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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03324-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03324-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR la acción de tutela promovida por los señores Marilin Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón Díaz Díaz, por configurarse el fenómeno de la temeridad. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03324-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03324-00
Accionantes: MARILIN BALLÉN HERNÁNDEZ Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Temas: Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Huila y el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 4 de mayo del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Los señores Marilin Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz
Ballén y Simón Díaz Díaz, actuando por medio de apoderado judicial,
presentaron acción de tutela contra el el Tribunal Administrativo del Huila y el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva. Con la solicitud de amparo pretenden
que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la seguridad jurídica, «al principio de legalidad y a la vida digna».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudicaron al auto del
4 de marzo del 2026 dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante el

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Tribunal
Administrativo del Huila. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Octavo Administrativo
de Neiva, la Empresa de Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado y Aseo del Municipio
de Palermo (Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P), el Municipio de Palermo y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.

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Accionante: Marilín Ballén Hernández y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-00

cual se ordenó remitir el proceso al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, con
el fin de que resolviera el incidente de nulidad que propuso la parte demandante.
Esto, al interior del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00/01/02.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO. Tutelar nuestros derechos fundamentales constitucionales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y a la
vida digna de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO. Que se DECLARE vulnerados los derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, el principio
de legalidad y a la vida digna de la Constitución Política de Colombia por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, al SUSPENDER el trámite del
recurso de apelación dentro del medio de control de nulidad con Radicación No.
41001333300820190015802, en el trámite del incidente nulidad por indebida
notificación de la sentencia de primera instancia, y otorgarle competencia para
dirimir al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE NEIVA-HUILA, quien ya se
había pronunciado prejuzgando en contra del incidente de nulidad, un prejuicio que
afecta la imparcialidad del juez de primera instancia que conoce del incidente de
nulidad, configurando eventualmente un defecto procedimental o falta de
imparcialidad por exceso ritual manifiesto.

TERCERO. Que como consecuencia de dicha vulneración sírvase señor
Magistrado (a): ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, dentro
del término de tres (3) días REVOCAR el trámite de la de apelación dentro del
medio de control de nulidad con Radicación No. 41001333300820190015802, por
el 1) El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente, 2) la omisión en el cumplimiento
de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y
3) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias
que no se pueden contrarrestar, en desmedro de los demandantes quienes son
sujeto de especial protección constitucional, la suspensión del proceso afecta las
condiciones particulares del afectado3.

1.2. Hechos

4. La señora Marilin Ballén Hernández y el señor Simón Díaz Díaz
promovieron demanda de reparación directa contra el municipio de Palermo y la
Empresa de Servicios Públicos de Palermo E.S.P., con el fin de que les fueran
indemnizados los perjuicios causados a sus hijos menores, como consecuencia
de la ingesta prolongada de agua con altos niveles de flúor suministrada en el
Centro Poblado El Juncal. Esto, debido a que el Hospital San Francisco de Asís
E.S.E. los diagnosticó con fluorosis dental severa.

5. Al proceso se le asignó el radicado 41001-33-33-008-2019-00158-
00/01/02 y le fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva que, en
sentencia del 31 de octubre del 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.
En consecuencia, condenó solidariamente a las entidades demandadas al pago
de la indemnización por el daño a la salud generado y emitió condena en

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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abstracto respecto de los perjuicios materiales. La decisión fue recurrida por la
parte demandada.

6. En memorial radicado el 12 de noviembre del 2025, la parte demandante
solicitó que se «declarare el incumplimiento de la sentencia de primera instancia»
y, en consecuencia, que se sancione a los demandados por no acatar el fallo. Al
día siguiente, requirió el decreto de la medida cautelar consistente en el embargo
y retención de los dineros existentes en las cuentas corrientes y de ahorro de las
entidades demandadas.

7. Mediante auto del 12 de diciembre del 2025, el juzgado concedió el recurso
de apelación y negó el requerimiento hecho por los demandantes, debido a que
la sentencia no se encontraba en firme. Sobre el particular, señaló que, debido a
que la sentencia fue apelada, hasta que el proceso no sea resuelto por el Tribunal
Administrativo del Huila no se puede predicar la «firmeza» de la sentencia4.

8. A su vez, negó el decreto de la medida cautela porque: i) lo solicitado no
se encontraba dentro de listado contemplado en el artículo 230 del CGP, ii) la
petición es propia de un proceso ejecutivo, y iii) la sentencia de primera instancia
no está en firme ya que se encuentra en trámite la apelación.

9. Luego, el 19 de diciembre del 2025, la parte demandante formuló incidente
de liquidación de la condena, ya que la sentencia de primera instancia cobró
ejecutoria desde su publicación en Samai el 31 de octubre del 2025 y no desde
la notificación electrónica realizada el 4 de noviembre de la misma anualidad.

10. En auto del 23 de enero del 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de
Neiva se abstuvo de realizar un pronunciamiento de fondo, toda vez que, en
providencia del 12 de diciembre del 2025, concedió el recurso de apelación en
efecto suspensivo, cuyo proceso fue remitido a su superior jerárquico.

11. De manera concomitante, el 21 de enero del 2026 el Tribunal
Administrativo del Huila recibió el expediente del proceso, con el fin de darle
trámite al recurso de apelación. No obstante, en memorial allegado el 25 de enero
del mismo año, la parte accionante presentó un incidente de nulidad por indebida
notificación de la sentencia de primera instancia.

12. Lo anterior, porque, en su sentir, la notificación de la mencionada
providencia se surtió por estado con la publicación de la sentencia en Samai el
31 de octubre del 2025, más no el 4 de noviembre del 2025 con la notificación
electrónica como lo afirmó el juzgado.

4 A su vez, puso de presente que, en sentencia de tutela del 2 de diciembre del 2025 al interior

del expediente con radicado 41001-23-33-000-2025-00255-00, proceso en el que pretendía hacer
cumplir la sentencia ordinaria de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila negó la
solicitud de amparo con fundamento en la misma razón: la sentencia de primera instancia no está
en firme porque contra aquella se interpuso recurso de apelación por las demandadas dentro del
término fijado por la ley.

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13. Por lo anterior, mediante auto del 4 de marzo del 2025, el Tribunal
Administrativo del Huila ordenó remitir el expediente al Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva para que resuelva la solicitud de nulidad propuesta. Al
respecto, señaló que de conformidad con los artículos 210 del CPACA y 134 del
CGP, «como la solicitud solicitud de nulidad se refiere a la firmeza de la
providencia recurrida y, por ende, a la viabilidad del trámite y concesión del
recurso de apelación que se ordenó en primera instancia» el asunto debe
asumirlo el juez que dictó la respectiva sentencia5.

1.3. Sustento de la vulneración

14. La parte actora cuestionó que el Tribunal Administrativo del Huila hubiese
ordenado remitirle el expediente del proceso de reparación directa al Juzgado
Octavo Administrativo de Neiva con el fin de que resolviera el incidente de
nulidad.

15. Lo anterior, por cuando dicha autoridad «ha manifestado sin reservas que
el procedimiento de notificación de primera instancia se efectuó de conformidad,
esto quiere decir que el magistrado pierde su competencia porque no tiene criterio
propio para definir el incidente de nulidad propuesto».

16. A su vez, señaló que los artículos 134 del CGP y 210 del CPACA no
determinan que el juez de primera instancia deba asumir la competencia sobre
el asunto. En ese sentido, sostuvo que, teniendo en cuenta que el recurso de
apelación se encuentra en trámite por parte del tribunal, devolver el expediente
genera la suspensión del proceso, lo cual va en contravía del artículo 210.3
ibidem.

17. Por otra parte, sostuvo que, con ocasión de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2026-00913-006, en el informe que presentó el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva señaló que el accionante busca
«insistir en un tema que ha planteado en diferentes ocasiones, tanto al interior
del proceso ordinario como por vía de acciones de tutela, relativo al supuesto
conteo equivocado de términos de ejecutoria de la sentencia, peticiones que se
le han despachado desfavorablemente, e incluso las tutelas que ha promovido le
han resultado adversas», lo cual constituye una prejudicialidad que afecta su
imparcialidad para conocer del incidente de nulidad.

5 En auto del 16 de abril del 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva rechazó de plano

la solicitud de nulidad. Esto, debido a que los reproches de la parte demandante desconocen el
régimen de notificaciones previsto en la ley. Al respecto, indicó que el artículo 201 del CPACA
solo previó notificación por estado para los autos, de manera que no se puede hacer extensiva
su interpretación para las sentencias. Por tal razón, señaló que el 4 de noviembre del 2025 no se
realizó una mera comunicación de la sentencia, sino que llevó a cabo su notificación, de
conformidad con el artículo 203 del CPACA, el cual expresamente señaló que las sentencias se
notifican mediante el envío de su texto a través de mensaje a buzón electrónico dispuesto para
recibir notificaciones judiciales.
6 En ella solicitó que se declarara la ineficacia de la notificación electrónica de la sentencia

ordinaria de primera instancia y, en consecuencia, dejar sin efectos el recurso de apelación.

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18. Por último, refirió que el tribunal accionado, en «su decisión en la
suspensión del recurso de apelación por el trámite del incidente de nulidad
prejuzgado, afecta los derechos de los demandantes sujetos de especial
protección constitucional que les sea resuelto el proceso en segunda instancia
en un término razonable». Esto, por cuanto el artículo 261 del CGP definió el
término de 6 meses como razonables para resolver en segunda instancia el
proceso.

1.4. Intervenciones

19. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, luego de hacer un recuento
de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, indicó que mediante auto
del 16 de abril del 2026 resolvió el incidente de nulidad, acatando la orden de su
superior jerárquico.

20. Señaló que no es cierto que su imparcialidad se vea afectada, pues incluso
profirió una sentencia favorable a los demandantes. No obstante, resaltó que solo
existe un desacuerdo por el grupo actor respecto a las decisiones procesales,
particularmente por haber concedido el recurso de apelación, lo cual no
constituye una prueba de parcialidad.

21. A su vez, refirió que su informe al interior de una acción de tutela
interpuesta por la parte accionante tampoco constituye un «prejuzgamiento»,
sino que se trataron de simples explicaciones jurídicas sobre el trámite procesal
del medio de control de reparación directa, sin que hubiese adoptado
anticipadamente una decisión de fondo.

22. Por lo anterior, solicitó que se niegue la solicitud de amparo y se «exhorte
a los accionantes para que eviten el uso indiscriminado de la acción de tutela,
pues como se puede advertir en el sistema de consulta de procesos propios de
la Rama Judicial y en la plataforma SAMAI». Esto, porque han presentado
múltiples acciones de tutela contra el Tribunal Administrativo de Neiva y el
juzgado.

23. Al respecto, sostuvo que en dichas acciones constitucionales «si bien se
plantean diferentes escenarios fácticos, todas giran alrededor de lo mismo, esto
es, sostener que la sentencia estuvo mal notificada y que por tanto el recurso de
apelación interpuesto por las demandadas fue extemporáneo, argumento que
pese a que, en los diferentes escenarios judiciales y por parte de diferentes
autoridades judiciales se le ha negado y explicado con suficiencia las razones de
ello, se insiste una y otra vez en lo mismo, congestionando la administración de
justicia e impidiendo el trámite normal del expediente».

24. Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P.
sostuvo que los accionantes han hecho un uso indebido de la acción de tutela,
con el propósito de desvirtuar los recursos de apelación que fueron interpuestos
dentro del término establecido en la ley.

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25. Precisó que la decisión del tribunal accionado de remitir el expediente al
juzgado de origen con el fin de que resolviera el incidente de nulidad, «lejos de
ser una vía de hecho, se ajusta plenamente a la legalidad».

26. Finalmente, solicitó su desvinculación por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, ya que la parte demandante cuestiona la
providencia del 4 de marzo del 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, en la que no tuvo ninguna injerencia.

II. CONSIDERACIONES

27. La Sala rechazará la acción de tutela por haberse acreditado la temeridad
de la parte accionante. Para ello, esta Sala de decisión explicará las razones por
las cuales el asunto objeto de estudio se constató que los actores interpusieron
dos acciones de tutela con identidad de partes, causa y objeto.

2.1. Cuestión previa

28. La Sala estima pertinente precisar que, si bien la parte accionante en el
acápite de «razones de derecho» del escrito de tutela señaló un extracto de la
sentencia T-441 de 2015 dictada por la Corte Constitucional sobre la mora judicial
injustificada, lo cierto es que no desarrolló argumento alguno en el que pusiera
de presente la mora de las accionadas en resolver algún recurso o solicitud
pendiente.

29. Esto, por cuanto su reproche relacionado al desconocimiento del término
del 261 del CGP para resolver la sentencia de segunda instancia, se encuentra
directamente atado a cuestionar la «suspensión» del proceso por darle trámite a
una solicitud de nulidad, que, además, fue propuesta por los mismos accionantes.

30. Por tal razón, de la lectura integral de la demanda, se advierte que sus
reproches se centran en cuestionar el auto del 4 de marzo del 2026 dictado por
el Tribunal Administrativo del Huila, mediante el cual ordenó la remisión del
proceso al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva para que resolviera la
mencionada solicitud de nulidad, la que, en todo caso, fue rechazada de plano
en providencia del 16 de abril del 20267.

31. Por lo anterior, esta Sección advierte que el estudio de la solicitud de
amparo se limitará a estudiar los cuestionamientos realizados contra el auto el 4
de marzo del 2026 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, por ser esta
la providencia frente a la cual la parte actora formuló reparos concretos y

7
El 15 de mayo del 2026, la secretaría del Juzgado Octavo Administrativo del Neiva remitió el
expediente al Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad constancia que reposa en el
índice 167 de Samai, al interior del medio de control de reparación directa con radicado 41001-
33-33-008-2019-00158-00.

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desarrolló argumentos encaminados a cuestionar su legalidad.

32. Por otra parte, la Empresa de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P.
pidió su desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación en
la causa por pasiva. No obstante, la Sala negará su requerimiento, debido a que
su vinculación se realizó en calidad de tercero con posible interés en las resultas
del proceso, por cuanto fue una de las entidades demandadas al interior del
proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión que se cuestiona
mediante esta vía.

2.2. Caso concreto

2.2.1. Estudio del fenómeno de la temeridad

33. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado
en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:

ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

(Negrilla y subrayado fuera del texto).

34. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:

Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud8.

35. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

i. Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.

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ii. Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.

iii. Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.

36. Superado este estudio, de acuerdo con la Corte, y de encontrarse
acreditada la triple identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar
de la parte demandante resultó contrario a la buena fe, caso en el cual deberá
rechazar el mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere
lugar.

37. En caso sub judice, el apoderado de la parte demandante presentó acción
de tutela contra el auto del 4 de marzo del 2026, dictado por el Tribunal
Administrativo del Huila. Mediante dicha decisión ordenó remitir el proceso de
reparación directa al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva con el fin de que
resolviera el incidente de nulidad que propuso.

38. Esto, por cuanto el juez de primera instancia ya habría manifestado una
postura previa sobre la validez de la notificación, lo que afectaría su imparcialidad
y competencia para decidir el incidente. Además, alegó que dicho juzgado ha
rechazado sus planteamientos en decisiones anteriores, lo que configura una
prejudicialidad que compromete su objetividad.

39. Asimismo, sostuvo que los artículos 134 del CGP y 210 del CPACA no
establecen que el juez de primera instancia deba asumir dicho trámite. En ese
sentido, indicó que la devolución del expediente, mientras el recurso de apelación
está en curso, genera una suspensión indebida del proceso, contrariando las
reglas procesales aplicables.

40. Ahora bien, se destaca que esta Sección conoció de la acción de tutela
también promovida por el apoderado de la parte accionante, identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2026-01931-00. En efecto, en sentencia del 14 de
mayo del 2026, la Sala declaró la temeridad respecto de los reproches
relacionados con la presunta indebida notificación de la sentencia del 31 de
octubre de 2025 dictada por el Juzgado Octavo de Neiva y la extemporaneidad
de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas, puesto
que dichos reproches fueron estudiados al interior de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2026-00913-00.

41. Respecto a los reproches planteados contra el auto del 4 de marzo del
2026 dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, por haber remitido el
incidente de nulidad al mencionado juzgado, se declaró la improcedencia de la
acción por superar el requisito de subsidiariedad, debido a que no presentó el

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recurso de reposición previsto en el artículo 242 del CPACA. El proceso
actualmente se encuentra en trámite de resolver la impugnación presentada por
la parte actora.

42. Por lo anterior, es necesario esclarecer si la presente solicitud de amparo
guarda identidad con lo solicitado en la acción de tutela con radicado 2026-
01931-00, o si, por el contrario, se trata de hechos nuevos que no han sido
decididos previamente.

43. En ese sentido, se expondrán a continuación los procesos en los que se
han tramitado acciones de tutela presentadas por la parte actora, previo a adoptar
cualquier otro tipo de determinación:

Presupuesto Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2026-03324- Rad 11001-03-15-000-2026-01931-
00 00
Objeto de la presente tutela
Accionantes: Marilín Ballén Accionantes: Marilín Ballén
Hernández, Brando Díaz Ballén, Hernández, Brando Díaz Ballén,
Osarsips Díaz Ballén y Simón Díaz Osarsips Díaz Ballén y Simón Díaz
Díaz Díaz
Identidad de Accionado: Tribunal Administrativo Accionado: Tribunal
del Huila y Juzgado Octavo Administrativo del Huilla y Juzgado
partes
Administrativo de Neiva. Octavo Administrativo de Neiva

Vinculados: Empresa de Servicios Vinculados: Empresa de Servicios
Públicos de Palermo S.A. E.S.P y el Públicos de Palermo S.A. E.S.P y el
municipio de Palermo. municipio de Palermo.

Vulneración de sus derechos Vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la seguridad debido proceso, a la vida digna, a
jurídica, «al principio de legalidad y los principios de seguridad jurídica y
a la vida digna». de legalidad.

Esto, con ocasión del auto del 4 de Esto, con ocasión de:
marzo del 2026 dictado por el
Tribunal Administrativo del Huila, 1. El Juzgado Octavo Administrativo
mediante el cual ordenó remitirle el del Huila tramitó los recursos de
expediente del proceso de apelación contra el fallo que dictó el
reparación directa con radicado 31 de octubre del 2025.
41001-33-33-008-2019-00158-
Identidad de
00/01/02 al Juzgado Octavo 2. El auto del 4 de marzo del 2026
causa
Administrativo de Neiva para que dictado por el Tribunal
resolviera el incidente de nulidad Administrativo del Huila,
propuesto por la parte demandante. mediante el cual ordenó remitirle el
expediente del proceso al Juzgado
Octavo Administrativo del Huila
para que resolviera el incidente de
nulidad propuesto por la parte
demandante.

Lo anterior, al interior del proceso
de reparación directa con radicado
41001-33-33-008-2019-00158
00/01/02

9
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Accionante: Marilín Ballén Hernández y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03324-00

Presupuesto Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2026-03324- Rad 11001-03-15-000-2026-01931-
00 00
Objeto de la presente tutela

Pretensiones: Pretensiones:

1. Que se declaren vulnerados sus 1. Que se declare vulnerados sus
derechos fundamentales por el derechos fundamentales por el
Tribunal Administrativo del Huila por Tribunal Administrativo del Huila por
suspender el proceso al ordenarle al ordenarle al Juzgado Octavo
Juzgado Octavo Administrativo del Administrativo de Neiva actuar
Identidad de Huila resolver el incidente de dentro del proceso de reparación
objeto nulidad. directa después de la nulidad
alegada, «sin resolverla
2.Ordenarle al Tribunal explícitamente».
Administrativo del Huila revocar el
trámite de la apelación. 2.Ordenarle al Tribunal
Administrativo del Huila revocar los
recursos de apelación, así como
revocar el trámite del incidente de
nulidad.

44. Lo anterior pone de presente que los procesos de tutela identificados con
los radicados 2026-03234-00 y 2026-01931-00 comparten identidad de partes,
de objeto y de causa petendi, respecto de los cuestionamientos realizados por
la parte accionante contra el auto del 4 de marzo del 2026 dictado por el Tribunal
Administrativo del Huila. Ello permite afirmar que, sobre el particular, se configura
el primer presupuesto de la temeridad, esto es, la triple identidad.

45. Ahora bien, en cuanto al segundo presupuesto de la temeridad referente
en actuar con mala fe, la Corte Constitucional ha señalado que es necesario
acreditar si la parte actora «ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su
actuación infringe el deber de moralidad procesal»9.

46. En contexto, ha sostenido que, en virtud del artículo 83 de la Constitución
Política la buena fe se presume, razón por la cual solo existirá temeridad cuando
sea posible derivar un actuar procesal desleal o esté demostrado que se trata de
una actuación que se ha motivado en la mala fe10.

47. En el caso que nos ocupa, esta Sección encuentra acreditada la mala fe
en el actuar de la parte accionante, por las siguientes dos razones:

48. En primer lugar, se destaca que ambas acciones de tutela guardan
identidad respecto los reproches realizados contra el auto del 4 de marzo del
2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, por haber remitido el
expediente del proceso ordinario al juzgado de origen, con el fin de que se
resolviera la solicitud de nulidad planteada por la parte demandante.

9 Corte Constitucional, Sentencias SU-713 de 2006 y SU-377 de 2014.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-504 de 2024.

10
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49. En segundo lugar, del estudio del actuar procesal de la parte accionante,
se advierte que su intención sí ha sido la de insistir en que varias autoridades le
resuelvan sobre la legalidad del auto de 4 de marzo de 2025. Ciertamente, esta
tutela fue presentada mientras aún se está tramitando la identificada con el
radicado núm. 2026-01931-00, la cual todavía está pendiente de que se resuelva
la impugnación presentada por los tutelantes.

50. Por lo anteriormente expuesto, se advierte un actuar deliberado de su
parte, encaminado a obtener dos decisiones judiciales frente al mismo litigio, sin
que se hubiese puesto de presente algún motivo adicional o algún hecho nuevo
que justifique la interposición de dos acciones constitucionales que pretendan
cuestionar una misma actuación.

51. Sobre este punto, se reitera que el argumento relacionado con la
existencia de una presunta mora judicial al interior del proceso ordinario no
desvirtúa que la acción de tutela esté encaminada a cuestionar el auto del 4 de
marzo del 2025 dictado por el tribunal accionado, pues el desarrollo de dicho
cargo se fundamentó en una «suspensión» del proceso por decidir el incidente
de nulidad.

52. Por tal razón, se resalta que, para la declaratoria de la temeridad, no se
requiere que la triple identidad sea formal sino sustancial. Así lo ha señalado la
Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia SU-397 de 2022, en la que
indicó que:

Se ha considerado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las
pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada y la nueva
demanda no necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada.
Por el contrario, se trata de un examen más profundo, en el que no basta con la
coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia material entre los
dos procesos, a pesar de la posibilidad de identificar pequeñas diferencias entre
una y otra acción.

53. En el mismo sentido, en la sentencia SU-027 de 2021, afirmó que:

[…] el juez de tutela al realizar el anterior análisis debe trascender un juicio
meramente formal y realizar un estudio pormenorizado del expediente. Pues no
solo basta con que concurran los elementos antes mencionados, sino que debe
desvirtuarse la presunción de buena fe a favor del accionante.

54. Por lo anterior, esta Sección concluye que se configuró una actuación
temeraria de la parte accionante, porque fueron promovidas dos acciones de
tutela que sustancialmente comparten identidad de partes, objeto y causa
respecto de los cuestionamientos formulados contra el auto del 4 de marzo del
2026 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila. Además, se acreditó un
actuar desleal y de mala fe, en tanto los demandantes tenían pleno conocimiento
de la existencia y trámite de la primera acción constitucional —incluso
participaron activamente mediante su impugnación— y, aún así, promovieron una

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nueva tutela sin exponer hechos nuevos o razones que justificaran acudir
nuevamente al juez constitucional frente al mismo litigio, con lo cual pretendió
obtener decisiones paralelas sobre una misma controversia.

55. En consecuencia, la Sala rechazará la acción de tutela, por encontrar
acreditada la temeridad de la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECHAZAR la acción de tutela promovida por los señores Marilin
Ballén Hernández, Brando Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón Díaz Díaz,
por configurarse el fenómeno de la temeridad.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Empresa
de Servicios Públicos de Palermo S.A. E.S.P.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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