimiento de la
obligación contenida en la sentencia de primera instancia, pero esa decisión no
ha cobrado firmeza.

• Las anteriores providencias se notificaron por estado de 15 de diciembre de
2025.

• El 19 de diciembre de 2025, la parte demandante presentó incidente de
regulación de la condena contenida en la sentencia de 31 de octubre de 2025.

• El 21 de enero de 2026, el expediente se envió a la oficina judicial para el
respectivo reparto entre los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila
para decidir en segunda instancia los recursos de apelación concedidos.

• Por auto de 23 de enero de 2026, el juzgado no se pronunció de fondo sobre
el incidente formulado por los demandantes porque ese despacho perdió
competencia mientras el superior resuelve los recursos de apelación contra la
sentencia de primera instancia.

• La anterior providencia se notificó por fijación de estado del 26 de enero de
2026.

Al revisar el estado del proceso rad. 41001-33-33-008-2019-00158-02 en el Tribunal
Administrativo del Huila, se observa que fue repartido el 21 de enero de 2026 y ese
mismo día pasó al despacho del magistrado al que le corresponde su conocimiento.

De las anteriores actuaciones se observa que, como se anunció al principio de este
capítulo, está en curso el proceso de reparación directa promovido por los aquí
tutelantes, pues está pendiente el trámite de la segunda instancia en el Tribunal
Administrativo del Huila.
11
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

Como se indicó, el proceso se repartió recientemente entre los magistrados del citado
tribunal, al que como superior jerárquico le corresponde verificar nuevamente si se
reúnen los requisitos para la admisión de los recursos de apelación interpuestos por
el municipio de Palermo y las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. contra la
sentencia de 31 de octubre de 2025, según lo dispuesto en el artículo 247 [3] del
CPACA.

Es relevante aclarar que la controversia sometida a conocimiento del Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva, si bien fue decidida por ese despacho en primera instancia
con fallo de 31 de octubre de 2025, parcialmente favorable a las pretensiones de los
demandantes, ello no implica que ya quedó resuelto el asunto de manera definitiva,
precisamente porque esa providencia fue apelada por las demandadas. En esos
términos, corresponde al Tribunal Administrativo del Huila, como juzgador de segunda
instancia, estudiar y decidir si confirma, modifica o revoca la decisión recurrida.

Ahora bien, la presente acción de tutela se promovió con el fin de que no se tramiten
los recursos de apelación interpuestos contra la citada sentencia de 31 de octubre de
2025, empero se observa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 242 del CPACA,
los demandantes tuvieron a su alcance el recurso de reposición contra el auto de 12
de diciembre de 2025 del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva que concedió
dichos recursos. A través de ese recurso pudieron insistir ante el a quo en la alegada
extemporaneidad de las apelaciones.

Sin embargo, los actores no recurrieron la referida providencia, razón por la que quedó
en firme y el expediente se envió al Tribunal Administrativo del Huila para que resuelva
el asunto de fondo en segunda instancia.

Entonces, una vez el ad quem se pronuncie sobre la admisión de los recursos de
apelación, si los demandantes no están de acuerdo con la decisión que al respecto se
adopte, bien pueden interponer recurso de reposición para advertirle al juez de
segunda instancia sobre su inconformidad en la forma en que se efectuó el conteo del
término para apelar.

Valga precisar además que conforme con el numeral 4 del artículo 247 ib., desde la
notificación del auto que concedió la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite
en segunda instancia, los demandantes pueden controvertir los argumentos de fondo
que los apelantes expusieron, ello con el fin de que la sentencia de primer grado sea
confirmada.

No es procedente, como lo pretenden los demandantes, que el juez constitucional
invada la órbita de los jueces de instancia y ordene al juzgado de primer grado que no
tramite los recursos de apelación que consideró interpuestos en tiempo. Para
controvertir esa decisión, los demandantes tienen los medios dispuestos al interior de
cada proceso, como lo es en este caso el recurso de reposición contra el auto que
concedió dichos recursos y aquel que decida sobre la admisión.

En ese entendido, se constata que el proceso de reparación directa con radicado
41001-33-33-008-2019-00158-02 está en curso y corresponde al Tribunal
Administrativo del Huila verificar la oportunidad de los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de 31 de octubre de 2025, proferida en primera
instancia por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.

Es en ese escenario judicial que los actores pueden hacer valer sus derechos
fundamentales con el ejercicio de los recursos que resultan idóneos y eficaces para
ese fin.
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Radicado: 41001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: Marilin Ballen Hernández y otros

Para reforzar esa consideración, esta Sección en anterior oportunidad9 resaltó que la
Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso, configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales, por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010 señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.

Así que al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos que están
pendientes de resolver por parte del juez natural. Y solo quedaría habilitado a
intervenir, de manera excepcional, ante la existencia de un perjuicio irremediable, pero
en este caso no se constata una circunstancia grave e inminente que impida que los
demandantes puedan esperar que se desarrolle el proceso ordinario en segunda
instancia hasta obtener una decisión definitiva.

Por último, en relación con la exhortación que hizo el a quo a los actores, la Sala pudo
constatar la existencia de varias acciones de tutela contra el Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva dirigidas en el fondo a que se reconozca la firmeza de la
sentencia de 31 de octubre de 2025, dictada en primera instancia en el proceso
ordinario con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00 y se ordene el cumplimiento
de las condenas allí ordenadas. Las acciones de tutela encontradas al consultar
Samai son 41001-23-33-000-2025-00255-00/01 y 11001-03-15-000-2026-00913-00.

Se descarta una posible temeridad porque al comparar las pretensiones de la acción
de tutela con radicado 41001-23-33-000-2025-00255-00/01 se observa que estaba
dirigida a que se le ordenara al juzgado «[…] aplicar sus poderes oficiosos para que las
demandadas MUNICIPIO DE PALERMO, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
PALERMO EPP ESP, que dentro del término de tres (3) días, contados a partir del auto que
admite la acción de tutela, si aún no lo han hecho, realice las gestiones necesarias para que
los afectados OSARSIPS, BRANDO y MARIA VISEL DIAZ BALLEN, reciban el pago de las
condenas de la sentencia condenatoria de reparación directa porque el daño del derecho a la
salud se encuentra vigente.» Esa acción de tutela fue declarada improcedente en
primera y segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Huila y la Sección
Primera del Consejo de Estado en sentencias de 2 de diciembre de 2025 y 22 de
enero de 2026, respectivamente, al encontrar que la sentencia cuyo cumplimiento
pretende no está en firme porque está en curso la segunda instancia del proceso de
reparación directa.

En relación con la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00, se
verifica que fue presentada el pasado 9 de febrero, que se repartió a la Sección
Primera de esta corporación y que está pendiente de pronunciamiento sobre su
admisión. Sin embargo, al leer la demanda se advierte que las pretensiones y
argumentos van dirigidos a insistir en la extemporaneidad de los recursos de apelación
interpuestos en el proceso de reparación directa, de manera que son similares a los
expuestos en la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad,
por lo que se comparte la exhortación incluida en la providencia de primera instancia,
objeto de impugnación.

En consecuencia, en el presente caso se impone confirmar la providencia de primera
instancia del 18 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo y exhortó a los actores
a evitar instaurar nuevas acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones.

9
Sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-03673-01, Sección Cuarta del Consejo de Estado,
CP Wilson Ramos Girón. Reiterada por la Sala en la sentencia de tutela de 16 de octubre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-
02942-01, CP Claudia Rodríguez Velasquez.
13
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Además, se ordenará que, por Secretaría General, se remita copia de la presente
providencia al despacho del consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta de la Sección
Primera para que la tenga en cuenta al momento de fallar la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada del 18 de diciembre de 2025, proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Por Secretaría General, remitir copia de la presente providencia al despacho del
consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta de la Sección Primera para que tenga
conocimiento del presente asunto y su incidencia en el expediente radicado 11001-
03-15-000-2026-00913-00.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

14
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