Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01949-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01949-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01949-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01949-00
Demandante: Hans Rojas Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de diferencias salariales dejadas de
percibir en el escalafón docente. Defecto sustantivo
Decisión: Niega el derecho al amparo
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Hans Rojas
Álvarez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 10 de marzo de 2026, Hans Rojas Álvarez, a través de apoderada judicial,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia1, con
ocasión de la Sentencia de 6 de febrero de 2025 proferida en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 76147-33-33-003-2025-00008-00/012.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocara la mencionada
providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo en la que se accediera
a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
se desempeña como docente oficial en la categoría 3BM del escalafón docente,
regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
4. Señaló que, durante el año 2008 y 2009, el Gobierno Nacional no fijó de
manera equitativa la asignación salarial básica entre los escalafones 3BM y 3DM,
pues «la categoría 3DM del escalafón docente recibió un incremento acumulado en
su salario del 52,56%, mientras que la categoría 3BM únicamente obtuvo un
1
Mencionó también la presunta vulneración del principio de favorabilidad.
2
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 13 de febrero de 2026.
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incremento total del 29,37%, lo que refleja una diferencia negativa de 23,19 puntos
porcentuales en perjuicio de esta última»3.
5. Debido a lo anterior, el señor Rojas Álvarez presentó reclamaciones ante el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Valle del Cauca4,
solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas del
incremento desigual. Ambas autoridades negaron las solicitudes, mediante oficio
sin fecha del Ministerio de Educación y oficio No FO-M9-p3-14-V02 del 13 de junio
de 2024 expedido por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.
6. El 15 de enero de 2025, el señor Rojas Álvarez interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho5 contra los mencionados actos
administrativos, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales causadas durante los 3 años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa.
7. Mediante Sentencia de 26 de septiembre de 2025, el Juzgado 3
Administrativo de Cartago negó las pretensiones de la demanda. Consideró que
entre la diferencia entre los grados 3BM y 3DM se fundó en criterios objetivos y de
experiencia fijados en el Decreto 1278 de 2002. Agregó que los incrementos
anuales podían ser diferenciales siempre y cuando el porcentaje incrementado esté
por encima del índice de precios al consumidor, como se acreditó con las pruebas
obrantes en el expediente.
8. Inconforme con la decisión, el accionante y el Ministerio de Educación
interpusieron recurso de apelación. La primera sostuvo que la sentencia realizó un
análisis fragmentado de la problemática planteada, al concluir que no se vulneró el
principio de igualdad bajo el argumento de que los incrementos se sustentaron en
una variable objetiva y no en una determinación arbitraria. Agregó que el juez no
justificó de manera suficiente el examen de los incrementos porcentuales
correspondientes a los años 2005 a 2007 y desde 2012 en adelante. Por su parte,
el ministerio alegó que debía condenarse en costas y agencias en derecho al
accionante.
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia del 6 de
febrero de 2026, confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que de acuerdo
con lo probado dentro del proceso para los años 2008 y 2009, el accionante no
estaba ubicado en la categoría 3BM. Resaltó que resulta improcedente la
inaplicación de los decretos señalados por el accionante pues no son contrarios a
la Constitución.
10. Asimismo, indicó que las diferencias en los incrementos salariales fijados
para los años 2008 y 2009 respecto de los escalafones 3BM y 3DM se ajustaron a
3
Indicó que, en los años 2005, 2006 y 2007, se reconoció el incremento salarial en condiciones idénticas de porcentaje para
el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.
4
Se radicaron el 29 de mayo de 2024 ante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.
5
El proceso fue asignado al Juzgado 3 Administrativo de Cartago con el radicado No. 76147-33-33-003-2025-00008-00/01.
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los criterios establecidos en el Decreto 1478 de 2002. Resaltó que no todos los
docentes se encuentran en una idéntica situación fáctica ni jurídica en el marco del
escalafón docente, por lo que no se puede predicar el principio de «a trabajo igual,
salario igual».
11. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la providencia
cuestionada convalidó un trato discriminatorio entre distintas categorías del
escalafón docente, a pesar de la existencia de un precedente claro y vinculante que
ordenaba garantizar la igualdad en la asignación de los incrementos salariales.
12. Sostuvo que el fallo incurrió en un defecto sustantivo, al realizar una
interpretación «irrazonable y desproporcionada» del artículo 13 de la Constitución
Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Explicó que el tribunal
desatendió que la controversia se centraba en el trato desigual aplicado al
incremento porcentual del año 2008 y no en la diferencia estructural y permanente
entre los grados del escalafón. Añadió que la decisión desconoció el alcance
normativo del principio de igualdad y el mandato de progresividad en materia
salarial.
13. Indicó que la sentencia ignoró lo dispuesto en la Sentencia C-1064 de 2001
de la Corte Constitucional, la cual exige una justificación objetiva y suficiente para
los tratos diferenciados en materia salarial, desconociendo así principios
constitucionales relevantes para el caso concreto.
14. Finalmente, afirmó que se configuró un defecto fáctico, en la medida en que
el tribunal no aportó prueba alguna que acreditara la existencia de motivos válidos
que justificaran la diferencia en los incrementos. Reprochó la ausencia de una
motivación legal y técnica que sustentara la decisión administrativa, la cual, por su
naturaleza, debía fundarse en criterios objetivos, claros y verificables.
Intervenciones6
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca envió el expediente del
proceso de forma digital.
16. El Juzgado 3 Administrativo del Valle del Cauca remitió el enlace del
proceso digital.
17. El departamento del Valle del Cauca se pronunció frente a los hechos y
pretensiones. Solicitó desvincular a la entidad del proceso por carecer de
legitimación en la causa por pasiva y negar las pretensiones. Indicó que la acción
de tutela pretendía convertir la acción de tutela en una tercera instancia judicial.
6
Mediante Auto de 12 de marzo de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y vinculó al Juzgado 3 Administrativo de Cartago, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Departamento del Valle del Cauca.
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18. El Ministerio de Educación sostuvo que carecía de legitimación en la causa
por pasiva. En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente
frente a su vinculación dentro del trámite. Por ello, solicitó declarar la improcedencia
del amparo.
19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció, a pesar de
haber sido debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión Previa
21. La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Valle del Cauca,
comoquiera que estas autoridades actuaron como demandadas dentro del proceso
ordinario.
22. En cuanto al defecto fáctico alegado por la parte accionante, la Sala observa
que este se sustenta, esencialmente, en la supuesta ausencia de prueba que
justifique los incrementos salariales diferenciados adoptados por el Gobierno
Nacional. No obstante, tal planteamiento no se dirige a cuestionar la actividad
probatoria desplegada por la autoridad judicial accionada, ni pone de presente la
omisión o indebida valoración de un medio de convicción determinante dentro del
proceso, sino que se orienta a controvertir el juicio jurídico efectuado por el Tribunal
en torno a la validez constitucional de la diferenciación salarial. En ese sentido, la
inconformidad expuesta desborda el ámbito propio del defecto fáctico y se inscribe,
en realidad, en el análisis del defecto sustantivo, razón por la cual la Sala centrará
su estudio en este último.
23. Ahora bien, previo a abordar el análisis del defecto sustantivo alegado, la
Sala considera necesario precisar el alcance del reproche formulado por la parte
accionante en relación con el supuesto desconocimiento del precedente
constitucional.
24. Al respecto, se advierte que la accionante invoca una sentencia de
constitucionalidad de la Corte Constitucional para sostener que la providencia
cuestionada desconoció el alcance del principio de igualdad en materia salarial. No
obstante, dicha alegación no configura, en estricto sentido, un cargo autónomo por
desconocimiento del precedente, sino un cuestionamiento dirigido a la
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interpretación y aplicación de las normas constitucionales que realizó la autoridad
judicial accionada. En el presente caso, la censura no se orienta a evidenciar la
inobservancia de una regla jurisprudencial específica, clara y directamente aplicable
al asunto, sino a controvertir la interpretación que el juez natural efectuó del principio
de igualdad frente al régimen salarial del escalafón docente.
25. Así las cosas, la Sala abordará dicho planteamiento en el marco del análisis
del defecto sustantivo, en la medida en que el núcleo de la inconformidad radica en
la supuesta interpretación irrazonable de las normas constitucionales y legales
aplicables al caso concreto, y no en la omisión de aplicar un precedente en sentido
estricto.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su calidad de juez de segunda
instancia, incurrió en el defecto sustantivo. En particular, se deberá determinar si la
autoridad judicial realizó una interpretación «irrazonable y desproporcionada» del
artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de
2002, y si omitió fundamentar, con adecuado respaldo probatorio, la ausencia de
vulneración del principio de igualdad en la asignación salarial correspondiente al
grado 3BM del escalafón docente.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
27. La Sala declarará procedente la acción de tutela dado que: (1) posee
relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en la posible
vulneración al debido proceso, igualdad, tutela judicial efectiva y acceso a la
administración de justicia7, no se trata de un asunto de mera legalidad o
eminentemente económico y los reparos fueron dirigidos concretamente contra la
decisión de segundo grado en el marco del proceso ordinario; (2) se encontró
satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto que el señor
Hans Rojas Álvarez participó como demandante en el medio de control y la decisión
objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca; (3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora
agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela fue presentada el 10 de marzo de 2026, esto es,
dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia
enjuiciada8; (5) no se alegó una irregularidad procesal; (6) los hechos y fundamentos
en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron identificados de
manera razonable; y (7) la tutela no fue interpuesta contra una providencia de la
misma naturaleza.
7
Mencionó también la presunta vulneración del principio de favorabilidad.
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Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 13 de febrero de 2026.
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Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
28. La Sala negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
exponen:
29. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia,
así como del principio de favorabilidad. Sostuvo que tales garantías fueron
vulneradas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir la Sentencia
del 6 de febrero de 2026, en la que a su juicio incurrió en el defecto sustantivo.
30. Para abordar este planteamiento, es necesario revisar los fundamentos de
la sentencia cuestionada. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la decisión del Juzgado 3 Administrativo de Cartago, mediante la cual se
negó las pretensiones de la demanda, tras analizar la figura de la excepción de
inconstitucionalidad, el escalafón docente, la nivelación salarial y prestacional;
concluyendo que de acuerdo con lo probado dentro del proceso para los años 2008
y 2009 no se encontraba ubicado en la categoría 3BM del escalafón docente.
31. En efecto, la providencia cuestionada puso de presente que, para los años
2008 y 2009 —periodos en los cuales se alega la presunta desigualdad en los
incrementos salariales— el actor no se encontraba ubicado en el grado y nivel del
escalafón docente respecto del cual formula la comparación. Esta circunstancia
resulta determinante, en tanto impide afirmar que se encontrara en una situación
fáctica y jurídica equiparable a la de los docentes pertenecientes a otros niveles del
escalafón.
32. Señalo que resultaba improcedente la inaplicación de los decretos que
fijaron el incremento de la asignación salarial de los docentes, puesto que no se
percibió que fueran contrarios a la Constitución. Recordó que los docentes se ubican
dentro del escalafón de acuerdo con el grado y el nivel que acrediten.
33. El tribunal precisó que las diferencias en los incrementos se ajustaron a lo
dispuesto por el Decreto 1278 de 2002, debido a que para el gobierno nacional no
existía una prohibición para asignar incrementos diferenciados de acuerdo con los
grados y niveles del escalafón docente. Resaltó que los escalafones que accionante
pretende comparar no se encuentran en una idéntica situación fáctica ni jurídica,
pues no pueden equipararse las responsabilidades y requisitos asignados para
cada uno.
34. Del estudio integral de la providencia no se advierte que la autoridad judicial
haya desconocido el ordenamiento jurídico, como lo sostiene la parte accionante.
Por el contrario, la decisión se apoya en una interpretación razonable y coherente
de las normas que regulan la carrera docente y su sistema remunerativo.
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35. En este sentido, le permitió al tribunal concluir que, si bien dichos aumentos
fueron diferentes, esta circunstancia, por sí sola, no configuró una vulneración del
derecho a la igualdad. Lo anterior en la medida en que los docentes ubicados en
tales grados no se encontraban en idénticas condiciones fácticas ni jurídicas, de
modo que el trato diferenciado resultaba constitucionalmente admisible al responder
a criterios objetivos y razonables.
36. En consecuencia, la valoración efectuada por el juez natural se muestra
válida y suficiente, pues en primer lugar determinó que el accionante no ostentaba
para los años 2008 y 2009 la categoría de escalafón que decía tener y justificó la
distinción en los incrementos salariales a partir de finalidades legítimas. De esta
manera, la medida se enmarca en la facultad del Gobierno para definir la política
salarial, dentro de los límites constitucionales y se orienta a incentivar la
cualificación y permanencia de personal idóneo en el servicio educativo, sin que se
advierta un trato arbitrario o discriminatorio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentada por el Ministerio
de Educación Nacional y del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con
la parte motiva.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Hans Rojas Álvarez,
por las razones expuestas anteriormente.
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
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Demandante: Hans Rojas Álvarez
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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