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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01931-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01931-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la señora Marilín Ballén Hernández y otros en cuanto a los reproches formulados contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Marilín Ballén Hernández y otros contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01931-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de mayo de 2026

Demandante: Simón Díaz Díaz y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01931-00
Demandante: SIMÓN DÍAZ DÍAZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEXTA
DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Figuras jurídicas de
temeridad y cosa juzgada. Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 2026, la señora Marilín Ballén
Hernández y los señores Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón
Díaz Díaz, por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, con el propósito de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a
la vida digna, junto con los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

La parte actora consideró vulnerados tales garantías constitucionales, con
ocasión a que i) el juzgado accionado tramitó los recursos de apelación
interpuestos contra el fallo del 31 de octubre de 2025, pese a ser
extemporáneos y ii) en la providencia de 4 de marzo de 2026 el tribunal en
mención remitió por competencia la solicitud de nulidad propuesta dentro del
proceso de reparación directa promovido contra el municipio de Palermo (Huila)
y la Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P., con radicado
41001-33-33-008-2019-00158-00/02.

1
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Demandante: Simón Díaz Díaz y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Tutelar nuestros derechos fundamentales constitucionales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y a la
vida digna de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO. Que se DECLARE vulnerados los derechos constitucionales
fundamentales por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, por ORDENAR
al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA-HUILA
actuar en el medio de control de reparación directa No.
41001333300820190015802 después de la nulidad alegada y ordenada a revisar
por el superior el TRIBUNAL, sin resolverla explícitamente, vulnera principalmente
el debido proceso (Art. 29 C.P.), el derecho a la defensa y el principio de
seguridad jurídica. Esto configura una posible vía de hecho judicial por defecto
procedimental, ya que se pretermiten etapas sustanciales y se desconoce la
jerarquía funcional.

TERCERO. Que como consecuencia de dicha vulneración sírvase señor
Magistrado (a): ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, dentro
del término de tres (3) días REVOCAR el trámite de los recursos de apelación
presentados por los apoderados de MUNICIPIO DE PALERMO y EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE PALERMO, por ser presentados con
posterioridad a los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de primera
instancia notificada por estado electrónica el 31 de octubre de 2025 y así como
REVOCAR el trámite del INCIDENTE de NULIDAD presentado 25 de enero de
2026 porque en el trámite del incidente se configuró un defecto procedimental.1

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:

La parte accionante relató que promovió el medio de control de reparación
directa contra el municipio de Palermo (Huila) y la Empresa de Servicios
Públicos de Palermo S.A. E.S.P., con el propósito de obtener el reconocimiento
de los perjuicios originados a la salud de sus hijos menores como consecuencia
de la ingesta prolongada de agua con altos niveles de flúor suministrada en el
Centro Poblado El Juncal2.

Narró que del proceso conoció el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva que, en sentencia del 31 de octubre de 2025, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda al encontrar demostrado que las
entidades demandadas incumplieron la obligación constitucional y legal de
garantizar la provisión de agua potable apta para el consumo humano.

Indicó que el 19 de noviembre de 2025 las entidades demandadas interpusieron
recursos de apelación contra la referida decisión, los cuales fueron concedidos
mediante auto de 12 de diciembre de 2025 y, a su vez, se rechazó de plano la
solicitud presentada por la parte demandante dirigida a que se declarara la
extemporaneidad de dichos medios de impugnación.

Señaló que el 21 de enero de 2026 se remitió el expediente al Tribunal
1
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
2
Ubicado en el municipio de Palermo (Huila).

2
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Administrativo del Huila y el 25 de enero del mismo año radicó solicitud de
nulidad ante esa corporación, al considerar que no se surtió en debida forma la
notificación de la sentencia de primera instancia. Luego, con providencia de 16
de febrero de 2026 se ordenó correr traslado a la parte demandada del
incidente durante tres días, término en el que solo se pronunció la empresa de
servicios públicos demandada.

Explicó que, mediante providencia de 4 de marzo de 2026, el Tribunal
Administrativo del Huila ordenó remitir el expediente al juzgado de origen para
que resolviera la solicitud de nulidad, al considerar que se trata de un asunto de
su competencia y que debía definirse antes de continuar con el trámite de los
recursos de apelación interpuestos.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, el juzgado accionado incurrió en un defecto
procedimental originado por la irregular notificación de la sentencia del 31 de
octubre de 2025, lo que dio lugar a la concesión de los recursos de apelación
interpuestos en el proceso de reparación directa, pese a su extemporaneidad,
como consecuencia de una interpretación errónea del artículo 203 del CPACA,
al desconocer la aplicación preferente de las disposiciones de la Ley 2213 de
2022 en materia de notificaciones electrónicas.

Igualmente, los accionantes cuestionaron que el Tribunal Administrativo del
Huila haya ordenado remitir la solicitud de nulidad al mismo juzgado que, en su
criterio, convalidó la actuación irregular, pese a que dicho tribunal ya había
adelantado su trámite. Adicionalmente, señalaron que el municipio de Palermo
(Huila) no presentó oposición al incidente, lo que daba lugar a tener por ciertos
los hechos allí expuestos.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 12 de marzo de 2026, se dispuso la remisión del expediente
de la referencia al despacho del magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta,
integrante de la Sección Primera del Consejo de Estado, para que resolviera la
procedencia de su acumulación con el proceso 11001-03-15-000-2026-00913-
003, solicitud que fue negada mediante providencia de 24 de marzo de 2026.

Luego, con proveído de 13 de abril del año en curso se admitió la acción de
tutela y se ordenó notificar esta decisión a la parte accionante y como
demandados a los magistrados que integran la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila y al juez Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva.

De igual forma, se vinculó al alcalde de Palermo (Huila) y al representante legal
de la Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P., en calidad de
terceros con interés en las resultas del presente asunto.

3
Esto, en atención a que la Secretaría General informó que fue radicada otra acción de tutela
que gira en torno a los mismos hechos relatados en el presente asunto y tenía el trámite más
adelantado.

3
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Remitidas las respectivas comunicaciones4, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Municipio de Palermo (Huila)

La entidad territorial argumentó que las autoridades judiciales accionadas no
incurrieron en algún yerro susceptible de reproche constitucional, toda vez que
las decisiones cuestionadas se encuentran debidamente motivadas y
amparadas por el principio de la autonomía judicial.

Agregó que los actores promovieron con anterioridad otras acciones de tutela
por los mismos hechos aquí relatados, las cuales fueron conocidas por el
Tribunal Administrativo del Huila (radicados 41001-23-33-000-2025-00255-00 y
41001-23-33-000-2025-00264-00), así como por las secciones Primera
(radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00) y Cuarta (radicado 41001-23-33-
000-2025-00264-01) del Consejo de Estado, por lo que se configuraba la cosa
juzgada.

1.5.2. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

En el memorial allegado efectuó un recuento de las actuaciones surtidas dentro
del proceso de reparación directa objeto de la acción de tutela, a partir del cual
informó que, mediante auto de 16 de abril de 2026, rechazó la solicitud de
nulidad formulada por la presunta indebida notificación de la sentencia proferida
el 31 de octubre de 2025 por ese despacho.

En cuanto a los reproches planteados en la acción constitucional, precisó que
los juzgados deben acatar las decisiones de los tribunales y la parte actora
incurre en un error al afirmar que la providencia de primera instancia fue
notificada por estado el 31 de octubre de 2025, pues dicha fecha corresponde
únicamente a su incorporación en el aplicativo Samai, mientras que la
notificación se surtió por medios electrónicos el 4 de noviembre del mismo año.

Por ello, se concluyó que los recursos de apelación interpuestos el 19 de
noviembre de 2025 fueron oportunos, de manera que no incurrió en alguna
actuación que atente contra los derechos fundamentales de los accionantes, así
que solicitó denegar el amparo al no evidenciarse vulneración de derechos
fundamentales.

1.5.3. Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P.

Se pronunció por intermedio de su representante legal, quien señaló que los
demandantes promovieron anteriormente otra tutela tramitada bajo el radicado
41001-23-33-000-2025-00264-01, por la posible extemporaneidad en la
interposición de los recursos de apelación contra el fallo del 31 de octubre de
2025, la cual fue resuelta en segunda instancia el 19 de febrero de 2026 de
manera desfavorable a sus súplicas.

4
Mediante oficios enviados el 15 de abril de 2026.

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Por lo que, en su criterio, los accionantes han hecho un uso indebido de esta
acción para cuestionar la oportunidad de los recursos de apelación, dirigiendo
ahora sus reproches contra el Tribunal Administrativo del Huila por ordenar la
devolución del expediente al juzgado de origen para resolver la nulidad por
indebida notificación, pese a que la competencia para decidir tal asunto
corresponde al juez que profirió la providencia cuestionada.

Además, puso de presente que el incidente de nulidad fue resuelto mediante
auto de 16 de abril de 2026 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva, decisión contra la cual la parte demandante interpuso recurso
de reposición, el cual está actualmente pendiente por resolverse; por lo tanto,
solicitó «rechazar por improcedente» la tutela o, en su defecto, denegar el
amparo deprecado por los accionantes.

1.5.4. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, remitió el
expediente digital del proceso con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-02,
sin que efectuara algún pronunciamiento relacionado con el debate propuesto
por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la sala verificar si la parte actora actuó de manera temeraria o si
se configuran los presupuestos de la cosa juzgada en el asunto en estudio, en
atención a que promovió previamente otras acciones de tutela similares en las
que se plantearon las presuntas irregularidades en las que incurrió el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva en el proceso con radicado
41001-33-33-008-2019-00158-00.

De superarse lo anterior, se analizará de acuerdo con los postulados
jurisprudenciales de la sección en materia de tutela contra providencias
judiciales, si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad y, si es del caso, estudiará si la mencionada autoridad judicial y el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, vulneraron los
derechos fundamentales de los accionantes.

Para resolver estos problemas, se observarán los siguientes aspectos: i) estudio
de la temeridad y la cosa juzgada en el caso concreto; ii) análisis sobre los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados se estudiará,
iii) el fondo del reclamo.

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2.3. De la temeridad y la cosa juzgada

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:

Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: «(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción».5

El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito
se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia
ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada.

Es así, como en criterio de esta Sección6 la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra
temerariamente se vulnera este principio, en la medida que para satisfacer un
interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una
nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las actuaciones
de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al juez de tutela
demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las pretensiones de
las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas se fundan.7

En cuanto a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa
juzgada la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales señaló,
lo siguiente:

La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de
ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes

5
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
6
Sentencia de 23 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2016-
00813-00.
7
Posición que fue adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y T-
145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.

6
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de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada.8

En el caso que ocupa a la sala, el municipio de Palermo (Huila) y la Empresa de
Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P. coincidieron en señalar en los
informes rendidos que los accionantes promovieron otras acciones de tutelas
que giran en torno a los mismos hechos objeto del presente asunto. De la
revisión de dichos procesos, se encontró lo siguiente:

Autoridades
Parte judiciales que
Acción de Parte
demandante Pretensiones conocieron del
tutela demandada
asunto

Que se ordene al
Tribunal
Administrativo del
Huila revocar el
Juzgado trámite de los
Octavo recursos de
Marilín Ballén Administrativo apelación
Hernández, del Circuito interpuestos por el
Brando Díaz Judicial de municipio de
11001-03-
(Actual) Ballén, Osarsips Neiva. Palermo y la
15-000-
Díaz Ballén y Empresa de
2026-
Simón Díaz Tribunal Servicios Públicos
01931-00
Díaz, actuaron Administrativo de Palermo S.A.
por medio de del Huila, Sala E.S.P., por ser
apoderado. Sexta de extemporáneos y
Decisión. se revoque el
trámite del
incidente de
nulidad
presentado 25 de
enero de 2026.

Que se ordenara El Tribunal
al juzgado Administrativo del
accionado Huila, Sala
Marilín Ballén «aplicar sus Segunda de
Hernández, Juzgado poderes Decisión declaró
44001-23-
Brando Díaz Octavo oficiosos» para improcedente la
33-000-
Ballén, Osarsips Administrativo que el municipio tutela por no
2025-
Díaz Ballén y del Circuito de Palermo y la cumplir el
00255-
1 Simón Díaz Judicial de Empresa de requisito de
00/01
Díaz, Neiva. Servicios Públicos subsidiariedad,
promovieron la de Palermo S.A. decisión
tutela en E.S.P., confirmada por la
nombre propio cumplieran la Sección Primera
condena impuesta del Consejo de
en el fallo de 31 Estado, mediante
de octubre de providencia de 22
2025. de enero de 2026.

Juzgado Que se ordenara La Sala Segunda
Octavo al juzgado de Decisión del
Administrativo accionado Tribunal
Marilín Ballén
del Circuito inadmitir los Administrativo del
Hernández,
Judicial de recursos de Huila declaró la
41001-23- Brando Díaz
Neiva. apelación improcedencia de
33-000- Ballén, Osarsips
presentados por la tutela por no
2 2025- Díaz Ballén y
Municipio de el municipio de cumplir el
00264- Simón Díaz
Palermo. Palermo y la presupuesto de la
00/01 Díaz, actuaron
Empresa de subsidiariedad y
en nombre
Empresa de Servicios Públicos exhortó a los
propio
Servicios de Palermo S.A. actores
Públicos de E.S.P. contra la a evitar instaurar
Palermo S.A. sentencia de 31 nuevas acciones
E.S.P. de octubre de de tutela por los

8
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.

7
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2025. mismos hechos y
pretensiones.
Además, que se
ordenara remitir La Sección Cuarta
copias a la del Consejo de
Comisión Estado confirmó
Nacional de la decisión de
Disciplina Judicial primera instancia,
por la actuación por medio de
irregular de los providencia de 19
apoderados de febrero de
judiciales del 2026.
municipio de
Palermo y la
Empresa de
Servicios Públicos
de Palermo S.A.
E.S.P.

La parte actora
solicitó que se
declarara «la
ineficacia de la
notificación
personal o
electrónica de la
sentencia de El Consejo de
primera instancia Estado, Sección
Juzgado de fecha 31 de Primera, mediante
Octavo octubre de 2025 sentencia de 26
Marilín Ballén Administrativo con Radicación de marzo de
Hernández, del Circuito No. 2026, declaró la
Brando Díaz Judicial de 41001333300820 improcedencia de
11001-03-
Ballén, Osarsips Neiva. 190015800. la tutela por no
15-000-
3 Díaz Ballén y TERCERO. Como cumplir el
2026-
Simón Díaz Tribunal consecuencia de requisito de
00913-00
Díaz, por medio Administrativo lo anterior, se subsidiariedad,
de apoderado. del Huila, Sala REVOQUE y decisión que fue
Sexta de DEJAR impugnada por la
Decisión. SIN EFECTOS el parte actora,
trámite del recurso concedido
recurso de el 28 de abril de
apelación 2026.
presentado por
los
demandados en
contra de la
sentencia de
primera instancia
del 31 de
octubre de 2025».

Del anterior cuadro comparativo, la sala advierte que aun cuando los actores
han promovido varias acciones de tutelas, tan solo se configura la identidad de
partes, hechos y pretensiones entre la presente solicitud de amparo y el proceso
con radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00, por cuanto el debate planteado
en esta oportunidad coincide con aquel que fue expuesto contra el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

Esto quiere decir que tal caso tiene i) identidad fáctica en relación con la
presente acción, por cuanto a la mencionada autoridad judicial se le atribuyó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados con ocasión de
la presunta indebida notificación de la sentencia del 31 de octubre de 2025 y la
extemporaneidad de los recursos de apelación interpuestos por el municipio de
Palermo (Huila) y la Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P.

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 26 de marzo de

8
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Demandante: Simón Díaz Díaz y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

2026, declaró la improcedencia de la anterior acción de tutela. Lo anterior, por
cuanto concluyó que no se cumple el requisito de subsidiariedad, de un lado,
porque se encontraba pendiente de resolver el incidente de nulidad y, por el
otro, debido a que se consideró que es el superior jerárquico del juzgado
accionado quien deberá pronunciarse sobre la admisión de los referidos
recursos de apelación, bajo la siguiente línea argumentativa:

En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora es que se
declare “[…] la ineficacia de la notificación personal o electrónica de la sentencia
de primera instancia de fecha 31 de octubre de 2025 […]” proferida en el marco
del proceso de reparación directa con radicación núm. 41001-33- 33-008-2019-
00158-00.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que este mecanismo de amparo
deviene improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad dado
que el proceso de reparación directa con radicación núm. 41001-33-33-008- 2019-
00158-00, objeto de cuestionamiento en el presente asunto, se encuentra en
trámite y pendiente de resolver el incidente de nulidad formulado por los aquí
actores en el que precisamente pretenden que se declare la aludida ineficacia de
la notificación, asimismo, porque el superior del juzgado accionado debe
pronunciarse sobre la admisión o no de los recursos de apelación, oportunidad en
la que debe verificar si los mismos fueron presentados oportunamente.

Igualmente, se observa que existe ii) identidad de la parte demandante, dado
que ambas tutelas fueron promovidas por la señora Marilín Ballén Hernández,
así como por los señores Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón
Díaz Díaz, por medio del mismo apoderado judicial.

Además, existe coincidencia iii) en el sujeto accionado pues las acciones de
tutela que se comparan fueron presentadas en uno y otro caso contra el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión.

Ahora, se advierte que la parte accionante iv) no acreditó un motivo que
justificara su proceder en el asunto de la referencia, pues, si bien constituye
un hecho nuevo que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de
Decisión, mediante auto de 4 de marzo de 2026, haya remitido por competencia
al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva la solicitud de
nulidad, lo cierto es que dicha circunstancia no amerita reiterar la controversia
que se plantea contra esta última autoridad judicial.

Esto, por cuanto en la sentencia dictada en el marco de la tutela previa no se
efectuó algún análisis de fondo respecto de la discusión expuesta por la parte
accionante contra el aludido juzgado, pues precisamente en dicha ocasión se
concluyó que estaba vedada la intervención del juez constitucional, sin que se
advierta que las circunstancias que fundamentaron dicha decisión hayan variado
para el momento en que se promovió la presente acción.

Además, se encuentra que tal providencia fue impugnada por la parte actora y el
recurso fue concedido mediante auto de 28 de abril de 2026, por lo que a la
fecha no se ha proferido alguna decisión al respecto. De modo que no existe
una decisión definitiva en el trámite de la tutela objeto de comparación y, por
esto mismo, no es dable considerar que se configura la cosa juzgada.

9
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Demandante: Simón Díaz Díaz y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

Sin embargo, se evidencia que la parte actora no puso en conocimiento la
existencia de las acciones previamente instauradas, ni expuso las razones que,
a su juicio, justificarían un nuevo estudio del asunto. En particular, frente a la
tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00, pues se observa que, si
bien fue admitida el 4 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, pocos días después –11 de marzo– acudió nuevamente a este
mecanismo para efectos de insistir en el reparo relativo a la irregular notificación
del fallo del 31 de octubre de 2025, así como en la alegada extemporaneidad de
los recursos de apelación interpuestos.

De lo anterior, se colige que la intención de la parte accionante era
precisamente que la discusión planteada contra el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva fuera abordada por varias
autoridades judiciales, lo que desvirtúa su buena fe y, por el contrario, denota
que su propósito era «obtener la satisfacción del interés individual a toda costa,
jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable».9

En este orden de ideas, se constata que en el presente asunto se configura la
temeridad en lo concerniente a los señalamientos dirigidos contra el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, teniendo en cuenta el
carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar el respeto de la
autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

Así las cosas, se procederá a verificar si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia
constitucional para su estudio contra decisiones judiciales, en lo relativo a la
controversia dirigida contra la providencia de 4 de marzo de 2026 proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, teniendo en cuenta
que se trata de un hecho diferente al que fue analizado en la anterior solicitud de
amparo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

9
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.
10
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

10
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Demandante: Simón Díaz Díaz y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. En lo referente al requisito de subsidiariedad cabe precisar que este
presupuesto se encuentra contemplado en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución, según el cual, «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.11

11
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de

11
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.

Por lo tanto, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En el presente caso, los accionantes cuestionaron que en el auto de 4 de marzo
de 2026 el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, ordenara
remitir la solicitud de nulidad que presentaron por la indebida notificación de la
sentencia del 31 de octubre de 2025 al mismo juzgado que, en su criterio,
convalidó la actuación irregular allí alegada.

Sin embargo, al revisar el expediente del medio de control de reparación directa
con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-0212, se constató que la parte
demandante no agotó el medio de defensa judicial que tenía a su alcance para
controvertir tal decisión, es decir, el recurso de reposición previsto en el artículo
24213 del CPACA y, en vez de ello, optó por promover la acción de tutela de la
referencia.

Adicionalmente, los actores señalaron que el municipio de Palermo (Huila) no
presentó oposición a la solicitud de nulidad, lo que daba lugar a tener por ciertos
los hechos allí expuestos. No obstante, se advierte que el juzgado accionado
rechazó el incidente mediante providencia de 16 de abril de 2026, decisión
contra la cual se interpuso recurso de reposición, el cual aún no se ha resuelto.

De modo que no es posible en sede de tutela adoptar decisiones paralelas a las
de la autoridad judicial que conoce del asunto radicado bajo su competencia,
dada la naturaleza subsidiaria y residual de este mecanismo y, con todo, no se
advierte cuál podría ser ese perjuicio irremediable que amerite la intervención de
esta corporación, pues las pruebas aportadas tan solo evidencian aspectos que
precisamente son objeto de controversia y frente a los cuales el juez a cargo del
asunto deberá pronunciarse.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de subsidiariedad en lo que atañe a los reparos planteados
por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de
Decisión.

dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante».
12
Visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=410013333008201
900158004100133
13
«El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario».

12
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Demandante: Simón Díaz Díaz y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01931-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la
señora Marilín Ballén Hernández y otros en cuanto a los reproches formulados
contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Marilín Ballén Hernández y otros contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Sexta de Decisión.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

13
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