Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03324-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03324-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03324-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
8 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y Juzgado Octavo Administrativo
de Neiva
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 4 de junio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la
cual se rechazó la acción de tutela por temeridad.
SÍNTESIS1
Los señores Marilin Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón
Díaz Díaz promovieron una nueva acción de tutela para cuestionar actuaciones surtidas
dentro del proceso de reparación directa 41001-33-33-008-2019-00158-00/01/02, en
particular el auto del 4 de marzo de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo del
Huila ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que resolviera el incidente
de nulidad antes de continuar con el trámite de la apelación. Se confirmará el rechazo
por temeridad, porque existe identidad sustancial de partes, causa y objeto con la tutela
11001-03-15-000-2026-01931-00 y no se acreditó un hecho nuevo o una razón válida
que justificara la reiteración.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. Los señores Marilin Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y
Simón Díaz Díaz, por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, con el
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / reparación directa / temeridad / identidad sustancial / se confirma
el rechazo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Se confirma el rechazo por temeridad
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y a la vida digna.
2. La parte accionante formuló, entre otras, las siguientes pretensiones (se transcriben):
“PRIMERO. Tutelar nuestros derechos fundamentales constitucionales a la igualdad, al
debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y a la vida digna de la
Constitución Política de Colombia.
SEGUNDO. Que se DECLARE vulnerados los derechos constitucionales fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y a la
vida digna de la Constitución Política de Colombia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL HUILA, al SUSPENDER el trámite del recurso de apelación dentro del medio de
control de nulidad con Radicación No. 41001333300820190015802, en el trámite del
incidente nulidad por indebida notificación de la sentencia de primera instancia, y
otorgarle competencia para dirimir al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE
NEIVA-HUILA […].
TERCERO. Que como consecuencia de dicha vulneración […] ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA […] REVOCAR el trámite de la […] apelación dentro del
medio de control […] con Radicación No. 41001333300820190015802 […]”.
B. Hechos
3. Los accionantes promovieron el medio de control de reparación directa contra el
municipio de Palermo y las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., identificado con el
radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00. Mediante sentencia del 31 de octubre de
2025, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva accedió parcialmente a las
pretensiones y declaró la responsabilidad de las entidades demandadas por los daños a
la salud sufridos por los hijos de los demandantes.
4. Las entidades demandadas apelaron esa decisión. Por auto del 12 de diciembre de
2025, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva concedió los recursos en el efecto
suspensivo y explicó que habían sido presentados oportunamente.
5. El 26 de enero de 2026, la parte demandante propuso incidente de nulidad por indebida
notificación de la sentencia. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del 4 de
marzo de 2026, ordenó remitir el expediente al juzgado de origen para que resolviera esa
solicitud, al considerar que se trataba de un asunto de su competencia y que debía
definirse antes de continuar con el trámite de la alzada.
6. Antes de la presente solicitud, los mismos accionantes habían promovido varias
acciones de tutela relacionadas con el trámite de ese proceso ordinario. Entre ellas, la
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2026-01931-00, que se tramitó en la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que cuestionaron, entre otros aspectos, el
auto del 4 de marzo de 2026 y solicitaron que el Tribunal Administrativo del Huila revocara
los recursos de apelación y el trámite relacionado con el incidente de nulidad.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Se confirma el rechazo por temeridad
7. La presente acción de tutela fue radicada el 30 de abril de 2026, cuando la tutela
11001-03-15-000-2026-01931-00 aún se encontraba en trámite.
C. Fundamentos de la vulneración
8. La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila suspendió
indebidamente el proceso de reparación directa al devolver el expediente al juzgado de
primera instancia para resolver el incidente de nulidad y que esa decisión desconoció las
reglas sobre competencia y trámite de los incidentes.
9. También afirmó que el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva carecía de
imparcialidad para resolver la nulidad, porque previamente había defendido la regularidad
de la notificación de la sentencia y la oportunidad de los recursos de apelación. En su
criterio, ese supuesto prejuzgamiento impedía que el juzgado asumiera nuevamente el
conocimiento del asunto.
D. Trámite procesal
10. Mediante auto del 4 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción, notificó al Tribunal Administrativo del Huila y vinculó al Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva, a las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., al municipio de
Palermo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
E. Oposiciones e intervenciones
11. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva se opuso a las pretensiones. Explicó que
actuó en obedecimiento a lo dispuesto por su superior funcional y que las afirmaciones
formuladas en trámites anteriores no implicaban prejuzgamiento. Agregó que los
accionantes han promovido múltiples solicitudes, recursos, incidentes y tutelas alrededor
del mismo debate sobre la notificación de la sentencia y la oportunidad de los recursos
de apelación.
12. Las Empresas Públicas de Palermo E.S.P. solicitaron declarar improcedente el
amparo. Indicaron, entre otros aspectos, que las discusiones sobre la competencia para
resolver el incidente y la supuesta falta de imparcialidad debían plantearse mediante los
mecanismos procesales ordinarios y no a través de una nueva acción de tutela.
F. Sentencia de primera instancia
13.Mediante sentencia del 4 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
rechazó la acción de tutela por temeridad.
14.El a quo comparó esta solicitud con la tutela 11001-03-15-000-2026-01931-00, que
también conoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, y encontró identidad de partes,
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Se confirma el rechazo por temeridad
causa y objeto respecto de los reproches dirigidos contra el auto del 4 de marzo de 2026.
Precisó que ambas acciones fueron promovidas por los mismos accionantes contra las
mismas autoridades y que, materialmente, buscaban controvertir la remisión del
expediente al juzgado de origen para resolver el incidente de nulidad.
15. Además, consideró acreditado el componente subjetivo de la temeridad. Señaló que
esta tutela se presentó cuando la anterior todavía estaba en trámite y que los actores
conocían plenamente su existencia. Concluyó que la nueva solicitud estaba encaminada
a obtener decisiones paralelas sobre la misma controversia, sin que se hubiera acreditado
un hecho nuevo o una razón que justificara acudir nuevamente al juez constitucional.
G. Impugnación
16. La parte accionante impugnó la decisión. Sostuvo que no existe temeridad porque las
dos solicitudes se sustentan en hechos distintos. Afirmó que la tutela 2026-01931-00
estaba relacionada principalmente con la falta de imparcialidad del Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva, mientras que la presente se refiere a la suspensión indebida del
proceso, la imposibilidad de recurrir esa determinación y un supuesto defecto
procedimental absoluto.
17. Agregó que el derecho a la salud tiene carácter continuo, que existe un daño a la
salud acreditado y que la primera instancia debió pronunciarse de fondo. Por ello, solicitó
revocar la sentencia y conceder el amparo.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
18. Esta Subsección es competente para resolver, en segunda instancia, la impugnación
presentada contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y el Reglamento
Interno de esta Corporación.
I. Sentido de la decisión
19. La Sala confirmará la sentencia del 4 de junio de 2026 que rechazó la acción de tutela
por temeridad. Existe identidad sustancial entre esta solicitud y la tutela 11001-03-15-
000-2026-01931-00, porque fueron promovidas por las mismas personas, contra las
mismas autoridades, a partir del mismo contexto procesal y con la finalidad material de
controvertir el auto del 4 de marzo de 2026 y sus efectos sobre el trámite de la apelación.
La presentación de la nueva acción mientras la anterior aún estaba en curso, sin una
justificación válida, desvirtúa la presunción de buena fe.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Se confirma el rechazo por temeridad
J. La temeridad en la acción de tutela
20. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone que, cuando sin motivo expresamente
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, las solicitudes deben rechazarse o
decidirse desfavorablemente2.
21. La temeridad exige verificar la identidad sustancial de partes, causa y objeto entre las
solicitudes, la ausencia de una razón válida que justifique la reiteración y un componente
subjetivo contrario a la buena fe. Este examen no se agota en comparar literalmente la
redacción de las demandas, sino que debe establecer cuál es la controversia que
materialmente se somete al juez constitucional.
22. En ese sentido, la existencia de variaciones en la formulación de los hechos, en los
derechos invocados o en las órdenes solicitadas no impide reconocer la identidad cuando
el núcleo fáctico y jurídico y la finalidad perseguida son sustancialmente los mismos. La
Corte Constitucional ha indicado que el análisis debe superar la coincidencia meramente
formal y verificar la identidad material entre las actuaciones, aun cuando existan
diferencias menores3.
23. De igual forma, la sola duplicidad no basta para declarar la temeridad. Debe
desvirtuarse la presunción de buena fe, pues la reiteración puede estar justificada, entre
otros eventos, por ignorancia o indefensión, asesoramiento jurídico equivocado o por la
aparición de hechos nuevos que hagan necesaria una nueva intervención del juez
constitucional4.
K. Caso concreto
24. En el presente asunto se encuentra acreditada, en primer lugar, la identidad de partes.
Tanto la tutela 11001-03-15-000-2026-01931-00 como esta solicitud fueron promovidas
por Marilin Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón Díaz
Díaz, por conducto del mismo apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Huila y el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.
25. También existe identidad sustancial de causa. Las dos solicitudes se originan en el
mismo proceso de reparación directa 41001-33-33-008-2019-00158-00/01/02 y,
específicamente, en el trámite posterior a la sentencia del 31 de octubre de 2025, los
recursos de apelación formulados por las entidades demandadas, el incidente de nulidad
presentado por los actores y el auto del 4 de marzo de 2026 mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Huila devolvió el expediente al juzgado de origen para resolver ese
incidente.
2 Artículo38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-397 de 2022.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Se confirma el rechazo por temeridad
26. La circunstancia de que en la nueva demanda se presente el reproche bajo la
expresión “suspensión indebida” o se haga énfasis en la supuesta imposibilidad de
recurrir no configura un hecho nuevo. La remisión del expediente al juzgado para resolver
el incidente y la consecuente imposibilidad de continuar inmediatamente con la apelación
eran efectos conocidos del mismo auto del 4 de marzo de 2026, providencia que ya había
sido cuestionada en la tutela anterior.
27. La identidad sustancial de objeto también se encuentra demostrada. En la tutela
anterior, los accionantes solicitaron que se declarara la vulneración de sus derechos por
haber ordenado al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva continuar actuaciones dentro
del proceso y pidieron revocar los recursos de apelación y el trámite del incidente de
nulidad. En esta acción pretenden que se declare la vulneración derivada de la
“suspensión” causada por esa misma remisión y que se ordene al Tribunal Administrativo
del Huila revocar el trámite de la apelación.
28. Por tanto, aunque las pretensiones no están redactadas de manera idéntica, la
finalidad material es la misma: impedir que produzca efectos el auto del 4 de marzo de
2026 y alterar el curso de la segunda instancia del proceso de reparación directa. La
modificación de la estrategia argumentativa no transforma esa controversia en un litigio
constitucional distinto.
29. Esta conclusión responde al criterio de identidad sustancial acogido por esta
Subsección en asuntos de temeridad: el juez debe mirar más allá de la denominación
formal de la autoridad, de la providencia o del cargo escogido y establecer si el núcleo
del debate y el resultado perseguido coinciden. De lo contrario, bastaría con reformular
un reproche o agregar una consecuencia del mismo hecho para promover
indefinidamente nuevas acciones de tutela.
30. La Sala tampoco encuentra acreditada una circunstancia que justifique la reiteración.
La presente acción fue promovida el 30 de abril de 2026, mientras la tutela 11001-03-15-
000-2026-01931-00 se encontraba en trámite. Los accionantes conocían ese proceso,
participaron en él y posteriormente impugnaron la decisión allí adoptada. No se trató,
entonces, de una repetición originada en ignorancia, indefensión o desconocimiento de
la existencia del primer amparo.
31. Además, con anterioridad la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver otra
tutela promovida por los mismos accionantes relacionada con el proceso de reparación
directa, ya había exhortado a la parte actora y a su apoderado para que se abstuvieran
de presentar nuevas acciones sustentadas en los mismos hechos y pretensiones. Esa
circunstancia refuerza que conocían los límites derivados del uso sucesivo del
mecanismo constitucional5.
32. El argumento de la impugnación según el cual la nueva tutela se sustenta en la
suspensión del proceso no desvirtúa la temeridad. Esa suspensión no constituye un
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 19 de febrero de 2026,
radicación 41001-23-33-000-2025-00264-01.
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acontecimiento sobreviniente autónomo, sino la consecuencia procesal que los actores
atribuyen precisamente a la decisión de devolver el expediente al juzgado para resolver
el incidente. En ambas acciones, por tanto, el reproche recae sobre el mismo acto y sobre
sus efectos en el trámite de la apelación.
33. Tampoco modifica la conclusión la referencia al estado de salud de los afectados. La
controversia constitucional reiterada no está dirigida contra una actuación de prestación
de servicios de salud, sino contra decisiones adoptadas dentro del proceso de reparación
directa. La existencia del daño cuya indemnización se discute en ese proceso no
constituye, por sí sola, un hecho nuevo que justifique someter nuevamente al juez de
tutela el mismo cuestionamiento procesal.
34. En esas condiciones, la nueva solicitud no corresponde a la aparición de un hecho
constitucionalmente relevante posterior al primer amparo, sino a una reiteración
consciente de una controversia que ya se encontraba sometida al juez constitucional.
Presentar una segunda tutela mientras la primera continuaba en trámite, con el propósito
sustancial de obtener otra decisión respecto del mismo auto y del mismo curso procesal,
revela un actuar contrario a los deberes de lealtad y buena fe procesal.
35. La Sala concluye, entonces, que concurren los elementos de la temeridad: existe
identidad sustancial de partes, causa y objeto entre las dos solicitudes, no se acreditó
una justificación válida para la reiteración y el comportamiento procesal de los
accionantes permite desvirtuar la presunción de buena fe.
36.En consecuencia, se confirmará la sentencia del 4 de junio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó la acción de tutela por temeridad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 4 de junio de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se RECHAZÓ la acción de tutela
promovida por Marilin Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y
Simón Díaz Díaz, por configurarse una actuación temeraria, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-01
Accionante: Marilin Ballén Hernández y otros
Se confirma el rechazo por temeridad
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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